Carlos Severino en la graduación UPRRP 2016. (foto por Ricardo Alcaraz, cortesía de Diálogo Digital)
Yo no tendría inconveniente en unirme al coro de detractores de los colegas destituidos si el informe demostrase alguna violación legal o ética, pero no lo hace.
El informe está predicado en un error: creer que la otorgación de becas presidenciales requería evaluaciones de comités de personal departamentales y convocatorias. Los investigadores, tres abogados privados, han mostrado ignorancia en esta y otras cuestiones de la universidad, si bien es un error corriente entre muchos académicos.
No tenía un rector que chanchullar una recomendación para que Presidencia otorgara una beca a alguien, pues tenía la potestad de iniciarla —y el presidente de aceptarla— una vez convencido de los méritos académicos e intelectuales del solicitante y de su potencial para contribuir a la universidad en el futuro.
Fue en 2016, después de aprobarse las becas de la controversia, que se adoptó el sentido del párrafo que cita el informe en su página 122, de una certificación del Senado Académico de Río Piedras, a favor de que las becas se otorguen a partir de evaluaciones de directores y comités de personal departamentales. Es un error de los investigadores que sugiere escaso rigor y profesionalismo.
El informe está predicado sobre el supuesto de que los destituidos y los solicitantes son unos corruptos y embusteros. Su estilo de redacción es de sospecha continua y ambigua. Usa adjetivos, verbos e insinuaciones maliciosas que restan objetividad al texto y muestran crudamente un interés en prejuiciar al lector.
Su sensacionalismo recuerda una distinción que podría hacerse entre los académicos y los abogados: los primeros quieren buscar la verdad, los segundos quieren ganar el caso.
No persiguen los tribunales estudiar a fondo las complejidades de la realidad, sino avanzar en la producción en serie de desdichas humanas que la lucha adversativa motoriza, y donde es común degradar la dignidad de las personas. Las “demostraciones” judiciales son veloces, utilitarias y simples, y los adversarios —los letrados— operan en un espíritu de que “de por sí, mi contrario miente o se equivoca”, “vienes a destruirme pero te tumbaré la cabeza”, etc. Es una exquisitez que inventó la burguesía en los siglos 17 y 18.
La política copia esta conducta, que se ha hecho modélica. En algunas partes el informe recuerda la disputa entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático.
En la academia también se ve rivalidad furiosa entre facciones y entre individuos. Los comités de personal departamentales atestiguan frecuentemente enemistades amargas y pugnas desgarradoras, que a veces duran años. Debería poder superarse eso.
El informe de los tres abogados busca crear la imagen de que los doctores Carlos Severino Valdez, Uroyoán Walker Ramos y Carlos Rodríguez Fraticelli; los licenciados Carlos Pagán Cuebas y Arturo Ríos Escribano y la arquitecta Mónica Sánchez son pilletes delincuentes.
Su narración vacía a las personas de su historia, o sea de su relación con la cultura, con sus prácticas y conocimientos, las disciplinas que les dan sentido e ilusión y sus años de dedicación educativa e intelectual, y las reduce a la trampa. La interacción humana que une el interés académico al crecimiento personal y a otras personas de la comunidad sería simplemente una conspiración mezquina. Amistad sería complicidad.
Mónica Sánchez sería meramente una aprovechada y sobrina de un alto funcionario universitario. Una familia con vocación universitaria debe ser nepotismo. Que los investigadores la viesen nerviosa ante la inquisición probaría su culpabilidad.
La comisión investigativa ignoraba que un proyecto transdisciplinario de estudios urbanos viene trabajándose desde hace años y podría implantarse en tiempos próximos; no imaginó que hubiese arquitectos jóvenes, con creatividad demostrada y deseosos de contribuir al país, que se den a algo tan extraño como trabajar para innovar. Lo diferente levanta sospechas.
