Hacía muchos años que 
no asistíamos a una obcecación tan vil y cruenta contra el sindicalismo en Estados Unidos como la que enfrentamos en estos tiempos, a juzgar por lo que está ocurriendo en los estados de Wisconsin, Ohio, New Hampshire, Oklahoma, Maine, Idaho, Indiana y Utah. Quizá, al arribo de la década de 1980, cuando comenzaron a instaurarse las políticas neoliberales entonces estructuradas y dirigidas por los ex mandatarios Margaret Thatcher, en Reino Unido, y Ronald Reagan, en Estados Unidos.
Aquel periodo marcó el comienzo de una nueva era que supuso la ruptura de la relación capital-trabajo, encaminadas por la puesta en vigor de nuevas políticas de desregulación económica y una refundación de las formas de explotación capitalista, con las que se intentó romper con la centralidad del trabajo como factor importante en la articulación de las relaciones sociales. Al mismo tiempo, los cambios en la actividad del Estado se aceleraron, restringiendo su intervención en el orden económico y primando un proceso de descentralización planificada cuyo vértice estuvo en las políticas de privatización y en el desmantelamiento del aparato gubernamental.
Ante eso, y en el transcurso de las décadas siguientes, los trabajadores organizados la embistieron contra el Estado en un intento por preservar las conquistas laborales ganadas en espacios de lucha social o en las mesas de negociaciones colectivas. Hasta cierto punto, y para el caso estadounidense, los sindicalistas lograron atenuar el empuje de un modelo económico que, abrazado a un nueva concepción del viejo liberalismo, lanzaba las primeras advertencias de degollar el movimiento laboral para dejar el camino expedito a los intereses de los representantes del gran capital monopolista, postindustrial y globalizado. Tal contención se alcanzó como consecuencia de las formas políticas desde las que se han articulado las fuerzas del sindicalismo norteamericano desde 1950, con las habituales intervenciones en la financiación de campañas proselitistas y una fuerte inversión monetaria en estrategias de cabildeo en el Congreso federal.
Algunos expertos han sostenido que los grandes sindicatos apaciguaron el pulso de la ofensiva del capital en las pasadas décadas toda vez que los políticos de carrera midieron el costo electoral y económico que asumirían por rendirse tan descaradamente a los intereses de los poderosos. En ese sentido, actuar con recato y no sucumbir a las exigencias de los regentes del capital, que pretendían desmantelar de un plumazo el entramado de leyes protectoras del trabajo, resultó ser una estrategia “benefactora” para muchos políticos, absortos por la demagogia electoralista típica de la sociedad estadounidense.
Con altas y bajas, en las últimas tres décadas el sindicalismo norteamericano, de corte trade-unionista, ha sobrevivido a las nuevas configuraciones del neoliberalismo sin perder mucho. Han habido cambios y modificaciones en ciertas políticas públicas en materia de relaciones laborales, claro está, aunque ninguna de mucha gravedad.
Hasta 2008, por ejemplo, el movimiento de trabajadores organizados era aún considerado como un importante actor social, hecho del que se valió la candidatura de Barack Obama para, con la anuencia y los recursos económicos de varios sectores del sindicalismo, ocupar la silla presidencial en Casa Blanca.
Pero ese tiempo de relativa calma parece que comienza a agotar sus días. Asistimos hoy a una diatriba antisindicalista sin precedentes en la historia contemporánea de Estados Unidos y de la que poco se habla en los medios de comunicación en Puerto Rico, a pesar de las repercusiones que pueden tener en la isla.
Existe, a todas a luces, un plan general coherente dirigido por las fuerzas republicanas estadounidenses para guillotinar el sindicalismo y hacerlo desaparecer de la esfera social y política. La razón principal responde, precisamente, al paradigma neoliberal que, en tiempos de alegada estrechez económica, toma más fuerza y alza su voz contra el proteccionismo laboral y sindical, en la antesala del desmantelamiento del Estado benefactor como paliativo a resolver la crisis presupuestaria.
