¿Qué significa privatizar?

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Con el tiempo, mediante el uso de la fuerza y la violencia, ciertos grupos humanos acapararon privadamente recursos que antes eran comunales; lo que les permitió utilizarlos para acumular privadamente la riquezas producidas por el trabajo de otras. Ese es el origen del derecho de propiedad, el cual constituye una construcción jurídica que normaliza el control exclusivo por algunos, de recursos que son sustraídos del disfrute colectivo.

El derecho de propiedad privada consiste de un conjunto de facultades que el sistema de derecho le reconoce al titular de determinados bienes, y que incluye la facultad de aprovecharlos directamente, explotarlos económicamente, transferirlos, gravarlos, arrendarlos, cederlos o venderlos, entre otras. Pero, sobre todo ello, la característica principal, es que le permite a su dueño evitar que sean disfrutados por cualesquiera otras personas sin su autorización. Así, el derecho privado de propiedad permite que su titular pueda privar a los demás de la capacidad de servirse de los bienes que le pertenecen; aunque él mismo no le tenga uso y las demás personas lo necesiten para satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, el dueño de una cosecha puede decidir que se pierda toda o en parte, antes que hacerla disponible a quienes padecen hambre; pues su derecho patrimonial tiene prevalencia sobre las necesidades de los demás. Ese tipo de práctica es muy común en el capitalismo, donde los dueños de las empresas en ocasiones prefieren botar alimentos, antes que bajar los precios. Así de fuerte es el derecho de propiedad en nuestro sistema jurídico, que incluso prevalece sobre la preservación de la vida.

De tal modo, el derecho de propiedad es un derecho de privación y de exclusión, más que de uso. Y claro, no es lo mismo hablar del derecho de propiedad privada sobre nuestro cepillo de dientes (sobre el cual nadie mas debe tener una expectativa de uso compartido); que referirnos a la propiedad privada de los medios y recursos con los que cuenta determinada comunidad para garantizar la vida y el progreso general de sus habitantes.

Al organizarse en función de derechos de patrimoniales, las instituciones sociales operan con el propósito de incrementar y acelerar el acaparamiento de la riqueza producida socialmente, en manos de quienes han conseguido controlar privadamente los recursos disponibles, con lo que consiguen excluir a otras personas de la capacidad de aprovechamiento directo. A pesar de que el derecho de propiedad privada antecede históricamente al capitalismo, el capitalismo globalizado ha potenciado el que una ínfima minoría de la población mundial monopolice los medios económicos que necesitan las inmensas mayorías para poder garantizar su subsistencia; al punto de que en los últimos años sobre el 80% de la riqueza producida por todos los habitantes del planeta pasó a engrosar las fortunas de una fracción del 1% de la población total. En función de derechos de propiedad sobre los medios económicos, esa elite capitalista acumula en manos privadas recursos esenciales para poder garantizar una vida digna a las mayorías planetarias.

Actualmente, las entidades más representativas del tipo de arreglo institucional basado en derechos de propiedad privada son las corporaciones de capital, que usualmente denominamos como empresas privadas. Las mismas se estructuran sobre el derecho de propiedad de sus inversionistas sobre la operación económica. En tales entidades, la participación de cada cual depende de la cantidad de dinero o valores invertidos, que es lo que determina el peso relativo de cada cual en su gestión y en el aprovechamiento de los beneficios generados. Todo en ellas discrimina entre unas y otros en función del dinero. Son organizaciones literalmente estructuradas bajo el motivo de tanto tienes tanto vales. 

Ahora bien, el desarrollo de la humanidad nunca ha sido unidimensional. Simultáneamente, a la sofisticación y ampliación de sistemas organizativos fundamentados en la tenencia de propiedad; la humanidad también ha sabido transitar por el camino de la igualdad y la inclusión. Mientras en el ámbito económico se expande y profundiza la desigualdad entre las personas, en otros campos del quehacer humano se ha ido fortaleciendo un principio de humanidad que reconoce que, dentro de nuestra amplia diversidad, todas las personas compartimos una esencial dignidad humana que nos hace acreedores de iguales derechos y de una misma valía. El reconocimiento de esa igualdad esencial compartida universalmente por la especie humana, nos impone una responsabilidad de unos para con otros, pues el pleno reconocimiento de los derechos de los otros seres humanos es la única justificación ética y amparo del reconocimiento de los nuestros. Son contextos en los cuales hemos instituido los objetivos del bien común y la necesidad de prácticas democráticas, como mecanismos consustanciales al ejercicio del principio de igualdad humana.

