Pausa para la auditoría
Los tropos están de moda en los medios de comunicación, cual recurso reencontrado por una generación periodística de literatos a la deriva. Entre los más condescendientes, empleado regularmente en la discusión de asuntos políticos de gran envergadura, se reduce a la audiencia a una indigencia intelectual cuya capacidad nutritiva se limita al consumo alegórico de arroz y habichuelas.
Las modas tienen una fatídica tendencia de convertirse en exigencias de estilo o estándares de calidad. Esas exigencias y esos estándares se dirigen, inicialmente, hacia la clase productiva del periodismo pero eventualmente se institucionalizan de tal manera que hasta las voces que desean elevar sus denuncias también se ven obligados a imitar la condescendencia alegórica del momento para acceder al escaso y privilegiado espacio noticioso.
Aunque los trucos publicitarios resulten útiles para la distribución masiva de un mensaje que cautive la imaginación, provoque ponderación popular sobre el tema y reclute allegados a una causa, las personas opuestas a esa causa cuentan con un arsenal de trucos publicitarios para cancelar la efectividad del reclamo, incluyendo la mentira y la desinformación.
Cuando el balance de poderes (económicos) entre las fuerzas enfrentadas en el espacio noticioso favorece a quien miente y desinforma, triunfa y se reproduce la ignorancia popular. Es decir, cuando la prensa no asume su responsabilidad hacia el público, quien para esos fines le protege y confiere derechos civiles especializados, de confrontar la propaganda, mentira y desinformación con la verdad, la prensa crea para sí una audiencia de indigentes intelectuales que aprenden a sobrevivir, alegóricamente, a fuerza de arroz y habichuelas.
La más reciente víctima de esta moda, ya sea por exigencia o acondicionamiento, es el reclamo por la auditoría independiente de la deuda gubernamental puertorriqueña. La necesidad de masificar el reclamo ha requerido diseñar estribillos, consignas y otras herramientas típicas del arsenal de la publicidad, aunque de muy poco contenido. La lógica periodística que provee a la ciudadanía rasa algún acceso a los medios de comunicación prohíbe el contenido cuando este no represente para la audiencia una oportunidad de entretenimiento. El resultado ha sido privar al público puertorriqueño de una sofisticación paulatina en el lenguaje o discurso político-financiero, haciéndonos colectivamente más vulnerables al engaño de políticos, banqueros y demás oportunistas de profesión.
Aprovecho este espacio, en este momento, para descargar un resumen del contenido que fundamenta el reclamo por una auditoría independiente de la deuda.
¿Qué significa auditar la deuda gubernamental puertorriqueña?
Existe más de un tipo de auditoría que se podría realizar en torno a la deuda gubernamental de Puerto Rico. Describiré solo las de mayor relevancia para la discusión pública actual:
- Auditorías financieras — certifican al público a cuánto asciende la deuda, cuándo vence cuánta cantidad de esa deuda, cuánto corresponde a principal y cuánto a intereses; cuándo se saldaría esa deuda y cuánto costaría saldarla,;cuáles son las instituciones gubernamentales responsables por el pago de esa deuda, y cuáles son las fuentes de repago acordadas para satisfacer esa deuda.
- Auditorías de cumplimiento — certifican al público si la deuda sujeta a la auditoría cumple con los requisitos jurídicos aplicables, incluyendo la autoridad legal para emitir esa deuda, los requisitos de divulgación inicial y continua de información financiera o legal relevante, las salvaguardas contra posibles conflictos de interés y las restricciones relativas al uso autorizado del dinero tomado a préstamo, entre otros. Estas auditorías identifican quiénes (ej. bancos, gobierno, abogados, otros auditores) tienen el deber de cumplir con cuáles requisitos jurídicos y evalúan si los están cumpliendo.
- Auditorías de rendimiento — certifican al público si el dinero tomado a préstamo se utilizó de manera efectiva (se logró lo que se propuso) y si generó eficiencias (se pueden hacer más cosas con menos recursos a partir de esa inversión) o economías (produjo ahorros netos). En caso de que no se haya utilizado efectivamente, o que no haya producido economías o mayor eficiencia, la auditoría revelaría cómo fue utilizada esa deuda para ayudar al público a trazar las posibles fallas que resultaron en un pobre rendimiento.
