Para Bellum II – Engaños
El arte de la guerra se basa en el engaño.
— Sun Tzu
Hablemos de la banca de inversiones.
Es una vertiente de la banca comercial que ha provocado al menos dos grandes depresiones económicas de escala mundial en menos de un siglo tras operar algunos años con mínima supervisión regulatoria desde su pequeña sede en Nueva York. La manera en que generan sus ganancias tiene todo que ver con la destrucción social que acompaña sus prácticas.
Quienes acuden a una institución bancaria hoy día, están acostumbrados a que las cuentas de ahorro les generen modestas ganancias marginales. La inmensa mayoría de las familias en Puerto Rico no generan suficientes ingresos como para preocuparse de la rentabilidad de estas cuentas de ahorro: la precariedad en que se les ha sumergido apenas les permite algún control sobre sus cuentas corrientes. Mientras tanto, un grupo muy reducido de trabajadores, personas jubiladas y prácticamente todos los dueños capitalistas de negocios en Puerto Rico (que es un grupo más pequeño aún, pero controla una porción muy grande de nuestros ingresos), pretenden que sus ahorros generen intereses más altos que la pérdida anual del valor del dólar por inflación. Para abreviar, a estas personas les apodaremos “Jovets”.
Cuando las cuentas de ahorro regulares en los bancos comerciales no generan intereses lo suficientemente altos, las Jovets son seducidas por codicia o por la banca, a depositar sus ahorros en divisiones de banca de inversiones. La banca de inversiones hace unas apuestas tan arriesgadas con ese dinero que sus actividades pueden, y en notorias ocasiones han hecho, desaparecer la totalidad de los ahorros que les confían. Sin embargo, el destino de los ahorros de las Jovets no es la peor escena criminal producida por los timadores de la banca de inversiones.
Cuando los gobiernos de un Estado procuran levantar grandes cantidades de dinero sin levantar mayores antipatías entre la ciudadanía, recurren a préstamos. Al igual que sucede con las cuentas de ahorro regulares, el tamaño de los préstamos que procuran estos gobiernos suele exceder la capacidad de riesgo de la banca comercial donde la mayoría de las personas deposita su dinero y consigue sus préstamos. En Estados Unidos de América, y en Puerto Rico por desgraciada extensión política, estos gobiernos también acuden a la banca de inversiones. La banca de inversiones reúne los ahorros de sus Jovets para prestárselos a esos gobiernos en forma de bonos, negocian todas las condiciones de repago y se sientan a cobrar sus comisiones: cobran al gobierno por emitir la deuda y a los clientes por los intereses que le genera ese préstamo en sus ahorros. Cuando la banca de inversiones juega este rol se le conoce como una función de suscripción o seguridad contra riesgos para dos grupos de Jovets: los clientes de los suscriptores, cuyo dinero es utilizado por esos bancos para realizar el préstamo original (constituyen el mercado primario); y los clientes de otros bancos de inversiones o inversionistas individuales, que compran la deuda original en un mercado secundario, también seducidos por el mercadeo de los suscriptores.
Tras múltiples instancias de fraude que han provocado graves disloques en la industria financiera, el Estado prefiere responder con rescates bancarios y parchos regulatorios en vez de cerrar el kiosco y enjuiciar, en lo civil además de lo penal, a los banqueros fraudulentos. Entre parcho y parcho, el Estado ha aumentado la responsabilidad de los suscriptores a tal punto que ahora fungen, junto a las compañías evaluadoras de crédito como guardianes del acceso de deudores al mercado que trafica los ahorros de sus clientes.
Al menos, eso se supone.
La experiencia del gobierno de Puerto Rico con la banca de inversiones estadounidense origina, por lo menos, desde el breve mandato del primer gobernador civil nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, en 1900. Aunque la documentación histórica sobre las emisiones de deuda más antiguas de Puerto Rico no está disponible en archivos digitales o cibernéticos, sí tenemos disponible más de 20 años de documentación crediticia en el portal del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Entre las 150 emisiones de bonos del gobierno puertorriqueño que aparecen en ese portal, resalto un factor común entre ellas: el Banco Popular de Puerto Rico participó en absolutamente todas. En al menos 128 de esas emisiones de bonos, el Banco Popular de Puerto Rico, a través de su subsidiaria de inversiones, Popular Securities, ha participado en calidad de suscriptor.
