El giro eco-moderno de las políticas energéticas puertorriqueñas
El concepto de la modernización ecológica es usado en dos niveles, como teoría social y como programa político. En ambos casos se trata de una perspectiva ecológica fundamentada en la racionalidad científica y el optimismo tecnológico (Cohen 1997; Buttel 2000). El concepto teórico de la modernización ecológica es usado para describir la relación entre la modernización y los problemas ecológicos en las sociedades industriales de la tardo-modernidad (Buttel 2000; Cohen 1997; Spaargaren y Mol 1992; Mol y Spaargaren 1998). Es esencialmente una teoría de cambio social enfocada en el estudio de los procesos institucionales y tecnológicos concretados para enfrentar la crisis ecológica producto de la industrialización.
La modernización ecológica también define un programa político-económico, una vertiente de la gestión ambiental (Spaargaren y Mol 1992; Buttel 2000). Como tal, la modernización ecológica plantea que un ambiente más limpio, el uso de tecnologías eficientes, el consumo verde y el manejo ambiental, entre otras prácticas similares, son beneficiosos para el crecimiento económico (Oltra y Alarcón 2005). El programa incluye entonces la transformación de la gestión ambiental en un bien o servicio económico rentable. Se trata de un esfuerzo para convertir la modernización, particularmente la capitalista, en un proyecto eco-amigable: “The adherents of Ecological Modernization Theory acknowledged the need for some fundamental transformations within the modernization project to restore some of its structural design faults that has to do away with those institutions of modern society that are involved in the modern organization of production and consumption” (Spaargaren y Mol 1998: 4).
Así, el programa político-económico de la modernización ecológica fomenta la transformación de los procesos de producción y consumo mediante cambios institucionales y tecnológicos que incluyen, entre otras prácticas, el uso de tecnologías verdes, la valuación económica de los recursos ambientales, cambios en los patrones y estilos de producción y consumo, la prevención de daños ambientales, y el monitoreo de los ciclos de producción y consumo (Spaargaren y Mol 1992). Murphy y Gouldson (2000: 34) resumen muy bien el programa práctico de la modernización ecológica:
With respect to the prescriptive dimension it views environmental problems as resulting from industrialism. It proposes that these problems can be addressed within the framework of modernity, largely through the actions of the state and industry, with the result of encouraging further economic growth. On the part of the state the need is for active engagement with the aim of promoting ecological modernization and managing environmental impacts. This will require strategic planning and the promotion of structural change at the macro-economic level, particularly involving emphasis on less resource intensive and environmentally burdensome means of generating wealth. This is likely to require a range of innovative policy instruments and approaches to replace the traditional understanding of the regulation of industry, particularly to the incentivisation of environmental improvement.
El programa político de la modernización ecológica envuelve la realización y simbiosis de tres metas interrelacionadas: el uso de tecnologías verdes y eficientes, cambios organizacionales que envuelven técnicas de manejo y ordenación eco-amigables, y la optimización de las operaciones, regulaciones y toma de decisiones. Estas metas están muy presentes en la Ley de Transformación y Alivio Energético aprobada recientemente en Puerto Rico.
En los programas eco-modernos la innovación tecnológica desempeña un papel fundamental, particularmente a nivel de los procesos productivos y de las prácticas de consumo. Estas políticas y programas envuelven tanto la adopción de aparatos tecnológicos verdes y eficientes como de nueva técnicas en los procesos productivos, en el manejo de recursos, y en la organización de la industria. Promueve lo mismo a nivel gubernamental o estatal. Aunque la modernización ecológica no se limita, ni como teoría ni como política pública, al incremento de la eficiencia en la gestión ambiental y los procesos productivos es palpable que en la práctica es exactamente eso lo que enfatizan los eco-modernos.
En diversos círculos políticos y económicos la modernización ecológica es equiparada a una revolución de la eficiencia, imaginada como un aumento en la producción con el menor uso de materia y energía posible (Spaargaren en Oltra 2005). Todo esto se fundamenta en el concepto de la industria ecológica, que concibe la tecnología como la “introductora de cambios radicales en el metabolismo industrial, es decir, en los flujos de uso de la energía y los materiales de tal modo que sea consistente con el metabolismo de la naturaleza” (Oltra 2005: 145).
