Una nueva cultura ciudadana

No hay mayor asombro en estos tiempos que la avalancha de asesinatos que se registran a diario en la Isla y que, en términos generales, arrasa con la población joven masculina. Es una crisis social sin precedente en nuestra historia, comparable sólo con las escenas escalofriantes que conocemos desde las ciudades mexicanas de Tijuana y Ciudad Juárez o en urbes como Bogotá, en Colombia.

El drama del delito transcurre hoy desde cualquier esquina y a cualquier hora sin importar las consecuencias que el acto de ir tras “la cabeza” de alguien tenga sobre terceros, muchas veces ajenos e inocentes. Asimismo, los capos y sus escuadrillas publican abiertamente y sin pudor sus hazañas en Internet, donde revelan fotos de algunos de los más importantes jeques del negocio de la droga ilegal y se burlan abiertamente de las fuerzas policíacas.

Desde la subcultura del punto también se conspira para enviar mensajes amenazantes a través de producciones musicales de encargo, como se aprecia en varias de las grabaciones reguetoneras que circulan por el mainstream boricua.

La radiografía social del País espanta, mas lo peor es que nadie desde las estructuras del poder gubernamental se ha atrevido a ponerle un coto a la violencia que enfrentamos y cuyas causas están intrínsecamente vinculadas al trasiego de drogas ilícitas que circula con fuertes descontroles en su distribución, oferta y demanda.

Ante el dilema criminal, las respuestas del Estado son las mismas hace décadas: más policías, más balas y más arrestos. Bajo la alternancia del poder político bipartidista que hemos vivido en el último medio siglo ninguna estrategia policíaca ha sido eficiente; por el contrario, su puesta en marcha ha mostrado su invalidez.

Ahora, sin embargo, el gobernador Luis G. Fortuño pretende vender un nuevo método para abordar la crisis delictiva que azota la Isla y que al finalizar el mes de agosto ronda cerca de 800 asesinatos. Su opción, presentada como la gran panacea, consiste en endurecer el aparato represivo estatal calcando el modelo policíaco que se implantó desde finales de la década de 1990 en la ciudad de Nueva York bajo la administración del otrora alcalde Rudolph Giuliani y que persiste con la dirección de Michael Bloomberg.

Más represión y vigilancia

Para el ex Ejecutivo de la “Gran Manzana” los problemas de seguridad ciudadana tenían que enfrentarse con más fuerza, incrementando el uso de tecnologías de vigilancia y reprimiendo vehementemente cualquier transgresión de ley, desde instruir el ataque burdo contra la indigencia hasta penalizar desproporcionadamente a los ciudadanos por cruzar la calle fuera de las zonas establecidas o, simplemente, lanzar basura u orinarse en las aceras.

Hubo, además, un esfuerzo para recrudecer las penas por delitos así como una estrategia concertada para descentralizar y reestructurar el Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD, en inglés), acción que incluyó la creación de la denominada Comisión Mollen que tuvo a cargo atacar el problema de la corrupción policíaca. Al mismo tiempo, la policía de la ciudad aumentó su fuerza en un 45 por ciento entre 1991 y 2001, según informes del NYPD divulgados en su portal cibernético.

Toda esta maniobra, que se impuso bajo las órdenes del entonces Jefe de la policía William Bratton y que se conoció como Tolerancia Cero, produjo buenos resultados para la imagen pública de Giuliani tras presentar una reducción significativa en las estadísticas que informan la comisión de delitos, en particular en el renglón de asesinatos, como consigna la página de Internet del NYPD. El efecto mayor, como han señalado expertos, fue que esta estrategia redirigió la inversión social reduciendo el presupuesto destinado a atender las áreas de servicios esenciales para los ciudadanos.

Con la asunción al poder el 1 de enero de 2002 del alcalde Michael Bloomberg, sucesor de Giuliani, el programa Tolerancia Cero no sólo continuó sino que reforzó la acción represiva en la ciudad con su expansión a las escuelas públicas, cuyo fin buscaba asediar a los más jóvenes.

Bloomberg aplicó a su plan todos los elementos de la teoría de las Ventanas Rotas (Broken Windows) y redimensionó la política anticrimen redefiniendo la utilización de los recursos policíacos. Para esto, introdujo un nuevo diseño organizacional, armado en principio por el oficial Jack Maple, que impuso esquemas rígidos de evaluación para el desempeño laboral de los policías como si se tratara de convoy paramilitares.

