Que después de haber transcurrido 200 horas de manifestación con resultados muy trágicos para los pueblos Ngäbes, la Cacique General actuando en calidad de máxima autoridad y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Ngäbes Buglé y Campesino, acuerdan aceptar el reinicio de diálogo basado en los siguientes puntos:
Primero: Ordenar la liberación inmediata de todos los detenidos Ngäbes y de los detenidos de diferentes grupos solidarios en los diferentes puntos del país sin formulación de cargos y que sean devueltos a sus respectivos puntos de base.
Segundo: La atención urgente de los afectados e indemnización permanente a los familiares de Gerónimo Rodríguez Tugrí y otros fallecidos. El cese de la represión y la no persecución a los manifestantes, miembros de la coordinadora, cacique general, regionales, locales y miembros solidarios participantes en esta lucha. La garantía de seguridad para la dirigencia y que se ordeneel retiro de todos los expedientes que adelanta el Ministerio Público, relativos al tema en cuestión y que se decrete el sobreseimiento definitivo.
Tercero: Restablecer el sistema de comunicación de telefonía móvil.
Cuarto: El retiro inmediato de unidades antidisturbios en el área de conflicto y el cese de sobrevuelos de helicópteros de reconocimiento aéreo.
Quinto: Mantenemos como mediador y garante del proceso de diálogo a la iglesia católica, y participarán como observadores del mismo la iglesia evangélica de Panamá, la relatora de la ONU de Panamá, y el rector de la Universidad de Panamá.
Sexto: El diálogo se realizará con la participación de la Cacique General de la Comarca con su equipo técnico de trabajo y los miembros de la Coordinadora por la defensa de los Derechos Naturales de los pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, con su equipo de trabajo.
Séptimo: Solicitar al Presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos y demás miembros reconsiderar en primer debate el Proyecto de Ley 415 para la incorporación y discusión del artículo 5 del anteproyecto y se declare su tratamiento con urgencia notoria a partir del 8 de febrero de 2012.
Octavo: Solicitar a los organismos de derechos humanos una exhaustiva investigación de los hechos ocurridos a los heridos, detenidos y muertos durante las manifestaciones.
Noveno: Que ambas partes se comprometen a la debida divulgación y explicación del acuerdo ante la faz del pueblo panameño y medios de comunicación.
Décimo: Una vez firmado este acuerdo nos comprometemos a retirar a nuestros compañeros vinculados a nuestro movimiento de los diferentes puntos de base. Se designa a una comisión de médicos indígenas para dar seguimiento a nuestros heridos y afectados que se encuentran en diferentes hospitales del país.
Dado en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Chiriquí, a los 7 días del mes de febrero de 2012.