- Auditorías forenses — se utilizan para investigar si alguna parte (ej. banco, gobierno, abogado, otro auditor) cometió delitos o daños civiles producto de alguna conducta indebida en el proceso de emitir, vender, recomendar, suscribir, usar, pagar o dejar de pagar una deuda.
De aquí en adelante, con el fin de economizar palabras, las referencias no cualificadas a una “auditoría” o a “auditar” en este escrito significarán estas cuatro categorías conjuntamente.
Cuando la administración gubernamental de Alejandro García Padilla rechazaba el reclamo de auditar la deuda antes de continuar pagándola, su campaña de desinformación para desacreditar el reclamo, a la que se unieron comunicadores y múltiples detractores electos del ahora oficialista Partido Nuevo Progresista, se fundamentaba sobre el alegato de que ya se conocía a cuánto ascendía la deuda, cuáles entidades gubernamentales la debían y las fuentes pactadas de repago.
La administración gubernamental de Ricardo Rosselló Nevares rechaza el reclamo de auditar la deuda gubernamental alegando: primero, que sería realizada por los tribunales; segundo, que sería realizada por la Junta de Control Fiscal; y tercero, que no era necesaria porque se negociaría la reestructuración de la deuda con los acreedores; entre otros argumentos improvisados.
Antes de discutir estas alegaciones a profundidad, evaluemos los acontecimientos que han rodeado los esfuerzos más recientes (y cercanos) por completar auditorías financieras, forenses, de cumplimiento y de rendimiento de la deuda gubernamental.
En verano de 2015 se logró presionar a la administración de García Padilla para que creara, mediante legislación, la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, modelada principalmente conforme al diseño del organismo con igual nombre creado por el gobierno de Ecuador a finales de la década pasada. Su misión: auditar, de toda manera posible, la totalidad de la deuda, pública o privada, emitida por el gobierno puertorriqueño desde el año fiscal 1972-1973. Esto incluye, sin limitación, integrar auditorías financieras, de cumplimiento, de rendimiento y forenses para producir un análisis coherente sobre la deuda pública.
La Comisión operaría como una entidad independiente con poderes investigativos casi absolutos y sus investigaciones estarían sujetas a un requisito de total publicidad para beneficio de la ciudadanía. La composición originalmente plasmada en proyecto de ley confería una participación gubernamental minoritaria y una participación ciudadana mayoritaria. Esto no fue avalado por el Senado de Puerto Rico, por lo que se invirtieron las proporciones representativas, pero el acuerdo entre los integrantes de la Comisión era que los representantes gubernamentales no tomarían control de los trabajos de la Comisión. Los oficiales de la Comisión, electos entre los miembros no gubernamentales de la Comisión, eran representantes de la sociedad civil.
La Comisión se creó con una encomienda poco conveniente para una administración gubernamental que recién había emitido la deuda gubernamental más sospechosa y onerosa en la historia del mercado de valores estadounidense (el peso de estas últimas palabras no se debe subestimar). Quizás a eso se debió la negativa de nombrar a los miembros que constituirían la Comisión y, posteriormente, la negativa de cumplir con los requisitos legales de asignarle a la Comisión un presupuesto para cumplir con su misión.
Un grupo de personas interesadas en impulsar una auditoría ciudadana e independiente de la deuda gubernamental, enterado del terreno ganado en materia de legislación, inició una fuerte campaña de presión pública para lograr que el gobierno de turno hiciera los nombramientos necesarios para constituir a la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. Eso tardó más de seis meses pero finalmente se logró en enero de 2016. Sin embargo, tardaría otros nueves meses para que la Comisión recibiera el primer desembolso parcial de un presupuesto parcial que también tuvo que ser presionado públicamente.
A pesar que la Comisión no podía comenzar el trabajo encomendado sin un presupuesto para operar, sí logró reunir algunos donativos e importantes horas de trabajo voluntario a partir de su momento de constitución para planificar y poner a prueba algunas hipótesis investigativas. El trabajo voluntario produjo dos importantes informes: muestreos que servirían para ilustrar públicamente el tipo de irregularidades que se deben auditar con el debido rigor y demostrar el potencial fiscal y económico de una inversión modesta en los trabajos de la Comisión.
A cambio de un presupuesto estimado de $5.6 millones de dólares (en total, no recurrentes), la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público ofrecería al público puertorriqueño el análisis pericial necesario y supliría importantes lagunas jurídicas en el derecho puertorriqueño de financiamiento público para confrontar a los representantes legales y políticos de quienes pretenden cobrarnos más de $100 mil millones en deuda.
