La decisión abre la puerta a demandas contra la Policía de Puerto Rico y las policías municipales por violación de derechos civiles cuando los agentes del orden público ocupan ilegalmente los teléfonos celulares.
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La decisión abre la puerta a demandas contra la Policía de Puerto Rico y las policías municipales por violación de derechos civiles cuando los agentes del orden público ocupan ilegalmente los teléfonos celulares.