Campamento saharaui intervenido por las fuerzas de seguridad marroquíes. Foto/AFP
Ha pasado ya más de una semana desde que el gobierno de Marruecos llevara a cabo un desalojo violento del campamento de Gdeim Izik, donde 25 mil saharahuis llevaban alrededor de un mes protestando en el desierto por la falta de trabajo, vivienda y otras condiciones básicas. Entre gases lacrimógenos, chorros de agua caliente a presión y golpes con todo tipo de objetos propinados por la policía marroquí, se vieron obligados a huir los miles de ciudadanos, en su mayoría jóvenes.
Pero esto no bastó al gobierno de Marruecos, pues además mantiene a la capital regional saharaui, El Aaiún, bajo un estado de sitio. La policía sigue entrando a cada casa golpeando a sus moradores, destrozando todo a su paso y deteniendo, principalmente, a los jóvenes que encuentra. También patrulla las calles, que se mantienen ahora básicamente vacías.
Se habla de decenas de muertos, varios miles de heridos y otros tantos detenidos y desaparecidos (muchos de ellos presumiblemente muertos a estas alturas).
En España, principal responsable histórico por lo que sucede en el Sáhara Occidental, la situación genera especial atención e indignación, pues el embajador marroquí había comunicado al gobierno, con antelación, que dichos desalojos iban a ocurrir. Representantes de diversos sectores sociales y de casi todos los partidos políticos de este país han condenado los sucesos, con la excepción del gobernante PSOE. Alega el gobierno español que no hay confiabilidad en los datos ofrecidos por cualquiera que no sea el gobierno de Marruecos y que, por lo tanto, no los puede condenar.
Resulta también sorpresivo que los desalojos, que Marruecos argumenta fueron pacíficos y que quienes se tornaron agresivos son los saharahuis, se llevaran a cabo al comenzar en Nueva York conversaciones entre el gobierno de la monarquía marroquí y el Frente POLISARIO, grupo que busca la independencia del Sáhara Occidental. Las mismas culminaron tan sólo con un acuerdo de ambas partes de continuar conversando en diciembre.
Actualmente, se mantienen el estado de sitio virtual y la represión del gobierno de Marruecos contra los saharahuis, así como contra activistas por los derechos humanos y periodistas internacionales, cuyo trabajo se ha visto imposibilitado y cuyas vidas han sido amenazadas por las fuerzas de seguridad marroquíes. La situación se ha tornado tan tensa, que la vuelta a los enfrentamientos armados se está contemplando entre el pueblo saharahui como única alternativa para salir de la crisis social y el estado colonial.
El delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyin, en la rueda de prensa en la que senadores de todos los grupos parlamentarios, salvo el socialista, condenaron la actuación de Marruecos en el Sáhara. Los senadores de PSOE y PSC asistieron a la reunión con Beyin, pero no comparecieron ante los medios. Foto/EFE
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