Recomendaciones: hacia una economía sostenible y solidaria

*Versión editada de las propuestas de la Coalición Sindical ante la crisis económica, social y política.

Con resultados duros y devastadores para los trabajadores, y en general para la mayoría del pueblo puertorriqueño, la crisis económica que azota a nuestra Patria ha trascendido y se ha convertido en una crisis social y política. En los pasados nueve años, particularmente, se ha tornado insostenible por lo que hoy se convierte en imperativo la respuesta concertada del movimiento sindical y demás sectores sociales.

En los informes y análisis publicados recientemente sobre la crisis económica de Puerto Rico existen pocas diferencias, tanto en el diagnóstico como en las recomendaciones. En los dos informes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, como el de KPMG LLP y más recientemente el de Anne Krueger, Ranjit Teja y Andrew Wolfe (en adelante Informe Krueger), se identifican los problemas endémicos del modelo económico prevaleciente en Puerto Rico durante los pasados 60 años. Sin embargo, las recomendaciones contienen una especie de “receta” cuyo implantación llevaría al empobrecimiento de la clase trabajadora mediante lo que llaman “ajustes estructurales” dirigidos sin disimulo a cercenar derechos conquistados a lo largo de más de un siglo de luchas obreras. A esa visión se le ha llamado neoliberalismo y su récord ha sido nefasto. Dondequiera que se ha impuesto ha significado más desigualdad, pobreza y reducción del servicio público para la mayoría de la población, mientras se privilegia con mayores beneficios y ganancias a las grandes empresas y sectores adinerados.

Crisis estructural

No es meramente una crisis del modelo. Es el desmoronamiento de la estructura sobre el que se ha sostenido, sus políticas económicas y las instituciones que han servido de marco.

Es necesario significar que, en esencia, una de las características principales de los pasados nueve años de crisis y recesión ha sido la falta de un plan de desarrollo económico integrado, estratégico y transformador. Por el contrario, los gobernantes de turno lo que han propuesto e implantado son acciones y políticas fragmentadas e inconexas, huérfanas de intención y voluntad hacia los cambios estructurales necesarios. El propio Informe Krueger reconoce el “historial de soluciones parciales fallidas…” y critica que las supuestas soluciones se “centraron en el déficit fiscal, no en el crecimiento económico.”

Lo que sí ha crecido es la deuda pública ascendente a cerca de $72 mil millones, equivalente a poco más del 100% del Producto Nacional Bruto.

Es innegable que las políticas de austeridad y la receta neoliberal se han ensayado y han fracasado. En consecuencia, una mayor desigualdad se ha extendido: los dueños del gran capital continúan aumentando su participación en la distribución del ingreso en detrimento del poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Las consecuencias

A la altura de hoy, el resultado del colapso económico del País se muestra en las estadísticas económicas y sociales principales:

1. El Producto Nacional Bruto ha experimentado una caída promedio de -2.0% anual durante los pasados 8 años y no se espera que cambie a terreno positivo en los próximos años fiscales.
2. Desde el año fiscal 2006 la economía de Puerto Rico ha perdido un total de 207,000 empleos, lo que representa una disminución acumulada de un 16.6%.1
3. De todas las personas que están en condiciones de trabajar, solo 40 de cada 100 lo hacen. Esta tasa de participación2 es, posiblemente, la más baja en el mundo.
4. Para el 2013, el por ciento de familias con niños menores de 18 años bajo el nivel de pobreza aumentó a 51.3%, según los datos del Censo de Estados Unidos.
5. La emigración se ha convertido en válvula de escape para decenas de miles de ciudadanos, lo que ha producido una reducción poblacional de cerca de 260 mil personas al comparar los datos del Censo de 20003con los del 2014.4 El 68% de esa reducción ha ocurrido a partir del año 2010. Puerto Rico refleja uno de los flujos migratorios proporcionalmente más grande en el mundo, con consecuencias económicas y sociales muy difíciles de calcular.
6. Sobre 100 mil unidades de viviendas vacantes.5
7. Tan solo en el 2014 hubo cerca de 4,500 ejecuciones hipotecarias.6
8. La distribución funcional del ingreso7 refleja una disminución dramática en la proporción del pago al trabajo y un aumento fuerte a los dueños de capital. Para el año 1985 era de 52% al trabajo y 48% a los dueños de capital, sin embargo, en el año 2014 la proporción al trabajo se redujo a 33% y la de los dueños del capital aumentó a 67%.8
9. Sin embargo, y como contraste perverso, los rendimientos, ganancias e intereses que se fugan hacia el exterior han crecido significativamente durante los años de contracción económica. En el año fiscal 2014 ascendieron a $36,052 millones (véase Gráfica 3).

Pero las estadísticas citadas no reflejan el impacto social real. La angustia y el dolor humano no lo pueden recoger un número o una ecuación matemática. Los rostros de la pobreza tampoco hacen noticias. La desesperanza aumenta, el coraje va creciendo y la gente no tolera las claras injusticias de un sistema económico que privilegia a unos pocos y empobrece a los muchos.

Nuevas y viejas amenazas

A pesar del fracaso evidente de las políticas neoliberales, la administración del gobernador Alejandro García Padilla insiste en la reducción del sector gubernamental, la venta de bienes públicos y la llamada “reforma laboral”, que no es más que un intento de devaluar el trabajo, arrebatar derechos a los trabajadores y subsidiar indirectamente a la clase patronal abaratando el costo de la mano de obra.

Es claro que los cañones, de lo que será el plan gubernamental, se dirigen contra los derechos y normativas laborales, procurando modificar inicialmente aquellas que caen bajo la jurisdicción de las leyes de Puerto Rico.

