El escándalo perfecto y los futuros universitarios
Desde diciembre de 2015, ya había advertido sobre las discretas “rickyroselladas” que tomaban lugar bajo la administración vigente en la UPR y que, sin embargo, no eran denunciadas por los autoproclamados “rescatistas” de la UPR (Giovannetti 2015). Quizás ya sabemos por qué el silencio… Pero en fin, mi recordatorio del acomodo del Dr. Ricardo Rosselló en el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR y su acceso privilegiado a la Editorial de la UPR pretendía denunciar prácticas similares en el presente. Al mismo tiempo, ponía en evidencia que el modus operandi de algunas “cosas en la Universidad” ha funcionado para administraciones universitarias bajo distintos gobiernos. Ninguno parece estar libre de culpa.
Meses después de mis columnas y ya sometido el Informe sobre las Becas, todavía nos mantenemos a la sombra de lo que para todos los efectos prácticos constituye sociológicamente el escándalo perfecto. En un país que a veces parece vivir del escándalo, quizás es pertinente precisar desde las ciencias sociales, qué se entiende por la palabra y por qué es importante, para elaborar entonces sobre los posibles futuros universitarios.
En el libro Media Scandals: Morality and Desire in the Popular Culture Marketplace, los autores James Lull, Stephen Hinnerman, y John Thompson nos proveen los ingredientes necesarios para el escándalo, y se pueden resumir de la siguiente forma. Primero, tiene que haber una transgresión de las normas y valores sociales. Segundo, esta transgresión tiene que haber sido perpetrada por personas específicas e identificables que son considerados los participantes. Tercero, los actos deben ser divulgados públicamente. Cuarto, las transgresiones causan indignación en la comunidad, pero también una denuncia amplia por no participantes de los actos. Finalmente, hay consecuencias para las personas implicadas (los participantes) en el escándalo. Para los autores, el escándalo es importante porque su existencia misma –y la reacción que genera– nos sirve como barómetro social de dónde está una sociedad moralmente y en términos de sus valores (Lull y Hinerman 1997; Thompson 1997).
Todos y cada uno de los ingredientes descritos estuvieron presentes en el escándalo de las Becas Presidenciales: desde el otorgamiento mismo de las becas, hasta su denuncia por estudiantes, docentes, y público en general, hasta la salida gradual de los participantes de sus puestos de confianza. De ahí que sea un escándalo perfecto. No hay lavado de cara, ejercicio mediático, relaciones de empatía, o lealtades sociopolíticas que puedan cambiar los hechos y la evidencia sobre este vergonzoso episodio (Pantojas-García 2016). Como ha indicado el sociólogo Anthony Giddens al discutir la agencia humana, las personas conocen sus acciones, por qué las ejecutan, además de ser “intrínseco a la acción humana que en cualquier situación dada […] pudieron haber actuado de otra forma” (Giddens 1987: 5). Frente a este escenario, entiendo que resulta más importante y productivo, partir del escándalo para contemplar, en un ejercicio de historia hipotética, dos posibles futuros universitarios.
Primer futuro
Uno de estos futuros posibles para la universidad emerge del escándalo mismo y de algunos de los diagnósticos que se han hecho en los medios de comunicación. Se ha sugerido en los medios que, después de todo, comparativamente el escándalo de las Becas Presidenciales no es tan grave. La cantidad de dinero de la que pretendían disponer los participantes del escándalo era poca ($350,000) en comparación con otros esquemas de corrupción que se destilan en el país y que alcanzan los millones de dólares.
No nos debemos llamar a engaño. Las acciones de asignar becas a personas conocidas y bien conectadas de manera privilegiada estaban acompañadas del compromiso (o la intención) de una otorgación de plaza docente en el sistema UPR. Las enmiendas realizadas al Programa de Becas Presidenciales, precisamente bajo la incumbencia del Lic. Antonio García Padilla como presidente, ataban la tenencia de la Beca a una plaza docente. Esto era un “compromiso que hace la institución con el candidato” y bajo una noción manufacturada y arbitraria de “áreas de difícil reclutamiento”. Además, ocurría sin mediación de los Comités de Personal o una evaluación de los méritos de la persona al momento de la contratación -una evaluación que es cualitativamente distinta que para otorgar una Beca.
