La corrupción ambiental (parte 2): Nuevo Mapa de Calificación de Suelos

Karso, Puerto Rico. @RutaNativa

En la entrada pasada, repasé los casos del Corredor Ecológico del Noreste y la Reforma de Permisos bajo Fortuño-Pierluisi como casos emblemáticos de cómo la corrupción ambiental se manifiesta en la desprotección y despojo de nuestras tierras. Ahí encontré una diversidad de estrategias con personajes recurrentes, incluyendo sobornos y lavado de dinero, puertas giratorias entre servidores públicos y cabilderos corporativos. Por un tiempo, el resultado principal de esto fue la omisión de leyes existentes por medio de arrastre de pies (por ejemplo, esperar casi 15 años después de un mandato legal para crear el plan de conservación de un área, como ocurrió con el Karso), o de creación de excepciones que facilitaran proyectos que no eran permitidos en principio (como las Consultas de Ubicación). La administración de Fortuño-Pierluisi –expertos en la puerta giratoria– comenzó a perfeccionar la estrategia de derogar y modificar leyes y planes de conservación de tierras, como hizo con el CEN y con la Reforma de Permisos.

En esta entrada, discutiré las acciones más recientes de desprotección de tierras. Como veremos, el gobierno de (T)Ricky-González y ahora de Wanda ha continuado con el patrón de desproteger áreas desde sus primeros días de la administración, primero con la derogación de designaciones de áreas protegidas y la puesta en venta de terrenos dentro de éstas, y más recientemente, con el intento de la Junta de Planificación de aprobar el ya infame “Mapa de Calificación” (#WandaAnúlalo), que desprotegería cientos de miles de cuerdas de terrenos agrícolas y naturales.

Ricky y sus trucos para la derogación de áreas protegidas

María Gordillo, presidenta de la Junta de Planificación.

La desprotección y privatización de terrenos protegidos fue una de las primeras prioridades del gobierno de (T)Ricky. Ya en marzo de 2017, Ricky propuso en su Plan Fiscal privatizar los parques nacionales (incluyendo balnearios públicos) mediante “Alianzas Público-Privadas”.^[1] Esto se materializó en marzo 2018 con la presentación del proyecto de ley de consolidación de agencias ambientales, que juntó al Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Calidad Ambiental y la Compañía de Parques Nacionales en una misma agencia.^[2] En diciembre 2017, la Compañía de Fomento Industrial mercadeó para venta o alquiler a 99 años miles de cuerdas de terrenos en 17 áreas naturales protegidas y zonas ecológicamente sensitivas, anunciándolas como áreas ‘para hacer negocio’.^[3] Apenas 6 meses después, en julio de 2018, Ricky emitió dos órdenes ejecutivas eliminando la designación de siete (7) áreas naturales que había hecho su predecesor García Padilla. Ricky, usando una página del libro de Fortuño en el caso del CEN. Ricky, junto a la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, dieron la misma justificación de ‘fallas procesales’ que Fortuño usó para eliminar la reserva del CEN (Argumento hipócrita ya que en su propia acción el gobernador no realizó vistas públicas ni contó siquiera con la opinión del DRNA)^[4]. Ricky y Gordillo prometieron en aquel entonces que las reservas se reestablecerían una vez corregidas esas ‘fallas’ (cosa que al día de hoy no ha sucedido), y alegaron que mientras tanto, los terrenos se mantenían protegidos dentro del Plan de Uso de Terrenos.

Daniel Galán Kercadó, ex-Secretario del DRNA bajo Fortuño.

