“Pintada, no vacía: pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. / Regresará del llanto adonde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. / Florecerán los besos sobre las almohadas. / Y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. / El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejádme la esperanza”.
Canción última, Miguel Hernández
En la pasada edición de 80grados un lector objetó el artículo de la periodista Carla Minet sobre la creación del Comité de Pueblo en Defensa de la Fianza. El lector cuestionaba por qué tanto revuelo de los que nos oponemos a que se enmiende la Constitución para restringir el derecho a la fianza, cuando a la vez reconocemos que es un derecho ya casi inexistente, en los casos en que se busca limitarlo con la propuesta enmienda a la Carta de Derechos.
En cuanto a ese hecho los números no mienten. Las estadísticas de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) demuestran que de 100 personas acusadas de asesinato en un año sólo ocho recibieron el beneficio de mantenerse en libertad en espera de juicio (ninguno de los cuales delinquió estando bajo fianza). Al resto, las juezas y jueces impusieron fianzas tan altas que se vieron imposibilitados de prestarla, por lo que tuvieron que permanecer encarcelados en espera del juicio.
El promedio de la fianza en tales casos fue de $725,000. Por lo tanto, no hay duda que con la discreción con la que ya cuentan los jueces para imponer fianzas tan altas, y el limitadísimo número de acusados a los que se le concede, el derecho a la fianza en casos de acusados de asesinato se ha convertido en la excepción y no la regla.
Por otro lado, en términos de la efectividad que pueda tener el limitar la fianza en la lucha contra el crimen, las estadísticas reflejan que es ninguna. De todas las personas que recibieron fianza por cualesquiera delitos, sólo entre un 1.5% y un 2.7% violaron las condiciones de que se le impusieron, lo que no necesariamente implica la comisión de nuevos delitos.
Entonces, ¿cuál es la importancia del debate para los que se encuentran a uno u otro lado de la controversia sobre limitar o no el derecho a la fianza mediante una enmienda a la Constitución, si ya se priva de la libertad bajo fianza a un 92% de los acusados de asesinato, se imponen fianzas promedio imprestables y no hay relación entre el derecho a la fianza y la lucha contra el crimen?
Podría argüirse que en términos prácticos el poner a la gente a votar sobre si están o no a favor de que se le otorgue discreción a los jueces para denegar totalmente el derecho a libertad bajo fianza a los acusados de asesinato, tiene la misma relevancia que el hacer una consulta para declarar oficialmente muerta a una persona desaparecida. Estrictamente, en términos prácticos, su relevancia es ninguna. Se trataría de un acto de futilidad porque, independientemente de los resultados, la persona continuará ausente.
No obstante, en términos morales la cosa es distinta. Anímicamente lo significaría todo. Uno u otro resultado implicaría la diferencia abismal entre resignarnos a darlo todo por perdido o determinar mantener viva la esperanza. Se trataría, en última instancia, de salvar la esperanza para continuar teniendo motivos de seguir luchando y evitar rendirnos.
Tal es la disyuntiva que nos plantea el referendo de enmienda a la Constitución para limitar el derecho absoluto a la fianza en casos de acusados de asesinato, que nos ha impuesto la administración gubernamental de Fortuño y el Partido Nuevo Progresista (PNP), con el necesario apoyo de varios legisladores del Partido Popular Democrático (PPD).
La situación es clara: no existe la más mínima necesidad de que se realice un referendo para enmendar la Constitución a tales fines. Ni los jueces necesitan más herramientas para limitar el derecho a la fianza, ni la enmienda constitucional va a tener impacto alguno en la lucha contra el crimen. Si en algún momento en nuestra historia constituye un acto de futilidad el enmendar la constitución a los fines propuestos es en estos, cuando ya se ha legislado en exceso para limitar el derecho a la fianza y además existe el beneficio de desarrollos tecnológicos como los grilletes electrónicos, que hoy le permiten al Estado monitorear la actividad de los acusados libres bajo fianza.
No debemos olvidar que esta misma administración en el año 2009 aprobó legislación para restringir el derecho a la fianza, precisamente bajo la declaración legislativa de que no era necesario enmendar la Constitución para restringir ese derecho en ciertas circunstancias. Al respecto, ni siquiera se ha estudiado cuál fue el impacto, si alguno, de esa legislación en limitar el crimen.
