Privatización carcelaria por la cocina

La lógica neoliberal de mercantilizar lo que en su momento fueron servicios y bienes públicos no es reciente. Ya llevamos décadas viendo cómo la colonización privatizadora de servicios esenciales del moribundo Estado de bienestar –que es una pandemia sistémica- resquebraja las garantías públicas básicas para una vida común mínimamente digna. El cálculo economicista desborda las políticas públicas y sirve de norte para la subsistencia normativa y práctica de un sistema económico y político que se ampara en la desigualdad. Puerto Rico vive un momento de desposesión como pocos en su historia reciente, y al aluvión privatizador de servicios y bienes públicos se le suma la propia institución carcelaria, tan importante para intentar contener los efectos y las reacciones más virulentas de la sociedad de la inseguridad. Obviando el mandato constitucional de la rehabilitación, las proyecciones de austeridad para el sistema penitenciario proyectan una privatización directa de algunas instituciones, el cierre de otras y el traslado masivo de personas confinadas a cárceles privadas en Estados Unidos.

En las próximas semanas, según advirtió el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, se concluirá el proceso de selección de las entidades privadas que custodiarán en territorio estadounidense hasta más de un tercio de la población penitenciaria puertorriqueña. Esta contratación, afín con la resucitación lucrativa que la administración de Trump ha representado para el negocio de las cárceles, se da en el marco de unas medidas de austeridad cónsonas con la asfixia del sector público y el correlativo beneficio del sector privado. Aparte de todas las dudas que surgen legítimamente sobre el proceso por el cual hasta 3,200 personas confinadas serán trasladadas a estas instituciones, es imperativo reflexionar sobre las condiciones y los reclamos que han caracterizado las cárceles privadas dentro del complejo industrial de la prisión.

La industria de la privatización del sistema carcelario comenzó en 1983, en pleno apogeo de las políticas neoliberales de la administración de Reagan, con la creación de Corrections Corporation of America (CCA). La sobrepoblación penitenciaria, heredera de las políticas de la guerra contra las drogas comenzada por Nixon, y una visión minimalista del Estado y del gasto público, crearon las condiciones para que el sector privado asumiera progresivamente lo que históricamente le había sido encargado al ámbito público. El lema publicitario de CCA durante la década de 1980, en pleno crecimiento especulativo del negocio, fue que podían operar las prisiones “with less staff than the public sector would have needed”. GEO Group, su competidora por excelencia, comenzó también a operar, entre otros, centros de detención de inmigrantes durante esa década, convirtiéndose en la segunda corporación más importante de contratación sobre administración carcelaria.

No obstante, no es hasta la década de 1990, principalmente mediante la legislación cabildeada por la poderosa organización American Legislative Exchange Council (truth in sentencing y three strikes legislation), que ocurrió un ascenso sin precedentes en el número de personas privadas de su libertad. Esta consolidación de los efectos más cruentos de las políticas criminales de guerra contra las drogas y de ley y orden encontró en las cárceles privadas una válvula de escape para el incremento en gasto público que representaba el ascenso en la población penitenciaria. En gran medida, como resultado de esta colaboración entre esta gigante del cabildeo legislativo y este negocio privado, se calcula que desde el 1990 hasta el 2010 esta industria ha incrementado en 1600%, y que anualmente genera ganancias de aproximadamente $3,000,000,000. Una de las más recientes colaboraciones para obtener más “clientes”, fue la polémica legislación de Arizona en 2010, seguida por otros estados, de autorizar a los agentes poder arrestar arbitrariamente personas que parecieran encontrarse en el país de forma ilegal.

La administración de Obama, a raíz de un informe de agosto de 2016 del Departamento de Justicia federal, encontró serios problemas de seguridad en estas prisiones, un gasto del erario que no era costoefectivo, y precariedad en programas educativos y vocacionales. Así, y unido a la merma de la población penitenciaria, se determinó cesar gradualmente la contratación de cárceles privadas en el ámbito federal. Esta decisión surgió cuando entre 2010 y 2015 se presentaron más de 1,000 demandas federales contra CCA, de las cuales la mayoría son por violaciones a derechos civiles, a falta de atención médica y lesiones durante el confinamiento. Además, organizaciones como la ACLU, Amnistía Internacional y The Sentencing Project, entre otras, han sido vocales en la denuncia de graves violaciones a derechos civiles y humanos en estas instituciones.

Pese a ello, el día después de la victoria de Trump, las acciones en bolsa de las dos gigantes de la industria crecieron exponencialmente, y poco después la decisión de no contratar con estas fue revertida. Ya en Puerto Rico tuvimos una nefasta experiencia con estas instituciones. ¿Conocen esto nuestras personas confinadas y sus familiares? ¿Vale la pena arriesgar la resocialización por un ahorro al erario? ¿Qué garantías hay de respetos básicos a derechos fundamentales y humanos en estas prisiones? ¿Qué coherencia hay entre cerrar cárceles y aprobar cada vez más normas penales? Hoy son ellos, ¿pero mañana quiénes?