De manera que las acciones de los participantes del escándalo no se limitan a otorgar las Becas. En la práctica, estas acciones estaban “hipotecando” a la institución por treinta años o más dando plazas a personas cuyo mérito inicial parece solo haber sido gozar de buenas conexiones. Entonces, si pensamos en la escala salarial vigente en el sistema UPR, cada becario estaba recibiendo mucho más que la Beca; estaba recibiendo un mínimo de $2,260,440.1 Es decir, que solamente considerando las tres otorgaciones de beca que han adquirido mayor notoriedad, la “hipoteca” hubiera ascendido a la friolera de $6,781,320 (Sin contemplar otros beneficios que se suman a la estancia de treinta años en la institución y que implican más dinero). Haga usted entonces el cálculo por todos los becarios y el escándalo no es solo uno perfecto, sino también millonario.
¿Qué representa esto entonces para el primer futuro hipotético universitario? Si el mérito inicial de las personas que recibieron las becas fue simplemente tener conexiones, acceso privilegiado a la información, y haber actuado en conocimiento de ese privilegio, ¿qué podíamos esperar de estas personas en su servicio institucional por treinta años? No pienso que pudiéramos esperar mucho. La UPR está necesitada de un cambio radical en su funcionamiento institucional, para el cual es necesario abandonar el modus operandi y el desdén hacia al principio de mérito que quedaron en evidencia con este escándalo. Ese futuro de cambio radical no iba a ser posible si “hipotecábamos” a la institución con personas que se beneficiaron precisamente de estas formas de proceder.
Segundo futuro
El segundo futuro posible parte de una pregunta que se vincula, pero antecede, el escándalo de las Becas. Debemos preguntarnos, en primera instancia, si las personas implicadas en el escándalo debieron haber estado ocupando las posiciones que tenían y desde las cuales desplegaron su agencia humana. Se desprende de esta pregunta inicial un cuestionamiento del ambiente prevaleciente en la universidad que permite que la selección de nuestra gerencia académica esté mediatizada por la política.
Mi convicción es que la principal tarea de los universitarios es luchar contra la politización del espacio universitario. Cuando me refiero a politización no estoy únicamente pensando en la trillada aseveración de la “influencia externa”. Me refiero también a los políticos internos en la UPR; aquellos que desde adentro tratan a la universidad como si fuera una finca, tanto en el sentido de usufructuarla para beneficio de familiares y agregados, como en el sentido de considerarla como un espacio para el cultivo de sus ideologías particulares. Me refiero a aquellos que no ven a la institución como un lugar de producción de conocimiento, porque no es eso a lo que se dedican. Me refiero a los que tienen como su desafortunada vocación la búsqueda de poder y beneficios fungiendo como forjadores de reyes y reinas –o como resulto ser, de bufones y bufonas.
Entonces, si regresamos a los procesos de consulta y de nombramiento directo que colocaron a las personas implicadas en la presidencia, la rectoría y los decanatos, podemos levantar preguntas que nos ayuden a tomar mejores decisiones para otro futuro universitario. ¿Cuáles fueron las más recientes investigaciones y publicaciones (creación de conocimiento) de los aspirantes a puestos y en qué medios se divulgaron? ¿Cuántas publicaciones arbitradas tenían los candidatos a estos puestos y cuán competitiva era su investigación académica? Puesto de otra forma: ¿Cómo contraponemos y ponderamos la actividad intelectual de los aspirantes a puestos contra su perfil político y sus membresías a comités de esto y de aquello? ¿Debemos permitir que nuestros gerentes académicos advengan a sus puestos simplemente porque no queremos a otros por razones políticas o porque supuestamente no hay más personas disponibles? ¿Qué condiciones institucionales llevan a que no haya más personas idóneas dispuestas a asumir puestos de gerencia académica? ¿Cuán rigurosos fuimos en nuestro examen de los “proyectos” que presentaron las personas que terminaron siendo nombradas? Obviamente la retrospectiva es 20/20, pero podemos preguntar: ¿cómo se nombra a un puesto de alta jerarquía universitaria a una persona que no fue recomendada –ni cumplía con los criterios– para un puesto inferior? ¿Cómo se selecciona el decano cuyo “uso y costumbre” es firmar cartas de recomendación escritas por el estudiante?
