En el mundo se protesta contra los espectáculos policiales... aquí Madrid, España.
Alguien en el gobierno debería entender que los problemas de criminalidad que azotan el país y estremecen día a día a nuestra ciudadanía no se resolverán incrementando acciones policíacas. Esa receta ha sido aplicada por varias administraciones durante las últimas décadas sin producir resultados.
Realizar redadas a diario, anunciar incautaciones de cargamentos de drogas ilícitas y pregonar arrestos de alegados capos del negocio del narcotráfico no pasan a ser más que un espectáculo mediático con el que las autoridades estatales intentan crear la falsa percepción de la eficiencia de su plan anticrimen.
Pero la realidad es otra. Mientras la Policía orquesta su montaje publicitario para intervenir en una comunidad marginada y realizar algunos arrestos, la cantidad de asesinatos y actividades delictivas del país aumenta.
Los números que certifican la condición social a la que nos enfrentamos son terribles. Tan sólo durante esta semana se produjeron 31 muertes en cuatro días. Esta cifra es más espeluznante aún si examinamos que en estos primeros seis meses del año en Puerto Rico hemos tenido 567 asesinatos, la gran mayoría vinculados al negocio de la venta y distribución ilegal de drogas. Otros se incluyen en la lista de crímenes de odio y de violencia de género.
La suma total nos revela que hemos sobrepasado por un centenar de muertes las estadísticas del crimen en comparación con el pasado año. En nuestras calles es asesinada más gente que en Afganistán, donde el ejército de guerra estadounidense mantiene una cruenta operación militar.
Algo mal estamos haciendo para vivir un estado de anomia en el que vemos degradarse las normas sociales y en el que cada vez se nos hace más difícil convivir. Es obvio que las estrategias a las que recurre el gobierno para afrontar el problema no funcionan.
Y es que abordar el problema del crimen y del negocio de la droga requiere un examen más cauteloso que nada tiene que ver con tácticas policíacas y el recrudecimiento del Estado represivo.
La mirada debe ir dirigida a escrudiñar el andamiaje socioeconómico en el que hemos estado sobreviviendo durante las últimas décadas y las políticas públicas que los últimos gobiernos han implantado y cuyo resultado ha sido el desmembramiento de nuestra estructura social.
Un diagnóstico a nuestra realidad podría resumirse en varios puntos: la caída en la actividad económica formal con su correlativa baja en la tasa de participación laboral como consecuencia de la pérdida de empleos; un aumento de actividades de la economía informal vinculadas, en su gran mayoría, al trasiego de drogas ilegales; el deterioro de los servicios públicos; aumento en los niveles de pobreza; y la corrupción gubernamental.
Estudios científicos han demostrado que al tiempo que la condición económica del país empeora, las actividades delictivas y los crímenes aumentan. La relación inversa también se ha constatado.
De una investigación realizada por el grupo Inteligencia Económica se desprende que en los años en que la economía del país ha mostrado signos de mejoría, con producción de empleos y cierta estabilidad en la condición salarial de la población, la tasa criminal se ha reducido.
El estudio muestra cómo la estabilidad económica reportada entre 2003 y 2005 significó una baja en el total de asesinatos, fluctuando en un promedio de 695 crímenes por año. Este número se disparó a partir de la última mitad de esa década cuando la situación económica comenzó a dar signos de deterioro, resultando en un aumento continuo y considerable en los asesinatos hasta cerrar el año 2010 con un total 982.
La relación estadística que arroja esta investigación nos revela que hay que resolver la raíz de nuestros males sociales si queremos atenuar el problema de la criminalidad. El enfoque debe dirigirse a mitigar la pobreza, el desempleo y la desigualdad de oportunidades.
* Publicado originalmente en El Vocero.
