La deuda excesiva que enfrenta el sector público de Puerto Rico –y que obliga a su repago a toda la sociedad puertorriqueña– es el resultado del descuido con el dinero ciudadano en relación a las decisiones de política pública. Sin duda una vía franca hacia la crisis de gobernabilidad. La isla tiene 74,000 millones de deuda y otros 50,000 millones de obligaciones comprometidas (la mayoría de estas en pensiones para nuestros jubilados). Esta situación impuso, de parte de nuestros acreedores, una Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La aparente lucha de poder entre la rama ejecutiva, legislativa y la JSF es el espejo de la crisis de gobernabilidad actual. Primeramente, las ramas ejecutivas y legislativas cuenta con deberes y funciones asignadas por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; mientras que la JSF tiene los suyos conforme a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, (PROMESA, por sus siglas en inglés). Cada ente en aparente conflicto tiene posturas distintas, porque sus funciones son distintas y esto no es como tal una lucha; sino más bien el ejercicio de ese bien superior que comúnmente llamamos democracia.
Por un lado, la JSF propuso la eliminación de la Ley de Indemnización por despido sin justa causa; según sus asesores la derogación de dicha permitiría crecimiento económico privado, creación de empleos y redundaría en beneficio del erario. Por otro lado, el gobernador acoge dicha recomendación y la somete a la legislatura como el camino a seguir para; primero tener crecimiento económico y generar empleos; y segundo, proteger derechos laborales adquiridos en la empresa privada y empleados públicos. Finalmente, este intento fue derrotado en la legislatura. La asamblea legislativa entendió que hay otro camino posible para la recuperación de Puerto Rico sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.
La división de poderes en tres ramas de nuestra Constitución tiene el propósito de evitar la acumulación de toma de decisiones en pocas personas y no limita la relación entre las capacidades de nuestras instrumentalidades, el crecimiento económico y el desarrollo social. El potencial institucional del gobierno central delimita la gobernabilidad de una sociedad, mediante mecanismos, procedimientos y actores involucrados en los procesos de toma de decisiones que representen a sectores distintos de nuestra sociedad dentro de su ámbito de actuación.
Ahora bien, hemos podido notar que nuestra crisis económica y de gobernabilidad acarrea otros problemas sociales. Difícil olvidar el huracán María. Sin embargo, es la ausencia de políticas públicas para atender la emergencia y la falta de fondos para las agencias de manejo de emergencias, hospitales, seguridad y un plan de logística lo que generó una crisis humanitaria, desorden y caos. Tristemente, aún tenemos hogares sin techos, familias sin hogar, ciudadanos sin energía eléctrica, carreteras poco alumbradas, muchas intersecciones sin semáforo, donde a diario se suceden los accidentes de tránsito y cientos de cadáveres sin el tratamiento adecuado en vagones “temporeros” en el Instituto de Ciencias Forenses.
Así las cosas, debemos mencionar la crisis emocional de salud mental que nos ha dejado la falta de un plan. Hasta el pasado mayo, adicional a la persona que se trepó a una torre de la Autoridad de Energía Eléctrica y amenazó con lanzarse como solución final a su falta de energía eléctrica por tiempo prolongado, se habían denunciado oficialmente 11 intentos suicidas únicamente en el municipio de Yabucoa.
No hay varita mágica para resolver todos los problemas de forma inmediata, pero si buenas prácticas democráticas. Los procedimientos de gobernabilidad democrática anclados en la Constitución son imprescindibles para el funcionamiento del Estado. Estos obligan a crear el ambiente para fortalecer las instituciones de servicios a la ciudadanía. Así también obligan a la estabilidad en nuestras políticas macroeconómicas. Las instituciones públicas gobernables contribuyen a mejorar las condiciones de índole social y económico al servicio del desarrollo sostenible.
El gran problema de Puerto Rico no es fiscal. Nuestra gran crisis es política. Nuestra crisis es de gobernabilidad, debido a la falta del arte del buen gobierno. No hay gobernabilidad cuando los jefes de agencias cometen delitos y cada actuación da lugar a sospechas antiéticas o de abuso de discreción. No podemos olvidar el escándalo del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones y exjuez superior Rafael Ramos Saénz y su participación en el Chat de WhatsApp. El licenciado Ramos Sáenz implicado también en señalamientos serios por su intervención en el proceso electoral del voto de los encamados. Igualmente Waleska Maldonado, exdirectora de ASUME, quien también renunció porque estuvo involucrada en el escándalo del chat de Moca.
No hay gobernabilidad cuando las personas que renuncian lo hacen por un alegado “cumplimiento con el deber”. Recientemente vimos la intervención política en la Procuraduría de la Mujer con el caso de la Compañía de Turismo. Carmen Lebrón, procuradora interina, informó que haría referidos al Departamento de Justicia. Pero luego de sus declaraciones, Fortaleza nominó y el Senado confirmó a la licenciada Lersy Boria como Procuradora de las Mujeres el último día de la sesión extraordinaria con el fin de poner en pausa dichos señalamientos.
Irremediablemente no hay gobernabilidad y se afecta la gerencia gubernamental directamente cuando es el propio jefe de la rama ejecutiva quien se pone inoportunamente el sombrero de Secretario de Departamento y Director de Agencia y pareciera el tomar las decisiones.
Nuestro pueblo está en crisis de todo tipo; estas tienen solución. Pero no se resolverán mientras el plan de nuestros funcionarios electos sea simplemente pensar en las próximas elecciones.
