La audacia de Urayoán

Entre las enaltecidas banderas puertorriqueñas enarboladas en manos de los manifestantes, el pueblo aguarda por la designación de la figura que ejercerá como primer ejecutivo de la Isla hasta diciembre de 2020. El enigma sobre el sucesor de la sede ejecutiva parecía solucionarse con la propuesta de Wanda Vázquez, la Secretaria del Departamento de Justicia como gobernadora. A un día de la celebración de una protesta masiva que denunciaría la oposición del pueblo a la designación de Wanda Vázquez al codicioso peldaño político, la jefa de la agencia concernida anunció su desinterés en no ocupar el cargo a la gobernación. Luego de la noticia, Ricky Roselló propuso como segunda opción en la sucesión, a Pedro Pierluisi, quien requerirá del consentimiento de los cuerpos legislativos a menos que las circunstancias se dispusiesen para ampararse a la Ley 7 de 1952.

En cuanto a Pierluisi, es importante advertir que el representante del PNP, José Quiquito Meléndez expresó en prensa escrita que se opone a su nombramiento tras su conflicto como parte del bufete de abogados O’Neill & Borges que colabora con la Junta de Supervisión Fiscal. Por su parte, Rivera Shatz quien es favorecido por una mayoría del PNP y quien aspira a la gobernación en el 2020, manifestó que colgaría el nombramiento del ex comisionado residente de ser el sucesor de Roselló. Sobre la Secretaria del Departamento de Justicia es meritorio advertir, que tan reciente como el miércoles se publicaron unas declaraciones juradas de fiscales que revelaron información contundente sobre un conflicto ético en una investigación que le hiciera el FEI a Wanda Vázquez en su incumbencia como jefa de la agencia. Vínculos, nexos e intereses, se desprenden de cada candidato nominado a la sucesión de la gobernación aun se inhiban de algunas responsabilidades. Ni se diga sobre el caso de empleados fantasmas de otros posibles sucesores.

Sobre ello, llama la atención el espaldarazo evidente que le ofreciera en los medios televisivos la jefa de la fiscalía federal Rosa Emilia al expresar que confía en la labor de Wanda Vázquez y la calificó como íntegra y honesta. La misma acción de protección se evidenció en radio antes de la celebración de una vista de arresto en contra de la Secretaria de Justicia en el 2018. Estas palabras de resguardo y amparo me recuerdan a las que le diera una jefa de fiscalía del distrito de Mayagüez a una madre, quien intentaba defender a su hijo maltratado física y emocionalmente en el contexto paterno. Ante un reclamo que la madre hiciera sobre la negligencia e ineptitud evidenciados por una de sus fiscales supervisadas en la solución de una investigación criminal en el caso del menor maltratado, la jefa de la fiscalía del oeste respondió al alegato maternal que su compañera fiscal de distrito era un excelente ser humano. Como si su discurso persuasivo sobre las bondades de su colega, pudiera solapar las múltiples exposiciones de riesgo y de maltrato físico y emocional a las que fue expuesto un niñito desde sus 5 años hasta la adolescencia gracias a la ejecución deficiente de su colega en el caso criminal. Sobre esta historia, un agente del distrito de San Juan sí halló evidencia y méritos al caso criminal; mientras su colega fiscal de Mayagüez en complicidad con la agente de la policía del propio distrito, cerró el caso dejando alas abiertas al contexto agresor. Sin embargo, la jefa de fiscales más que investigar la ejecución de su empleada o auscultar cómo subsanar la negligencia en la seguridad del menor, su prioridad ética radicó en convencer a la madre afligida sobre la afabilidad o sensibilidad de aquella, victimizar al inocente y persuadir a la madre a olvidar la acción o inacción de su colega en el evento de violencia contra un menor.

No olvidemos el caso del niño Lorenzo y el de la adolescente Alma Yadira Cruz-Cruz diligenciados también por la que se consideró como presumible primera ejecutiva del país. Ambos sellados por la Ley de Mordaza para silenciar al desvalido, a la víctima y resolver a diestra y siniestra.  Si a una Secretaria del Departamento de Justicia, le da igual la justicia en los casos de niños menores, entonces ya podemos precisar la pureza o la tan renombrada transparencia esperada si aún continúa en altas esferas de poder. Que solo un puñado de figuras públicas, la Comay, Jay Fonseca, el psicólogo Ariel Orama y algunos ciudadanos desde el anonimato, hemos denunciado las atrocidades cometidas por algunos funcionarios del gobierno en casos de menores, víctimas de maltrato, aun lidiando con las mordazas silenciadoras impuestas por los jueces.

A la pregunta, ¿quién será el gobernador? No lo sé. Mientras algunas polillas ocupen cargos importantes en agencias medulares como el Departamento de Justicia, Tribunal Federal, Tribunales de Primera Instancia, Policía de Puerto Rico, jueces, fiscales, agentes de la policía y procuradores de menores, antepongan su deber a encomiendas políticas, cualquier gobernador podrá hacer lo que le venga en gana.
Que el pueblo puertorriqueño será ojo avizor de cada una de las atenciones exclusivas concedidas por jefes de agencias y empleados públicos a implicados o alegados criminales. Vigilará tanto la ejecución diligente de las funciones y deberes del Departamento de Justicia como de sus ramificaciones putativas; Tribunales de Primera Instancia, Policía de Puerto Rico y Fiscalías. No obviará al Tribunal Federal de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del Contralor, fiscales y comisiones especiales u otros foros fiscalizadores designados.

Que las madres puertorriqueñas, cuyas agencias concernidas han expuesto a sus familiares, inocentes víctimas, a la merced de los agresores o peor aún a la cárcel con su acción, inacción, dilación o corrupción, despierten. Que hagan “como el toro que no muge:..”¡que embistan! Que ejerzan su derecho a la fiscalización de estas figuras públicas adulteradas por la política. Que denuncien sus faltas conforme a los cánones de ética; que delaten su abuso de poder o influencia política utilizada para encubrir a los criminales de cuello blanco sobre todo, en caso de los niños inocentes. Que los gobernantes, presidentes de la Cámara de Representantes o Senado, representantes, senadores, jefes de agencia, funcionarios de Justicia, jueces, fiscales de distrito, agentes de delitos sexuales o maltrato, procuradores de menores y abogados que están siempre prestos a ser cómplices de los criminales a cambio de apoyo económico, no son inmortales; no son dioses, ni son intocables.

Seamos como el memorable cacique Urayoán.