En su primera muestra, a base de una evaluación preliminar de tan solo dos emisiones de bonos, la Comisión levantó bandera sobre la posible inconstitucionalidad e ilegalidad de más de $33 mil millones de dólares en el principal de la deuda gubernamental, o cerca del 50% de la deuda generalmente reconocida. En su segunda muestra, publicada en septiembre de 2016, la Comisión advirtió sobre la posibilidad de que la Autoridad de Energía Eléctrica estuviera inflando sus cifras financieras durante 10 años o más, con la ayuda de auditores y banqueros, para emitir deuda cuando no tenía capacidad legal para hacerlo.
Los señalamientos preliminares del primer informe, que incluyen desde subterfugios para burlar límites constitucionales de endeudamiento público hasta incumplimientos con leyes y regulaciones bancarias del gobierno federal estadounidense, proveyeron base suficiente para persuadir al Congreso a disponer para la protección del trabajo realizado por la Comisión en la Sección 413 del Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA).
Transcurrido más de un año desde la aprobación de la ley y apenas un mes previo a las elecciones generales, el gobierno de García Padilla se digna a realizar el primer desembolso parcial de una asignación presupuestaria correspondiente al año fiscal anterior. Entonces comienzan los esfuerzos de reclutar el personal necesario para el funcionamiento de la Comisión, además de coordinar las subastas de los primeros contratos de auditoría.
La primera subasta pública para servicios de auditoría financiera, de cumplimiento, de rendimiento y forense, a ser realizadas conforme los estándares de auditoría de la Oficina de Contabilidad Gubernamental del gobierno federal estadounidense, se adjudicó en diciembre de 2016, tras un mes de competencia entre múltiples licitadores, y se firmó el contrato en enero de 2017. La empresa Macias, Gini & O’Connell (MGO) resultó ganadora: ni la empresa ni sus auditores habían auditado al Gobierno de Puerto Rico y nunca han participado de manera alguna en las emisiones de bonos de las entidades públicas puertorriqueñas; su portafolio incluye complejas auditorías de cumplimiento, de rendimiento y forenses a nivel estatal, municipal y de condados en el estado de California, particularmente centradas en la detección y prevención de fraude financiero; y auditan anualmente más de $40 mil millones en deuda gubernamental emitida por otras jurisdicciones en el mercado de bonos de Estados Unidos.
En febrero de 2017 se desmanteló la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico. No se pudo comenzar la primera auditoría.
El desmantelamiento de la Comisión por parte de la administración gubernamental de Rosselló Nevares la facilitó el gobierno de Alejandro García Padilla. El primero aprovechó una coyuntura política conveniente para deshacerse de un proyecto político inconveniente para algunas figuras claves en su campaña electoral y gabinete gubernamental, y el segundo postergó lo más posible la implementación de una estrategia política que temía le podría salpicar grandes cantidades de lodo a su propia administración gubernamental.
García Padilla y Rosselló Nevares actuaron conjuntamente para prevenir la primera investigación formal del endeudamiento público puertorriqueño a realizarse mediante auditorías y otros mecanismos que revelarían o confirmarían las irregularidades en las que han participado los banqueros, contadores y abogados que administran nuestras finanzas públicas con un cheque en blanco de la clase política. ¿Por qué?
La auditoría como estrategia
Las víboras que se desempeñan en la industria de la banca atesoran la “discreción” y, en la medida que se le ha permitido a la clase ejecutiva de la banca privada tomar control del fisco y de la banca gubernamental, esa cultura de “discreción” ha permeado durante décadas hacia la esfera pública.
Los porteadores de esta enfermedad han sido los gabinetes financieros y fiscales de las administraciones gubernamentales. Esa discreción, aplicada a las finanzas públicas, es comúnmente conocida como clandestinaje si estuviéramos hablando de cualquier otro grupo terrorista. Tan grave se encuentra el paciente que la pasada administración intentó encubrir importante información financiera del gobierno bajo el manto constitucional del privilegio del Ejecutivo, creando una equivalencia entre la información sobre el manejo (bancario) de las finanzas públicas y la información militar-policíaca de seguridad nacional. La actual administración hasta dispuso legalmente para la confidencialidad de la misma información, aprovechando el caos creado temprano en su cuatrienio para que dicha clasificación pasara por desapercibida.