Los intereses de la mafia detrás de la derogación y privatización de las áreas naturales salieron pronto a relucir. Pocos meses después de la orden de Ricky, apareció un anuncio en Clasificados Online vendiendo dos propiedades privadas dentro de una de esas reservas (Mar Chiquita), anunciándolas como la oportunidad de desarrollar en una ‘playa privada’ –una enorme prepotencia porque además de que fuese reserva, todas las playas en Puerto Rico son públicas por ley.^[5] Fuentes con conocimiento de este caso me explicaron que la eliminación de las otras 6 reservas habría sido una cortina para esconder el propósito de privatizar Mar Chiquita, altamente cotizada por inversionistas. Mientras, reapareció el ex-Secretario del DRNA bajo Fortuño, Daniel Galán Kercadó, busconeando para que le entregasen la Reserva de la Isla de Mona a sus Bros empresarios para un negocio de turismo. Galán Kercadó era entonces asesor del Senado y utilizó su puesto y su relación con la ahora ex-Secretaria Tania Vázquez (quien había sido Sub-Secretaria bajo Galán) para viajar con sus amigos empresarios a Mona y hacer esas presiones.^[6] Ya Galán venía arrastrando otro escándalo de corrupción en su trabajo de consultor privado, cuando contratado por Empresas Fonalleda (los dueños de Plaza Las Américas), obtuvo de manera irregular permisos de corta de cientos de árboles para el estacionamiento del centro comercial Plaza del Caribe en Ponce (permisos luego declarados “nulos” por el Tribunal de Apelaciones).^[7] En una nota de prensa sobre el escándalo de Isla de Mona, se observaba que “El cabildeo intenso [de Galán Kercadó en DRNA] es para que se le dé prioridad a sus clientes y la insistencia de sus llamadas ha causado molestias en al menos un funcionario en el DRNA”. Ahora Tania Vázquez es investigada por el FBI por un esquema para beneficiar empresas de amigos del Superintendente del Capitolio en contrataciones con el DRNA, y sale a relucir que ‘nadie’ del PNP la quería para el puesto excepto Roselló y sus Bros (en especial Elías Sánchez y Ramón Rosario). No obstante, igual de preocupante es que el candidato de consenso del resto del comité de transición haya sido Galán Kercadó, lo cual demuestra la recurrencia de los personajes de la mafia.

La acción de Rosselló con la derogación de reservas fue tan ampliamente cuestionada que hasta su propia legislatura ordenó una investigación sobre el proceso en donde de entrada reconocía que la acción era “en detrimento del bienestar social, cultural y ambiental de Puerto Rico”.^[8] Lamentablemente, como suele suceder con estos temas, la legislatura engavetó esta resolución: la Comisión de Asuntos Internos del Senado rindió un informe recomendando que se aprobara, y lo envió a la Comisión de Reglas y Calendario para llevarlo a votación hace más de un año (octubre 9 del 2018), cosa que no ha sucedido.

Otras reservas, aunque no fueron eliminadas, siguieron amenazadas bajo Ricky. En el propio CEN, en 2017 la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) otorgó un permiso dentro de la reserva para un estacionamiento para uso exclusivo del hotel El Conquistador & Las Casitas Resorts. Esta era la segunda vez que esto ocurría: en el 2012, OGPe había aprobado un permiso de extracción de tierra dentro de lo que había sido designado como reserva por el propio Fortuño. La empresa en ambos casos era de Miguel A. Cabral Veras, sí, otro de los implicados en el esquema de soborno y extorsión de De Castro Font.^[9] En ambas ocasiones los permisos fueron cancelados gracias a las denuncias públicas de la Coalición Pro-CEN, no sin antes demostrar la incompetencia y corrupción en la aprobación de permisos en la OGPe. En el Corredor Ecológico de San Juan, creado en 2003, la OGPe evalúa actualmente, por segunda ocasión, un proyecto residencial dentro del Corredor.  En la costa de Rio Grande, la Reserva Rio Espíritu Santo está siendo impactada por la construcción de un proyecto residencial para millonarios (“Atlantic Drive”), del buitre John Paulson, el mismo que se ha beneficiado de la corrupción de la deuda y de la corrupción en la recuperación post-María (su hotel Vanderbilt en Condado fue de los edificios que primero recibió la luz en todo Puerto Rico, mientras miles morían en el resto del país).^[10] El DRNA dice que el proyecto cuenta con los permisos, pero no hemos podido encontrar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del mismo, un requisito legal para cualquier proyecto de esta magnitud y ubicación.

Tania Vázquez

Finalmente, en el Karso del Norte, la Junta de Planificación y el DRNA bajo Ricky endosaron una consulta para un centro comercial en el área de conservación del Karso.^[11] Para esto, la entonces Secretaria del DRNA Tania Vázquez alegó que ese terreno supuestamente no ameritaba conservación, a pesar de que un análisis previo del propio DRNA contradecía esta aseveración. Gracias a la lucha de Ciudadanos del Karso, este cambio pudo detenerse. El Karso es un buen ejemplo de cómo la mafia del desastrollo busca formas de minar la protección de áreas de alto valor ecológico: desde aprobar cosas contrarias a las leyes, hasta arrastrar los pies en la implementación, y finalmente enmendar leyes ya vigentes. La Ley del Karso fue firmada en 1999 y ordenaba al DRNA y Junta de Planificación a establecer un plan para conservar el área al 2001, pero no fue hasta el 2014, trece años después, y luego de mucha lucha ciudadana y un caso en los tribunales, que el gobierno finalmente aprobó dicho plan.^[12] En ese ínterin, el gobierno de Fortuño-Pierluisi intentó enmendar la Ley del Karso para permitir la construcción de la extensión del expreso PR-22 de Arecibo a Mayagüez, y el Gasoducto del Norte – uno de los proyectos más corruptos de nuestra historia reciente, que discutiré en la tercera entrada de la serie.^[13]