En fin, un nuevo futuro universitario es uno en el cual asumamos la responsabilidad de asegurarnos que los criterios de selección para la gerencia académica sean rigurosos y que no estén regidos por la politiquería interna que sostiene la universidad feudal. Se aproximan cambios dramáticos y difíciles para la UPR, al igual que (desafortunadamente) otro cuatrienio universitario. ¿Podemos romper el ciclo de cambios administrativos en la universidad que, al responder a la política del país, no permite que la UPR avance? ¿Tenemos la voluntad política de adelantar unas metas y objetivos universitarios colectivos en un momento de crisis y precariedad? ¿O preferirán algunos seguir atrincherándose si los líderes no son los de ellos y boicoteando proyectos por no venir de quienes ellos no quieren? La contestación a estas preguntas resulta vital en la coyuntura actual, y en la contestación descansa si podremos o no encarar el futuro que tenemos por delante.
Conclusión
Retornando ahora a la teoría del escándalo, particularmente al artículo de John Thompson titulado “Scandal and Social Theory”: ¿Qué podemos aprender del escándalo de las Becas Presidenciales? En su ensayo, Thompson argumenta que los escándalos están asociados con procesos mediante los cuales “algunos valores y normas son expuestos y reafirmados –con grados variados de efectividad y buena fe– por aquellos que denuncian las acciones como escandalosas” (Thompson 1997: 41). ¿Qué nos dijo este incidente sobre dónde están nuestros valores morales y nuestro respeto por las normas establecidas? Quiero pensar que la recepción de las denuncias y su amplia reproducción en variados discursos nos indican que todavía existe un grupo significativo de personas que se oponen al clientelismo y amiguismo dentro del servicio público. A nivel más específico, el fluir del escándalo reflejó que existe gente que valora el principio de mérito y la integridad de los procesos en los Comités de Personal de una institución de educación superior. Incluso, las autodefensas y apologías que han inundado algunos medios de comunicación no niegan que las cosas no se hicieron de la mejor manera, que hay procesos que no fluyen como deberían, y que hay “cosas en la Universidad” que deberíamos cambiar.
El escándalo y su desenlace han causado ya suficiente daño a la institución, y lo que nos queda es aprender lecciones del mismo de manera que podamos posicionarnos en un lugar óptimo para enfrentar los retos que nos esperan.
Primero, la selección de personas a puestos de liderato institucional debe ser regida exclusivamente por criterios académicos y universitarios, no por consideraciones políticas o de personalidad. No debe haber un solo proceso de consulta más que termine acomodando a alguien en un puesto porque no queremos al otro o la otra. Esto sucedió tanto en la consulta para la presidencia del sistema como en aquel correspondiente al Recinto de Río Piedras, intentando mancillar reputaciones de personas que luego no disfrutaron de “media tours” de redención o apologías. Señalo esto porque la politiquería intra-institucional que descarriló a candidatos a la presidencia y candidatas a la rectoría no está muy lejana de aquella que pretendió acomodar a los becarios en futuras plazas que les asegurarían una posición estable en el gobierno para adelantar sus agendas.
