La protesta exitosa de los burgaleses y las burbujas puertorriqueñas
El triunfo contundente de las reiteradas protestas de habitantes de la Calle Vitoria en el Barrio Gamonal de Burgos, con réplicas cívicas —casi telúricas— en Madrid, terminó por obligar al alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, a suspender las obras públicas relacionadas con la construcción suntuaria de un bulevar en el mencionado barrio burgalés. Sin importar ni frío ni lluvia, los habitantes del barrio Gamonal protestaron con insistencia y perseverancia y lograron que su protesta tuviera repercusión nacional y atención de la prensa internacional. Y en los momentos en que el alcalde Lacalle tuvo la osadía de decir que pese a las protestas el proyecto seguiría su curso, la protesta se calentó, tanto en Burgos como en Madrid. Hubo algunos incendios y destrozos, y más de una decena de manifestantes fueron encarcelados en ambas ciudades. Cuando las autoridades públicas se niegan a escuchar al pueblo —que es el soberano en una democracia— las protestas tienden a exhibir violencia, no entre todos los manifestantes, pero sí entre ciertos grupos que están dispuestos a pagar con cárcel la conversión parcial de la protesta pacífica en desobediencia civil. De eso sabemos bastante en Puerto Rico, sobre todo de nuestras experiencias en Vieques y durante las huelgas universitarias.
De lo que no sabemos tanto —y el ejemplo de Burgos puede constituir un prototipo a estudiar y a adoptarse como uno de los posibles modelos para las luchas del pueblo ante las elites políticas insensibles— es de organizar protestas exitosas específicamente diseñadas para transformar la política pública de una burbuja. Ello conlleva lograr un vuelco en el uso de los recursos públicos, previamente dirigidos a una burbuja, hacia la atención de necesidades reales y perentorias de los ciudadanos. Porque lo que es particularmente interesante e importante de las protestas exitosas de Burgos, es que además de venir acompañadas con propuestas alternas para el uso de los fondos públicos, iban conscientemente dirigidas a castigar al alcalde y a las elites políticas locales —y a las privadas, los contratistas a cargo de construir el bulevar— por su acuerdo para tergiversar las prioridades de modo que, el gobierno municipal de Burgos, en lugar de atender necesidades reales del pueblo y beneficiar a los ciudadanos y la calidad de vida de las personas, canalizara recursos escasos hacia una obra suntuaria y percibida por el pueblo como no prioritaria y hasta innecesaria en estos momentos, para beneficiar económicamente los intereses privados. En otras palabras, la protesta no era tanto contra el bulevar, que desde cierto otro punto de vista podría verse como una manera de mejorar la calidad de vida y el embellecimiento en la Calle Vitoria del Barrio Gamonal, sino por las prioridades torcidas en el uso de los fondos públicos limitados, en tiempos de crisis. El costo de las obras del bulevar de la Calle Vitoria en Burgos rondaba por los 8 millones de euros. El gran problema, desde el punto de vista de los ciudadanos de Gamonal, era el costo de oportunidad que significaba gastar €8 millones en una obra cuyos principales beneficiarios serían los contratistas a cargo de construirla, y quién sabe si también el bolsillo personal del alcalde y de otros funcionarios municipales, o hasta las arcas partidistas del PP (Partido Popular, oficialista).
El costo de oportunidad quedaba dramatizado ante los ojos de los ciudadanos por esta realidad muy difícil de aceptar: el mismo alcalde Lacalle, y el mismo gobierno municipal de Burgos, habían denegado recientemente la petición de €187,000 para mejoras y reconstrucción de una guardería infantil. La petición ciudadana estaba más que justificada. Buscaba posibilitar que más padres y madres pudieran beneficiarse del servicio de cuido para sus niños. Y era también el mismo gobierno municipal que, bajo la administración de Lacalle, no había implantado un programa de creación de empleos, a pesar del aumento del paro o desempleo en la ciudad. La excusa del alcalde Lacalle para no atender esas necesidades reales y urgentes de los ciudadanos —como también lo son la canalización de fondos para viviendas de interés social a bajo costo o para evitar los desahucios a decenas de familias afectadas por la crisis— ha sido precisamente la ausencia de recursos debido a la crisis. Pero… ¿cómo puede haber €8 millones para realizar una obra vistosa que beneficia directamente grandes intereses privados, mientras al mismo tiempo se dice que no hay recursos para atender lo que los habitantes del barrio Gamonal entienden que son sus necesidades reales más urgentes?
