Una diferencia vital e insoslayable
Por su ubicación y circunstancias inmediatas, sociales, económicas, políticas y culturales los boricuas de la diáspora, sobre todo de la gran diáspora que ha emigrado a diversas ciudades y estados de Estados Unidos, es totalmente normal que recurran a estrategias políticas amoldadas a sus circunstancias particulares, que son las que viven los boricuas y otros hispanos en el estado federado en el que optaron por residir. Esas circunstancias, en su mayor parte, son muy diferentes de las que viven los boricuas residentes de estas islas del Caribe que llamamos Puerto Rico. Para empezar, quienes optaron por residir en Estados Unidos, en cualquiera de los 50 estados, independientemente de preferencias personales de estatus político futuro para nuestras islas, han optado por echar su suerte y vivir sus vidas en la estadidad federada estadounidense. Esa selección conlleva enfrentar circunstancias muy diferentes de las que se viven en Puerto Rico, incluyendo a las islas adyacentes de Vieques y Culebra.
Al irse a residir allá, pasaron, de ser parte de la mayoría poblacional de nuestras islas, que en cerca del 90% es boricua, para ser parte de las minorías boricuas e hispanas de Estados Unidos. En ninguno de los estados federados los boricuas son más del 15% de la población del estado. Y la totalidad de los hispanos, ciudadanos y no ciudadanos, documentados o no, es de cerca del 16% de la población total de Estados Unidos, pero solo cuentan con el 7% de los asientos en un Congreso federal de 535 curules legislativas. Esto demuestra, que aunque la población hispana aumentó 43% entre 2000 y 2010, mucho más rápido que la de la mayoría blanca anglosajona, y sus votos tienen un creciente peso en las elecciones estadounidenses, existen modos de discriminación sistemática que excluyen la posibilidad de un mayor número de hispanos en el Congreso. Aún más, muchos de los “hispanos” con asiento en el Congreso son personas nacidas y criadas en Estados Unidos, con uno o ambos padres nacidos en algún país de América Latina. Para los nacidos en el exterior, aunque se hayan naturalizado ciudadanos de Estados Unidos —o aunque sean boricuas nacidos en Puerto Rico— el acceso al Congreso y a cargos de poder importantes en los estados está, para la inmensa mayoría de ellos, bloqueado.
Ante las diversas realidades que viven los boricuas de la diáspora lo más lógico es que, si decidieron vivir sus vidas en Estados Unidos, deberán incorporarse de una u otra manera a las luchas políticas que llevan los hispanos en general, y los boricuas en particular, por terminar —o siquiera intentar disminuir— las múltiples formas de discriminación económica, social, educativa, cultural, política —y en el sistema de justicia— que operan los estadounidenses blancos del mainstream ante los inmigrantes hispanos, incluso los puertorriqueños. No cuenta mucho ser oficialmente “ciudadano de Estados Unidos” si muchos estadounidenses del mainstream ni siquiera lo saben y por lo tanto les tratan igual que a los inmigrantes de diversos países de América Latina. Recientemente, un profesor boricua residente en Nueva York me contó del caso de un grupo de estudiantes boricuas que, fueron detenidos por la “border patrol” estadounidense con la sospecha de que pudieran ser latinos “indocumentados”. Esto ocurrió aún en un estado tan liberal como Nueva York, con amplia experiencia con migraciones boricuas, dominicanas, mexicanas, ecuatorianas, etc.
Ante los problemas de desempleo, pobreza, discriminación y segregación que viven muchas comunidades hispanas en Estados Unidos, incluso las boricuas, es importante que se unan como ciudadanos en actividades que luchen por una mayor igualdad y justicia para sus comunidades. En otras palabras, la propia lógica de sus circunstancias les debe llevar a unirse en acciones ciudadanas y comunitarias. Lamentablemente un escollo ha estado presente por mucho tiempo: los latinos de diversas procedencias nacionales, tienden a unirse dentro de su grupo nacional, y mucho menos con otros grupos hispanos. Es un problema a superar.
