El desastre y la transformación

«It is the good fortune of many to live distant from the scene of sorrow.»
–Thomas Payne, Common Sense (1776)

[dropcap]E[/dropcap]scribo desde un hogar que no reconozco. El horizonte ha reemplazado su verdor por una imagen de fragilidad seca y transparente. En todas partes, la destrucción ha quedado en vitrina. La pobreza es menos invisible; la falta de techos la delata. No queda protección del infranqueable sol que no sea dentro del privilegio de poder acceder a cuatro calurosas paredes y un techo de cemento con hedor a humedad y sudor. Y a basura, que se acumula en todas partes. Las calles y caminos son un mar de escombros -madera, zinc, árboles y tendido eléctrico- que podrían contar miles de historias recientes, pero lejanas. Las noches saben a repelente de mosquitos y son eternas búsquedas del consuelo pasajero de la brisa. Los días son filas interminables frente a frigoríficos, bancos, farmacias y gasolineras, sitiadas por la Policía o la Guardia Nacional. El Gobierno dice que hay de todo, pero a mi alrededor solo escucho historias de carencia. Las redes son tablón de angustia, pero sobre todo de silencio. Lo que siempre ha sido una conversación desde el privilegio de tener tiempo para leer, escribir y pensar, ahora lo es también desde el privilegio de vivir en donde hay señal, que en estos tiempos es otra manifestación del privilegio de llamarse metropolitano y de poder gastar batería del teléfono en una jurisdicción en la que la promesa de carga está limitada a quien tiene planta o conoce alguien que tiene una.

En la radio entrevistan a un individuo que identifican como Asesor Legal del Gobernador. ¿Qué relevancia tendrá el derecho en tiempos en los que el Estado es poco más que una voz en la radio? Anuncia que el Gobernador ha extendido un toque de queda y una ley seca de manera indefinida. Los comentaristas lo felicitan. También dice que la gente de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) le ha dicho que esto es peor que Nueva Orleans después del huracán Katrina. Imagino que todos asienten. Recuerdo que a dos años del paso de Katrina, cerca de 120,000 personas, predominantemente pobres, continuaban residiendo en asentamientos temporeros. ((George Monbiot, How did we get into this mess? Politics, Equality, Nature 217 (2016).)) Allá también se instauró un toque de queda. Al final, todos aprovechan para felicitar al Gobernador por su respuesta a la crisis.

Confieso que me irritan las felicitaciones al Gobernador. Primero, porque el Gobernador poco tiene que ver con la respuesta del Gobierno a la crisis, que realmente está en manos del personal de las distintas agencias, particularmente al que arriesga sus vidas y deja a un lado sus intereses para atender los de quienes se encuentran en condiciones vulnerables. Pero más importante aún, porque el Gobernador pertenece a una clase política que, si algo, ha generado las condiciones para que los estragos causados por eventos como este sean mayores y para que la respuesta gubernamental, particularmente en los sectores más pobres del archipiélago, sea más lenta o inexistente. En este sentido, felicitar al Gobernador es algo así como dar gracias por llevarnos al borde del precipicio, pero no ser la mano que nos empuja al vacío.

Esto no tenía que ser así. Durante décadas, organizaciones agroecológicas y de justicia ambiental, la comunidad científica y comunidades advirtieron al Gobierno que con cada ley, reglamento, orden ejecutiva o decisión judicial que tenía el efecto de acelerar la aprobación de permisos para obras de construcción, haciendo más laxa la evaluación de sus parámetros y su ubicación, con cada nueva relajación de la protección a la costa, a la zona marítimo terrestre y a los cuerpos de agua, con cada recorte al presupuesto de las agencias de planificación, protección ambiental y manejo de emergencias de Puerto Rico, y por cada nueva urbanización o centro comercial en la zona del karso, en la costa o en áreas cercanas a represas, embalses y ríos, por mencionar algunos ejemplos, la seguridad de nuestras comunidades, particularmente las más vulnerables, se veía cada vez más comprometida. Criticaron que, pese al abrumador consenso sobre el tema, así como el espacio caribeño y tropical que ocupamos, la respuesta de la clase gobernante a lo que quizás es el reto político y social más grande de nuestros tiempos, el cambio climático, ha sido poco más que simbólica, probablemente porque cualquier respuesta gubernamental coherente a dicho fenómeno requeriría atentar contra los intereses de quienes financian sus campañas eleccionarias. Más recientemente, cuestionaron que, pese a que estudios han demostrado el potencial de la agroecología para reducir dramáticamente las emisiones asociadas a la agricultura mientras se mantiene o mejora el rendimiento de las fincas ((Nelson Álvarez Febles, Sembramos a tres partes: Los surcos de la agroecología y la soberanía alimentaria 101-128 (2016); Verena Seufert, et al., Comparing the Yields of Organic and Conventional Agriculture, 485 Nature 229 (2012). )), la única acción tomada por el gobierno en torno a dichas prácticas es la de presentar demandas de desahucio contra quienes intentan desarrollar dichas prácticas en fincas de la Autoridad de Tierras que habían estado abandonadas por décadas. Peor aún, la tomaron justo antes del paso de dos huracanes. ¿A dónde habrán ido los abastos de empatía, sensibilidad y solidaridad gubernamental?

