Vía al desastre
La llamada Vía Verde, un eufemismo típico de la propaganda, es un proyecto impuesto de forma acelerada a un país que no ha tenido la oportunidad de digerir todo lo que implicala construcción y eventual operación de un proyecto de esta magnitud. No soy de los que creen en contrarrestar esta propaganda con otra igualmente sesgada, como decirle “el tubo de la muerte”. Creo en respetar la capacidad de pensar del más humilde de nuestros ciudadanos, sobre todo de nuestros campesinos.
Nuestro pueblo está en este caso desprovisto de la protección del gobierno estatal, que se ha limitado a informar mediante una campaña propagandística que busca evitar que el ciudadano común considere elementos técnicos y científicos y solo se “emocione” con la ilusión de una rebaja en tarifa de energía y un parque ecológico lineal que atraviese el país.
Propaganda del gobierno para impulsar el proyecto del gasoductoSin embargo, la realidad es que son muchos los elementos técnicos y complicados que habría que traducir a un lenguaje sencillo para poder comprender. Y el tiempo es limitado. La agencia proponente, respaldada por toda la maquinaria gubernamental, está presionando a las agencias locales para que tomen decisiones favorables a sus intereses de forma acelerada. No están dando tiempo suficiente a que los ciudadanos, que no contamos con los recursos que tienen ellos, podamos investigar el alcance del impacto de un proyecto como éste.
Profesores, científicos y líderes ambientales del país, por ejemplo, el Dr. Neftalí García Martínez, han expresado en foros diversos durante los pasados meses los hallazgos de sus investigaciones y evaluaciones. Todos coinciden en que el gasoducto no es un proyecto necesario y sí uno extremadamente riesgoso para la vida y propiedad de cientos de miles de ciudadanos. Pero sus reclamos parecen caer en los oídos sordos del gobierno local.
Creo que el proyecto del gasoducto no es viable por razones estratégicas, económicas y de seguridad. No existe una verdadera crisis energética en el país como ha querido convencer el gobierno para acelerar el proyecto. Es cierto que existe la necesidad de bajar los costos de producción de energía para estimular la economía y aliviar el bolsillo del ciudadano, pero este proyecto no considera otras opciones viables y más eficientes que podría proveer hasta un 50 por ciento de energía de fuentes alternas al petróleo.
El gas natural es una opción real apropiada para lograr una transición razonable hacia otras fuentes energéticas que sean renovables mientras se logra un comportamiento social hacia un mayor ahorro de energía. Pero no es recomendable usarlo para generar más de la mitad de la energía eléctrica generada en el país, como lo quiere hacer la Autoridad de Energía Eléctrica.
Es cierto que en la actualidad es más económico producir energía con gas que con la mayoría de las fuentes de energía renovable, pero hay estudios que indican que la forma de su extracción cada vez es más riesgosa y costosa. Aun con los inmensos depósitos de gas natural recién descubiertos en los Estados Unidos, no hay garantía de que ello redundará en una reducción significativa en el costo, pues, además de las complicaciones de su extracción, está presente la especulación económica, como históricamente ha ocurrido con el petróleo.
El proyecto de Vía Verde no contempla las naturales fluctuaciones en el costo del gas ni las usuales estrategias de los productores del combustible que afecten el mercado global. Nada de esto forma parte del discurso público de la agencia proponente la cual sigue invirtiendo en anuncios publicitarios que desvían la atención a los asuntos verdaderamente importantes del proyecto, ignorando la necesidad y derecho de ciudadano a recibir una información apropiada, completa y veraz.
Video creado por un/a ciudadano/a preocupado/aAún cuando estas situaciones puedan salvarse y en efecto sea el combustible apropiado para el presente, existen formas alternas de utilizarlo con la infraestructura del país, que no hace necesario su transportación de forma tan riesgosa atravesando la Cordillera Central. La distancia de distribución del gas entre el punto de desembarque en el área Sur y el punto de generación en el Norte, hacen que el proyecto sea muy riesgoso y en extremo costoso.