Otra diferencia fundamental existente entre los boricuas de la diáspora y los que optamos por continuar viviendo nuestras vidas en Puerto Rico es que los puertorriqueños residentes en los estados federados —precisamente por vivir en la estadidad federada— tienen acceso al derecho al voto, no solo por los funcionarios gubernamentales del estado en que residen, sino también en las elecciones presidenciales federales y para elegir senadores y representantes al Congreso. Muchos puertorriqueños y otros hispanos, aunque se hayan naturalizado como ciudadanos de Estados Unidos, han optado tradicionalmente por no votar, por no participar en las elecciones de Estados Unidos. Otros muchos, sin embargo, conscientes del peso creciente del voto colectivo hispano en tales elecciones federales se han activado y han apoyado diversos candidatos. Por supuesto, se activan aún con mayor frecuencia y mejores resultados para apoyar candidatos hispanos o boricuas en las grandes ciudades y otras localidades en donde el acceso es un poco mayor. De ahí que los boricuas y otros hispanos hayan logrado elegir a la Sra. Mark Viverito como Presidenta del Concejo de la ciudad de Nueva York.
Dadas las particulares circunstancias que viven los boricuas y otros hispanos en Estados Unidos, ha sido importante para ellos intentar penetrar en los procesos políticos de ese país, aunque estén estos dominados por los blancos y por los intereses de los millonarios. Es evidente que algo tienen que hacer para mejorar sus condiciones de vida y lograr mayor justicia e igualdad al interior de la sociedad estadounidense. Una de las mejores pruebas de que la estadidad federada, si fuera posible para Puerto Rico como país, no garantiza la igualdad con los blancos estadounidenses es precisamente la existencia, y a veces agravamiento, de las grandes diferencias en el trato, en los accesos económicos y sociales, y hasta en las oportunidades educativas para los boricuas y otros hispanos que ya viven en la estadidad federada en cualquiera de los 50 estados, cuando se les compara con lo que viven los estadounidenses anglos y blancos del llamado mainstream. Para la mayoría de estos, además, sean ciudadanos oficiales o no, los boricuas y otros hispanos se perciben como extranjeros, como minorías migrantes que ellos pueden y quieren tratar como a inferiores.
Los puertorriqueños que hemos optado por continuar viviendo en Puerto Rico, por el contrario, experimentamos y vivimos realidades diferentes. Nuestra mayor preocupación no es con cómo nos tratan los estadounidenses del mainstream en nuestras vidas cotidianas porque no residimos allá. Nuestras mayores preocupaciones son con el estatus político colonial que sufre el país, y que se va a dramatizar y agudizar más ahora que viene a Puerto Rico una Junta de Control Fiscal federal a desmantelar en la práctica el estado de derecho pactado en 1952 con la creación de la Commonwealth puertorriqueña o “Estado Libre Asociado”. Nada menos que eso va a ocurrir y en las elecciones de 2016 elegiremos un Gobernador y unos legisladores y alcaldes que, en adelante, no podrán gobernar democráticamente, sino que se verán obligados a obedecer una JUNTA extranjera, no electa por el Pueblo y con los poderes que se suponía que nuestra Constitución les destinaba al Gobernador, a los legisladores o a los alcaldes. Esa es nuestra preocupación principal ahora y, sobre todo, las consecuencias que puedan tener las decisiones de esa junta para obligar a “nuestro” gobierno insular a pagarle in totto la deuda gubernamental a los bonistas millonarios estadounidenses, aún a costa del sufrimiento de las familias boricuas que perderán sus empleos gubernamentales, verán reducciones en sus salarios o se verán precisados a vivir con una pensión más pequeña, luego de muchos años de trabajo, y en una economía en donde todo se encarece.