Pero, ante todo, señalaron que a las comunidades pobres de este país, esas mismas por las que caminan buscando el voto cada cuatro años y sobrevuelan luego de cada huracán, le habían desmantelado, a fuerza de recortes, falta de mantenimiento, abandono o despidos, el aparato gubernamental que necesitarían desesperadamente, en ocasiones para sobrevivir, en tiempos de crisis. Y lo hicieron en aras de privatizar, es decir, dejar a la merced de su poder adquisitivo, sea mediante la compra de agua, víveres, cisternas o generadores, la capacidad de sobrellevar la crisis con más o menos dignidad. ¿No puede tiene dinero? Pídale ayuda a FEMA, por su aplicación de teléfono o su página de internet, cuando le regrese la señal.

Lo más perverso es que este desmantelamiento de lo público se dio con pleno conocimiento de la importancia de esas estructuras para responder a este tipo de emergencias entre los sectores más vulnerables del país. Después de todo, este no es el primer huracán que pasa por Puerto Rico, y en los anteriores, al igual que en este, la fila del dolor comenzó por quienes sufrían desde mucho antes que llegaran la lluvia y los vientos. En este sentido, el que el Gobierno haya ubicado su centro de operaciones en un lugar que lleva el nombre del padre del Gobernador de turno, que casualmente dirigía los destinos del país cuando pasó Georges, el último huracán que causó grandes estragos, sirve de recordatorio de que el aparato público que hoy responde a la crisis es el que queda tras varias décadas de recortes, desregulación y privatizaciones.

De hecho, el problema no es exclusivo a Puerto Rico. Sobre el alza en fenómenos naturales -y su vínculo con el cambio climático- y la prevalencia mundial del neoliberalismo y la lógica de la austeridad, Naomi Klein escribe:

«Over the course of the 1970s, there were 660 reported disasters around the world, including droughts, floods, extreme temperature events, wildfires, and storms. In the 2000s, there were 3,322 – a fivefold boost. That is a staggering increase in just over thirty years, and clearly global warming cannot be said to have ‘caused’ all of it. But the climate signal is also clear. ‘There’s no question that climate change has increased the frequency of certain types of extreme weather events,’ climate scientist Michael Mann told me in an interview, ‘including drought, intense hurricanes, and super typhoons, the frequency and intensity and duration of heat waves, and potentially other types of extreme weather though the details are still being debated in the scientific community.’

Yet these are the same three decades in which almost every government in the world has been steadily chipping away at the health and resilience of the public sphere. And it is this neglect that, over and over again, turns natural disasters into unnatural catastrophes. Storms burst through neglected levees. Heavy rain causes decrepit sewer systems to back up and overflow. Wildfires rage out of control for lack of workers and equipment to fight them . . . . Emergency responders are missing in action for days after a major. hurricane. Bridges and tunnels, left in a state of disrepair, collapse under the added pressure.

The costs of coping with increasing weather extremes are astronomical. . . . And with policymakers still locked in the vise grip of austerity logic, these rising emergency expenditures are being offset with cuts to everyday public spending, which will make societies even more vulnerable during the next disaster – a classic vicious cycle.