Ante una disonancia cognoscitiva tan monumental y arbitraria, los habitantes de la Calle Vitoria se tiraron a la calle para desde allí reclamar y hacer valer ese poder social del cual nos habló Eugenio María de Hostos en Puerto Rico y que nos recordó recientemente el ex rector Juan R. Fernández en su discurso en el acto celebrado en el Recinto de Río Piedras en conmemoración del 175 aniversario de su natalicio. Llevando carteles que portaban el ingenio del pueblo, desafiando las inclemencias del tiempo y de la policía, proclamaban “La calle es nuestra no de Lacalle” o “La calle vs Lacalle”. En otras palabras: los verdaderos intereses y necesidades del pueblo, y el concepto de que en una democracia el pueblo manda, quedaron de ese modo contrapuestos al alcalde Javier Lacalle y su burbuja del bulevar.
De burbujas y otras corrupciones
Uno de los problemas principales que existen para lograr movilizaciones similares en Puerto Rico es que pocos ciudadanos entienden realmente cómo funcionan las burbujas ni cuán dañinas son a la sociedad, a los propios ciudadanos y a la calidad de la vida democrática. En cualquier país donde exista un estado de derecho democrático el entendimiento colectivo es que los gobiernos y sus funcionarios, es decir, los elegidos por el pueblo para administrar los recursos del pueblo, deben establecer prioridades en el uso de los fondos públicos, de modo que las necesidades más urgentes del pueblo se atiendan y se resuelvan de la mejor manera posible con atención al bien común. Las burbujas traicionan y burlan drásticamente ese entendimiento. En todo país, no solo en Puerto Rico, las burbujas son difíciles de detectar y más difíciles aún de demostrar con el fin de fijar responsabilidades por la vía legal. ¿Por qué? Es bastante fácil de entender. Los políticos electos y sus administradores por nombramiento buscan generalmente “justificar” las erogaciones suntuarias y excesivas de fondos públicos en proyectos de dudosa necesidad a base de que resuelven algún problema o favorecen el bien común. Demostrar si hay una justificación real para la obra que se va a construir y una actitud sincera por parte de ellos, o si más bien se trata de un juego entre pitcher y catcher entre funcionarios del gobierno de turno y empresarios privados, para lucrarse todos de una u otra manera de la erogación excesiva de fondos públicos en una obra suntuaria, o por lo menos demasiado lujosa y malbaratadora de los fondos públicos. En esos casos, cuando lo que hay es realmente una burbuja, la necesidad social real no cuenta, sino que lo que se construye se hace para el beneficio egoísta de los corruptos de ambos lados: del gobierno y del gran capital. Por supuesto, hay burbujas y hay burbujas. Una burbuja o construcción innecesaria con fondos públicos puede limitarse a beneficiar a una empresa del sector privado, ya sea por amistad, o porque en el pasado dicha empresa ha sido un contribuyente importante a las arcas del partido político que está en la dirección de un gobierno, sea este central, regional o municipal. Eso ya de por sí es corrupción, ya que no se obedecen criterios de bien común para hacer el gasto público, o el gasto se infla para poder beneficiar a los corruptos. Los gastos excesivos del gobierno llevan luego al endeudamiento público exagerado, que se traduce más adelante en aumentos en las contribuciones que paga el pueblo. Inexorablemente, quien se supone que sea el soberano en un estado de derecho democrático termina pagando los platos rotos de la corrupción de las elites egoístas, las cuales las más de las veces permanecen gozando de sus riquezas y sus trampas con la más absoluta impunidad. Hay variantes de las burbujas que agravan la situación porque existen otras corrupciones ad lateram por parte de los empresarios privados o por parte de funcionarios públicos. Es así cuando más allá de hacer una obra no necesaria, o que tiene su utilidad pero en la cual se gasta dinero público excesivo para beneficiar a una empresa, resulta que parte del dinero que paga el gobierno por la obra, mediante manejos corruptos “por debajo de la mesa” va a parar a los bolsillos personales de los funcionarios públicos que dieron luz verde a la obra —y al gasto— y hasta para las arcas del partido político que controla el gobierno.
