Hacia dónde podrían dirigirse las universidades de Puerto Rico (parte 3)

su necesaria articulación

Para que Puerto Rico detenga su marcha hacia una progresiva desarticulación de su educación superior necesita urgentemente tomar decisiones que no pueden hacer abstracción de la complejidad de nuestra situación. Solo así podríamos encaminarnos a la necesaria renovación del ámbito educativo postsecundario boricua. Nadie puede decir que nos encontramos en la mejor de las  circunstancias para tal transformación. El país está emocionalmente agotado, en la economía no se observan iniciativas que pudieran anticipar la estabilidad que necesitamos y políticamente continuamos tan divididos como siempre. En este complicado escenario vamos a necesitar mucha voluntad para dirigir nuestras instituciones universitarias, tanto públicas como privadas, hacia donde queremos. La discusión previa, que debería girar en torno a la misión y metas que caracterizarían a estas, sin embargo se verá afectada  por elementos como los fondos federales sobre los que nosotros nada tenemos que decir. Y sobre todo por la política partidista que impide toda planificación a largo plazo.

No se debe perder de vista que, aunque tímidamente, se intentó en algún momento la articulación que nos hace falta entre instituciones universitarias privadas y públicas. No se logró aun cuando en el 1993 se aprobó la ley 16 que separaba “las funciones de licenciar y acreditar instituciones universitarias privadas de las funciones correspondientes al gobierno de la Universidad de Puerto Rico”. Con ello se le ponía fin al  conflicto de intereses que había caracterizado al CES de aquella época que licenciaba y acreditaba instituciones post secundarias privadas mientras ejercía como gobierno de la UPR. No obstante, se le abría aún más las puertas a instituciones que no tenían el recurso humano académico apropiado que hubieran necesitado para garantizar la formación rigurosa que los tiempos requerían.

Si por un lado se tenía razón al creer que estudios en el campo de los oficios, las carreras cortas y técnicas, le habrían de facilitar a muchas y a muchos entrar al mercado de empleos, por el otro se perdía de vista crasamente que el Estado se había planteado lo mismísimo  a través de los colegios regionales que desde los años sesenta la UPR iba fundando por toda la isla y que era una de las razones por las que se había originado la supuesta reforma universitaria de 1966. Se ignoraba también, como hoy todavía lo hacemos, que en el sistema escolar se habían creado cuatro institutos técnicos propiamente universitarios, una escuela de troquelería, y una escuela vocacional dirigida a iniciar a los jóvenes en las ciencias aeronáuticas. Se trataba y se trata de centros de estudios que podían haber atendido las necesidades que el país tenía en estas áreas, aunque es mandatorio señalar que en el país hoy continuamos lamentándonos por la ausencia de técnicos, lo cual significa que pese a la creación de los nuevos institutos, tanto públicos como privados, no se ha podido superar lo que es evidentemente otra expresión de la desarticulación de la llamada educación post secundaria en que insistimos.

Para abonar a lo anterior se podría recordar que la mayoría de los colegios regionales que creó la UPR entonces, especialmente aquellos que luego se conocerían como colegios universitarios, se convencieron de que habían alcanzado cierta mayoría de edad, quizás porque llegaron a contar con un porcentaje significativo de claustrales con grados terminales, y se dieron por desentendidos con respecto a las disciplinas que se identificaban con lo técnico o tecnológico. Aunque algunas no, los cuales continuarían atendiendo áreas en las que se darían a conocer. Buen ejemplo de esto fueron la UPR en Carolina (artes culinarias), la UPR en Aguadilla (aviación), la UPR en Bayamón (pre ingeniería) y la UPR en Utuado (agricultura). Pero las otras unidades de la UPR, las que intentaron sacudirse del supuesto propósito original de su creación, aspiraron a constituirse en recintos parecidos al de Río Piedras e hicimos lo posible porque se ofrecieran grados de maestría, perdiendo de vista toda planificación sistémica, concepto que se despreciaría por, entre otras razones, su identificación con los estilos poco gentiles de quien intentó fallidamente que se aprobara un Plan Integral a comienzos de la década de los ochenta, el cuarto presidente de la institución, Dr. Ismael Almodóvar, aunque también se podría hablar de la muy pobre disposición que los universitarios del país hemos mostrado para atender los reclamos que nos hacen desde extramuros. Sin embargo, es bueno no perder de vista que aun así en la primera década de este siglo se trabajó en un documento que se conoció como Diez para la década, dirigido justamente a darle un plan estratégico a la UPR y que se podría, al día de hoy, rescatarse.