Estas estrategias de desproteger y privatizar áreas previamente protegidas, además de ayudar a los Bros del gobernador, de los jefes de agencia y del partido, y a los intereses del “bloque criollo” (construcción-industriales-contratistas-comercio) que discutimos en la entrada anterior, también se enmarcaba en las exigencias de la Junta de Control Fiscal y sus buitres (recordemos: con Pierluisi de abogado y con los intereses de la banca dirigiendo) para allegar fondos para el pago de deuda ilegal (#AuditoríaYa). Y es que la ley Promesa estableció que las propiedades públicas, incluyendo terrenos en áreas protegidas, podrían ser embargados y vendidos para pagar la deuda, más aún si el gobierno emitió deuda utilizando dichos terrenos como colateral.^[14]

Por otro lado, la cada vez mayor facilidad con que se han ido aprobando proyectos corruptos en años recientes ha sido sustentada no solo por las relaciones personales de la mafia, sino el proceso de desregulación ambiental que, como detallé en la primera entrada de esta serie, tomó fuerza bajo el gobierno de Fortuño con la ley de reforma de permisos de 2009, y continuó profundizándose con enmiendas a esa ley durante las administraciones García Padilla y Ricky.^[15] El nuevo Mapa de calificación de suelos propuesto por la Junta de Planificación es el complemento de (des)planificación a esta deforma de permisos. Y es que, a pesar de que la ley de permisos ha reducido al máximo las protecciones ambientales para facilitar los proyectos del desastrollo, éstos aun se enfrentan a una gran limitante: el plan de terrenos nacional. Por eso, para entender el Nuevo Mapa de Calificación, hay que hacer un poco de historia sobre la planificación de uso de suelos en Puerto Rico y la lucha por aprobar un Plan de uso de terrenos nacional.

El Plan de Uso de Terrenos y el Mapa de Calificación: (Des)Planificando el despojo

Desde 1975, la Ley Orgánica que creó la Junta de Planificación había establecido como mandato crear dicho plan, y ya desde el 1977 el Gobierno había adoptado un documento de la Junta titulado Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico. En 1995 el gobierno de Roselló papá adoptó una versión enmendada de dicho documento, en donde se establecía como primera meta “Dirigir el proceso de planificación hacia el logro de un desarrollo integral sostenible asegurando el uso juicioso del recurso tierra y fomentando la conservación de nuestros recursos naturales para el disfrute y beneficio de las generaciones presentes y futuras”, y como segunda meta, “Elaborar e implantar un modelo de usos de terrenos dentro de un marco de acción ecológicamente sustentable.” También se establecían como metas la identificación y protección de terrenos de alto valor natural y agrícola, y fomentar la densificación de las áreas urbanas existentes. No obstante, tuvieron que pasar 40 años y mucho desparrame urbano para que ese Plan fuera finalizado (en 2015).

Esto es evidencia de que históricamente la práctica gubernamental de la planificación en Puerto Rico ha respondido principalmente al “bloque criollo” y su “máquina del crecimiento”: un régimen de gobierno, en una sólida alianza del estado con sectores empresariales, cuyo objetivo principal es el aumento constante del área urbana, industrias, comercios, empleo, consumo y actividad financiera.^[16] Esos intereses empresariales desde siempre han estado opuesto a un Plan de uso de terrenos, y por décadas han cabildeado contra la aprobación de dicho plan, porque limitaría esos objetivos de expansión infinita. La planificación, bajo este imperativo de crecimiento, no ha tenido un enfoque integral para conservar el territorio (recordemos: solo 16% del territorio protegido) y para reglamentar los usos para beneficio común y el interés general. Más bien, se ha limitado a calificar el territorio para atender algunos conflictos y maximizar el uso, en particular, de usos que generen beneficio económico directo: explotación industrial, agrícola, turística, y urbano (residencial y comercial), con una premisa muy simple de que terrenos ‘no utilizados’ (no explotados) son ‘terrenos perdidos’, esperando a ser utilizados.^[17] El “derecho a la propiedad privada” y el “derecho al desarrollo” de esa propiedad (ahora unidos al derecho de fondos buitre a cobrar deuda) se presentan como aspectos primordiales que se sobreponen a cualquier plan de conservar áreas.

