“Resulta inconcebible que la mayoría de los jueces hayan denegado restituir la moratoria, cuando hoy es mas que evidente que el Corredor se encuentra amenazado por actividades que incluso violan la Ley de la Gran Reserva Natural del CEN, la cual establece como política pública su preservación, conservación y restauración. Pero peor aún, envían un mensaje muy peligroso a la ciudadanía de que es irrelevante acudir a los tribunales en busca de justicia, por lo que confiamos reconsideren su determinación aceptando nuestra segunda y última moción de reconsideración”, señaló Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable (IDS), organización perteneciente a la Coalición.
A parte de haber comenzado a ser impactado por su uso como una cantera para la extracción de material de relleno, el Corredor se encuentra amenazado por la otorgación de un préstamo irregular por parte de la Compañía de Turismo para la construcción de un proyecto hotelero. La Junta de Planificación evalúa, a su vez, una consulta para permitir la ubicación del centro comercial Playa Azul Center, cuyo proponente, Benjamín Hernández, solicitó se le eximiera del requisito de celebrar una vista pública.
La moratoria en permisos de construcción en el CEN fue emitida originalmente por el Tribunal Apelativo en diciembre de 2011, y a solicitud de la Coalición, para evitar que se convirtiera en académica la demanda presentada por estos últimos impugnando el nuevo plan de usos de terrenos aprobado por la administración Fortuño para el Corredor y terrenos en la falda de El Yunque. El plan, anunciado bajo el nombre de la Gran Reserva del Noreste, permite la urbanización de sobre 450 cuerdas protegidas previamente en el CEN como reserva natural.
Las áreas que fueron dejadas sin protección por el nuevo plan coinciden parcial o totalmente con aquellas en donde se han propuesto varios proyectos en el pasado. Entre estos se encuentran los proyectos residenciales-turísticos Dos Mares Resort, el San Miguel Resort y el centro comercial Playa Azul Center, entre otros. Los proponentes del Dos Mares Resort, Luis Alberto Rubí y Efraim Kier, son conocidos como importantes donantes a las candidaturas para comisionado residente y a la gobernación del hoy primer ejecutivo, Luis Fortuño.
El proponente del San Miguel Resort, Juan Ramón Zalduondo, fue objeto de una investigación reciente sobre lavado de dinero y narcotráfico, tras la cual las autoridades federales le embargaron más de $500,000. Luego de hacerse pública la información, Zalduondo renunció como miembro de la Fundación Histórica del Tribunal Supremo y de la Comisión de Evaluación Judicial encargada de evaluar la renominación o ascenso de jueces, posición que ocupó por varios años.
Cabe destacar que el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el Obispo de la Diócesis de Fajardo-Humacao, Mons. Eusebio Ramos Morales y el Pastor General de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, Rvdo. Edward Rivera Santiago, presentaron por separado varias mociones de “amigos de la corte” en el Tribunal Supremo, uniéndose al reclamo de la Coalición para que se restituya la moratoria.