Por tanto, es evidente que de parte de sus proponentes, la propuesta enmienda a la Constitución, como bien lo describió la expresidenta del PPD, Victoria Muñoz Mendoza, es simplemente un acto de pura demagogia política. La presente administración pretende azuzar los miedos y pasiones que genera en la ciudadanía la ola de violencia criminal que nos arropa, promoviendo un referendo en el que el pueblo se sienta que participa de promover soluciones al problema, para así el tapar su incapacidad e inefectividad en lidiar con la criminalidad. Se trata de una movida de burda manipulación electoral, como parte de la estrategia mediática de la presente administración de lavarse la cara en vísperas de las elecciones generales de noviembre. Desgraciadamente, sectores de la minoría legislativa se les han sumado.
Así, demagogos de uno y otro partido patrocinan el evento porque entienden que proyectarse como que están haciendo algo contra el crimen les generará simpatías públicas de cara a las elecciones. No obstante, disfrazan sus verdaderas motivaciones oportunistas con el argumento populista falaz que quieren darle una oportunidad al pueblo de expresarse, para que sea el pueblo el que decida sobre el asunto.
Tal vez, esa retórica politiquera sonaría bonita si el asunto tratara sobre una controversia respecto de la cual la ciudadanía ha exigido ser consultada y le ha requerido acción al gobierno. Pero sabemos que ese no es el caso. También podría sonar bonita si viviéramos en un país con verdadera democracia participativa, donde se le consulta regularmente al pueblo sobre aquellas determinaciones y planes controversiales del gobierno que son objetados por sectores significativos de la población, y que afectarán directamente a la ciudadanía, como la imposición de nuevos impuestos como el IVU y el Fortuñazo, o la determinación de rajar la isla en dos con el tubo de la muerte.
Pero la realidad es otra. Vivimos en un país donde ocurre todo lo contrario. Aquí pocas cosas importantes se someten a consulta ante el pueblo, y en los pocos casos en que se hace, aun cuando el pueblo se exprese decididamente a favor de una posición determinada, el partido en el poder se abroga el derecho de desatender sus resultados si no son los que deseaba obtener. ¿Qué mejor ejemplo que la reciente consulta sobre la unicameralidad?
De hecho, en la recién celebrada Cumbre Social los tres partidos políticos tradicionales se expresaron en contra de que se establezca el mecanismo del referendo revocatorio. Es decir, que al pueblo sólo se le consulta sobre aquellas limitadas cosas que los políticos deciden consultarle y cómo y cuándo los políticos lo deciden porque les conviene. Ninguno reconoce un verdadero derecho a expresarse sobre asuntos trascendentales de política pública.
Por eso, el referendo de enmienda constitucional al derecho a la fianza constituye una afrenta a la ciudadanía y un nuevo despilfarro de dinero público en una consulta inmeritoria que no producirán ningún efecto real en términos de la capacidad de la administración del gobierno de solucionar el crimen, pues sólo busca promover el mezquino interés de algunos de adelantar posiciones electoreras en vísperas de las elecciones generales.
Ante esa situación, definitivamente hay que oponerse a ese referendo que nunca debió haber sido, y a su propuesta de enmienda a la Constitución. El pueblo no tiene por qué renunciar a sus derechos básicos a favor de una clase política demagoga e incapaz de proponer soluciones sensatas al problema de la criminalidad. Recordemos que la Constitución es como una represa que protege al pueblo del poder avasallante del Estado. La misma sólo necesita de una pequeña rendija para comenzar a resquebrajarse toda, y eso no lo debemos permitir.
Dicho lo anterior, siempre continuarán surgiendo cínicos que nos cuestionen nuestra oposición y llamado a votar contra la propuesta enmienda a la Constitución, bajo el argumento de que si ya el derecho a la fianza en casos de asesinato, como hemos dicho, es casi inexistente, ¿entonces para qué molestarnos en defenderlo? A ellos les contestamos: porque nos mueve la esperanza.
La esperanza que la menguada democracia puertorriqueña, lejos de continuar erosionándose, achicándose y debilitándose, evolucione, madure, se amplíe y se fortalezca. La esperanza que este pueblo rechazará ser manipulado con mecanismos demagógicos por parte de políticos inescrupulosos y oportunistas. La esperanza que colectivamente señalaremos que el camino para reconstruir el país no es entregarle mas poder al Estado, sino caminar en la dirección opuesta de fortalecer las instituciones de la sociedad civil y el respeto a los derechos individuales. La esperanza que frente a las trampas de los politiqueros corruptos e inescrupulosos que buscan entronizarse en el poder a toda costa pretendiendo explotar miedos y prejuicios generalizados, este pueblo sabrá demostrarle que no se rendirá.
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