Evaluación continua de profesores

UN RIESGO PARA LA PERMANENCIA Y  LA LIBERTAD ACADÉMICA

El Senado Académico del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico ha dado a conocer recientemente las Certificaciones 113 (2014-2015) y 35 (2016-2017). Ambas se refieren a las normas y criterios para evaluar al personal docente. Aparentemente, estamos ante algo que no es nuevo. Sin embargo, una lectura cuidadosa descubre, a mitad de cada Certificación, algo que sí constituye una novedad y que no está incluido en el actual Reglamento de la Universidad de Puerto Rico: los docentes que ya tienen permanencia e incluso han alcanzado el rango máximo de Catedrático tras años de evaluación, continuarán siendo evaluados el resto de sus carreras universitarias por sus pares. A simple vista, no parece extraño que la Universidad desee comprobar que su personal docente siga produciendo investigaciones, publicaciones y/o labor creativa. De hecho, ya lo hace, pues cada Departamento solicita a sus profesores un informe mensual, semestral y anual en el que  recoge sus haberes académicos. A esto, ahora habría que añadirle una reunión de cada profesor con su Director de Departamento, la entrega a este de un plan a cinco años, otra reunión a los dos años para discutir su cumplimiento del plan y, finalmente, visitas de sus pares al salón de clase para evaluar su ejecutoria, su utilización de la tecnología, etc. y hasta posibles evaluaciones externas. Estas directrices resultan prácticamente imposibles de implementar puesresultarían en un aumento significativo de trabajo y de papeleo burocrático para todas las partes concernidas. ¿Cuál es el verdadero propósito de un plan a todas luces oneroso y prácticamente imposible de cumplir? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias futuras de estas evaluaciones?Actualmente, la crisis ha redundado en que los profesores ya no recibimos la obvención para la compra de materiales ni la liquidación por licencias de enfermedad no utilizadas. Tampoco se otorgan sabáticas y las ayudas económicas disponibles para viajes profesionales son cantidades que no alcanzan ni a una cuarta parte de los gastos de dichos viajes. Los profesores vamos equipados con papel para exámenes, tiza y borrador. Muchos pagamos de nuestro bolsillo las fotocopias. Aunque se prefiere que enviemos el material por computadora, sabemos que los estudiantes pocas veces se encargan de leer y mucho menos de imprimir esos materiales; en ocasiones ni siquiera revisan sus correos electrónicos. Es obvio que las evaluaciones continuas no podrán redundar en ningún beneficio para el profesor, que de todas maneras trabaja y produce sin la necesidad de incentivos adicionales.

Ante la incierta coyuntura que vive Puerto Rico y en particular nuestra Universidad de cara a un nuevo gobierno y una Junta de Supervisión o Control Fiscal, cuando dentro de la propia Universidad se discute reducir los Recintos y consolidar Departamentos y Programas, no resulta descabellado pensar si estas herramientas que ofrecen las Certificaciones pueden utilizarse en un futuro no muy lejano para realizar despidos y otras acciones punitivas. Los cambios que intentan introducir las certificaciones citadas atentan contra el derecho a la permanencia que los catedráticos han adquirido legítimamente luego de cumplir con los procedimientos de evaluación estipulados en el Reglamento General y, muy particularmente atentan contra la libertad de cátedra, aún cuando este no sea su propósito original. Solo algunas Universidadesnorteamericanas han implementado esta evaluación continua con nefastas consecuencias: pérdida de permanencias adquiridas, despidos e innumerables casos en corte. La American Association of Universitary Professors señala a este efecto: “The Association believes that periodic institutional evaluation of each post-probatory faculty member would bring scant benefit, would incur unacceptable costs, not only in money and time but also in dampening of creativity and of collegial relationships and would threaten academic freedom.”1

Por tal motivo, la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras, en reunión celebrada el pasado 23 de noviembre, aprobó por unanimidad (con una sola abstención, la de un Senador Académico), las siguientes mociones:

1.       La Facultad de Humanidades se opone y se rehúsa a implantar la evaluación continua por los pares de los docentes con permanencia, según las Certificaciones del Senado Académico núm. 113 (2014-2015) y núm. 35 (2016-2017, sección F). Consideramos que ambas violan los derechos y beneficios inherentes a la libertad académica y a la permanencia.

2.       La Facultad de Humanidades rechaza la sección F de la Certificación 35 (2016-2017) en su totalidad como una violación radical de los derechos contractuales de los profesores con permanencia, y ruega respetuosamente que el Senado Académico enmiende la Certificación para eliminar dicha sección a fin de evitar que se revoque la Certificación en su totalidad en una acción judicial.

3.       La Facultad de Humanidades acuerda

a. auscultar el sentir de las demás facultades sobre el inciso F de la Certificación 35 y

b. solicitar a la Rectora una reunión del Claustro para discutir los planteamientos que se hayan presentado.

Además, los profesores Dr. Mark A. Pedreira (del Departamento de Inglés de la Facultad Humanidades) y Dra. María Teresa Narváez (del Departamento de Estudios Hispánicos de la misma Facultad) preparamos una carta que resume los principales argumentos que sustentan nuestra oposición a esta nueva directriz. Dicha carta fue leída en la citada reunión de Facultad y ha sido firmada por muchos de nuestros colegas. La misma fue entregada el pasado lunes 5 de diciembre a diversos funcionarios de la Universidad de Puerto Rico.

Exhortamos al Recinto de Río Piedras, y a otros Recintos, a tomar medidas para evitar una herramienta que puede resultar en medidas discriminatorias y muy graves contra el personal docente de nuestra Universidad de Puerto Rico.