En segundo lugar, debemos reafirmar el principio de mérito como central en la selección de personal para la UPR. Si los escándalos se tratan sobre la reafirmación de valores y normas, en el principio de mérito tenemos un valor consignado en el Reglamento General de la UPR que ha sido constantemente ignorado en procesos de reclutamiento, y hasta a viva voz en asambleas claustrales regidas por la politiquería. En la medida en que continúe el amiguismo y clientelismo en las altas y las bajas esferas de la UPR, nuestra universidad no va a moverse del plato, pues van a seguir reproduciéndose los mismos modus operandi que nos llevaron a donde estamos.
Tercero, la estrechez fiscal que nos viene encima y las determinaciones de la Junta de Control Fiscal que nos puedan afectar nos obligarán a tomar decisiones difíciles. El ritmo letárgico con el cual la administración depuesta manejaba la renovación de los planes estratégicos del sistema y del Recinto de Río Piedras (Diez para la década y Universidad 2016) era indicador de su falta de voluntad política y su pobre juicio en el establecimiento de prioridades. Ya no hay opción, y las decisiones difíciles van a ir desde terminar con las pequeñas áreas de complacencia laboral hasta quizás claudicar en el estribillo de “11 recintos, una UPR”.
Finalmente, se acercan las elecciones (¡resulta patético tener que escribir en estos términos desde una universidad!) y queda en nuestras manos determinar si vamos a permitir otra vez que el cuatrienio electoral nacional implique también un cuatrienio universitario. Esto va a demandar de una seria introspección que idealmente debe llevarnos a culminar con la politiquería interna en la UPR. Para que esto sea posible, los politiqueros internos y forjadores de reyes van a tener que aprender a separar sus agendas políticas y lealtades socio-familiares e ideológicas de su rol académico y universitario dentro de la UPR. Después de todo, ya quedan pocos reyes y reinas que puedan investir. Aquellos que se prestan como vínculo del mundo político externo deben claudicar en sus intentos. Los universitarios a quienes la politización de la UPR ha llevado a dejar de creer en la institución y al cinismo, deben renovar su compromiso de servicio institucional. De igual forma, quienes se hayan atrincherado en su trabajo intelectual deben asomarse a contribuir a un proyecto universitario. Debe ser posible trabajar en terrenos comunes, a pesar de nuestras diferencias. Solo forjando un terreno común eminentemente universitario podremos encaminar la institución en esta coyuntura.
Textos citados
Céspedes Soto, Samuel T., Monserrate Peñagaricano, Dora L., y José A. Casillas Fernández, 2016. “Informe final de la comisión investigative sobre las Becas Presidenciales, 2015-2016” (27 de junio).
Giddens, Anthony. 1987. Social Theory and Modern Sociology. Stanford: Stanford University Press.
Gil, Carlos. 2016. “Primera Parte: Así es la Universidad” en Crisis de la Universidad (11 de julio)[http://cgprlawblog.
Giovannetti, Jorge L. 2016. “Detrás de las becas presidenciales”, El Nuevo Día (26 de febrero de 2016): 58.
Giovannetti, Jorge L. 2015. “Por el portón de al frente”, El Nuevo Día (16 de diciembre de 2015): 60.
Lull, James y Stephen Hinerman. 1997. “The Search for Scandal”, en Media Scandals: Morality and Desire in the Popular Culture Marketplace, editado por James Lull y Stephen Hinerman. Nueva York: Columbia University Press. Pp. 1-33.
Pantojas-García, Emilio. 2016. “Testarudos hechos de las becas presidenciales”, 80grados, 19 de agosto.
Thompson, John. 1997. “Scandal and Social Theory”, Media Scandals: Morality and Desire in the Popular Culture Marketplace, editado por James Lull y Stephen Hinerman. Nueva York: Columbia University Press. Pp. 34-64.
- Esta cantidad es calculada a partir del salario por cinco años en el rango de Catedrático Auxiliar, cinco años en el rango de Catedrático Asociado, y otros veinte años de servicio con el rango más alto de Catedrático. Esto es asumiendo que las personas obtendrían los ascensos correspondientes en ese tiempo. [↩]