Escanea, paga y listo

[dropcap]W[/dropcap]almart, el principal patrono privado en la isla, se mueve cada día más hacia la automatización. Hoy nos pide a los consumidores de la isla que cuando terminemos de comprar en cualquiera de sus tiendas hagamos el trabajo por ellos bajo la consigna: Escanea, Paga y Listo.

Hace unos años un ex secretario de trabajo bajo la gobernación de Sila Calderón (Frank Zorilla) se quejaba de que las mega tiendas como Walmart, Sams, entre otras generaban empleos, en su inmensa mayoría, a tiempo parcial, mal remunerados y sin beneficios marginales (como plan médico o plan de retiro). Esta crítica eventualmente le costó su propio empleo al secretario del trabajo.

Resulta patético ver los gobernadores de turno cada vez que se establece una nueva sucursal de Walmart o Sams (ambas de la Familia de Sam Walton) aplaudir y celebrar el evento como si con ello se estuviera contribuyendo a reducir la pobreza.

Antes de los huracanes Irma y María la tasa de pobreza eran graves, con un 44.3% de la población viviendo bajo niveles de pobreza. Después de María se estima que la tasa de pobreza sobrepasó el 52%, según el Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.

En 2019, el estado más pobre en la nación norteamericana es Mississippi con una tasa de pobreza de 21.5% y con una tasa de desempleo de 8.1%. Puerto Rico, por su parte, duplica la tasa de pobreza de Mississippi y supera su tasa de desempleo, aun tomando como certera la dramática baja en la tasa de desempleo que informa el gobierno.

Si Puerto Rico fuese estado, sería el estado más pobre de los Estados Unidos.

El 17 de septiembre de 2018 el periódico El Nuevo Día nos anunciaba que Puerto Rico es el tercer país con mayor desigualdad económica entre familias del mundo y el primero en toda América, según datos del Banco Mundial.

Claro que reducir la pobreza y la desigualdad social no son preocupaciones para las mega tiendas como Walmart ni para la Junta de Control Fiscal. En lo que parecen sí estar de acuerdo, es con que todos acatemos la orden del auto checkout: Escanea, paga y listo.

A finales del 2017, Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, se reunió con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso a Puerto Rico (la misma que le cuesta a Puerto Rico 625 mil dólares anuales, más plan médico, retiró y otros jugosos beneficios) como parte de la ley PROMESA. Luego de la reunión el Relator Especial expresó que había pocos indicios de que las inquietudes de protección social figuraran de forma significativa en los análisis de la Junta. Lo cual le parecía sumamente preocupante, sobretodo en momentos cuando hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) insiste en que la protección social debe incluirse explícitamente en las recetas de ajuste, es decir, austeridad.

Señaló además que le parecía esencial que la Junta tomara en cuenta las inquietudes de los derechos humanos y la protección social en la reforma del bienestar, salario mínimo y regulación del mercado laboral. El Relator comentó en su informe que el mejor ejemplo, donde se ilustra claramente la relación entre la pobreza y la ausencia de derechos políticos, era el caso Puerto Rico.

Pero lo que el Relator Especial de las Naciones Unidas verdaderamente no entendía es que la Junta padece del virus del auto-checkout, que responde al interés del imperio corporativo: Escanea, Paga y Listo.

Lo que realmente duele de esta modelidad del auto-checkout ni siquiera es la automatización, la cual obviamente ha sido perjudicial para el mercado laboral, sino más bien cómo esta se ha proyectado, con enorme éxito, como ejemplo de gran progreso.

El auto-checkout se nos vende como una actualización de alta tecnología, pero eso es solo agregar un insulto a la herida: eliminar los trabajos para hacer que las personas que tienen trabajos trabajen más.

Cuando Walmart, Sams y Home Depot instalan un nuevo auto-pago, no está «automatizando» el proceso de pago; lo que está haciendo es simplemente darle la vuelta a la caja registradora y hacer que el comprador haga el trabajo que ellos no quieren pagar. Así, de paso, ganan más y agrandan la brecha de desigualdad social y pobreza que prevalece en el país.

Pero claro ellos al igual que la Junta de Control Fiscal dirán que todo lo que yo digo aquí es mentira. A fin de cuentas, lo importante para ellos siempre será: ¡ESCANEA, PAGA Y LISTO!

Juan F. Correa Luna
Obtuvo su bachillerato con concentración en ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico en Rió Piedras de donde se graduó en 1978 con honores. En 1981 fue becado como parte de un programa de intercambio para cursar estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston College. Obtuvo su grado de Juris Doctor de la
Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en 1982. De 1985 a 1991 se desempeñó como abogado de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico donde trabajó en varios centros de servicio directo entre ellos, Manatí, Carolina, Cataño, Rio Piedras y el Centro de Apoyo en Hato Rey. Durante los años en que estuvo trabajando en el Centro de Apoyo participó como editor de la publicación El Índice de Litigación Legal.
En el año de 1992 Trabajó para el programa de Asistencia Legal en Worcester Massachusetts, en un proyecto especial proveyendo representación legal a personas sin hogar (Homeless Advocacy Fellowship). De 1993 a 1994 trabajó para el Instituto Puertorriqueño de
Derechos Civiles. Del 1998 al 2001 fue profesor del programa de educación clínico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En el  200l fué nombrado director del programa clínico de asistencia legal de dicha facultad y director ejecutivo de la Oficina Legal de la Comunidad posiciones que ocupó hasta diciembre del 2008. Al presente es Profesor de la Facultad de Derecho de la
Universidad Interamericana en donde dicta los cursos de Derecho Procesal Civil, Investigación, Introducción al Derecho, Derechos Humanos y Salud en Puerto Rico y Derecho y Cambio Social. En la actualidad es miembro fundador del Colectivo Somos Dign@s y parte del grupo coordinador de la Campaña de educación en Derechos Humanos conocida como Trayecto
Dignidad. También fue miembro de la Junta de directores de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) capitulo de Puerto Rico y miembro de las Comisión de Derechos Humanos y Constitucionales del Colegio de Abogados.