Los planes vigentes establecen esa priorización, y las restricciones de áreas que no deben ser urbanizadas en muchas ocasiones son ignoradas. Así, muchos proyectos se aprueban de forma corrupta: contrariando los propios planes, leyes y reglamentos vigentes, utilizando el mecanismo de “consultas de ubicación”, legalmente definido como una “excepción”, pero que se han convertido en la norma de la planificación.^[18] Usualmente también se hacen ignorando el interés público, el mandato constitucional de conservación, y los deseos de las comunidades aledañas. Un estudio de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable, por ejemplo, encontró que, desde el 1974 hasta el 2006, la Junta de Planificación evaluó 1,482 consultas de ubicación en la zona costanera (en su mayoría proyectos residenciales, seguidos de proyectos turísticos e industriales) y sólo rechazó el 21% de esas consultas.^[19] Esto a pesar de que la zona costanera supuestamente goza de protección especial en leyes y planes. Hoy, vemos el efecto nefasto que ha tenido la aprobación de todos estos proyectos en las costas, privatizando y finalmente destruyendo nuestras playas (un bien común y de dominio público), y poniendo en riesgo la vida ante eventos atmosféricos.

En el 2004, las presiones del movimiento ambiental lograron que se aprobara una ley requiriendo explícitamente la creación del Plan de uso de terrenos nacional para el 2006 (Ley 550-2004). El bloque criollo hizo un gran esfuerzo para evitar que se aprobase esa ley, y posteriormente, para descarrilar el plan. La Asociación de Constructores incluso produjo un pseudo-estudio en 2008 que argumentó que Puerto Rico aun podía urbanizar el 84% de sus tierras (incluyendo 77% de las costeras), y trajeron a Puerto Rico a un conocido negador del cambio climático como principal orador de su convención anual de 2007.^[20] Recordemos que junto a estos estudios venían los sobornos ilegales y los donativos a campañas electorales (la ACH siendo uno de los más activos donantes del PNPPD), que no es otra cosa que sobornos legalizados. Las presiones de estos intereses bajo el gobierno de Sila Calderón llevaron a la renuncia del presidente y un miembro asociado de la Junta de Planificación (Hermenegildo Ortiz y Félix Aponte), así como a la renuncia y disolución del Consejo Asesor Ambiental, liderado por el planificador José Rivera Santana. Pasó el último año de Sila y todo el cuatrienio de Acevedo Vilá sin que se hiciera nada con el plan. Ante ese escenario, y los conflictos de los proyectos propuestos en el Corredor Ecológico del Noreste, Costa Serena y Paseo Caribe, entre otros, las organizaciones ambientales reclamaron a Acevedo Vilá que declarara una moratoria en construcción en zonas costeras y agrícolas hasta cuando se completara el plan, pero, respondiendo a los intereses empresariales, el gobernador rechazó la petición.^[21] Con Fortuño-Pierluisi, se descartó la idea del plan de terrenos nacional y se desarrolló otro, llamado PIDES, que trastocaba los principios del plan original y enfocaba en desregular y promover la urbanización de grandes partes de la zona costera, básicamente validando el pseudo-estudio de la ACH.