No es válido alegar que los derechos de la clase trabajadora afectan la competitividad del país. La mayoría de las situaciones que menoscaban la posición competitiva de Puerto Rico están vinculados con el despilfarro gubernamental, el favoritismo en decisiones gubernamentales, el impacto del crimen y la violencia, la deuda gubernamental como por ciento del PNB, la calidad del sistema de educación y la capacidad del país para atraer y retener el talento, entre otros factores.

Nadie puede garantizar que reducir los beneficios de los trabajadores, reducir sus salarios y precarizar sus condiciones laborales implicará que aumente el empleo. Por el contrario, la experiencia sugiere que seguirán las altas tasas de desempleo, las bajas tasas de participación y cientos de miles de trabajadores en proceso de empobrecimiento. La evidencia más reciente de ello fue el resultado de las enmiendas a la Ley de Cierre (Ley 143 de noviembre de 2009) con su consecuente reducción de la paga doble. ¿Dónde están las decenas de miles de empleos que se alegó se producirían?

Hacer del trabajo una actividad precaria, con pocos derechos y empobrecedora, es el peor incentivo para motivar la incorporación al mercado laboral de los que no trabajan. No debe olvidarse que, en Puerto Rico, la emigración y la dependencia pueden resultar más atractivos que entrar a una fuerza de trabajo sin derechos como efectivamente se propone en la reforma laboral anunciada. Revisar y adoptar políticas dirigidas a fortalecer la mano de obra de bajo costo, reforzará los círculos viciosos del subdesarrollo.

Recomendaciones: hacia una economía sostenible y solidaria

Tiene que prevalecer la visión de largo plazo basada en una agenda nacional que coloque la justicia social, la protección de los sistemas ecológicos y la satisfacción responsable de las necesidades sociales en el centro de nuestras aspiraciones.

Principios rectores

1. La salida a la crisis requiere de un plan abarcador que atienda todos los extremos: las causas de la crisis, superar las limitaciones institucionales y políticas, reconocer las potencialidades y los atributos con los que cuenta el País y, por supuesto, dejar a un lado las políticas fracasadas.
2. No se debe continuar devaluando el trabajo y el poder adquisitivo de los asalariados. Las políticas de devaluación del factor trabajo tienen un impacto directo sobre el crecimiento económico, el consumo, la migración y la calidad de vida en general.
3. El sistema contributivo deber ser justo, tanto para los individuos como para evitar la discriminación contra la gestión empresarial nacional.
4. Es importante que el Estado asuma su papel para procurar la distribución justa de la riqueza y buscar recursos en aquellos sectores donde se generan más ganancias. Se debe desistir de hacerlo en factores (como el trabajo) que han perdido valor a lo largo del tiempo.9

Recomendaciones generales

1. Una reforma contributiva de base amplia, justa, sencilla, equitativa y de fácil implantación, que se haga justicia a pequeñas empresas, que las grandes corporaciones paguen lo justo y que lleve a las corporaciones exentas a pagar más.10
2. Analizar para su revisión, todos los impuestos sobre ingresos de corporaciones e individuos. Igualmente de los impuestos sobre la propiedad, el consumo y los arbitrios.
3. Establecer un sistema tributario corporativo uniforme entre las corporaciones exentas y regulares, sin excluir tasas preferenciales pero sobre requisitos rigurosos en función del beneficio social.
4. Mejorar la posición competitiva de Puerto Rico, en el contexto de un mundo globalizado, no reduciendo beneficios a los trabajadores, sino realizando transformaciones estructurales profundas que fortalezcan las instituciones públicas, el sistema educativo y el sistema de salud.
5. Identificar un mecanismo de consenso que atienda y resuelva la actual relación política y económica con Estados Unidos que permita la inserción de Puerto Rico en el mundo globalizado mediante tratados comerciales con otros países de América, Asia, África y Europa.

Recomendaciones específicas

1. En función de ampliar la base tributaria y sin que se apliquen tasas contributivas onerosas, establecer como objetivo una recaudación tributaria de cerca del 12% del Producto Interno Bruto (PIB). El resultado podría ser el siguiente: si para el año fiscal 2014 el PIB ascendió a $103,675.7 millones, el 12% representaría cerca de $12,441.1 millones, es decir, $4 mil millones adicionales de ingresos sobre los recaudos actuales.
2. Redefinir las tasas corporativas de las llamadas empresas exentas para que paguen una tasa mínima efectiva de 10%. Actualmente, estas corporaciones pagan entre 0% a 4%.11
3. Con el aumento en los recaudos descritos anteriormente ($4 mil millones) se asignarían de $1,400 a $1,800 millones para atender la insuficiencia fiscal y de $2,200 a $2,600 millones para ampliar la base productiva del País.
4. Establecer un impuesto especial a las operaciones de los negocios comerciales de gran tamaño. Los recaudos de este impuesto podrían destinarse a programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas, así como a promover el surgimiento de nuevos emprendimientos económicos e iniciativas de desarrollo local comunitario.
5. Auditar y renegociar la deuda pública en un ambiente de transparencia.
6. Mejorar la captación de los impuestos, atajar la evasión y procurar mecanismos para recaudar ingresos provenientes de la economía informal. En tal sentido, el Departamento de Hacienda debe ser fortalecido y reorganizado, tanto en recursos humanos como tecnológicos para potenciar la captación del sistema contributivo.

Finalmente, una clase asalariada organizada y en alianza con otros sectores sociales es parte indispensable de la ecuación transformadora.

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de la Coalición Sindical