El tipo de instituciones sociales en el cual se parte de la premisa de que todas las personas tenemos una misma serie de atributos esenciales, por los que compartimos un derecho igualitario de participar y de beneficiarnos de estas, las llamamos instituciones democráticas. Las mismas, en cuanto reconocen iguales derechos a las personas por el solo hecho de ser seres humanos, constituyen el opuesto de las instituciones estructuradas sobre la diferenciación entre personas en función de su patrimonio.

Ahora bien, por cuanto históricamente el escenario más evidente del tipo de estructura democrática suelen ser los Estados donde existe un derecho universal ciudadano al voto para elegir a los gobernantes; se tiende pensar en el concepto de lo “gubernamental” como aquello que se opone a lo “privado”. En la medida en que el ámbito de nuestras prácticas democráticas se constriñe a los espacios políticos gubernamentales, algunas piensan que con solo convertir las instituciones privadas en propiedad gubernamental, es suficiente para cambiar su naturaleza antidemocrática y excluyente, aunque no se altere la lógica de derechos patrimoniales sobre los que operan.

Los cooperativistas pensamos de forma distinta. Y es que, el hecho de que una empresa o recurso sean de propiedad estatal, no necesariamente implica que serán manejados democráticamente y en beneficio colectivo; pues muy bien el Estado, como titular, puede operarlos enajenando a la ciudadanía para beneficiar intereses privados. Por eso, para los cooperativistas, lo determinante no es entonces si una institución, organización o empresa es propiedad de personas privadas o pertenece al Estado, pues esa diferencia muchas veces resulta artificial. De lo que se trata es de examinar si estamos ante una entidad estructurada y operada de forma excluyente sobre la base de derechos de propiedad, o si, por el contrario, se trata de una inclusiva, manejada democráticamente sobre la base de derechos igualitarios personales de los participantes.

En ese sentido, el cooperativismo es una doctrina que plantea la extensión de las prácticas democráticas a todos los confines del quehacer social, incluyendo el ámbito empresarial. Planteamos el concepto de la democracia económica, que reconoce el derecho igualitario de las personas de participar democráticamente de la gestión económica de las empresas en las que trabajan y consumen, con independencia de su tenencia de propiedad, y donde el control de sus activos suele ser colectivo. Ese tipo de sistema empresarial, en vez de ser excluyente y exclusivista, es incluyente y expansivo; pues tiene como fundamento la mera humanidad de los participantes y la satisfacción de sus necesidades reales por encina de todo interés privado de acumulación de riquezas. Entre esas empresas democráticas tenemos varias formas de emprendimientos económicos como, por ejemplo, las cooperativas, mutuales y entidades sin fines de lucro de gestión participativa.

Por eso, los cooperativistas no nos conformamos con que un servicio esencial o una empresa sea propiedad del gobierno, si el gobierno la maneja autoritariamente en beneficio de intereses privados y excluyendo el control ciudadano de su gestión.

Ese es precisamente el dilema con la AEE. En manos del Gobierno la misma no ha funcionado siempre en atención de los mejores intereses de la población, sino de correligionarios, bonistas y el cartel del petróleo; pues carece de mecanismos reales de participación ciudadana que nos permitan incidir colectivamente de manera directa en la forma en que se administra y opera. El dilema no se ciñe entonces a si una empresa es de propiedad gubernamental o privada: la verdadera contradicción es entre privatizar o democratizar su gestión y el reparto de los beneficios generados.