Los dirigentes del sector republicano en Estados Unidos, maniatados a los intereses de las grandes corporaciones empresariales, conocidas como el Corporate America, y Wall Street, se han afanado en castigar a los sindicalistas y a los trabajadores porque, desde su lógica, hay un exceso de libertades y derechos que afectan el crecimiento del sector industrial y financiero.
La ofensiva más reciente ha sido en el estado de Ohio, donde su gobernador, el republicano John R. Kasich, promovió un referéndum para despojar a los trabajadores públicos del derecho a negociar condiciones laborales relacionadas con pensiones y enfermedad; prohibirle su derecho a la huelga; obligarlos a pagar no menos de un 15 por ciento de las primas de su plan de salud; eliminar aumentos automáticos de salarios; y detener el cobro automático de las cuotas sindicales.
Esta intentona, que prevaleció en las urnas, ha convertido a Ohio, que tiene más de 360 mil trabajadores en el sector público, en el estado mayor, al momento, en limitar los derechos de los trabajadores y en atomizar a las organizaciones obreras al coartarles la estabilidad de sus afiliaciones sindicales.
Pero hay más. Tan cercano como a finales de marzo, las iniciativas antisindicalistas se hicieron sentir en New Hampshire y Oklahoma, donde representantes legislativos del sector republicano aprobaron en su Congreso varias medidas para debilitar la fuerza sindical en el sector público y restringir los derechos adquiridos por la clase trabajadora. Lo mismo está ocurriendo en el estado de Maine, en el que los legisladores republicanos identificados con el T
ea Party promueven dos proyectos de ley a los fines de eliminar las protecciones contra el trabajo infantil. La primera de estas medidas le daría luz verde a los empresarios para pagarles a los trabajadores con 25 años o menos $2.25 por hora durante los primeros seis meses de empleo, una cifra mucho menos a la estipulada en la Ley del Salario Mínimo.
La segunda medida, a su vez, eliminaría el número máximo de horas que los menores de 16 años pueden trabajar durante los días de semana. O sea, una imposición de tiempo flexible que abonaría a la explotación laboral y la violación de derechos civiles y humanos, muy condenada por la Organización Internacional del Trabajo.
En Idaho, en tanto, un proyecto de ley promovido por el gobernador republicano Butch Otter busca cercenar el derecho a la estabilidad como empleados regulares de sus 12 mil maestros, limitando todo contrato laboral a un año, ignorando consideraciones de antigüedad, lo que sin duda es la puerta para imponer una férrea política de despidos.
Dicha ofensiva antisindical se inició hace poco más de un mes en Wisconsin con la puesta en vigor de una nueva política laboral promovida por su gobernador Scout Walker. En este caso, la Corte Suprema paralizó mediante una orden de restricción temporal la implantación del proyecto antiobrero aduciendo a contrariedades en la forma en que el Congreso estatal lo aprobó, toda vez que se entendió que los legisladores republicanos pudieron haber violentado algunos procedimientos de la sesión legislativa. La paralización temporera pudiera reprobarse de subsanarse las dificultades señaladas en el proceso de votación, lo que no alteraría en nada las intenciones del gobierno local.
Es de esperarse que esta política antisindical continúe multiplicándose por otros estados y no se descarta que algunas de estas medidas exploradas en jurisdicciones locales lleguen al Congreso federal, donde la mayoría republicana en la Cámara de Representantes tiene la fuerza para aprobar legislación que modifique la Ley de Relaciones del Trabajo.
Lo peor de 
todo es el silencio mediático al que han sucumbido las grandes cadenas noticiosas para difundir el carácter político de estas legislaciones y consignar las grandes manifestaciones desatadas contra estas medidas, que han llegado a movilizar a diversos sectores de la población.
Nada quita que el efecto de estas políticas laborales se hagan notar pronto en Puerto Rico y más vale que no nos tome por sorpresa.
