“El año pasado, para esta misma fecha, la Policía de Puerto Rico ejecutó un plan enfocado en el uso de fuerza excesiva e irrazonable dentro de una actividad de expresión popular masiva con la intención de provocar inseguridad y temor y así disuadir a la ciudadanía de participar de este tipo de actividades”, dijo la licenciada Taína Moscoso Arabía, coordinadora del equipo de negociadores del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. “Eso violenta uno de los derechos más fundamentales de miles de personas, que es la libertad de expresión, el derecho a disentir”.
Por aquellos hechos, se presentó en el día de ayer una demanda contra la Policía de Puerto Rico. La demandante, Iris Guardiola Calderón, es una mujer de 81 años, a quien se le impidió salir del lugar luego de concluida la actividad principal, se vio obligada a permanecer en un área en la que luego fue agredida directamente con gas lacrimógeno. A raíz de estos hechos, se afectó severamente su visión y sufre de ataques de pánico y Síndrome de Estrés Post Traumático, según establece la demanda.
“Los eventos del 1 de mayo pasado no fueron una excepción. Eventos como estos se han convertido en un patrón y es ilegal, porque afecta el derecho fundamental de la ciudadanía a expresarse”, dijo Mari Mari Narváez, miembro del Grupo. “Contamos con evidencia recopilada el año pasado durante diversas protestas que se llevaron a cabo entre abril y mayo que lo demuestran. Incluso, las revelaciones de un informe de la Oficina del Asesor Técnico de Cumplimiento de la Reforma de la Policía, Sr. Arnaldo Claudio, sobre los eventos de abril y mayo de 2017 apoyan esta denuncia”.
“La ciudadanía tiene derecho a expresar su indignación ante las políticas públicas del Gobierno. La función de la Policía es garantizar los derechos de los manifestantes, no producir eventos que generen violencia e intimidación, como medida de control”, añadió Moscoso Arabía. “Este año, volverán a asistir miles de personas a esta gran manifestación de pueblo. Entre ellos, habrá ancianos, incapacitados y niños ejerciendo el derecho que les corresponde constitucionalmente. Es responsabilidad del Gobernador, como Comandante en Jefe de la Policía de Puerto Rico, velar por la seguridad de estas personas, ordenando una intervención, de ser necesaria, prudente y razonable, según establece la Reforma de la Policía”.
Por su parte, Josué González Ortiz, también portavoz de GRUCORPO, añadió que “no se puede permitir que el Gobierno criminalice la manifestación. No aceptamos que incidentes como estos continúen ocurriendo sin rendición de cuentas alguna. Es importante que el Gobernador esté consciente de que cualquier hecho lamentable que ocurra por la intervención indebida de la Policía con personas que ejercen sus legítimos derechos a la protesta, es y será su responsabilidad personal y ministerial y así lo denunciaremos aquí e internacionalmente. Estas organizaciones seguirán monitoreando las prácticas de la Policía para asegurar que los oficiales cumplan con la Constitución en el ejercicio de sus deberes ministeriales”.
El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía se compone de individuos y organizaciones comunitarias que aprovechan la coyuntura de la reforma de la Policía para exigir participación y promover una perspectiva de derechos humanos en la Uniformada. La Policía es el primer brazo del Estado ante la gente. Por eso, todos y todas deben aportar a una transformación de la Policía hacia una profesional, comunitaria y solidaria.
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