¿Quién representa la mayoría?

El primero de mayo participé de la marcha- protesta contra la Junta de Control Fiscal y las propuestas hechas para quitar derechos, empobreciendo más a nuestro pueblo. La Junta dictatorial, justifica sus medidas alegando que van encaminadas a la recuperación económica y al regreso a los mercados de crédito. No hay estudios que la Junta haya mostrado al pueblo, a sus funcionarios electos, que demuestren que sus medidas tendrán ese resultado. Esa información le ha sido requerida por el Senado de Puerto Rico y hasta ahora se le ha negado. El derecho a educación pública y accesible es un derecho adquirido de nuestro pueblo. El derecho a que, luego de pasar un periodo probatorio ya establecido en  ley, no se pueda despedir sin justa causa, al empleado que lo pasó, es un derecho adquirido. Son derechos adquiridos los días por vacaciones, por enfermedad y el bono de navidad. Para modificar esos derechos, debería haber un debido proceso de ley, una justificación que surja de prueba robusta y convincente que lo acredite, demostrando que es esencial hacerlo para la meta de recuperación establecida.

La teoría de que retirando dinero de mercado para hacer ahorros va a producir una recuperación económica sustancial, es una teoría que genera profundas   discusiones entre los economistas y administradores que la promueven y la cuestionan. En un sistema democrático, el pueblo debe ser representado por sus funcionarios electos, sus decisiones pueden ser revisadas por la rama judicial para ver si son conformes a la Constitución que les rige, a la moral y al orden público. Nada de esto es posible con la Junta de Control Fiscal que por virtud de la ley Promesa,  evita que se les pueda demandar por sus actuaciones. La Junta entiende que tiene un poder plenipotenciario sobre Puerto Rico y que actúa conforme a la inmunidad que le fue conferida. Esta es la paradoja existencial: Los que protestan contra la Junta y sus medidas, son una minoría numérica que representan los intereses de la mayoría que no protesta, que solo observa. El gobernador de Puerto Rico que cree que es el Comandante en jefe de la policía, que dirige un agente del FBI, utiliza la fuerza  policiaca para reprimir los manifestantes que protestan defendiendo los intereses de la mayoría del pueblo.

Los actos y expresiones del gobernador nombrado para representar los intereses de todos los sectores del pueblo de Puerto Rico, defienden los intereses de la Junta de Control, de los acreedores y de los bonistas, sean o no legítimos, sean o no boricuas. Defiende los intereses del cobro de una deuda que no ha sido auditada, que es ilegal en todo o en parte. Se creó previo a la marcha un clima de pánico entre los sectores comerciales del área de Hato Rey, del gobierno y de la prensa comercial y pública. Ese clima justificaba previamente el uso de la fuerza para reprimir a los manifestantes. No era difícil predecir que en algún momento iban a atacar a los manifestantes. Se acorralaron periodistas para que no pudieran salir del cerco tendido. Se cerraron accesos para embotellar a los manifestantes. Nunca se alertó a los manifestantes que o se retiraban, o comenzarían el uso de gases lacrimógenos y gas pimienta. ¿Por qué no actuar para proteger vidas y propiedades preventivamente y no prospectivamente?

El gobierno real estimula la confrontación para ilegitimar la protesta contra las actuaciones ilegales e inmorales de la Junta, medidas que son lesivas a los intereses de la mayoría del pueblo. La minoría reprimida defiende los intereses de la mayoría de nuestro pueblo, se acabó la paradoja.