En un nivel municipal puede ser que los “grandes intereses privados” ni siquiera sean los capitalistas más exitosos, sino incluso empresas privadas con problemas económicos, como parece ser la empresa a la cual el gobierno municipal de Burgos y el alcalde Lacalle encomendaron la construcción del bulevar. Según el diario digital español Público.es “la empresa Arranz Acinas, encargada de la construcción, le adeuda cerca de 6.000 euros al menos a un centenar de empleados”, según alegaron los trabajadores. La empresa, dicen, “se justifica escudándose en la crisis del sector, mientras el Consistorio de Burgos se resiste a dar explicaciones”. En otras palabras, la implicación es que por ayudar a una empresa privada de la construcción a salir a flote —no sabemos los lazos de amistad que puedan tener sus directivos con el alcalde, ni si dicha empresa fue contribuyente importante en las campañas del Partido Popular en Burgos— el gobierno burgalés priorizó en la construcción de un bulevar que no era de primera necesidad a un costo de €8 millones, al tiempo que denegaba un gasto mucho menor, de €187,000, para mejorar la planta física y el cupo de una guardería infantil.
En resumen, ocurran en el país que ocurran y en el sector de la economía en que se produzcan, las burbujas tienen los siguientes efectos nocivos para el estado de derecho democrático y sus ciudadanos:
- Malbaratan fondos públicos necesarios para otros fines;
- Implican que los funcionarios públicos no utilizan criterios de bien común para determinar el gasto público;
- Traicionan la confianza del pueblo en sus funcionarios electos;
- Permiten actos de corrupción en los cuales funcionarios públicos, las arcas de un partido político y/o empresarios privados corruptos se benefician indebidamente a costa del dinero del Pueblo; y
- Complican o agravan la crisis fiscal del gobierno y llevan a aumentos de impuestos o reducción de servicios sociales que perjudican a la mayoría de los ciudadanos.
¿Burbujas puertorriqueñas?
En Puerto Rico hemos tenido diversos casos en que la prensa o algunos observadores han visto la posible existencia de las características principales de una burbuja. Se habló de eso, por ejemplo, cuando en tiempos de la administración de Rosselló se privatizaron hospitales públicos a unos precios de venta que perjudicaron el interés público pero beneficiaron a los propietarios privados que los adquirieron. Además de la burbuja inmobiliaria que ha afectado a Estados Unidos, Puerto Rico, España y otros países, un ejemplo notorio reciente fue el del proyecto del gasoducto. Este proyecto, afortunadamente, se paralizó gracias a las protestas escenificadas por Casa Pueblo y otras organizaciones civiles ambientalistas. También en relación con el gasoducto se llegó a mencionar públicamente que, probablemente, lo que había detrás del gasto de más de $80 millones del erario público puertorriqueño era el interés y compromiso de la Administración Fortuño en beneficiar indebidamente a la empresa contratada para su construcción. Y por ahí se oyeron voces de crítica provenientes de líderes del PPD de que el gobierno perjudicaba al país “con tal de beneficiar a los amigos de Fortuño”. Otras construcciones públicas han sido señaladas como “posibles burbujas”. Aunque el tren urbano era y es de gran necesidad para la zona metropolitana de San Juan: ¿se justificaba el gasto del súper lujo de ciertas estaciones del tren que aumentaron el costo de las obras? Igual se podría decir del Centro de Convenciones y otras obras públicas, incluso de algunas carreteras no tan esenciales en el momento en que se construyeron. Aunque la construcción del gasoducto se detuvo mediante protestas públicas, el contenido de las mismas se concentró en evitar daños ambientales y en los posibles peligros que tendría para la salud y las vidas humanas el tener un gasoducto cercano a las comunidades habitadas, por si se diera en el futuro una explosión similar a la ocurrida con un gasoducto en el estado de California. La protesta no se dirigió específicamente a evitar el gasto innecesario y abultado de fondos del gobierno para beneficiar intereses privados, ni mucho menos para causar un vuelco en el uso de los fondos públicos de modo que se trasladaran a otras necesidades. Los $80 millones se “fueron por el chorro”, como se dice aquí en la calle y ese gasto enorme, vino a agravar la crisis fiscal del gobierno en lugar de mitigarla, pero todo ello quedó impune.
