“Por las lideresas luchando en Peñuelas
Por las que resisten luchando en Playuela
Las jefas de casa aguantando en María
Por todas las madres contra la Marina”.
Canción Sin Miedo, Vivir Quintana
Adaptación a Puerto Rico por Marién Torres, Barrileras 8M
K sabe lo que es tener el corazón a millón y mantener la calma. Aprendió luego del huracán María, cuando era necesario operar a su papá y ella desobedeció su orden de esperar la llamada al otro día para saber cómo estaba todo. Subió a Utuado el día antes. Llovió a cántaros, sin parar, y ella sugirió salir hacia Arecibo más temprano. No pudieron pasar, porque un derrumbe tapaba el camino con el terreno arenoso de Utuado. Al regresar luego de amanecer, supo espantada que no se habían despeñado inexplicablemente; sin postes ni bombillas, cuando perdía de vista la orilla era por lo cerquita que estaba el precipicio.
Y no sabe muy bien cómo va eso del feminismo. En la primera reunión virtual, vio a una de las feministas que sale en televisión durante protestas. “Veremos cuánto duro en esto”, pensó aprehensiva. No solo ha durado: siente que aprenden juntas, porque ella aporta conocimiento sindical, y las compañeras discuten estrategias de lucha individual y colectiva, pero desde la equidad, que es también pensarse igual.
A Después de varias décadas en la diáspora, B. regresa a Puerto Rico con mucho compromiso de insertarse en las causas y luchas por una sociedad más justa. Su militancia es amplia, internacional, y ha recibido el reconocimiento de muchos espacios internacionales. Llega a una reunión de Mujeres Contra LUMA, observa, escucha, y calla. A la próxima reunión llega con una propuesta que, tímidamente, deja en manos de algunas compañeras del grupo, con la esperanza de que haya espacio para discutirla y evaluarla.
La primera ocasión que supe sobre las Mujeres Contra LUMA, los medios le adjudicaban la paralización del Expreso De Diego a la altura de Buchanan. Revisé mi correo electrónico y me habían compartido una copia del comunicado de prensa, pero las portavozas no coincidían con las entrevistadas en los reportajes en vivo. Reporteras y camarógrafos entrevistaban a quienes encontraban a su paso entre las diversas partes en conflicto: policías, mujeres, hombres solidarios, más policías, personas sexo/género diversas, barrileras, policías macharranes. Las expresiones en contra del contrato de LUMA Energy denotaba diversidad, pero fueron también coherentes y planteadas con una línea discursiva muy clara, características de exitosos movimientos de base.
Hubo intentos de intimidar a quienes participaron en esta manifestación. En la radio, comentaristas –hombres, blancos, vinculados con espacios de poder bipartita– repudiaban las acciones de estas mujeres que no tenían consideración con algún “niño asmático” que necesitara llegar a una sala de emergencia. Alguien le formuló esta situación hipotética a una de las compañeras, quien respondió que las mujeres y Puerto Rico aprendimos lo vital del servicio eléctrico cuando enfrentamos tantas muertes como secuela del huracán María. Dijo, además, que se habían contemplado las consecuencias para la población, pero concluyeron que es exponencialmente peor dejar nuestro sistema eléctrico en manos de una compañía extranjera e inexpertas. Brava.
La transferencia del sistema público de energía eléctrica a manos privadas y extranjeras viene intentándose desde hace años, pero nunca se había garantizado una cooptación tan unilateral ni con condiciones tan desventajosas para los intereses del pueblo de Puerto Rico. Según Sanzillo (2020), el plan de transformación ni el contrato con LUMA Energy garantizan alguna de las condiciones para la privatización y distribución, según requeridas por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares en 2018[1]:
- Alcanzar una tarifa de 20 centavos por kWh
- Transformar el sistema en uno renovable
- Garantizar una empleomanía capaz de mantener un sistema estable
- Garantizar una fiscalización pública adecuada de la operación privatizada
Las Mujeres Contra LUMA intuimos que nada de esto se cumpliría, sino todo lo contrario: Puerto Rico perdería la garantía de servicios de energía eléctrica para su población. Esta estrategia de privatización de Pierluisi Urrutia tiene como efecto usar dinero público para costear servicios privados, pasándole los costos y riesgos a la población. También intuimos que había que movernos rápidamente; las condiciones que enfrentamos con las secuelas de huracán María nos guiaron a encontrar una fuerza inimaginable –individual y colectivamente. La deforma laboral ya nos empujaba a la precariedad y sufríamos las consecuencias de perder garantías que permitían un poquísimo espacio para sortear los diversos roles que asumimos. Teníamos que actuar y resistir.
