EDITORIAL
Junta Directiva de 80grados
Contra la recomendación de expertos en el tema, incluyendo el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y contra criterios morales y el sentido común más básico, existe un grupo político y económico poderoso que pretende imponer una comprensión llana y simple del momento histórico que vive el país. Este grupo quiere convencernos de pagar la deuda cueste lo que cueste y sin cuestionamiento alguno.
Atrincherados en esa visión, le piden a la gente más joven que renuncien sin chistar a sus ilusiones, las mismas que en el pasado han sido consideradas sagradas por todos los partidos políticos y agrupaciones civiles, esto es: el acceso a una educación superior de calidad.
Desde hace tiempo se piensa que las divisiones partidistas no representan las líneas divisorias reales en la política puertorriqueña. El conflicto en torno a la universidad sí expresa que un abismo se ha abierto entre nosotros: unos a favor de la expoliación y la miseria que implica el pago de la deuda y otros a favor de reconstruir la vida colectiva alrededor del bien común.
Ambos grupos queremos transformaciones profundas para el país y sus instituciones. Los que apoyan el régimen de la deuda quieren que todo cambie para ellos conservar sus privilegios. Nosotros queremos que cambie para que el país y sus instituciones sean más inclusivas y mucho más participativas y justas. El primero impone la necesidad de una gobernanza vertical, que no reconoce «acuerdos» horizontales, y la segunda exige que nada se decida sin esos mecanismos de participación.
Existen señales que apuntan a la configuración en Puerto Rico de un estado represivo. La burla constante de los procesos democráticos, el poco respeto que dispensa el gobierno a la dignidad humana y las libertades de expresión y protesta, la supresión del debate público real por parte de los medios corporativos, se nos presentan ya como situaciones alarmantes.
El problema de fondo no puede ni debe ser escamoteado: se trata del carácter antidemocrático y colonial de la existencia de la Junta de Control Fiscal, de donde emergen las políticas que atentan no solo contra la Universidad sino también contra el bienestar, la salud y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo en general.
Frente a la destrucción de lo colectivo, nosotros aspiramos al bien común. Eso es lo que está en juego. De este lado nos encontrará la historia.

