Los historiadores e historiadoras hemos analizado con profundidad la historia política puertorriqueña, en especial la relación con los Estados Unidos de América. Hemos dejado claro que desde la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico y la aprobación del Congreso de la Ley Foraker en 1900, la Ley Jones en 1917 y la Ley 600, conocida como ley de relaciones federales en 1950, no ocurrió un cambio fundamental en la relación colonial. Por lo tanto, entendemos, como han señalado expertos en el área constitucional y de relaciones internacionales, que continuamos bajo los poderes plenarios del Congreso.
En términos históricos es importante hacer constar que, desde finales del siglo XIX, Puerto Rico fue pieza crucial en los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, y al iniciar la segunda mitad del siglo XX, fue convertido en la famosa “vitrina de la democracia” para ser presentado a los países dependientes y más adelante como contrapeso a la revolución cubana. Por otro lado, los llamados casos insulares, en los que los tribunales se han expresado sobre Puerto Rico desde 1901, han reafirmado nuestra condición colonial al establecer que Puerto Rico pertenece a, pero no forma parte de, los Estados Unidos.
Por lo tanto, es importante entender el contexto de la creación del Estado Libre Asociado en 1952. Las presiones internacionales en el mundo de la posguerra y la creación de la ONU propiciaron medidas para establecer un proyecto amplio de descolonización que requería un proceso de autodeterminación de los territorios colonizados. A esto se unió el desarrollo de nuevos intereses geopolíticos estadounidenses en la región caribeña que provocaron que sectores en el Congreso apoyaran la aprobación de la Ley 600 y la redacción de una constitución que sería aprobada finalmente por dicho organismo. El proceso recibió el apoyo en Puerto Rico de la élite del Partido Popular Democrático y del gobernador Luis Muñoz Marín. Sin embargo, luego de aprobada la constitución y de posteriores intentos por establecer cambios en la llamada nueva relación con Estados Unidos, diversos sectores, tanto a nivel nacional como internacional, rechazaron al ELA como solución final de estatus y lo condenaron consistentemente como una nueva era de colonialismo disfrazado.
En este momento, tanto el Congreso como miembros de la rama ejecutiva han actuado y se han expresado contundentemente sobre nuestra condición colonial. Por ejemplo, el Congreso no ha permitido extender programas de bienestar social ni tener acceso igual a programas como Medicare y Medicaid. Además, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América, con apoyo bipartita, ha aprobado la creación de una Junta Fiscal bajo el proyecto HR 5278 (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act) que tendría poderes sobre las autoridades electas en la Isla. De otra parte, los argumentos del Procurador General de Estados Unidos en el caso Sánchez Valle establecen con claridad que Puerto Rico no goza de soberanía ni ha dejado de ser un territorio.
En nuestra trayectoria histórica hemos observado que el colonialismo ha tenido unos efectos adversos sobre nuestra población, la cual ha sufrido una migración masiva. Así también, con un fuerte control externo, el colonialismo ha detenido nuestro desarrollo económico, provocando una deuda de aproximadamente 70 mil millones de dólares y altos niveles de desempleo. A todo esto, se suma la represión, la violencia y los efectos psicológicos de la colonia, que han provocado un sentido de inferioridad en la sociedad puertorriqueña. Ese colonialismo no ha permitido una integración a organizaciones internacionales caribeñas y latinoamericanas, y ha evitado que podamos establecer acuerdos, proyectos, convenios y tratados que posibiliten un desarrollo económico que nos permita salir de la crisis actual.
Es importante destacar que la aprobación de la Resolución 1514 dejó claramente establecido que se debe erradicar el colonialismo en todas sus manifestaciones. El caso de Puerto Rico merece atención inmediata de la comunidad internacional y urge establecer un mecanismo de descolonización que permita una amplia participación colectiva que logre constituir un estatus fuera de cualquier elemento que envuelva un control externo de otro país.
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