It was never a good idea to neglect the foundations of our societies in this way. In the context of climate change, however, that decision looks suicidal.» –Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs the Climate 107-08 (2014)

Si las clases gobernantes hubieran escuchado a todas estas voces, si se hubieran asegurado que la política caminara por los linderos de sus propuestas, hoy tendríamos menos casas y estructuras destruidas, menos personas refugiadas, y el Estado estaría en mejor posición para responder a la emergencia. No lo hicieron. Por eso el Gobernador y la clase política no merecen nuestras felicitaciones. El Gobernador y toda la clase política nos deben muchas disculpas.

Tristemente, lejos de disculparse, ya se asoman indicios de que la clase política interesa aprovechar el momento para implementar una nueva ola de ‘terapia de shock’ neoliberal en Puerto Rico. Hace unos días, el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico hablaba en radio de cómo hay que ver al huracán como una oportunidad, no para la reconstrucción del país, sino para su transformación. Añadía, con voz de quien mira el archipiélago como una gran montaña de bloques de lego con los que jugar, que hay que quitar lo que no funciona y construir una nueva zapata, implementar cambios fundamentales y estructurales, y construir de cara al futuro una sociedad sostenible y bien planificada.

Otro día entrevistaron a la Secretaria de Educación, quien dijo, con cierto aire de optimismo, que la crisis provocada por el paso del huracán permitiría implementar modelos que se utilizan en Estados Unidos y que de otra forma no hubiera sido posible implementar acá. El presidente tuitero, por su parte, escribe sobre el desastre causado en una isla que tiene una deuda con Wall Street que tiene que pagar. Y los acreedores ofrecieron más deuda para la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Poco a poco, las aves de rapiña y los buitres -esas que migraron durante el paso del huracán- regresan a recordarnos que, si alguna vez lo fue, este ya no es nuestro archipiélago.

Los comentaristas radiales no indagan mucho sobre los modelos y la transformación venidera. Por el contrario, parecen celebrar las expresiones. No debe sorprender; el juicio crítico radial en estos días no está centrado en el Gobierno y sus planes inciertos -pese a que llevamos más de una semana escuchando el mismo discurso de ‘tenga calma que no falta nada’- sino en la gente que sale de sus hogares ‘sin necesidad’ y quienes no se prepararon con suficiente agua, gasolina y alimentos para ‘por lo menos’ una semana. Quédese en su casa y encomiéndese a dios, parece ser el mensaje. La moralidad divina y la del privilegio, a una onda radial de distancia. Cosa de vivir en un país destruido, en donde comprar una cerveza a las 7:01 p.m. es cometer dos delitos.

Sin embargo, el Secretario y la Secretaria no son los primeros en hablar de los estragos causados por el paso de un huracán como «una oportunidad». Ya antes lo hicieron Milton Friedman -uno de los padres del orden neoliberal moderno ((Daniel Stedman Jones, Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal Politics (2012). ))- y el Heritage Foundation dentro del contexto de la respuesta al paso de Katrina por Nueva Orleans. Friedman, en particular, abogó por convertir las escuelas públicas en escuelas charter e introducir los programas de vales educativos para que estudiantes de escuelas públicas estudiaran en escuelas privadas. Cualquier similitud con aquella propuesta del padre del Gobernador de turno es pura coincidencia. Me pregunto si a esto se refiere la Secretaria cuando habla de modelos que no se podrían implementar en Puerto Rico sin el huracán. El Heritage Foundation, en cambio, presentó su paquete de medidas compatibles con una ‘economía de mercados libres’, que incluían la suspensión de leyes federales que requerían a contratistas el pago de un ‘living wage’, la desregulación, particularmente a la industria extractivista, la concesión de incentivos contributivos, entre otras. ((Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism 5-6, 518 (2007). ))

Los gobiernos estatal y federal escucharon. Ante la lentitud en la respuesta de FEMA, en gran parte debido a recortes presupuestarios, el Gobierno federal subcontrató todo lo que pudo, desde el recogido de escombros y hasta cadáveres, hasta la construcción de campamentos para rescatistas. El dinero de rescate, sin embargo, no pudo utilizarse para pagar salarios a empleados públicos, por lo que, en medio de la crisis, el estado despidió a miles de empleadxs, entre ellxs maestrxs de escuelas públicas, que terminaron convirtiéndose en escuelas charter, empleadxs de transporte público, cuyo sistema fue diezmado, y planificadorxs, dejando la planificación de la (nueva) ciudad en manos de desarrolladores subcontratados como consultores en planificación. Los proyectos de vivienda pública fueron demolidos, abandonados o rehabilitados para otros usos. En palabras de Naomi Klein, «[a]mid the schools, the homes, the hospitals, the transit system and the lack of clean water in many parts of town, New Orleans’ public sphere was not being rebuilt, it was being erased, with the storm used as the excuse.» Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism 524 (2007).