Por eso, meses antes de que LUMA Energy asumiera su rol, comenzamos a conectarnos. Compañeras que laboraban o laboran en la AEE, integrantes de espacios sindicales, activistas, mujeres de diversos espacios de incidencia política, barrileras, compañeras que luchan arduamente desde hace muchos años, en fin, mujeres unidas por la misión de luchar hasta eliminar la posibilidad de que se concretara la privatización de la energía eléctrica. Estamos alarmadas al ver que cada gobierno bipartita responde a la misma fórmula: primar a sectores privilegiados que guisan siempre con muchos ceros a la derecha, sin importar si la administración es PNP o PPD.
Desde la incumbencia del gobernador Aníbal Acevedo Vilá se viene intentando establecer una operación de la energía eléctrica que no responde a las necesidades ni condiciones en Puerto Rico. Acevedo Vilá comenzó a construir el Gasoducto del Sur, una línea de gas natural que saldría de Peñuelas hasta llegar a Salinas a través de Ponce, Juana Díaz y Santa Isabel, pero enfrentó el repudio de cientos de residentes de la zona. Recordamos que, precisamente el 25 de noviembre de 2008 –Día de Eliminación de las ViolenciaS contra las Mujeres y luego de perder en las elecciones de ese ante Luis Fortuño Burset– la Policía de la administración Acevedo Vilá atacó a las desobedientes civiles que se oponían a que el Tubo de la Muerte atravesara sus comunidades, con los riesgos de seguridad registrados en proyectos similares en distintas partes del mundo.
Policía arremete contra desobedientes civiles contra el Gasoducto del Sur (2008) (Suministradas)
La administración Fortuño Burset asumió y expandió los planes de transportar gas natural mediante un gasoducto que discurriría en 92 millas desde el sur hasta el norte y luego hacia el este, impactando 1,500 acres de bosque tropical, amenazando más de 200 ríos y tributarios que sirven a 1 de cada 4 personas que residen en Puerto Rico. En 2011, cuando se incrementó la postura del pueblo en contra de Vía Verde
–irónicamente, este era el nombre de este ambicioso proyecto– entre los argumentos que Fortuño Burset y sus seguidores intentaron invalidar fue la preocupación de personas expertas sobre los riesgos de construir y transportar combustible en una región propensa a huracanes y terremotos. Afortunadamente, el proyecto no prosperó.
Foto de Jason Rodríguez Grafal, La Perla del Sur
Las administraciones de Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló Nevares también protegieron la privatización de la generación de energía eléctrica proveniente de quema de carbón por parte de la compañía AES. Las mismas comunidades que resistieron los gasoductos, esta vez escalaron su oposición a la quema de carbón y al almacenamiento de las cenizas generadas. Importantes reportajes de Omar Alfonso en La Perla del Sur[2] y el equipo del Centro de Periodismo Investigativo[3] demostraron que la estrategia de generar cenizas como almacenarlas en Puerto Rico –contrario a la ley– resulta en alta contaminación de los recursos naturales y en un aumento de condiciones muy serias para la población, incluyendo enfermedades respiratorias y cáncer, entre otras. La política pública adoptada por ambos gobernantes oficializó el depósito de estas cenizas, a pesar de las denuncias desde amplios sectores opuestos a este crimen ambiental. Tanto García Padilla[4] como Rosselló Nevárez[5] usaron distintas divisiones de la Policía parra escoltar e intentar depositar cenizas en el vertedero de Peñuelas. Las comunidades de Guayama –donde opera la planta de carbón AES–, Peñuelas y Humacao resistieron hasta obligar al Estado a exportar las cenizas. Quedan registrados para la historia cada intento de tergiversar la realidad con argumentos que negaban el peligro y la contaminación de la que era objeto el país.