Es justamente la indefensión colonial de Puerto Rico nuestro problema mayor. Y también otro hecho ya evidente: dicho problema se ha tornado en uno más complejo al derrumbarse como posibilidades reales los dos supuestos caminos principales apoyados por el bipartidismo boricua: el desarrollo orgánico y autonómico del “Estado Libre Asociado” y la “estadidad federada”, opciones que se han venido al piso por varias razones fundamentales. En el caso del “crecimiento orgánico del “Estado Libre Asociado” las dos razones más importantes de su eliminación como posibilidad de futuro son que: (1) las más importantes autoridades de Estados Unidos dicen que NO es posible ya que es incompatible con el ordenamiento constitucional de Estados Unidos; y (2) la Junta de Control Fiscal federal nos llevará a los tiempos coloniales de la Ley Foraker: y si en la práctica la autonomía del ELA se destruye por el propio gobierno federal estadounidense, ¿cómo se puede pensar no solo en restituirla mientras la junta opere en Puerto Rico, sino en desarrollarla hacia más poderes autonómicos? No olvidemos que, para los estadounidenses las violaciones primeras al estado de derecho creado en 1952 —y a la Constitución del ELA territorial— las cometieron nuestros propios Gobernadores al endeudar al país más allá de lo que permite la Constitución. Por si eso fuera poco, ellos entienden que la moratoria declarada por el Gobernador García Padilla es también una violación a la Constitución de 1952. Por lo tanto, si “nosotros”, o más exactamente nuestros gobernantes locales, violaron la Constitución y el supuesto acuerdo o “pacto” del 1952, ellos se sienten en perfecto derecho de derrumbarlo ya de una vez con la Junta de Control Fiscal. De hecho, la ley que se discute en el Congreso y que los republicanos buscan aprobar se refiere a Puerto Rico continuamente como “the territory” en lugar a “The Commonwealth”. La estadidad federada, como opción para Puerto Rico la tiene más difícil todavía por la siguientes razones: (1) El Congreso ha hecho caso omiso de la petición de estadidad del PNP con base en una supuesta “victoria” de dicha “opción de estatus” (que ya no es opción, obviamente) en el plebiscito criollo de 2012; (2) El Informe más reciente de la General Accounting Office (GAO) declara que la estadidad federada sería muy perjudicial para Puerto Rico, sobre todo para las posibilidades de desarrollo de su economía; (3) Porque el Congreso ha negado a Puerto Rico la “quiebra federal” y otras peticiones que se han hecho que podrían venir con la estadidad federada. Es evidente que quien niega lo menos negará lo más y si aspectos específicos de la estadidad federada les han sido negados a Puerto Rico por el Congreso, no puede esperarse menos que una negativa a otorgarle la estadidad federada a Puerto Rico como país, que para empezar, es algo que está fuera de nuestro alcance por la reiteración del gobierno de Estados Unidos de que este es un “territorio no incorporado” y los territorios no incorporados no están destinados por la metrópoli a ser incorporados ni admitidos como estado; (4) Finalmente, porque la economía de Puerto Rico no solo no aguanta las responsabilidades de la estadidad federada, sino que deja a Puerto Rico desprovisto de atractivo alguno para ser considerado un candidato a futuro estado federado. Hay que recordar, además, que los estados no se administran por el Gobierno Federal sino por sus propios gobiernos autónomos. Los estadounidenses, sin embargo, están convencidos que los gobernantes de Puerto Rico, necesitan la tutela de una Junta Fiscal Federal a fin de poner en orden el “caos” fiscal ocurrido en Puerto Rico. Así las cosas, si nuestros gobernantes, a sus ojos, no han sido capaces ni de gobernar bien el territorio no incorporado: ¿Cómo así que los van a considerar capaces de gobernar un estado federado?
El apoyo a la candidatura de Bernie Sanders
Uno de los asuntos que ha traído a discusión este tema de las diferencias entre los intereses y necesidades de la diáspora residente en Estados Unidos y los intereses y necesidades de los boricuas residentes acá en Puerto Rico, lo ha sido el debate sobre si participar o no en la campaña presidencial del senador por Vermont Bernie Sanders en el Partido Demócrata estadounidense. No creo que esté bien planteado discutir sobre si los independentistas deben votar o no por Bernie Sanders en la primaria demócrata a celebrarse en Puerto Rico. En esos asuntos cada quien debe actuar según le dicte su conciencia y no es apropiado que nadie censure, critique o vaya a denostar a quienes decidan hacerlo. Otra cosa es el asunto de las contribuciones económicas. Es indignante que pasando como está el país por una crisis económica, social, política y fiscal, vengan candidatos estadounidenses —que tienen acceso a millones en el país de los muchos millonarios— a extraer dinero de los puertorriqueños o de las arcas de la CEE. No importa si el candidato se apellida Clinton, Sanders o Trump. Y se siente vergüenza ajena por quienes sueltan de su dinero para esas “causas”. Además, como se sabe, la participación de los puertorriqueños en las primarias de partidos estadounidenses es un simulacro sin grandes consecuencias. Cada quien, sin embargo, tiene su derecho individual a participar o no en esa campaña demócrata para apoyar a quien crea conveniente. Personalmente, ni aporto dinero ni voto en esos procesos, por principio, porque me parece claramente contradictorio con los objetivos soberanistas, ya sea que se trate de las aspiraciones políticas para el país de un libre asociacionista o las de un independentista.