Que Palmira Ríos, la exdecana de Asuntos Académicos del Recinto de Río Piedras, se haya mostrado incómoda en un momento de la controversia, significa, en la imaginación que teje el texto en el lector, la resistencia del criminal a las preguntas del pueblo. Que emitió la expresión “sabemos cómo se hacen las cosas en la universidad” —que muchos decimos a cada rato en referencia al país— sería evidencia de manejos turbios y corruptos.
Supongamos cierta la aseveración del informe de que las cartas de recomendación y la información que brindaron los solicitantes no elaboraban adecuadamente —o de forma clara para los investigadores— la relación específica y particular entre los estudios a que aspiraban y espacios académicos actuales o potenciales, ni rasgos excepcionales de sus méritos. Pero la comisión tampoco investigó dichas relaciones y rasgos meritorios de los solicitantes, ni los proyectos que visualizaban quienes los recomendaban.
Al reducir literariamente la UPR a un campo de astucias malignas, el informe es indiferente a los proyectos académicos que moverían a los solicitantes a pedir las becas y a diversos académicos y profesores a respaldarlos, como si fuese inconcebible que haya gente que albergue alguna esperanza y optimismo en hacer cosas nuevas.
Poco le importaron las perspectivas alentadoras que tuvieran los directivos del Instituto de Relaciones del Trabajo o Estudios Generales para sus unidades, usualmente en precario pero en ánimo de nuevas producciones.
Sorprende que los abogados investigadores no interrogaron al expresidente de la UPR, Antonio García Padilla, quien, según insinúa vagamente la narrativa, sería un capo principal en el esquema.
Pueden barajarse varias hipótesis para esta conspicua ausencia: que las respuestas que daría el expresidente debilitarían la premisa, ya difundida, de que ejerció presiones; o que la Junta de Gobierno de la UPR —así como Uroyoán Walker— fue puesta ahí por el gobierno del Partido Popular, en el cual, si se hace caso a rumores, el “encargado” de la UPR era el expresidente; de manera que la junta evitaría sentarlo en el banquillo. Otra hipótesis es más terrenal: poco esfuerzo de profundizar, ineficiencia.
El informe es una chapucería, pero sobreviene la pregunta de si será en parte premeditada. En todo caso, la acción de la junta fue dramática y estrepitosa, pero ayuna de la virtud de la prudencia.
Las destituciones se acompañaron de un alboroto mediático —un revolú— que aturdió al país y que, bien mirado, es infundado. Se construyó e infló un entramado de chismes sobre relaciones personales y familiares de los solicitantes.
Se criminalizó el contacto que estos en algún momento tuvieron con lugares poderosos, en una versión exagerada y sensacionalista de culpabilidad por asociación. Que hubiesen estado cerca de personas o sitios referentes al Partido Popular sería motivo de alarma y blanco de ataque.
El novelesco informe circula públicamente, pero las deliberaciones de la junta se mantienen privadas y secretas. Asistimos a muestras sucesivas de concentración de poder en las burocracias a expensas de la participación de la comunidad universitaria. Una facción gerencial arremete contra otra mientras profesores, estudiantes y empleados son espectadores desde las gradas. Lejos queda la elevación del intelecto colectivo de la comunidad mediante la discusión sosegada de sus problemas.
Circula el rumor de que los estudiantes miembros de la Junta de Gobierno llevaron la voz cantante exigiendo las destituciones fulminantes —quizá creyendo que así ponían una pica en Flandes— y, para conseguir votos del resto de la junta, ofrecieron a cambio que no habría huelga estudiantil este año. Debe aclararse la verdad o falsedad de este rumor. Si fue así, estos estudiantes también se han deslizado al burocratismo, al tomar decisiones a nombre del estudiantado sin consultar a los estudiantes.
¿No había otras medidas que la junta pudiera tomar, aparte de destituciones sumarias? No tenía, por cierto, poder reglamentario de destituir decanos.
De cualquier modo, en el caso de Rodríguez Fraticelli la junta pudo por ejemplo circular la información entre los docentes de Estudios Generales, añadiendo: “Hemos encontrado que en tales y tales circunstancias su decano actuó de forma improcedente. Cegado por la necesidad de conseguir una plaza y ampliar ofertas para Estudios Generales, trató de que se le diera una plaza docente a alguien sin doctorado, y sin consultar con la facultad. Solicitamos a los docentes de Estudios Generales que discutan informadamente esta cuestión y nos recomienden medidas a tomar”, etc.