No hubo guardia neoyorquino que no recibiera adiestramiento en tácticas eficaces de combate, al tiempo que la jefatura policial facilitaba su labor rearmándole los sistemas informáticos con actualizaciones sobre los alegados criminales de la ciudad y sus centros de operación, en lo que se conoció como el Computerized Statistics (Compstat) y que significó una nueva forma de agrupar datos sobre acciones delictivas útiles para los famosos Encuentros de Estrategia Criminal que realizaba el alto mando de la uniformada.

Así las cosas, el modelo de Nueva York se ha sostenido en un fuerte andamiaje represivo zurcido en un sofisticado diseño de vigilancia normalizada como control social y disciplinario casi idéntico al relatado en la tesis de Michael Foucault, aparecida en su trabajo Vigilar y castigar.

Según la Coalición de Derechos Civiles de Nueva York (NYCRC, en inglés), en sólo dos años 45,000 personas fueron arrestadas en la ciudad como sospechosas por la comisión de algún delito. En el proceso se comprobó que 37,000 de estos casos carecían de justificación.

Esta implacable política anticrimen se dirigió desde sus inicios a atacar casi exclusivamente a las poblaciones afroamericanas y latinas de la ciudad, por lo que se tornaron en intervenciones racistas, clasistas y xenofóbicas. Un repaso a los informes más recientes realizados por la Agencia de Justicia Criminal de Nueva York revela que tan sólo en el 2003 el número de arrestos contra negros y latinos se alzó, ocupando el 80 por ciento de las detenciones que, en la mayoría de los casos, atendía a asuntos de delitos menos graves. Este patrón se ha repetido ininterrumpidamente hasta el presente.

Asimismo, un estudio presentado a principios de esta década por la NYCRC señaló que más de una tercera parte de los jóvenes negros neoyorquinos, entre las edades de 18 y 29 años, se encontraban bajo vigilancia del sistema policial o penal. Más aún, la estrategia articulada bajo esta política represiva ha mostrado su malevolencia en los casos de brutalidad policíaca ocurridos a finales de los años 1990 y en el que las víctimas fueron inmigrantes negros.

El primer hecho, acontecido en 1998, respondió a un ataque de tortura física y sexual contra Abner Louima, un inmigrante haitiano con quien la policía intervino sin causa en Brooklyn. En el otro, ocurrido en 1999, los policías de Nueva York acribillaron con 42 tiros a mansalva al inmigrante africano Amadou Diallo, un joven de 22 años de edad.

Otra cara de la moneda

Si bien es cierto que durante la instauración de las políticas anticrimen de Giuliani y Bloomberg se registró una baja en las estadísticas de incidencia delictiva, es pertinente acotar que el hecho no es, exclusivamente, resultado de las estrategias represivas. Hubo factores sociales, culturales y económicos que primaron en la ciudad durante las décadas de 1990 y 2000 y que favorecieron el robustecimiento de las fuerzas productivas. En esos años la economía se fortaleció, registrando un aumento en la tasa de participación laboral y, por consiguiente, un descenso en el desempleo que redundó en una mejoría sustancial en los ingresos de los ciudadanos y su calidad de vida.

Expertos criminalistas como Andrew Karmen señalan que ese dato, junto a la reducción del mercado del crack y la heroína, fueron los condicionantes más importantes para la reducción delictiva en la ciudad. Su obra, New York Murder Mystery: The True Story Behind the Crime Crash of the 1990’s, contraviene el discurso oficialista gubernamental y pone en perspectiva el problema criminal.

La ecuación, a todas luces, parece ser sencilla: a mayor estabilidad económica, mejor calidad de vida. Si por el contrario, las condiciones sociales y económicas de los ciudadanos empeora es de esperar que el registro de actividades delictivas aumente tal y como ha sido la experiencia reciente.

La administración de la ciudad de Nueva York conoce esa relación aunque lo oculte al momento de presentar los “avances” de su modelo policíaco. Cerrar los ojos ante las consideraciones sociales que ondean el problema criminal es, simplemente, irresponsable.

Por eso, antes de fanfarronear con las fórmulas que se introducen en Puerto Rico para reducir la incidencia delictiva es necesario que se atiendan con urgencia los problemas que devienen de una estructura social víctima de las acciones salvajes del mercado, las privatizaciones, la desocupación laboral, la desigualdad social y la desintegración familiar y comunitaria. Si no se enfocan los recursos en atender esa dimensión de la crisis no habrá estrategia represiva ni batallón de la uniformada capaz de aplacar el crimen y la violencia.

Convivencia ciudadana

El reto de reducir la alta incidencia criminal que acecha a la Isla requiere de una mirada holística que centre su atención, ante todo, al tema de la convivencia ciudadana. El empeño por acentuar el aparato policial empotrando la política de Ventanas Rotas importada desde la ciudad Nueva York, además de desacertada, suscita más escepticismo que confianza.