Sí es preocupante, sin embargo, que lleguen a Puerto Rico personas de la diáspora puertorriqueña residentes en Estados Unidos a reclamar que la solidaridad con sus causas tenga que expresarse de esa manera. Ya se explicó arriba por qué las circunstancias de una y otra parte, los puertorriqueños residentes en Puerto Rico y los residentes en Estados Unidos, son diferentes. Y que, con circunstancias diferentes cada grupo tiene derecho y debe diseñar sus propias estrategias políticas, amoldadas a sus propias circunstancias, sin pretender que los boricuas “del otro lado” olviden sus propias circunstancias y sus objetivos diferentes para entrar en las estrategias políticas propias de los grupos residentes en Estados Unidos. Entre los puertorriqueños que decidimos quedarnos en Puerto Rico y los que decidieron irse a vivir a Estados Unidos puede haber, por supuesto, algunas inquietudes o hasta objetivos en común. De todas formas no dejamos de ser dos agrupamientos diferentes de un mismo Pueblo o nación: somos todos boricuas. Pero una cosa son las expresiones y acciones conjuntas de solidaridad de unos con los otros y otra cosa muy diferente es encajonar —o pretender encajonar— a los boricuas de las islas con las estrategias políticas de los boricuas de la diáspora. Solidaridad, sí, cuando sea necesaria y se pueda producir, sin traicionar los valores y principios de cada quién. Dictarle estrategias desde Estados Unidos, pensadas para las circunstancias de quienes viven en Estados Unidos a los boricuas residentes en Puerto Rico, NO. No es de recibo. No es de ninguna manera aceptable para los puertorriqueños que tenemos acá otras prioridades, otras luchas y otras circunstancias que atender. Igualmente, nadie debe pretender que los puertorriqueños que residimos en Puerto Rico les dictemos a los que residen allá, las estrategias políticas que deben seguir para manejar con éxito y resultados sus circunstancias de allá.
Esto sería como pretender que los mexicanos residentes de México les dicten pauta política a los mexicanos de la diáspora en Estados Unidos o viceversa. Señalo este ejemplo porque con cierta frecuencia se oye decir el disparate mayor de que la vida política en Puerto Rico debe modificarse en sus términos u objetivos por el hecho de que vivan más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico. También residen más uruguayos en la Argentina que en el propio Uruguay y no por eso vamos a suponer equivocadamente que los uruguayos residentes en Argentina tengan que dictarles estrategias políticas a los uruguayos que optaron por quedarse en su país. No se niega que pueda haber influencias de un lado y del otro, por supuesto. Y hasta alguna solidaridad aceptable. Pero una cosa son las influencias y otra cosa es tratar de dictar estrategias políticas de un lado para el otro. México y Estados Unidos comparten una extensa frontera, y sus economías están estrechamente interelacionadas. No obstante, aun cuando residen en Estados Unidos muchos más mexicanos que boricuas —los mexicanos son cerca de 32 millones y el 11% de la población residente en Estados Unidos, mientras los boricuas son poco más de 4 millones y medio, y menos del 2% de la población total de Estados Unidos— nadie podría en su sano juicio pretender que la vida política interna de México como país cambie al son que les dicten los mexicanos de la diáspora en Estados Unidos.