Aunque la agenda política de la modernización ecológica ha sido criticada en varios frentes y por varias razones, predominan las críticas, muchas de ellas acertadas, contra su optimismo tecnológico y sus soluciones tecnocráticas. Pero, los teóricos de la modernización ecológica ya han revisado tanto el optimismo tecnológico de la teoría como su carácter tecnocrático. Dos de los más importantes teóricos de la modernización ecológica, Mol y Spaargaren (1998: 5), plantearon, defendiendo la teoría, que:
In the process of institutional reform technological transformation have their place, be it not that central as its critics wants us to believe, and certainly not in the sense that technological change forms the motor of, and determines, these reformations. In addition, the conceptualization of technology and technological change has widened considerably, from the original add-on technologies that were so severely criticized in the 1970s up to structural change of socio-technological systems.
Pero, como indiqué antes, en el campo de la planificación, la administración pública, y el manejo de los recursos naturales, los ecologistas modernos continúan promoviendo desproporcionadamente la innovación tecnológica y las soluciones tecnocráticas. En efecto, la modernización ecológica se ha convertido en el programa político dominante con respecto a los problemas ambientales y la gestión ambiental, particularmente en los países altamente industrializados (Hajer en Buttel 2000).
El gobierno central puertorriqueño también ha adoptado una perspectiva eco-moderna. A nivel gubernamental, y como evidencia la Ley 57, los problemas energéticos son tratados como problemas simultáneamente normativos y tecnológicos cuya solución requiere nuevas bases legales, innovaciones en la organización institucional para el manejo de asuntos energéticos, y la adopción de tecnologías eficientes y más o menos eco-amigables. Los eco-modernos también recomiendan establecer nuevas agencias o comisiones para regular la externalidades de la AEE. Abrazados al neoliberalismo también recomiendan la privatización de esa corporación pública, al menos de algunos de sus servicios para supuestamente garantizar que los mecanismos del mercado, mediante varios incentivos, internalicen los costos ambientales. Estas políticas presuponen que solventar los problemas energéticos depende de la reducción de costos mediante la introducción de tecnologías verdes y eficientes en todos los niveles, desde la producción hasta el consumo.
En fin, propongo que en el campo de la política pública puertorriqueña las reformas energéticas propuestas recientemente tienden a promover la “revolución de la eficiencia”, estrategia característica de la modernización ecológica. Desde esa perspectiva se asume que el aumento en la eficiencia introducirá los cambios necesarios para reducir la dependencia en el petróleo, cumplir con las leyes ambientales, aumentar la productividad, y a su vez promover el crecimiento económico y el bienestar humano. La modernización ecológica es articulada por sus proponentes como una excelsa panacea, aunque se trate más bien de un proyecto socio-ecológico limitado. Y con la eficiencia como gran remedio la conservación de energía, distinta de la eficiencia energética, es relegada a un segundo plano.
El giro eco-moderno de la política energética del país ha sido consecuencia de varios factores. Para empezar, la dependencia del petróleo ha forzado al gobierno central a considerar alternativas, las que incluye el uso eficiente de la energía mediante nuevas tecnologías. Además, conseguir la autonomía energética requiere de estrategias y programas agresivos para reducir el consumo de energía, y la eficiencia tecnológica es una forma de hacerlo. El giro está atado además al papel central que históricamente han desempeñado los ingenieros y otros tecnólogos en el desarrollo de las políticas energéticas del país. Estos, dado su entrenamiento y peritaje, tienden a destacar las soluciones tecnológicas a los problemas energéticos, en la mayoría de los casos obviando las dimensiones ecológicas, sociales y culturales de estos problemas.