Mientras la UPR apenas le prestaba atención a la Ley de 1966 que solicitaba tal plan integral, las universidades privadas llenaron la isla de recintos universitarios, algunos en las áreas metropolitanas, muchos en los pueblos de la isla, impulsando aún más la desarticulación a la que nos venimos refiriendo. Sin pretender un análisis exacto ni exhaustivo, así como la UPR establecía una unidad en el Ponce que hasta entonces se identificaba con la Universidad Católica, esta última haría lo mismo en el Mayagüez que se identificaba con el “Colegio” o RUM. La Católica también crearía otra unidad en Arecibo, donde eventualmente tendría un recinto, y donde la Interamericana también tendría el suyo, más el del colegio regional de la UPR creado, como la mayoría, a finales de los sesenta y comienzos de los setenta, y diversos centros, más pequeños, del entonces SUAGM. El colegio regional de la UPR en Aguadilla compartiría con otro recinto de la Interamericana tan solo a algunos kilómetros de distancia. A quince minutos del Colegio de Cayey de la UPR, a quince del Recinto Metro de la Interamericana y a veinte de su hermano Recinto Metropolitano de Cupey, el Sistema Ana G. Méndez creó a principios de los setenta la Universidad del Turabo, hoy Recinto de Gurabo. La UPR de Cayey también tendría a la Católica y a la Interamericana a media hora en Guayama. A la UPR de Bayamón la acompañaría no solo un recinto de la Interamericana, sino American, Caribbean, National, la Universidad Central, etc. En Fajardo hay una sede de la Interamericana, pero en Vieques el Sistema Ana G. Méndez ofrecía cursos en instalaciones que el DE le prestara, como ocurrió también en Comerío. Hemos llegado a tener instituciones universitarias por doquiera, mientras algunas ya ofrecen, desde hace algún tiempo, cursos por televisión y en línea.  ¿Habrá habido aquí algún plan estratégico que guiara estas expansiones? De haberlo habido, ¿acaso no hubiera recomendado reducciones y restructuraciones paulatinas hace ya algunos años, cuando ya desde los Estados Unidos se nos decía que venían cambios que clausurarían un porcentaje significativo de universidades?

A diferencia de la UPR, los sistemas privados sí llegaron a montar programas graduados en algunas de sus unidades más pequeñas. Urge preguntar también con respecto a estas instituciones graduadas, ¿a qué tipo de planificación estratégica respondieron tales determinaciones? Si hace décadas ya era evidente que teníamos problemas con la empleabilidad de tantos universitarios, ¿no empeorábamos la situación con más centros de estudios graduados que no respondieran a alguna necesidad evidente? Igualmente, ¿acaso se hicieron los esfuerzos por vincularlos con las compañías 936, compañías farmacéuticas sobre todo, que abundaban en la isla, que definitivamente empleaban grandes cantidades de puertorriqueños, y que desempeñaban un rol tan importante en nuestra economía? Se le tiene que reconocer a la Universidad Interamericana en Barranquitas haber protagonizado una iniciativa en el área de la biotecnología con la maestría que continúa ofreciendo allí, pero por lo demás otras iniciativas, de haberlas, no se han dado a conocer.

En el nuevo contexto de la bancarrota de Puerto Rico a partir del 2016 y el control que ejerce la Junta de Supervisión Fiscal nombrada por el Congreso de los Estados Unido y del entonces presidente Barack Obama aquel mismo año, ya hay instituciones de educación superior que han entrado en revisiones drásticas de sus organigramas gerenciales y académicos, reduciendo recursos humanos y gastos. El Sistema Universitario Ana G. Méndez cambió de nombre y sus tres unidades principales parecen haber perdido la autonomía que antes tuvieron. Ahora se denomina Universidad Ana G. Méndez y, por ejemplo, la Universidad del Turabo es a partir de hace algunos meses UAGM Recinto de Gurabo. No debe sorprender que la UAGM haya experimentado una gran reducción de estudiantes, como lo han hecho también la Universidad Interamericana, la Universidad del Sagrado Corazón y la Universidad Católica; al igual que muchas otras universidades privadas de menor renombre.

Es el sistema de la UPR el que menos se ha afectado en esta reducción del número de estudiantes. Esto se debe a la flexibilidad que le caracteriza en el manejo de lo que se conoce como el IGS o Índice de Ingreso estudiantil. En circunstancias como esta se reduce de modo que se puede continuar admitiendo cantidades de estudiantes similares a las épocas en las que se cuenta con mayor número de solicitudes. Naturalmente, las universidades privadas sufren por estas medidas porque estudiantes que antes se hubieran incorporado a su comunidad, en estas circunstancias terminan estudiando en la UPR.