Se necesitaron 10 años más y mucha presión del movimiento ambiental, para que finalmente se lograse la aprobación del Plan de Uso de Terrenos en 2015. Ese plan adelantaba sustancialmente la conservación del territorio al reservar aproximadamente 33% de nuestro archipiélago para esos fines, más cerca de 30% para usos agrícolas. No obstante, el balance de fuerzas volvió a favorecer a estos intereses con la entrada de Ricky y María Gordillo como presidenta de la Junta de Planificación. Las primeras declaraciones de Gordillo en 2017 fueron sobre la necesidad de ‘enmendar’ el PUT – aduciendo nuevamente, al cuco de los supuestos errores procesales y de participación.^[22] Y una de las primeras leyes de su administración fue otra enmienda a la Ley de Permisos de Fortuño (Ley 19-2017). La ley eliminó el requisito de que los comentarios de agencias ambientales fueran vinculantes en las decisiones de aprobación de permisos de la OGPe. Además, requirió crear nuevas categorías de zonificación unificadas que eliminaban la diferenciación de densidades en usos de suelos (residenciales comerciales e industriales) y cambiaban los usos permitidos en distintas categorías. La Junta de Planificación quedó incorporada dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, mientras el nombre de la página del sistema de permisos de OGPe y JP –el Single Business Portal– ahora tiene como primer mensaje el ‘eslogan’ de “Puerto Rico is Open for Business” –todo en inglés. Todo esto muestra que la planificación continúa subvertida, y ahora con mucho más ahínco, a los intereses de la “máquina del crecimiento”, de dar permisos para ‘hacer negocio’, no a los intereses de la ciudadanía en general, mucho menos de la protección ambiental.

En base a esta enmienda a la ley de permisos, en junio de este año la OGPe aprobó un nuevo reglamento de cerca de 1000 páginas, para el que la participación ciudadana fue casi nula. En dicho reglamento, la OGPe estableció la consolidación de calificaciones de uso de suelo, reduciendo las calificaciones de 320 a 22. Por ejemplo, las áreas calificadas con calificaciones “dotacional”, que incluían dotacional-plaza y parque, dotacional-estacionamiento, dotacional-educativo, entre otras, ahora tienen una sola calificación de dotacional. Lo mismo ocurre con la calificación de suelo de conservación de recursos. Adicionalmente, el reglamento añade nuevos usos para cada calificación. Así, el reglamento de facto cambia los usos permitidos en cada una de las calificaciones: un parque podría ahora convertirse en un estacionamiento o un comercio, un área de conservación de recursos podría permitir desarrollo de infraestructura turística, y una reserva agrícola podría ahora permitir proyectos de energía renovable o incluso hospederías. Este cambio que propone el Reglamento es a todas luces ilegal, porque cambia, sin el proceso debido, el Plan de Uso de Suelos nacional, que es el instrumento primordial de planificación del suelo.

No obstante, en un intento de continuar legalizando esta trampa, en julio, en medio de las movilizaciones contra Ricky, la Junta de Planificación anunció en un comunicado de prensa vistas públicas sobre cambios a los mapas de calificación de suelos de Puerto Rico. Las vistas comenzaron solo 4 días después de su anuncio. La Junta no incluyó un memorial explicando estos cambios y el por qué de los mismos, ni analizando el impacto ambiental de este proceso, contrario a lo requerido en ley. En su anuncio y en comunicaciones posteriores de su presidenta, la Junta enfatizó que no se estaban modificando ningún uso de suelo existente, sino documentando lo que ya existe en la realidad. En otras ocasiones se aludió a que se estaban consolidando calificaciones de usos ‘compatibles’, sin esto cambiar los usos permitidos en cada calificación. El proceso sigue liderado por la misma manada de Ricky: una investigación reciente encontró que la esposa de Elías Sánchez está bajo contrato en la Junta de Planificación para asesoría legal en enmendar reglamentos y ‘áreas de oportunidad’. Mientras, la hija de Gordillo trabaja en Atkins, empresa multinacional contratada por la Junta de Planificación por $1.7 millones para desarrollar los planes de mitigación de desastres de los 78 municipios, y la cual, junto con la empresa AECOM, fundaron Disaster Solutions Alliance, la cual recibió $180 millones de FEMA para distribuir alimento post-María (en total AECOM ha recibido $380 millones en contratos de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico post-María).^[23] Uno de los cabilderos de AECOM es, precisamente, Elías Sánchez.