Izq.: Operativo policíaco para proteger depósito de cenizas en Peñuelas (2016)
Der.: Último operativo de protección depósito de cenizas en Peñuelas (2017)
Las mujeres hemos sido propulsoras, lideresas, portavozas en cada uno de los esfuerzos de la ciudadanía para resistir esta política que apuesta a combustibles fósiles, privatiza la transmisión y generación de la energía eléctrica, servicios básicos que entidades gubernamentales están obligadas a ofrecer al pueblo. Por eso leemos la letra pequeña de leyes y contratos relacionados con LUMA Energy y su operación. Por ello, cuestionamos todo el proceso de la estrategia energética de Puerto Rico –la que permitió carteles de petróleo, gas natural, la difamación de la UTIER y sus denuncias– previa al cuatrienio pasado, tal como cuestionamos todos los intentos de perpetuarlos.
El contrato con LUMA Energy es el resultado de políticas pro gas natural de Fortuño Burset; en ese tiempo, ya había sido comisionado residente, y Pierluisi Urrutia era, a su vez, el de Fortuño como gobernador. El gobierno compartido de Acevedo Vilá les vino de perlas: mientras se daban las pugnas entre el gobernador popular la Legislatura penepé, Fortuño iba empapándose de contactos convenientes. Durante el cuatrienio de García Padilla, ambos estuvieron en DC; Fortuño como persona privada y Pierluisi como comisionado residente, lo que les permitió continuar consolidando su interpretación de cómo implantar un Estado puramente capitalista. El cuatrienio pasado, el dúo parece haber practicado el comienzo de su “empresa”, pero les salió mal: quien haya traído a Cobra y a Whitefish, pensaba en cebarse del dinero que seguramente llegaría por seguros y transferencias, mas el pueblo se percató bastante rápido y detuvo el pillaje.
La privatización de nuestra energía eléctrica mediante el contrato con LUMA Energy es ilegal y corrupto. Viola la Ley 29 de 2009 –Ley de Alianzas Público Privadas– mediante la que se establece que las contrataciones entre el Estado y proveedores privados de bienes o servicios deberán regirse por controles que protejan el interés público, ser mutuamente beneficiosas, y de riesgo compartido entre las partes, entre otros elementos. La interpretación del contrato que hacen Pierluisi Urrutia y LUMA Energy privilegia al contratista muy por encima de los intereses del pueblo de Puerto Rico. La negativa de rendir cuentas tanto LUMA Energy como su principal oficial ejecutivo, Wayne Stensby, implantar una transición de servicios públicos a privatizados muy hostil y violenta, justificar la confidencialidad de sus operaciones, la defensa del salario anual de $1.1 millones, y negarse a compartir información operacional con la Cámara de Representantes es inaceptable y debieran ser razones suficientes para desistir de esta contratación.
Venimos monitoreando a LUMA Energy desde que comenzaron los movimientos para formalizar el contrato, pero la realidad es más espantosa que lo imaginado: esta empresa canadiense cobró casi $160,000,000 por prepararse para asumir el control de la transmisión y distribución de nuestra energía eléctrica, según la factura #FETS–0521–01 fechada el 10 de junio de 2021. Hay, además, mucha desconfianza por datos que van surgiendo a cuentagotas y que apuntan a que existen contrataciones de familiares de personas vinculadas tanto al PNP como al PPD. Resalta el caso de Noelia García Bardales, secretaria de la gobernación, quien según partes de prensa tiene a una hermana y cuñado trabajando para la empresa. Además, García Bardales justifica las acciones de LUMA Energy alegando que los datos de la empresa son confidenciales por ser una compañía privada. Eso no es cierto: LUMA Energy recibe compensación de dinero público, y maneja un servicio en representación del gobierno. De hecho, desde que LUMA Energy asumió el control total de la transmisión y generación de la energía eléctrica, el Negociado de Energía –organismo que sustituyó a la Comisión de Energía por virtud de la Ley 57 de 2014– ha autorizado dos aumentos en el precio del kilovatio hora, y se perfila que autorizará un tercer aumento para el trimestre de enero a marzo de 2022. Cabe destacar que Edison Avilés Deliz, comisionado y presidente del Negociado de Energía, “formó parte del Comité de Alianza que seleccionó a LUMA Energy como proponente victorioso en el proceso de licitación ante la Autoridad de Alianzas Público-Privadas”. (Emmanuelli Jiménez y Méndez Colberg, pgs. 17–18)[6]