De estas crisis, en parte, vive el orden neoliberal de nuestros tiempos. Véase Philip Mirowski, Never Let a Serious Crisis Go to Waste (2013). Por eso no dudo que la transformación que persiguen aquí es similar a la que vimos en Nueva Orleans luego de Katrina. Después de todo, es la misma que han pretendido implementar -y han implementado- por décadas en Puerto Rico. La crisis huracanada es meramente una nueva -aunque muy especial- oportunidad para imponer lo poco que la oposición, ahora silenciada y sitiada en sus hogares, había logrado detener. De hecho, ya se escuchan reclamos de privatización en las ondas radiales, ante la lentitud en suplir gasolina y diesel para las empresas. Las personas jurídicas sobre las naturales, una vez más.

Esto no tendría que ser así. Puerto Rico podría aprovechar este momento para asimilar los avisos que la naturaleza nos está dando y desarrollar políticas conducentes hacia una verdadera transformación del país sobre las bases de la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad. A manera de ejemplo, en lo relativo a los retos particulares que presenta el cambio climático en nuestra jurisdicción, y sin pretender agotar la discusión, podríamos comenzar por

  • No renovar contratos de generación energética mediante quema de combustibles fósiles, como,el de la planta de AES, así como prohibir todo proyecto futuro de ese tipo de generación energética, como el Aguirre Offshore Gasport. Después de todo, no sólo los costos y la tecnología de las fuentes renovables de energía han potenciado su viabilidad, Mark Z. Jacobson & Mark A. Delucchi, Providing All Global Energy with Wind, Water, and Solar Power, Part I: Technologies, Energy Resources, Quantities and Areas of Infrastructure, and Materials, 39 Energy Policy 1154 (2011), sino que la idea misma del gas natural como fuente de ‘transición’ hacia las renovables ha caído en descrédito, dado que la búsqueda insaciable de nuevos yacimientos de combustible fósil por las entidades extractivistas, como el shale gas obtenido mediante el proceso conocido como fracking, que libera grandes cantidades de metano, un gas más nocivo para el cambio climático que el mismo bióxido de carbono, acercan el potencial contaminante del gas natural al del carbón. Robert W. Howarth, et al., Methane and the Greenhouse Gas Footprint of Natural Gas from Shale Formations, 106 Climatic Change 679 (2011).
  • Descartar los proyectos de generación de energía mediante la quema de basura, como el de Energy Answers, porque también emiten sustancias tóxicas al ambiente, pero ante todo, porque promueven la ‘solución’ de problemas de contaminación y consumo con más contaminación, y todo para asegurar los mismos patrones problemáticos de consumo de los sectores más privilegiados de la sociedad.
  • Crear impuestos para artículos de lujo y/o de gran impacto ambiental, así como un impuesto progresivo de cambio climático para aquellas industrias que contribuyan más a las emisiones de gases de invernadero atribuibles a Puerto Rico y utilizar el dinero para (1) proyectos de transporte público colectivo, particularmente en proyectos que trasciendan el área metropolitana y conecten a toda el archipiélago, y (2) desarrollar proyectos comunitarios de energía renovable, que sean tanto fuente de independencia energética para estas comunidades como de empleos y fortalecimiento de los procesos de organización comunitaria.
  • Promover, en vez de desahuciar, los proyectos agroecológicos en fincas del Estado, como práctica dirigida a reducir considerablemente las emisiones asociadas a la agricultura, y como mecanismo para promover la soberanía alimentaria, tan indispensable en tiempos de emergencia.
  • Aprobar una ley de costas que defina la zona marítimo terrestre de manera sensible al comportamiento de las olas en Puerto Rico y evite absolutamente la construcción de estructuras no estrictamente compatibles con usos en la costa.
  • Imponer moratorias a la construcción de proyectos cercanos a humedales y cauces de cuerpos de agua.
  • Promover e invertir en proyectos de generación de energía renovable en áreas impactadas, como los proyectos de ubicación de paneles fotovoltáicos en techos de edificios y la conversión de plantas de generación existentes a ciclos combinados de energía renovable.
  • Reducir dramáticamente el término para la adquisición de propiedades mediante rescate y desarrollar políticas que incentiven la rehabilitación y la reutilización de estructuras abandonadas en centros urbanos.
  • Adoptar como política pública el concepto de basura cero.