Por supuesto, en un estado de derecho democrático no se pueden fijar responsabilidades y castigar a los responsables si no se prueba la existencia de una burbuja o de manejos turbios y corruptos con el proyecto público en cuestión. Es necesario forzar a que el gobierno se vea obligado a investigar. En eso radica precisamente la utilidad para nuestra sociedad civil de estudiar bien el proceso de Burgos y sus evoluciones futuras, ya que puede constituir un modelo para enfrentar situaciones similares en Puerto Rico, para movilizar exitosamente a los ciudadanos a la calle y ganar el favor de la opinión pública, y con el fin de obligar al gobierno a paralizar el gasto suntuario y, si posible, a direccionar el gasto público de un modo diferente, verdaderamente beneficioso al país y al bien común; y para lograr también que todos los gastos alternos queden limpios de manejos turbios y corrupción.
En España, en donde las burbujas se han multiplicado en los últimos años, los españoles están “hasta el moño”, como dicen allá, o “hasta la coronilla” —como decimos acá usando una frase española común de otros tiempos— con las corrupciones y los males y daños que ellas conllevan. Aparte de la burbuja inmobiliaria y de los engaños a ciudadanos con las acciones preferentes de Bankia, en España, por ejemplo, se han construido autopistas para supuestamente vincular a dos ciudades de una región, las cuales luego permanecen desiertas, porque realmente no había necesidad de ellas gracias a la existencia de buenos transportes públicos entre ambos puntos. ¿El objetivo? Construir lo innecesario con fondos públicos con tal de beneficiar contratistas privados y políticos corruptos. Hasta Iñaki Undangarin, yerno del Rey, está implicado en un esquema para malgastar fondos públicos y desviarlos a cuentas privadas fuera de España, razón por la cual la Infanta Cristina ha sido recientemente imputada por los tribunales de justicia. En tal contexto, no debe extrañar que los ciudadanos de Gamonal en Burgos se hayan organizado para protestar la construcción del bulevar, cuando todavía estaban a tiempo para detenerla y para exigir mediante presiones continuas —que hoy organizan en reuniones de vecinos— que los fondos públicos se asignen correctamente para resolver o mitigar las más urgentes necesidades de los burgaleses.
El bipartidismo PPD-PNP, la corrupción y las burbujas
Uno de los problemas graves de Puerto Rico es la impunidad con que ocurren las burbujas y otras corrupciones en el uso del dinero público. Demasiados ciudadanos miran para otro lado, no se indignan, ni mucho menos se organizan para protestar públicamente cuando se sospecha de estos actos de corrupción. En ese sentido, aunque comprendo que Rafael Bernabe lleva razón cuando apunta que no debemos soslayar los efectos de las prácticas del capitalismo en Puerto Rico, tengo que coincidir con Sergio Marxuach y su descripción y lamento sobre la indiferencia con que los ciudadanos en Puerto Rico han tomado las acciones que nos han llevado a la deuda pública extrema que hoy padecemos y a una crisis fiscal, producto de decisiones equivocadas de la elite política, que viene perjudicando principalmente, no a los políticos que gastaron demás o malbarataron el dinero público, sino a los sectores menos favorecidos del pueblo. El ejemplo lo tenemos delante. El Nuevo Día pone en primera plana la noticia de que una agencia gubernamental quebrada como la Autoridad de Edificios Públicos, le ha aumentado el sueldo a su director en una cantidad a todas luces escandalosa. ¿Cuántas protestas públicas o marchas de ciudadanos se han organizado para protestar tal dispendio de los fondos del gobierno en tiempos de crisis? ¿Dónde vemos la indignación del pueblo con estas y otras situaciones en las cuales alcaldes de pueblos en quiebra se aumentan descaradamente sus sueldos o malbaratan los fondos públicos?