A pesar de las alegaciones de Gordillo de que el mapa “no cambia nada”, análisis de diversas organizaciones y profesionales ambientales y de la planificación han demostrado que básicamente, la Junta está mintiendo: el mapa propuesto cambió la zonificación de 1.3 millones de cuerdas, y eliminó la protección de cerca de cien mil cuerdas áreas naturales y agrícolas. Reservas como la Bahía Bioluminiscente de Vieques, Tres Palmas, y Mar Chiquita pierden protección. Algunas de las áreas que pierden protección coinciden con propuestas anteriores para proyectos de desastrollo residenciales-turísticos, todos marcados por corrupción: por ejemplo Playuela en Aguadilla (donde se propone el mega-hotel Columbus Landing desde los 90), Espinar en Aguada (donde se propuso Discovery Bay, rechazado por la JP previamente), Rincón (donde se propuso un nuevo mega-hotel), Luquillo (donde se proponen varios proyectos turísticos desde la época de Fortuño y Galán Kercadó), y Las Vegas en Cayey (donde se propone el proyecto Ciudadela de Cayey). Detrás de estos cambios también está el interés permanente de la Asociación de Constructores de continuar construyendo a través de la isla. Así, en medio de la crisis que mantiene cerca de 200,000 viviendas vacantes y una epidemia de ejecuciones de hipoteca, la Asociación insiste en “solo 16.25% de Puerto Rico está urbanizado”, y que hay “necesidad” de construir aprox. 3,000 viviendas nuevas anuales, porque hay “apetito”, “deseo” de comprar vivienda.^[24]

Estos intereses locales de siempre se combinan ahora con nuevos intereses de capitalistas del desastre: inversionistas súper-ricos y fondos buitres que buscan oportunidades de ganancia fácil con nuevos mega-hoteles (como el de Paulson en Río Grande), facilitados por las leyes de paraíso fiscal de Fortuño (recordemos: Fortuño ahora es cabildero de estos intereses), las Zonas de Oportunidades Económicas de Trump y la conjunción de las crisis de la deuda y de María que han llevado primero a la devaluación y ahora a la revalorización (por medio de la especulación) de la tierra en el mercado, y al diseño de planes de recuperación a la medida de los intereses del desastrollo y para el desplazamiento de lxs puertorriqueñxs, en especial lxs más pobres. Como expuso el planificador Tato Rivera Santana en una entrevista reciente en la prensa: “Este plan no es improvisado, es un proyecto que persigue entregar nuestras tierras, nuestros lugares más bellos, bosques, reservas, a un grupo pequeño que han llegado a Puerto Rico».

Así, en los últimos meses han aparecido anuncios de nuevos proyectos residenciales y turísticos de lujo otras de las áreas cuyas protecciones quedan eliminadas en el mapa. Una de estas es Ocean International es una división nueva de Douglas Elliman, una de las corporaciones más grandes de bienes raíces de lujo en Estados Unidos, creada explícitamente para expandirse en el Caribe a zonas de desastre.^[25] En la página de Ocean International aparecen varios proyectos en áreas que el mapa propuesto por la Junta desprotege. Uno llamado “Zavana”^[26] en 800 cuerdas en Piñones que incluyen los terrenos de Costa Serena, que se supone que ya hubiesen sido adquiridos por el Departamento de Recursos Naturales para conservación (el proyecto Zavana fue posteriormente removido de la página de Ocean International). Otro llamado “Ponce Paradise”^[27] es en cerca de 900 cuerdas de terrenos de humedal y altamente inundables en la costa de Ponce, adyacentes al Ponce Hilton; los proponentes quieren que la Junta de Control Fiscal lo designe como proyecto crítico (como hicieron gracias al cabildeo de Pierluisi para un proyecto en Hato Rey) para poder aprobarlo ‘fast-track’.^[28]

La resistencia activa de una coalición de organizaciones de la sociedad civil que incluye grupos ambientales, de agricultura, de planificación, de derechos civiles, y asambleas de pueblo, ha logrado insertar el mapa en la discusión nacional, y detener temporeramente este intento de la mafia despojarnos de nuestras tierras para acumular capital. La Gobernadora Wanda, que por un tiempo intentó ignorar los reclamos de anular el mapa (#WandaAnúlalo), tuvo que nombrar una comisión asesora sobre el asunto, en la legislatura se han hecho vistas públicas al respecto, y en los tribunales se dilucida en vistas una demanda por acceso a la información.

En conclusión, la historia de protección de áreas de alto valor ecológico en Puerto Rico ha sido una en donde el gobierno sistemáticamente ha obviado su deber ministerial (y constitucional) de promover la protección ambiental y el bien común –omitiendo sus propias leyes y reglamentos y revirtiendo decisiones previas de conservación– para favorecer a la mafia del capital de la que son parte. El inversionismo electoral, el lavado de dinero, y las puertas giratorias, enmarcados en el estado de excepción permanente colonial-neoliberal, y más recientemente en el capitalismo del desastre de la deuda y de María, han sido las herramientas de trabajo de esta mafia. Ante esto, grupos de la sociedad civil son los que han dado la cara por el derecho humano (y constitucional) a un medioambiente saludable, resistiendo proyectos de destrucción y proponiendo alternativas basadas en la conservación de tierras desde la autogestión solidaria.^[29] Los grupos en resistencia continúan luchando con una premisa básica, que bien expresó una de las organizadoras del movimiento contra el Mapa recientemente: “Tenemos derecho a vivir, a florecer, mas allá de la supervivencia. Merecemos una vida digna con espacios abiertos de acceso para todes. Es nuestro deber y exigimos ser partícipes en el diseño y la transformación de un Puerto Rico sostenible, plenamente integrado a la gran patria Caribeña.”