Todas estas propuestas, por supuesto, son inconsiderables bajo las lógicas económicas imperantes. Sin embargo, a quien aún crea que bajo el capitalismo vamos a atender los retos que presenta el cambio climático, le invito a que compre un pasaje de ida, de esos disponibles en los bajos $4,000 a cualquier destino -dentro de las opciones limitadas permitidas por el mercado en estos tiempos- y sea feliz en el universo ‘post-racial’ de comunidades cerradas suburbanas de la América de Trump. Y, por favor, antes que se apunte a la ‘generosidad’ de los lanzadores de propiedades hipotecadas y otros acreedores que voluntariamente concedieron moratorias de hasta noventa días en el pago de deudas, huelga recordar que, en medio de la Gran Depresión, el estado de Minnesota legisló una moratoria de dos años sobre el pago de las mismas deudas. VéaseHome Building & Loan Association v. Blaidsell, 290 U.S. 398 (1934) (avalando la constitucionalidad de dicha ley). Como resultado de esta crisis, millones de personas asalariadas o empleadas por cuenta propia no recibirán un sólo centavo de paga por una o varias quincenas. Para la inmensa mayor parte del país, eso representa un hoyo del que no se habrá salido en tres meses. A otro, pues, con los méritos de las migajas convertidas en campañas de relaciones públicas de la banca y el mundo acreedor.

Al final, el Secretario y la Secretaria tienen razón. Esta nueva crisis nos presenta una oportunidad, no de asimilar nuevas versiones de las mismas políticas que llevamos experimentando desde hace varias décadas, sino de construir hacia una nueva política de lo común. En palabras de Klein,

«Climate change pits what the planet needs to maintain stability against what our economic model needs to sustain itself. But since that economic model is failing the vast majority of the people on the planet on multiple fronts that might not be such a bad thing. Put another way, if there has ever been a moment to advance a plan to heal the planet that also heals our broken economies and our shattered communities, this is it.» –Naomi Klein, This Changes Everything: Capitalism vs the Climate 155 (2014).

La mayoría estamos encerradxs, predominantemente sobrixs, sin gasolina, sin señal y con toque de queda, en vecindarios repletos de gente indignada. Pero en estos vecindarios de angustia, ansiedad, carencia y desesperación también hay potencial. No perdamos la oportunidad. Hagamos comunidad y conversemos sobre todo esto. Hablemos también sobre como la presión ciudadana aquí y la de nuestrxs aliadxs en la diáspora, ya ha comenzado a visibilizar el estado cuasi-militar que nos gobierna, así como las fisuras en la información que recibimos por las ondas radiales, y ha logrado, entre otras cosas, eximirnos de la aplicación de las normas sobre tributación de artículos de ayuda y de las disposiciones de la Ley Jones que evitan la llegada de ayuda de embarcaciones que no lleven la bandera estadounidense. Sigamos alimentando ese caldero.

Luis José Torres Asencio
Columnista | Obtuvo su Maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico. Es Profesor de Derecho Constitucional, Derecho Ambiental y Derecho Procesal Apelativo en la Facultad de Derecho de la UIPR, donde también es Co-Director del Proyecto de Desarrollo Económico Comunitario y Derecho a la Ciudad (Proyecto DeCiudad) de la Clínica de Asistencia Legal y la Oficina Legal de la Comunidad, Inc. También ofrece un curso sobre Planificación y Derecho en la Escuela Graduada de Planificación de la UPR. Ejerce como abogado, principalmente en controversias de Derecho Constitucional, Administrativo, Ambiental y en casos sobre desalojos de comunidades e individuos. Además, es integrante de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.