Hoy, cuando resulta más evidente que la soga va a partir por lo más fino, y que los políticos de turno van a hacerle pagar los errores de los administradores públicos de diversas administraciones pasadas del PPD y del PNP a los ciudadanos menos privilegiados —por ejemplo a los maestros con las limitaciones impuestas a sus planes de retiro— es un momento más propicio para poner en la agenda del poder social de la sociedad civil el organizarnos para combatir desde la calle las burbujas, los malos manejos con los fondos del pueblo, y todas las demás corrupciones que han ocurrido impunemente. Ya comenzaron a hacerlo los maestros con un paro. Sin embargo, NO es muy edificante que digamos, el que grupos de ciudadanos protesten solo cuando sus bolsillos personales e intereses económicos están en juego o se han afectado seriamente, pero guarden silencio cuando los perjudicados son otros. Ni tampoco el que lo hagan con prácticas que puedan perjudicar el derecho de los estudiantes a recibir enseñanza. No es de recibo, éticamente hablando, protestar para defender derechos propios mediante mecanismos que afecten negativamente los derechos de los demás, en este caso de los estudiantes del sistema público. Es por eso que hay que tener una reflexión sobre los modos apropiados y efectivos de protesta en cada caso.
Por eso también, hace tiempo que venimos necesitando la creación y multiplicación de grupos de la sociedad civil que se constituyan con el fin expreso de defender con uñas y dientes los recursos del pueblo de manos de los corruptos, sean estos funcionarios públicos o dirigentes de empresas privadas. Y que se haga sin importar qué sector del pueblo es el que se perjudica con tales prácticas. En realidad nos perjudicamos todos, como ciudadanos, como pueblo y como país. Tal vez el ejemplo de los burgaleses del barrio Gamonal ayude a encender e inspirar las mentes de ciudadanos preocupados por lo que viene ocurriendo en Puerto Rico, lo cual agrava la crisis fiscal y desmejora continuamente nuestra calidad de vida, mientras los que dilapidan los fondos públicos gozan impunemente del producto de sus perversiones.
Algunos de entre quienes comentan sobre estos problemas en Puerto Rico, se quejan de que los ciudadanos sufren y protestan cuando las decisiones de los gobernantes les perjudican, como ocurre ahora con los miembros de la Asociación de Maestros, pero cuando llegan las elecciones votan por esa misma elite política que los perjudicó al entronizar alternativamente en el gobierno a los mismos partidos que castigan al pueblo con sus prácticas de mal gobierno: al PNP y al PPD. La realidad es que el bipartidismo existente en Puerto Rico no ha contribuido gran cosa ni a evitar ni a castigar las burbujas u otras prácticas de corrupción o mal uso de los fondos públicos. No solo funcionarios de ambos partidos han incurrido en prácticas de dispendio con los dineros públicos, que han contribuido a la deuda ingente que hoy sufrimos, sino que estos partidos guaretos, dirigidos por diversas facciones de una misma elite política egoísta que se adueña del país y sus recursos mientras abusa de los que menos tienen, no son ni siquiera por disimulo capaces de hacerle pagar a los del partido contrario por los errores, corrupciones y burbujas que han propiciado.
Fuera del poder, y durante la campaña eleccionaria de 2012, los líderes del PPD tronaron contra Fortuño y su administración por beneficiar a los grandes intereses y perjudicar al pueblo, por beneficiar a los amigos millonarios de Fortuño en el sector privado, y al mismo tiempo perjudicar al pueblo con la Ley 7. No obstante, una vez llegados al poder: ¿Qué ha hecho el gobierno de García Padilla para investigar las burbujas y otras corrupciones que pudieran haber existido en el gobierno de la administración pasada? Usan el tema como cantaleta para buscar votos en las elecciones, pero luego dejan a sus “adversarios políticos” en la impunidad e incluso imitan sus conceptos y prácticas neoliberales. Lo más grave del caso es que tampoco hay organizaciones de la sociedad civil que estén protestando contra esto con la insistencia necesaria.