Podría desembarcarse mediante uso de boyas especializadas cercanas a las plantas generatrices que todas están en zonas cercanas a la costa. También puede utilizarse facilidades ya existentes, como el caso de EcoEléctrica, para suplir el gas a plantas de ciclo combinado en el Sur que serían más eficientes en producir electricidad.
Sin embargo, el asunto que más nos llama a oponernos no es tanto el económico sino el de la seguridad. La distancia propuesta entre la tubería y zonas de usos variados, incluyendo residencial, institucional, comercial y agrícola, no es aceptable por razones de seguridad. Según lo que he leído de estudios realizados por conocedores del tema, no existe una distancia fija ideal entre una operación cómo esta y actividades humanas ya que varía según las características del proyecto. En este caso, los 75 pies de la servidumbre propuesta, y en algunos lugares hasta menos, representa un riesgo inaceptable para la vida y la propiedad de cientos de miles de ciudadanos, muchos de los cuales todavía no comprenden la magnitud del proyecto y solo han sido expuestos a una simplista campaña publicitaria.
Estudios realizados por la Comisión Técnica y Científica de la organización de base comunitaria Casa Pueblo indican que en puntos específicos del proyecto, de haber accidentes comparables con los que han ocurrido recientemente en EU, el impacto directo afectaría a cientos de miles de personas en áreas sub urbanas muy pobladas y que quedarían muy cerca de la tubería. Además, en una vía tan extensa, los riesgos son mayores por la diversidad del terreno y un cierre en el flujo del gas por razones preventivas haría muy vulnerable el sistema de producción de energía del país.
El proyecto impactaría zonas donde habitan especies en peligro de extinción, recursos de agua que podrían verse impactados, áreas vulnerables a deslizamientos y movimientos telúricos, vías públicas de alto volumen de tránsito, zonas densamente pobladas, industrias, organizaciones culturales y educativas, entre otros. ¿Por qué someter a riesgos de seguridad a tantos cuando hay mejores alternativas que no se están discutiendo por parte de la agencia proponente?
Los criterios de expropiación que han propuesto son en extremo limitados, dejando cientos de propiedades vecinas inmediatas al proyecto, sin ser expropiadas, a merced de la reducción en su valor y uso seguro. No contempla justicia entre los beneficiados por el proyecto, como los bonistas, el sector empresarial y otros intereses económicos, y los efectos negativos que provocará entre sectores marginados y ciudadanos de escasos y medianos recursos económicos.
La Declaración de Impacto Ambiental Preliminar que se sometió a las agencias reguladoras y que recién se aprobó como Final por la Junta de Calidad Ambiental, fue objeto de vistas públicas muy limitadas. Es un documento incompleto y contradictorio que no cumple con los objetivos elementales de la Ley de Política Pública Ambiental.
Según he escuchado de voz de especialistas que participaron en las vistas, el documento no cumple con criterios de ser un documento objetivo, analítico, conciso y preciso, como lo requiere la reglamentación ambiental. Se concentra de forma superficial en la construcción y no en la operación, para evaluar su impacto. No incluye un estudio geológico y descarta variables sísmicas de forma poco responsable y poco científicas. No considera cambios futuros en presión del gas, fragmentando la evaluación del impacto ambiental. No es precisa en aspectos económicos de la operación del proyecto que son parte de la evaluación ambiental.
En mi caso, que simplemente soy una ciudadana no científica, luego de escuchar estos argumentos y haber leído cientos de noticias e información sobre el tema, ¿cómo puedo estar confiada en que se defenderá nuestro derecho a la salud y seguridad, cuando el gobierno simplemente nos provee una campaña ilusoria y no se enfrenta a los argumentos técnicos y científicos que tanto nos preocupan a los legos en la materia? ¿Cómo puedo confiar en los criterios de evaluación de agencias locales que están sometidas al poder ejecutivo y legislativo que propulsan el proyecto?Ver nada más la ruta, es ver una cicatriz permanente en nuestro suelo. Es destruir la tranquilidad del corazón del país. A cientos de miles de ciudadanos como yo, solo nos queda evitar que se imponga arbitrariamente un proyecto de esta magnitud para satisfacer los intereses de unos pocos a corto plazo, sin respetar la vida, la propiedad y el ambiente de un sistema tan frágil y vulnerable como el nuestro.