La creciente preocupación ciudadana por la calidad ambiental y los esfuerzos del movimiento ambientalista para proteger el ambiente y detener su degradación también ha forzado al gobierno y la AEE a considerar las consecuencias ambientales de las tecnologías y fuentes energéticas tradicionales y adoptar por ello tecnologías energéticas más eficientes y eco-amigables. En ocasiones, los combustibles y tecnologías favorecidas por el gobierno y la AEE no han sido aceptados por la ciudadanía, que no las ha considerado lo suficientemente eco-amigables. Ese fue el caso de las propuestas para las tecnologías basadas en el “carbón limpio” como fuente de energía (Meyn 1997; Irizarry Mora 2012; Anazagasty 2012a; 2012b; 2012c). Hoy, el gobierno promueve el uso del gas natural, al que los ambientalistas y otros grupos también se oponen.
Sin embargo, algunos ambientalistas también han dado un giro eco-moderno, aun cuando proponen tecnologías más eco-amigables basadas en fuentes renovables. Estos convergen con los modernistas ecologistas en su énfasis en las soluciones tecnológicas al problema energético, aunque las tecnologías que proponen sean más verdes y apropiadas que las propuestas por los industriales y oficiales gubernamentales. Finalmente, el vuelco a la eficiencia tecnológica está también atado a lo que los modernistas ecológicos llaman “la reestructuración ecológica de la sociedad industrial” o el “refinamiento de la producción”, el advenimiento del capitalismo verde. Muchas empresas, por diversas razones, ya han adoptado las tecnologías verdes y la protección ambiental como parte de sus estrategias de acumulación de riqueza y capital así como de su llamada “responsabilidad social”. Y muchos consumidores también lo han hecho. El “consumo verde” es hoy un sector importante de la economía mundial.
El giro eco-moderno de las políticas energéticas del país debemos entenderlo entonces en el contexto de la institucionalización de la protección ambiental en Puerto Rico y Estados Unidos, como ha ocurrido alrededor del mundo. Esto envuelve a las instituciones gubernamentales, las que han integrado la protección ambiental a sus prácticas y actividades en mayor o menor grado, incluyendo los problemas energéticos. Las políticas y leyes ambientales, a nivel local y federal, obligan a la AEE a diversificar las fuentes de energía y minimizar los daños al ambiente. La AEE está sujeta a las condiciones establecidas por esas leyes, incluyendo la Ley Federal de Aire Limpio y la Ley Federal de Agua Limpia (Autoridad de Energía Eléctrica 2015). La reglamentaciones de Mercury and Air Toxics Standard (MATS) y Reciprocating Internal Combustion Engines (RICE), entre otras, también deben ser respetadas por la AEE, por lo que recurren a tecnologías verdes y más eficientes. En numerosas ocasiones la AEE ha sido o multada o amenazada con multas y la respuesta de la agencia ha sido precisamente la adopción y promoción de nuevas tecnologías energéticas (Ultimátum a director de AEE sobre leyes ambientales; Laureano). La legislación energética local también ha promovido la diversificación de las fuentes de energía y tecnologías verdes y eficientes, como la Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable, Sostenible y Alterna en Puerto Rico, ratificada en el 2010. Esta disponía, entre otras cosas, que para el 2015, la producción energética de fuentes renovables debía alcanzar, al menos, 12%, y para el 2020 debía ser de 15%. Sin embargo, la producción derivada de fuentes de energía renovables es insignificante, aproximadamente 1% (Banuchi 2013). Datos más recientes, del año fiscal 2014, sugieren que apenas supera el 1%, incluyendo la producción de energía eólica, fotovoltaica e hidrológica.
El bajísimo porcentaje en la producción derivada de fuentes de energía renovables apunta a que el giro eco-moderno no ha logrado mucho y que el compromiso del ELA con la protección ambiental, el uso de fuentes renovables de energía, y la conservación de energía es inocuo. Más aún, el proyecto eco-moderno está lejos de concretar políticas públicas encauzadas por la vía energética suave, la mejor alternativa al expansionismo energético de aquellos que defienden que Puerto Rico continúe su paso torpe, cansado, y fracasado, aunque algo verde y más eficiente, por la vía energética dura.
Bibliografía
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