Si hubo mal uso de fondos públicos en una administración, ¿cómo y cuándo se van a fijar responsabilidades contra los perpetradores? Los líderes del PNP ni los del PPD se van a castigar ellos mismos. Por lo tanto, una posible buena utilidad de alternar a esos dos partidos en el poder, habría sido que el que llegue al poder investigue a fondo y castigue como se debe a los perpetradores de la administración anterior del partido adversario. Pero esto sencillamente no ha podido ser por dos razones: (1) No existe una sociedad civil unida y fuertemente organizada y decidida a demandarlo; y (2) Ambos partidos están dirigidos por la misma elite política egoísta, no por las mismas personas, pero sí por el mismo sector social privilegiado que ha demostrado ser insensible, salvo pocas y honrosas excepciones, ante las necesidades ciudadanas. No obstante, como he demostrado en columnas anteriores, el bipartidismo cerrado PPD-PNP no es fácilmente transformable ni desde el interior de cada partido, ni desde el poder electoral del pueblo. Muchos se quejan desde su “torre de marfil” del hecho palmario observado: la mayoría de los ciudadanos continúan votando por el PPD y por el PNP. ¿Pero por quién irían a votar si el propio sistema constitucional legal está diseñado para el bipartidismo y excluye de un plumazo a los partidos pequeños de estar representados en la Asamblea Legislativa? El único remedio que les queda es abstenerse, y por eso ha crecido la abstención electoral en Puerto Rico en los últimos años. Pero si sabemos que las elecciones son para elegir a las personas que dirigirán el gobierno de Puerto Rico por unos próximos cuatro años, ¿cómo podemos pedirle al pueblo que sabe que las elecciones son para eso, y que al mismo tiempo sabe que los partidos pequeños no tienen ninguna oportunidad real de ganar unas elecciones, que vote por otra cosa que no sea por el PPD o el PNP, que son los únicos partidos con posibilidades reales de gobernar? Hasta tanto la estructura legal-constitucional perjudique de antemano la posibilidad de representación legislativa para los partidos pequeños, ninguno de ellos tiene oportunidades reales de obtener muchos votos, excepto en la poco probable situación en la cual para unas mismas elecciones el PPD y el PPD se dividan en cuatro partidos distintos. Solo entonces, un partido pequeño diferente podría intentar “pescar en río revuelto” con posibilidades de éxito.
Habida cuenta de que mediante el poder electoral no es fácil un combate ciudadano contra las burbujas y otros malos usos de los fondos públicos, de los dineros del pueblo, resta recurrir, como hicieron los burgaleses, a aglutinar el poder social del pueblo en protestas continuas hasta lograr que los dirigentes de la clase política —sean del PPD o del PNP— se vean obligados a detener las burbujas, a investigarlas y a fijar responsabilidades y castigar a los culpables de malbaratar recursos del pueblo para beneficiar bolsillos privados. Y, por supuesto, el pueblo debe estar suficientemente alerta como para no aceptar aguajes. Ya durante la administración de Calderón del PPD se hizo el monumental aguaje de crear un comité de ciudadanos para investigar las corrupciones y los malos usos de fondos públicos durante las administraciones de Pedro Rosselló Gonzáles (1993-1996 y 1997-2000). El comité en sí, presidido por el prestigiado David Noriega Rodríguez, llamado por muchos “el fiscal del Pueblo”, sí investigó y trabajó, al igual que lo hicieron otros miembros del Comité como la ex contralora Ileana Colón Carlo. No obstante, no hubo voluntad política desde la Secretaría de Justicia y la Gobernación de entonces para hacer acusaciones y fijar responsabilidades a base de los hallazgos del Comité de Ciudadanos. De modo que lo que nos viene haciendo falta hace tiempo es un buen conjunto de grupos civiles fuertemente comprometidos a fiscalizar los gobiernos, a demandar investigaciones a fondo y la fijación de responsabilidades para acabar con la impunidad. No nos es posible esperar que los dos partidos guaretos se fiscalicen a fondo el uno al otro. En eso de demandar investigaciones y acabar con la impunidad están embarcados muchos en España, siguiendo el ejemplo de los burgaleses. Otro tanto debe y puede ocurrir en Puerto Rico.