Volvemos pues al concepto original de que quienes residen en Estados Unidos —sean mexicanos o boricuas— optaron por vivir en la estadidad federada de Estados Unidos. Por lo tanto, muchas de sus estrategias políticas presuponen la estadidad y la integración a la sociedad estadounidense, como elementos fundamentales. Ese, sin embargo, no es el caso de los puertorriqueños habitantes en Puerto Rico y mucho menos lo es para aquellos de nosotros que apoyamos para el país una soberanía nacional propia, un Proyecto de País, ya sea en la libre asociación o en la independencia. Esos dos caminos, que van siendo los únicos que le quedan disponibles al país para reconstruirse en el futuro —digo, si es que los estadounidenses hacen disponible para nosotros la libre asociación— son claramente incompatibles con el pretendido rumbo integrador de la estadidad federada.
Veamos entonces cómo ha quedado esto demostrado palmariamente en la campaña de las primarias demócratas de Puerto Rico del pre-candidato Sanders. En su visita a Puerto Rico Bernie Sanders declaró muchas cosas importantes e interesantes. Entre ellas dijo que a Puerto Rico no se le puede seguir tratando como una colonia (aplausos) y que los puertorriqueños deberíamos producir una “revolución política” (aplausos). Pero también dijo como razón principal para que no se trate a los puertorriqueños como una colonia, no que nuestro Pueblo es una nación con derecho a su propia autodeterminación, sino porque somos “ciudadanos de Estados Unidos”. Es decir, lo que le preocupa a Sanders es que los puertorriqueños, a pesar de ser “ciudadanos de Estados Unidos” sean tratados como inferiores y como habitantes de una colonia. Pero si examinamos bien ese argumento, el mismo no conduce a otro lugar que a la integración dentro de Estados Unidos y a la estadidad federada. Es un discurso muy parecido al de los estadistas de Puerto Rico. Es como cuando otros demócratas liberales como el joven Kennedy han dicho que Puerto Rico merece un trato digno, y entonces, nos ofrecen apoyar la estadidad federada para Puerto Rico, como si fuera la gran cosa, y como si quienes aspiramos a un Puerto Rico soberano y país diferente de Estados Unidos, pudiéramos recibir su oferta como el “gran favor”. No, gracias. Lo cierto es que no hay manera de promover el objetivo de la descolonización y la soberanía propia para Puerto Rico por medio del apoyo a un candidato a Presidente de Estados Unidos, por liberal o socialista que él o ella se cante. Veamos otro ejemplo con Bernie Sanders. Cuando condenó la Junta de Control Fiscal (aplausos) dijo en seguida que a Puerto Rico debe tratársele como cualquier municipio de los Estados Unidos, y por lo tanto darle acceso a la reestructuración de las deudas de su gobierno mediante la protección de una ley de quiebra. No dijo para nada que Puerto Rico es una nación digna, a la cual debe tratársele conforme al derecho internacional de la descolonización y de la autodeterminación. No. Nos degradó a la categoría de “aspirantes a municipio de Estados Unidos”. Eso tiene que haberse recibido, mínimo, como un “balde de agua fría” por los independentistas que apoyan a Sanders en su campaña, y en muchos casos, con un sonado abucheo. Cosas veredes. Otro ejemplo: una joven le preguntó a Bernie Sanders sobre la aplicación de la Ley de Cabotaje a Puerto Rico. Evadió responder diciendo que no sabía de qué se trataba. ¿No sabía realmente? ¿O no sería más bien que no deseaba perder votos entre los miembros de los sindicatos del transporte marítimo de Estados Unidos?
Hasta el momento, ningún candidato a Presidente de Estados Unidos ha dicho claramente que apoya que Puerto Rico obtenga su propia soberanía, algo a lo que tiene derecho, tanto por mandato del derecho internacional contemporáneo como por las declaraciones oficiales de la ONU aplicables al caso. Mientras eso no ocurre, los presidentes de EEUU continúan tratándonos como territorio y el Congreso sigue disponiendo de nosotros como una propiedad territorial. Pero aún si un candidato a Presidente de Estados Unidos dijera que favorece nuestra soberanía, ello no sería garantía de nada porque quien tiene jurisdicción final sobre los territorios es el Congreso. Es en el Congreso en donde habría que trabajar la transición inevitable hacia nuestra propia soberanía nacional. Concluyo así con la idea con la que di comienzo a esta columna: al menos entre gente moderna e inteligente, lo que no produce resultados se desecha o se trasciende.