Algo así hubiese puesto las cosas en proporción y confrontado los criterios del decano con los de su facultad. Fuera cual fuese el desenlace, a la crisis le hubiese sucedido un clima más constructivo y de mayor sinceridad y transparencia que el de las destituciones sumarias. Rodríguez Fraticelli logró algo de esto en tanto convocó una reunión en julio con los docentes y se conversó el asunto.
Las becas presidenciales son un residuo y una variante, modificada por incontables accidentes, de la selección que hacía el rector en los años 40 y 50 de estudiantes y profesores jóvenes talentosos y afanosos, identificados con la docencia y deseosos de trabajar en la universidad, para apoyarlos económicamente y enviarlos a estudiar para que después enseñaran en la UPR, o sea, ocuparan una plaza.
Se han otorgado becas sin que luego haya plazas, pero idealmente la beca conlleva plaza; carecería de sentido otorgarla y que después la persona trabajara en otro sitio.
La perpetua crisis económica impide que se regularice no sólo el ideal de brindar puestos de trabajo, sino incluso un método claro de otorgar las becas. No hay “convocatorias” para las mismas, ni costumbre precisa de deadlines de solicitud dado el historial accidentado de estas becas, que a su vez se relaciona con el devenir accidentado de la economía y de las destrezas organizacionales en la UPR.
Las becas presidenciales entran en tensión con la vía predominante de reclutamiento, de convocatorias, oposiciones y evaluación por directores y comités de personal de departamentos. Esta tensión terminaría si todas las recomendaciones se iniciaran desde los departamentos, como se acordó este año. Habrá que ver si termina este tipo de controversia, o si todo el tema será olvidado pronto por la austeridad que se avecina.
El terreno de la discusión es de escasez económica cada vez más aguda; a mayor escasez más tirantez y ansiedad. En Puerto Rico la riqueza se va. Hay que hacer que la abundancia resida en el país; así la UPR podría progresar.
El gobierno puede trazar una estrategia económica firme y gradual que incluya colocar las producciones del país y de la UPR en el mercado internacional (yendo mucho más allá de las meras patentes); pero decir esto a la generalidad de los políticos y funcionarios coloniales es como hablarles en mandarín.
La junta ha sentado un peculiar precedente de uso injustificado de poder que en el futuro podría alentar otras represiones. Parece que en la virulencia de la junta tuvieron influencia ideologías de “todos son corruptos” y “mano dura contra el crimen”.
Es probable que en este proceso la ingenuidad y pobre criterio de unos ha coincidido con intereses premeditados de diverso tipo —políticos, rivalidades faccionales, resentimientos, etc—. Luce que un moralismo demagógico disimula ideologías neoliberales y neoconservadoras.
Algunos desean sentir el fuete implacable de una dura disciplina corporativa —que quizá represente la otra junta, la de control— y menosprecian los proyectos de gestión criolla, identificándolos con corrupción caribeña y fracaso puertorriqueño. (A veces se les oye suspirar: “Ah, si regresara Ana Guadalupe…”)
Un castigo sumario debe corresponder —si ha de tener legitimidad— a una falta que sea tan evidente que no requiere juicio ni examen detenido, y obliga a la acción inmediata y fulminante. Buscaría proteger de algún peligro grave al conjunto de la institución, no aumentar su inestabilidad. La Junta de Gobierno de la UPR ha actuado contrario a estos criterios elementales, y exacerbado la rivalidad y la desmoralización que en la universidad coexisten con la cooperación y el trabajo. Ha mostrado imprudencia y lesionado su propia credibilidad y legitimidad.
El profesor Carlos Severino debe ser restituido como rector. Los tres abogados deben renunciar a los más de $160,000 que recibirán por la supuesta investigación.
* Publicado originalmente en DiálogoUPR.
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