Cuando ingresé al servicio público, el acuerdo laboral que firmé incluía que al retirarme tendría una pensión de 75% del salario con otros beneficios como aportación mensual para el plan médico. Durante mi carrera aporté de mi salario lo que en ley correspondía para mi retiro.
Apenas seis años antes de que me retirara, me cambiaron unilateralmente las condiciones del contrato. Así, la Ley 3-2013 dictaminó que en vez de 75%, la pensión sería de 36% del salario. Gracias a la Ley 211-2015 a la que pude acogerme, la pensión sería entonces de 50% de mi salario. Aun así, mi pensión seguía menoscabada, sin mencionar la eliminación de otras aportaciones como el plan médico. Muchos otros compañeros no corrieron la misma “suerte” y sus pensiones son aún menores.
Mi caso es uno de los miles que forman parte de los 167,000 pensionados que el COR estaba llamado a defender; retirados que verán sus pensiones reducidas aún más, de prevalecer el acuerdo entre el COR y la JSF y que la gobernadora acaba de apoyar.
La Oficina del Síndico del Departamento de Justicia Federal creó el COR e hizo sus nombramientos. Pero su representatividad es dudosa, pues no todos los grupos que representan los diferentes segmentos de la población retirada tienen representación en el COR. De igual forma, es una interrogante cuando el COR alega que “se opone a cualquier recorte a las pensiones”, pero su negociación hizo una generalización de los retirados, aplicando la misma reducción a todos los pensionados independientemente les hubieran recortado ya a sus pensiones o les hubieran eliminado otros beneficios y aportaciones. Son cientos los casos en que la reducción pactada supone recortes totales de más de 33%. El acuerdo alcanzado con la JSF demuestra que desde sus inicios el COR aceptó poner sobre la mesa algún tipo de recorte a las pensiones.
¿Qué debió hacer el COR desde que se formó? Entre otras cosas, insistir en que se auditara toda deuda que compitiera directa o indirectamente con el pago de las pensiones, procurar que se cancelara aquella que fuera ilegal e impulsar demandas a bancos, firmas de asesoría financiera y bufetes de abogados relacionados a esa deuda. A la fecha, el COR sólo ha cuestionado la legalidad de la deuda emitida por la Administración del Sistema de Retiro (ASR), no así con las otras que la Junta ha solicitado que el Tribunal anule. Contrario al Comité de Acreedores No Asegurados, no ha actuado contra las entidades que hicieron posible las emisiones de deuda ilegal. Con todo esto, el gobierno podría usar los ahorros por cancelación de deuda ilegal y el dinero que se recupere de las entidades mencionadas, para pagar no solo las pensiones, sino también sufragar otros servicios esenciales del que nos beneficiaríamos todos los contribuyentes como seguridad, educación y salud.
En lugar de promover lo anterior, en menos de dos años el COR ha gastado cerca de $19 millones de fondos públicos en abogados y gastos publicitarios para negociar recortes a las pensiones.
El recorte de 8.5% a nuestras pensiones es el más alto si lo comparamos con otras jurisdicciones que han pasado por procesos similares de quiebra. El recorte pactado por el COR es más alto que el de Detroit, donde se redujeron las pensiones en 4.5%. En dos pueblos en California (Stockton y San Bernardino) se logró que no se recortaran las pensiones, pues los pensionados ya habían recibido reducciones en sus beneficios (igual que mi caso y el de muchos servidores públicos en Puerto Rico).
Aun considerando que el umbral de los recortes bajo el preacuerdo comienza con las pensiones de $1,200 al mes, el mismo no es equitativo y tiene altas dosis de injusticia. No es equitativo porque hay pensionados a los que el recorte propuesto les representa una reducción de más de 30%, pues sus pensiones ya habían sido ajustadas. Además, porque bajo el acuerdo de la JSF con los bonistas, ellos sólo sufrirán un recorte al dólar nominal de la deuda que posean, no al precio en que compraron la deuda. El recorte es injusto porque el mismo recae de forma desproporcional en la población de ingresos medianos, mientras beneficia al 1% de los pensionados que hubiera recibido un recorte de 25%.
Otros supuestos logros que el COR dice haber alcanzado para los jubilados dependerán esencialmente de la situación económica de la Isla. Sin embargo, a la fecha no hay evidencia alguna de que la economía de Puerto Rico atraviese por una fase de vacas gordas. Más bien, las proyecciones de prestigiosos economistas indican que, de continuar con la misma política pública, en años venideros se repetirá otra quiebra.
Es por todo esto por lo que exhorto a los jubilados del gobierno y a los empleados activos a mantenerse informados y a unirse a la campaña Construyamos Otro Acuerdo, cuya propuesta central es una que entiendo se puede alcanzar: cero recortes a las pensiones. En sus orientaciones pude descubrir algunos de sus argumentos e ideas para lograr esa propuesta, así como las gestiones realizadas hasta el momento para que no haya recorte alguno a las pensiones. Invito a jubilados y empleados activos a que firmen la Declaración en Defensa de las Pensiones entrando a defiendetupension.com. Con unidad y solidaridad, lograremos acercarnos a la jueza Laura Taylor Swain, para que vea la necesidad de un acuerdo justo y equitativo para nosotros y el pueblo de Puerto Rico.
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