LUMA Energy es responsabilidad de funcionaries publiques. Tiene que responder el gobernador Pierluisi Urrutia, quien ha defendido y justificado la privatización de la transmisión y generación a pesar de que LUMA Energy entró a este mercado cometiendo unos errores críticos y muy peligrosos, como explosiones de equipo dentro y fuera de las plantas, múltiples apagones –o alumbrones– y errores en facturación, entre otros. Desde 2017 el hoy Secretario de Estado, Omar J. Marrero, ha ocupado los puestos de director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, director ejecutivo del Distrito del Centro de Convenciones, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, representante del gobierno ante FEMA, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Construcción (COR3). Marrero es responsable por la redacción del contrato, por las cláusulas que incumplen lo requerido en el aviso de subasta, y es quien dijo que tenemos que pagar por todos los gastos sometidos por LUMA Energy para evitar que la empresa invierta su “dinero privado” ya que eso impactaría el aumento de las tarifas. Le recuerdo a Marrero que tanto él como García Bardales son responsables directes por la preintervención y aprobación para el pago de las facturas sometidas por LUMA Energy, proceso que requiere que certifiquen que cada cargo cumple con el contrato y con los principios de sana administración que rigen el servicio público en Puerto Rico. Hasta el momento, la falta de transparencia y rendición de cuentas en las transacciones coordinadas entre LUMA Energy y el gobierno, así como la insistencia de Pierluisi Urrutia, Marrero, García Bardales y otros funcionarios de la administración de turno de defender incondicionalmente a Stensby y su empresa apuntan a que la intención es entregar nuestro patrimonio hidroeléctrico.
La realidad es que el contrato de LUMA Energy es un gran ejemplo de la economía del desastre, término propuesto por la periodista Naomi Klein al describir la especulación, despilfarro y saqueo que enfrenta un país luego de (sobre)vivir eventos como los huracanes Irma y María, el colapso del gobierno, terremotos y pandemia. Las acciones contra nuestra clase obrera de la AEE han sido inhumanas: arrancaron de sus puestos al personal de esta corporación pública, dejando al país desprovisto de toda la experiencia y conocimiento que hizo brillar a la Autoridad con su compromiso con el servicio para el pueblo.
Exigimos la cancelación inmediata del contrato del gobierno con LUMA Energy así como la restitución de la clase obrera cesanteada debido a este contrato leonino y corrupto. Exigimos que Pierluisi Urrutia cese en su política de privatización de los servicios que debe prestar el Estado. Reclamamos que el gobernador Pierluisi Urrutia y funcionarios de su administración responsables por administrar este contrato que cesen de ampararse en argumentos carentes de fundamentos y que violan los principios de sana administración pública y manejo adecuado de los recursos del Estado.
[1] Sanzillo, T. (octubre de 2020). Contrato entre Puerto Rico y LUMA Energy establece una privatización completa y tarifas más altas para la red de la Isla. Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Recuperado en https://ieefa.org/wp–content/uploads/2020/10/Luma–AEE–Contract–Report–IEEFA–ESP–October_2020.pdf
[2] Alfonso, O. (2018 diciembre 11). Cenizas AES. Quince años después: La pesadilla no termina en Arroyo Barril. La Perla del Sur. Recuperado en https://issuu.com/periodicolaperladelsur/docs/_edici_n_1828/1
[3] Arroyo Barril: Quedan cenizas y muerte 15 años después (2018 diciembre 12). Centro de Periodismo Investigativo. Recuperado en https://periodismoinvestigativo.com/2018/12/arroyo–barril–quedan–cenizas–y–muerte–15–anos–despues/
[4] Policía abre paso a camiones con cenizas a vertedero de Peñuelas. (2016 noviembre 23). Primera Hora. Recuperado en https://www.primerahora.com/noticias/policia–tribunales/notas/policia–abre–paso–a–camiones–con–cenizas–a–vertedero–de–penuelas/
[5] Impresionante cantidad de policías escolta camiones AES. (2017 agosto 7). La Perla del Sur. Recuperado en https://www.periodicolaperla.com/impresionante–cantidad–de–policias–escolta–camiones–de–aes–videogaleria/
[6] Bufete Emmanuelli. (2020 junio 27). Memorando de Derecho Re: Legalidad del contrato de la AEE co Luma Energy, LLC y Luma Energy ServCo, LLC
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