En la próxima entrada de esta serie, hablaré sobre la corrupción en la política energética, el cartel de los fósiles y sus planes actuales de convertir a Puerto Rico en un gran puerto de gas metano, y la insurrección de diversas comunidades del país que buscan acabar con este cartel.

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^[1] https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/lasalianzaspublico-privadasestanenlaagendadelplanfiscal-2301503/

^[2] https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/03/04/gobierno-propone-privatizar-parques-consolidar-la-jca-recursos-naturales.html

^[3] https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/elgobiernomercadea17terrenosprotegidos-2421335/

^[4] https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/elgobiernodesarticulasietereservasnaturales-2436722/

^[5] https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/latenteamenazasobremarchiquita-2484664/

^[6] https://www.elvocero.com/gobierno/politica/investigan-cabildeo-y-falsas-representaciones-de-asesor-senatorial-y-exsecretario/article_7740a38e-6a54-11e7-b3e0-07801a8d63c7.html

^[7] https://www.periodicolaperla.com/ponce-llueven-criticas-tras-la-contratacion-exsecretario-del-drna/

^[8] https://www.periodicolaperla.com/investigan-derogacion-de-ordenes-ejecutivas-que-eliminan-reservas-naturales/

^[9] https://www.metro.pr/pr/noticias/2017/08/28/denuncian-gobierno-arremete-corredor-ecologico-del-noreste.html

^[10] “Casas de lujo de Paulson desatan polémica en Río Grande.” https://www.noticel.com/economia/casas-de-lujo-de-paulson-desatan-polemica-en-rio-grande/1108863703

^[11] https://lite.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/cuecencambiosenlazonadelcarso-2410017/

^[12] http://www.miprv.com/celebran-la-aprobacion-del-plan-para-proteger-el-carso/

^[13] http://www.miprv.com/en-peligro-la-zona-del-karso-en-puerto-rico/

^[14] https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/cincoamenazasporelimpactodepromesa-2224829/

^[15] Torres Asencio (2013) “Permisos agrandados”;

^[16] García López, G.A. (2016) “La planificación territorial frente a la máquina del crecimiento.” PLERUS, 25, 99-123

^[17] Lloveras San Miguel, F. (2011) “Un plan de vida: cinco principios y cinco recomendaciones”. Entorno 18, Año 6, Vol. 1: 33-35.

^[18] Ortiz Quiñones, H. (2007) “Discreción en la planificación: el caso de El Millenium.” PLERUS, XXIII-XXIV.

^[19] https://pcjp.blogspot.com/2006/10/alertan-sobre-el-peligro-de-construir.html

^[20] https://blog.coquipr.com/2008/10/desmienten-estudio-de-asociacion-de-constructores-de-hogares/

^[21] https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/nota/gobernadorrechazareclamodemoratoriaparaprotegercostas-211969/

^[22] https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/nota/lanzadudassobreelplandeusodeterrenos-1192556/

^[23] http://periodismoinvestigativo.com/2019/08/los-poderes-detras-de-las-empresas-contratadas-para-la-recuperacion-de-puerto-rico/

^[24] https://www.podbean.com/ew/pb-3j6sz-c34779

^[25] https://www.elliman.com/pdf/402c1e555d4c01d1a91f3e45482e83af69f2b16e

^[26] https://oceanfrontintl.com/property/zavana/

^[27] https://oceanfrontintl.com/property/ponce-paradise/;

^[28] https://www.periodicolaperla.com/mercadean-en-florida-megaproyecto-para-la-zona-costera-de-ponce/

^[29] Véase García López, G., C. Concepción y A. Torres Abreu (2018) Ambiente y Democracia: Experiencias de Gestión Comunitaria Ambiental en Puerto Rico, Cap. 1 (San Juan: Editorial UPR)