Mientras los regentes del poder político en Puerto Rico, sean anexionistas, populares colonialistas o soberanistas, carezcan de voluntad para atender y resolver los problemas sociales conexos al crimen, poco se avanzará. Por eso, de cara al futuro inmediato, la urgencia por remediar el problema criminal debe iniciar con el desarrollo de un modelo socioeconómico sin exclusiones basado en la igualdad de oportunidades y sostenido en un Estado que garantice la equidad social. Al mismo tiempo, necesitará impulsar un modelo político de base democrática, amparado en principios de solidaridad, tolerancia e igualdad que procure un mayor bienestar ciudadano. Estas son las bases para la construcción de una nueva cultura que permita a la ciudadanía convivir como comunidad cumpliendo normas sociales justas e igualitarias y aprendiendo a solucionar pacíficamente los conflictos cotidianos en el marco de una visión compartida de país.

Una nueva cultura ciudadana requiere, además, un fuerte compromiso con el fortalecimiento y la profundización de un modelo democrático que defienda el libre acceso a la información, el conocimiento y la educación. En esa dirección, el rol del Estado se distancia de su dimensión represiva y autoritaria para reconvertirse en facilitador de un proceso de gestión social y comunitaria ofreciendo herramientas para que los ciudadanos desarrollen capacidades de convivencia creando relaciones basadas en la confianza, la tolerancia y el respeto.

Ha dicho el ex alcalde Bogotá, Antanas Mockus, quien logró reducir la incidencia criminal en esa ciudad introduciendo nuevos modelos de coexistencia social, que “el concepto de cultura ciudadana parte de la idea de que un gobierno puede impulsar mejoras sustanciales en la convivencia, la seguridad y la participación democrática de los ciudadanos mediante acciones sobre la cultura y no sólo mediante acciones jurídicas o de vigilancia y control”.

En Puerto Rico, por ejemplo, existen proyectos que han mostrado la fórmula de cómo lidiar con conflictos sociales severos, en su mayoría violentos y que involucra a jóvenes, sostenidos en modelos educativos que inciden en la conformación de nuevos paradigmas de convivencia colectiva, como es el caso de Nuestra Escuela, donde se producen transformaciones impresionantes en la conducta de jóvenes transgresores que han sido abandonados por el sistema de enseñanza tradicional y que, en algunos casos, ya han tenido su primer encuentro con la ley.

No hay receta fácil para atajar el grave problema criminal que acecha al País. Sabemos ad nauseam lo que no funciona y es eso, precisamente, lo que no se debe repetir. Corresponde ahora explorar nuevas vías que produzcan esperanza de futuro. En esas rutas deben permitirse la concurrencia de todos los sectores de la sociedad que, en equidad, deseen armar una nueva comunidad cívica. Esta comunidad, como señala el sociólogo Robert David Putnam, deberá mantenerse “unida por relaciones horizontales de reciprocidad y cooperación y no por relaciones verticales de autoridad y dependencia”.

Las sendas para lidiar con el grave problema criminal que golpea a la ciudadanía están, ante todo, en la apuesta a la gente y a su voluntad de aportar en la transformación social. Nada se gana con recrudecer el aparato policíaco y represivo del Estado. La incidencia delictiva y la violencia callejera continuará mientras las condiciones sociales y económicas del país se mantengan inalterables. En manos de una nueva cultura ciudadana garantizamos la seguridad colectiva que anhelamos.

Referencias

Agencia de Justicia Criminal de Nueva York (CJA): http://www.nycja.org.

Coalición de Derechos Civiles de Nueva York (NYCRC): http://nycivilrights.org.

Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD): http://www.nyc.gov.

FOUCAULT, Michael (1986). Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI Editores.

HARCOURT, Bernard E. y Jens Ludwig (2006). “Broken Windows: New Evidence from New York City and a Five-City Social Experiment” en The University of Chicago Law Review, Vol. 73, Issue 1. Chicago: The University of Chicago Press.

KARMEN, Andrew (2000). New York Murder Mystery: The True Story Behind the Crime Crash of the 1990’s. New York: NYU Press.

KELLING, George L. y Catherine Coles (1998). Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities. New York: Martin Kessler Books.

MOCKUS Antanas (2008). Cultura ciudadana como política pública y la medición de sus avances. Colombia : Fundación Terpel.

PUTNAM, Robert D. (1993), Making Democracy Work. New Jersey: Princeton University Press, citado de SÁNCHEZ CABRA Efraín  y Carolina Castro Osorio (2006). Fomentar la cultura ciudadana. Colombia: Departamento Nacional de Planeación.

WILSON, James Q. y George L. Kelling (1982). “Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety” en Atlantic Magazine: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windoes/4465.