En ese contexto, no hay duda de que el traspaso de la AEE a LUMA constituye un paso gigante en la dirección equivocada, pues se fortalece un sistema basado en derechos de propiedad y se restringe aun mas el derecho democrático de nuestro pueblo a controlar su sistema de distribución eléctrica, incluso de forma indirecta. Por eso, defendemos una AEE democrática, donde sea la ciudadanía, compuesta de consumidores y trabajadores, quienes la gobiernen y determinen cómo mejor sirve al país. Es decir, la queremos en manos boricuas para beneficio colectivo del pueblo, y donde la ciudadanía tenga verdadera capacidad para tomar determinaciones sobre su rumbo y operaciones.

El neoliberalismo, como doctrina dominante en el planeta durante el último medio siglo, ha representado un movimiento global de las sociedades hacia espacios y prácticas que se alejan de la democracia, y se acercan a la conversión de todo en estructuras excluyentes de derechos de propiedad. De ahí el movimiento hacia la privatización, es decir, hacia la operación y control por manos privadas de todas aquellas empresas e instituciones que en algún momento respondían de manera mas o menos directa al principio de control democrático. De esa manera, hemos visto cómo se ha ido achicando el ámbito de acción de los Estados, lo que, a su vez, significa limitar los espacios de participación ciudadana sobre el conjuntos de instituciones a través de las cuales se reproduce su vida colectiva.

En Puerto Rico, ese movimiento nos ha llevado a la privatización del sistema de salud, puertos, carreteras, turismo y ahora de la AEE, para mencionar algunos. Pero nada de eso ha sido lo mas grave. Somos un país en el cual su institucionalidad democrática ha sufrido el embate mas severo posible al que los intereses privados pueden someter colectivamente a un pueblo. Con su cabildeo en el Congreso de la metrópolis colonial, intereses privados consiguieron destruir el limitado espacio de gobierno democrático con el que contábamos en Puerto Rico, logrando que se nos impusiera una Junta de Control Fiscal (JCF). Esa Junta está compuesta por 7 personas no electas, que representan los intereses privados de los acreedores del Gobierno, y que nos rigen totalitariamente, privándonos de cualquier ejercicio real de derechos democráticos de autogobierno. De tal modo, actualmente vivimos en un país cuyo gobierno es administrado antidemocráticamente en función de la protección de los derechos patrimoniales de los acreedores, y no de los derechos humanos de su población. Es decir, vivimos en un país con un gobierno privatizado. 

Ese combate que vive la humanidad entre quienes fomentan el dominio de las instituciones excluyentes basadas en la tenencia de derechos patrimoniales como medio para organizarlo todo; y quienes luchan por expandir las prácticas democráticas inclusivas bajo un sistema de derechos personales, definirá el futuro del planeta.

Y es que cuando una sociedad se organiza primordialmente en torno a derechos de propiedad, las dinámicas sociales promueven el individualismo y la competencia incesante por acaparar privadamente recursos económicos que nos posicionen sobre los demás, negando el principio de igualdad humana y profundizando ideologías despreciativas hacia quienes consideramos menos. No olvidemos que el capitalismo moderno debe su desarrollo a la esclavitud y el colonialismo (claros ejemplos de organizaciones sociales en las que los derechos propietarios de unos niegan radicalmente los derechos humanos individuales y colectivos de otros). Por el contrario, cuando una sociedad prioriza en la capacidad democrática de sus habitantes de servirse colectivamente de los recursos disponibles, se promueve la colaboración y la solidaridad. En las sociedades donde priman los derechos propietarios la competencia impone, por naturaleza, dinámicas desiguales entre ganadores y perdedores, privilegiados y excluidos, merecedores e indignos. En cambio, las sociedades democráticas orientadas por principios colaborativos de igualdad humana, procuran el bien común a través de prácticas sociales de ayuda mutua, desprendimiento, compasión y caridad.

Por eso, las soluciones a nuestros problemas colectivos tenemos que gestarla por rumbos contrarios a la privatización; promoviendo arreglos democráticos cada vez más amplios y profundos dentro de cada espacio social en el que nos desenvolvemos. Ciertamente eso incluye expulsar a la JCF y reclamar nuestro derecho colectivo a auto-determinarnos y auto-gestarnos sobre bases de igualdad humana. Es de esa lucha por desarrollar y perfeccionar la democracia de donde va a surgir ese otro Puerto Rico justo, solidario, inclusivo y equitativo al que aspiramos.