Enfrentado el Pueblo de Puerto Rico con la industria bancaria hegemónica, tanto en la Junta de Control Fiscal como en la administración del gobierno electo, no debe sorprender la resistencia tenaz del oficialismo a una auditoría como la descrita anteriormente.
A grandes rasgos, la deuda pública se ve representada jurídicamente como una relación contractual: quien presta el dinero al gobierno asume el rol de acreedor y quien toma el dinero a préstamo asume el rol de deudor. Tanto el acreedor como el deudor entran en esta relación contractual a través de intermediarios, quienes a su vez entran en relaciones contractuales, ya sea con el acreedor, con el deudor o con ambos.
Casi toda la deuda emitida por el gobierno de Puerto Rico se emitió sujeta al derecho contractual puertorriqueño y, en Puerto Rico, los contratos deben cumplir con algunos requisitos legales para que puedan ser válidos y exigibles. Uno de esos requisitos es que la obligación contractual no puede ser contraria a las leyes, a la moral ni al orden público. Cualquier obligación que incumpla con este requisito tiene una alta probabilidad de hallársele nula por un tribunal competente.
Las obligaciones contractuales nulas no son exigibles. Es decir, la deuda nula no se tiene que pagar.
Si una auditoría de la deuda gubernamental puertorriqueña confirma las observaciones que hiciera la Comisión respecto al incumplimiento de leyes, incluyendo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a la hora de emitir deuda, el deudor insolvente (las instituciones públicas del Gobierno de Puerto Rico y, económicamente, sus constituyentes) tendría a su disposición un mecanismo jurídico para “reestructurar” unilateralmente su deuda bajo las leyes (y los tribunales) de Puerto Rico. Este mecanismo le permitiría salir de los parámetros jurídicos dispuestos por PROMESA, una ley federal que ocupa el campo jurídico en materia de quiebras en los territorios coloniales de Estados Unidos, para resolver un importante segmento de la crítica situación de sobreendeudamiento público.
Recordemos que cerca de la mitad de la deuda pública comúnmente reconocida enfrentaría problemas de nulidad conforme el primer estudio preliminar realizado por la Comisión. Si esto ocurre, es posible que el Gobierno no tenga que resarcir hasta la mitad del dinero que los banqueros tomaron prestado de sus clientes. A su vez, este impago provocaría una total desconfianza de los clientes en sus bancos: ¡el banco apostó con sus ahorros y perdió! La pérdida de clientes es la próxima consecuencia previsible para los banqueros, según quedó evidenciado con las corridas a los bancos Bearn Sterns y Lehman Brothers hace diez años.
Los banqueros temen las consecuencias de una auditoría integral, y ese temor lo debe utilizar un gobierno astuto, aún cuando no busque desestabilizar la base comercial de la banca, para fortalecer la posición desde la cual pretende negociar una reestructuración voluntaria de la deuda. La amenaza no puede ser fingida: tiene que ser creíble. Si la banca no está dispuesta a ceder, el gobierno tiene que estar dispuesto a buscar la nulidad de sus acreencias.
No hemos tenido gobiernos astutos, sino cómplices y sumisos. La banca hizo una amenaza muy creíble: dejarían de ofrecer dinero prestado a precios razonables si no se imponían medidas de austeridad fiscal que les garantice una mayor proporción del gasto público a través de productos financieros de alta rentabilidad. Eventualmente desgastaron su capital político para imponer estas políticas desde la autonomía territorial y se impusieron a través de legislación federal: nace PROMESA, de padre Demócrata y madre Republicana, y con PROMESA la Junta de Control Fiscal.
¿Por qué no tenemos un cuerpo político que presente una respuesta agresiva y creíble, empezando por una auditoría integral de la deuda, frente a las amenazas de un sector privado sujeto a su poder regulatorio?
Parte de la contestación a esa pregunta es que el liderato político no entiende la estrategia detrás de una auditoría.