El 26 de julio, mientras nuestros hermanos cubanos conmemoran el asalto al Cuartel Moncada como hito de la guerra revolucionaria en contra de la dictadura del mayor general Fulgencio Batista, Richard Carrión justificaba la imposición de una dictadura financiera en Puerto Rico y celebraba otro trimestre de ganancias millonarias para los dueños capitalistas del Banco Popular. Sus empleados, sin embargo, debían anticipar tiempos de vacas flacas en la economía y consecuencias “imprecisas” para el banco (aún cuando Carrión reitera que los bancos son reflejos de las economías en que operan).
A pesar de haber cabildeado a favor de la imposición de un “régimen” que removiera el control democrático de los fondos públicos puertorriqueños; a pesar de reconocer que la imposición de las políticas que acompañan a este régimen serán los peores meses de la depresión económica del País; a pesar de haberse enriquecido de centenas de emisiones de bonos fatulas, traficadas y asesoradas por su banco, cuando su banco era de una de las pocas instituciones llamadas a impedir el endeudamiento excesivo e insostenible del gobierno colonial puertorriqueño en el mercado de bonos; a pesar de reconocer ante el Congreso que conocía el uso impropio (o ilegal) que se le daría a los préstamos que traficó desde su banco; este campeón mundial de las caras de lechuga tiene la audacia de sermonear al país sobre la cultura que nos llevó a la perdición fiscal, económica y democrática.
Fue presidente del Comité Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF) que recomendó emitir deuda adicional a través de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), y su banco participó de absolutamente todas esas emisiones como suscriptor: asesorando a un gobierno que se endeudaba por más de $11 mil millones en solamente 3 años a través de COFINA, y participando de unos $150 millones en ganancias que recibieron los bancos de inversiones que ayudaron con ese proceso. La división de banca de inversiones que dirige es querellada por concentrar los ahorros de sus clientes en deuda perdidosa del gobierno de Puerto Rico pero pagó una multa de $125 mil para salir de la querella sin tener que responder, o los “reguladores” tener que concluir, si hubo violaciones de ley en el proceso.
Esta persona todavía recibe deferencia como formulador de opinión pública y, aparentemente, es el compás moral contra quien se debe medir a la clase política del país. Poco importa que la misma clase política lo delate como su cómplice. El problema es que su engaño, la imagen del banquero como amigo del Pueblo, no ha sido fácil de purgar del imaginario colectivo. Incluso cuando algunos saben vilificar la figura de Carrión o de Miguel Ferrer, pasan desapercibidos los demás banqueros que corroen la fibra social puertorriqueña con el matrimonio de sus actividades fraudulentas y las funciones gubernamentales.
A muchos les resulta más fácil identificar con la clase política que con la clase bancaria a los secretarios del Departamento de Hacienda o el Departamento del Tesoro, a los directores y presidentes del Banco Gubernamental de Fomento o de la Reserva Federal, y a los demás asesores y funcionarios de los gabinetes gubernamentales del Estado. De esta manera, los banqueros que realmente diseñan las políticas fiscales que producen el caos (para ellos, las ganancias) no suelen encontrar obstáculos a su prédica mesiánica en los medios de comunicación, a obtener contratos millonarios de asesoramiento gubernamental, y a enviar a sus abogados o contadores de industria como peritos reclutados por administración tras administración. Presiden comisiones legislativas cuya función es supervisar y regular a su industria, dirigen agencias cuya función es supervisar y regular a su industria, y a los jueces que demuestren lealtad a sus causas (industria) se les recompensa con sociedades en los bufetes de abogados que viven del sostenimiento de la banca.
Identificar a nuestros enemigos más visibles no será la clave para vencer a sus estrategas. Si hemos de ganar esta contienda, nos debemos esforzar por descifrar los engaños que les permiten aparentar incapacidad, inactividad, distancia, debilidad o desorden mientras mueven sus fichas en este tablero. Organicemos la resistencia.