Pero el sistema de la UPR, la institución de educación superior más grande del País, dista de dar muestras de que ha entrado en un periodo de reflexión crítica mientras confronta problemas con su agencia acreditadora, la Middle States Commission on Higher Education (MSA), con la anteriormente mencionada Junta de Supervisión Fiscal y naturalmente con el gobierno de Puerto Rico, que en vez de convertirla en punta de lanza de una estrategia de investigación y desarrollo (R&D), la ha debilitado quizás mortalmente, reduciéndole los recursos de manera drástica. Pero ni de los claustros ni del estudiantado ni del personal no docente tampoco han surgido propuestas sobre el importantísimo rol que la UPR pudiera desempeñar en el futuro de Puerto Rico. Se echa de menos también a las otras instituciones universitarias públicas de calibre, tales como la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio de Música. Hay un silencio ensordecedor que avergüenza. Parece ocurrir lo mismo en las instituciones universitarias privadas. ¡Cuánto no podrían aportar estas en el ámbito investigativo y contribuir a nuestro desarrollo, pero esperan! ¿Pero esperan a qué? El gobierno de Ricardo Rosselló Nevares no ha sido capaz de establecer prioridades. Improvisa a diario y en el ámbito educativo improvisa aun más. Propone eliminarle a la UPR 400 millones de dólares y en el mensaje al país anuncia la posibilidad de educación universitaria gratuita.

Es necesario atender los retos que enfrenta nuestra educación superior de modo sistémico, con nuevas y atrevidas propuestas. Lo otro es condenarlas a ellas a su desaparición y al país a un empobrecimiento del que no nos podremos recuperar en décadas. Para salir adelante no tenemos que privatizar o cerrar programas o instituciones. Para ello lo que necesitamos es partir de una reivindicación de lo público como el modo para alcanzar nuevas metas. Para alcanzar lo que se logró antes no se necesitaron grandes cantidades de capital. Lo imprescindible fue y debe volver a ser en esta ocasión el esfuerzo solidario, la dedicación al servicio público, una conciencia colectiva en función del bienestar comunitario.

Lo primero que se debe atender en lo que respecta a las instituciones educación superior públicas es lo que se ha conocido como la fórmula, una asignación responsable de recursos. Tiene que haber un compromiso serio con subvencionar la educación superior de un país que necesita cuanto antes producir riqueza, tanto tecnológica como agrícola. Una vez más, es imprescindible insistir en que la interrogante que nos debe guiar no debe ser cuántas unidades o programas deben cerrar sino cómo es que lo que tenemos pueda reinventarse para atender las necesidades que el país tiene.

Son estas necesidades las que tienen que guiarnos. Lo que se decida debe ser decidido, mediante conversaciones francas entre universitarios, con la presencia y participación de representantes del gobierno y del pueblo, que son los miembros de las distintas  Juntas de Gobierno. En estas conversaciones se debería acordar prioridades claras sobre lo que se tiene que desarrollar lo más pronto posible y aquello que puede esperar o que es secundario, siempre a la luz de los dineros asignados por fórmula. Esto no será fácil, pero es lo que deberíamos estar haciendo en estos momentos en el contexto de un panorama económico que nadie, en su sano juicio, prevé que pueda transformarse tan fácilmente.

El mismo tipo de diálogo que se de en el país en relación a las instituciones universitarias públicas tiene que darse con respecto a las instituciones de educación superior privadas. Estas instituciones privadas también dependen fundamentalmente de fondos públicos, pero provenientes de otro lugar. Ciertamente es el contribuyente estadounidense quien las subvenciona y no el puertorriqueño, que es a quien le corresponde subvencionar las públicas en nuestra Isla, pero esto no las hace menos públicas y por lo mismo deberían mostrar receptividad al consejo de la población. Si algo ocurriera y se le pusiera fin a las ayudas que provee el Pell Grant en un  posible segundo término del presidente Donald Trump, podrían desaparecer. Se tiene que reiterar en que en ellas también hay excelencia y desde luego un compromiso con echar hacia adelante al país. Acogen en sus aulas y laboratorios más de dos terceras partes de nuestros estudiantes universitarios. En estas instituciones privadas también tiene que auspiciarse urgentemente una reflexión crítica sobre su futuro. Sus comunidades y no solo su liderato tienen que aclararse a sí mismas cómo se van a insertar en esta nueva realidad puertorriqueña. ¿Estarán reflexionando lo suficiente sobre la posibilidad de que tengan que reconceptualizarse cabalmente de continuar gobernando Donald Trump en los EEU, o de continuar reduciéndose la población joven de nuestra Isla?

Urge un diálogo franco sobre estos asuntos entre las instituciones universitarias públicas y las instituciones universitarias privadas. Tienen que darse acuerdos desprendidos que atiendan la incertidumbre que caracteriza a los dos grupos, una vez los dos se hayan escrutado internamente como corresponde. De lo contrario, lo que podría dictarle pautas en su futuro es el mercado sin cortapisas que ha fomentado el neoliberalismo en los últimos cuarenta años y que ha llevado a sociedades como la puertorriqueña, indefensas, a  crisis económicas que continúan y continuarán empeorando nuestra situación. Debemos aprender a defendernos: articulemos nuestra educación superior.