El gobernador García Padilla, quien tuvo que reconocer a regañadientes la necesidad de auditar la deuda en una vista pública ante el Senado de los Estados Unidos, entendía que comisionar estudios de liquidez y recopilaciones financieras de información pública provista selectiva y voluntariamente por el gobierno constituye un sustituto adecuado de la auditoría integral de la deuda porque les permitía concluir y demostrar que el gobierno territorial es un deudor insolvente. Desde esta posición de debilidad probada, aparentemente apelando a la misericordia de los herederos éticos del Shylock shakesperiano, es que pretendían completar varios procesos de reestructuración voluntaria: primero con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica y luego con los acreedores de varias obligaciones del gobierno central y de su colección de corporaciones fantasmas. El resultado paupérrimo de esa estrategia no sorprendió.
La actual administración, capitaneada por Rosselló Nevares, también ha demostrado una profunda confusión con la estrategia de auditar la deuda. Tras desmantelar operacionalmente a la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, la primera defensa presentada alegaba que la auditoría le correspondía realizarla al tribunal federal. El disparate no fue confrontado por la prensa y se propagó sin filtro entre una ciudadanía que no cuenta generalmente con una preparación pericial que le permita discernir por qué constituye un disparate jurídico.
Poco después, La Fortaleza comenzó a sustituir el disparate por desinformación y falacias. Alegaron que el gobierno suspendió los trabajos de la Comisión porque la Comisión no tiene poder adjudicativo alguno sobre la deuda pública, una facultad reservada para el tribunal federal. La falacia principal es que argumentan contra planteamientos nunca realizados, pues nunca se ha alegado, ni en su ley orgánica se había dispuesto, que la Comisión tuviera el poder de adjudicar controversias entre el Gobierno y sus acreedores financieros. Como cuestión de orden constitucional, ese poder siempre recae sobre el Poder Judicial con jurisdicción para atender la controversia.
Por el contrario, la Comisión tiene la encomienda de favorecer el interés público de Puerto Rico al identificar nuevas controversias entre el Gobierno y sus acreedores, de manera que se puedan utilizar para apalancar el proceso de negociación o el sistema adversarial a favor de los constituyentes y contribuyentes. Aceptar el segundo argumento de la actual administración sería el equivalente a dar por bueno el despido de todos los fiscales del Departamento de Justicia porque los tribunales son los encargados de determinar la culpabilidad de un acusado.
Los próximos argumentos de la administración de turno surgen desde la Asamblea Legislativa.
El primero, presentado por la presidencia de la cámara baja, alega que la auditoría de la deuda le corresponde a la Junta de Control Fiscal, quien se encargará de hacerla y sería costeada también con los fondos públicos del pueblo de Puerto Rico. Recurre al populismo que reclama la eliminación de redundancias en el gasto gubernamental, planteando el asunto como uno de duplicidad de esfuerzos. El problema es que apuesta a la ignorancia o vagancia intelectual de su audiencia.
Los últimos incisos de la Sección 104 de PROMESA facultan a la Junta de Control Fiscal a investigar las prácticas de compraventa de los bonos emitidos por el gobierno para revelar si se siguieron las leyes y regulaciones correspondientes en la venta u oferta de esos bonos a compradores minoristas en el mercado de valores. Si decide investigar, está obligada a hacer públicos los hallazgos de esas investigaciones.
Estos poderes investigativos no son equivalentes a una auditoría, aunque bien podría realizarse a través de ese mecanismo. Además, si recordamos los diversos tipos de auditorías vemos algunas similitudes con la auditoría de cumplimiento pero nada que apunte a las otras tres auditorías que se integrarían en el trabajo de la Comisión.
Para salir de dudas, la Junta de Control Fiscal no ha dado indicio alguno de querer auditar la deuda gubernamental puertorriqueña. El contrato otorgado a la empresa de la Milla Cuadrada londinense, Ernst & Young, para asesorarle en su evaluación de las finanzas y el endeudamiento gubernamental, dice expresamente que no ofrecerán servicios de auditoría financiera, de detección de fraude o actos ilegales. Esto tampoco nos debe extrañar.
En primer lugar, Ernst & Young fue señalada por el segundo informe de muestreo de la Comisión como partícipe de un esquema de impericia financiera que le facilitó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) inflar sus ingresos para permitirle tomar más dinero prestado. Sin la colaboración de Ernst & Young, empresa encargada de auditar las finanzas de la AEE por 15 años consecutivos, la AEE no hubiera podido emitir deuda durante nueve de los diez años fiscales transcurridos entre 2004 y 2013 porque no cumplía con los requisitos para obtener la autorización necesaria.
En segundo lugar, la composición de la Junta de Control Fiscal tampoco se presta para iniciar procesos investigativos que puedan ser controversiales para la industria de la banca. Tanto sus miembros como sus empleados y contratistas tienen profundos vínculos con la industria y, muy especialmente, con algunos de los mayores protagonistas de esta debacle: el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, COFINA y AFI; Santander Securities (Banco Santander); Oriental Financial Services (OFG Bancorp); BBVAPR MSD, BBVA Securities of Puerto Rico y BBVA Capital Markets of Puerto Rico (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria); Popular Securities y BP Capital Markets (Banco Popular); Triple-S; O’Neill & Borges; entre otros.
Atendido el primer argumento de la presidencia de la Cámara de Representantes, pasemos a un argumento de menor rigurosidad intelectual: que la auditoría no es necesaria porque la reestructuración de la deuda se lograría mediante negociaciones con los acreedores bajo el Título VI de PROMESA. Es la misma estrategia perseguida por la administración de García Padilla con una pequeña diferencia táctica: en vez de apelar a la misericordia de los buitres, apuestan a la mano dura de la austeridad fiscal para “ganarse la credibilidad” de sus amos en el sector bancario. Aunque resulte menos patética que la anterior, la estrategia sigue entrando a un proceso de negociación desde una posición de debilidad.
Mientras tanto, los argumentos presentados desde la presidencia del Senado se limitan a defenderse de ataques infundados que nunca se han hecho desde la Comisión o de parte de alguna persona involucrada con los esfuerzos de auditoría. No es necesario afirmar que la Rama Legislativa no ha cometido irregularidades en los procesos de emisiones de deuda pública porque ninguna parte de la deuda pública fue emitida por la Asamblea Legislativa. Las votaciones a favor o en contra de proyectos de ley, redactados por la Rama Ejecutiva, que autorizan poderes amplios con lenguaje vago para emitir deuda, sin tener a su disposición la información financiera necesaria (recordemos el planteamiento del privilegio del Ejecutivo), no es constitutivo de delito alguno. Si esas leyes sobreviven un escrutinio de legitimidad es un asunto aparte.
El destino de la Comisión y la privatización de la auditoría
Algunos miembros de la Comisión, quienes fueron incorrectamente destituidos por el gobernador Rosselló Nevares el mes pasado, no están dando por vencida la importante estructura investigativa a la que contribuyeron. Presentaron una demanda para ser restituidos a sus puestos en la Comisión y aún está pendiente de resolución.
Cada día son más las personas que se unen al reclamo del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y exigen que se continúe el trabajo encomendado en la ley habilitadora de la Comisión.
La Comisión está inoperante pero no ha muerto. La distinción es sumamente importante. Mientras viva la Comisión existe una obligación del Gobierno de auditar integralmente la deuda pública. Mientras viva la Comisión existe una entidad con poderes investigativos extraordinarios en nuestro ordenamiento jurídico, cuya responsabilidad es hacia el interés público puertorriqueño y no hacia los acreedores ni la clase política. Mientras viva la Comisión sigue vigente la renuncia condicionada del Ejecutivo a cualquier alegado privilegio de confidencialidad en materia de finanzas públicas. Mientras viva la Comisión podremos auditar y conocer la verdad.
Algunas personas proponen que, por iniciativa y con financiamiento propios, los ciudadanos auditemos la deuda si el Gobierno no la quiere auditar. La invitación incluye, además, una aseveración de que hacerlo así produciría igual o mejor credibilidad que el producto del trabajo de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.
Como regla general, comparto el escepticismo hacia el Estado y lo que de ahí pueda producirse. Sin embargo, debemos tener presentes que la privatización de esta encomienda vendría acompañada de un alto precio. La Comisión es una creación sui generis dentro de las estructuras del Estado por una importante razón: su poder de investigación supera el de cualquier otra única institución gubernamental y su alcance investigativo es muy superior al derecho de información que los tribunales le han querido reconocer a la ciudadanía, incluso cuando se ha reclamado al amparo de la libertad de prensa.
Favorezco, y favoreceré siempre, que la ciudadanía se organice y constituya en estructuras plenamente democráticas para auditar las finanzas públicas. Además de las ventajas organizativas predecibles, produciría una capacitación general invaluable a la hora de abordar estos temas colectivamente. El camino será empinado, y la lucha extensa, pero no nos podemos quitar.