Pero la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte ha denunciado que actualmente son 16 casos para los que actualmente se está solicitando la pena de muerte. Dos casos ya están certificados y otros catorce casos están pendientes de que el Secretario de Justicia de los EEUU, Eric Holder, los certifique como de pena de muerte.
“Es la primera vez en la historia de la corte federal que hay tantos casos. El perfil que podemos identificar al momento son delitos de carjacking, asaltos a mano armada y vehículos de motor. Alguno o varios de estos casos podrían convertirse en una condena de muerte en Puerto Rico, y sería la primera en la jurisdicción federal”, ha dicho Edgardo Román, portavoz de la Coalición.
“Además de intentar restringir el derecho a la fianza e incrementar las penas, todo apunta a que el gobierno ha apostado a una política de facilitar y promover el ejercicio de la jurisdicción federal en relación a delitos cometidos en Puerto Rico. No se trata de que las autoridades federales tienen ahora poderes nuevos o distintos a los que ya poseían, de lo que se trata es de una política deliberada para que la Corte Federal adquiera cada vez un mayor protagonismo en los asuntos que antes se manejaban de otra manera”, explicó Román.
Y es que desde la época del Secretario de Justicia estadounidense Alberto González, durante la presidencia de George Bush, se fueron cambiando las reglas de juego y se cimentaron las bases para que esto ocurriera. El resultado es que actualmente, si es certificable para pena de muerte, el caso automáticamente pasa a la discreción del Secretario de EE. UU.. Los fiscales no tienen discreción, aunque pueden emitir recomendaciones.
Ana Irma Rivera Lassen advierte que lo que se busca con la eliminación del derecho a la fianza que va a referéndum en agosto es abrir la puerta a la modificación de la constitución puertorriqueña en lo que respecta a la pena de muerte. La abogada opina que la administración de turno tiene el anhelo de estandarizar el derecho aplicable entre la jurisdicción federal y la local.
Trasfondo
Debido a la realidad de Puerto Rico como colonia de los Estados Unidos, que está sujeta a ciertas leyes federales, se ha tratado de imponer la pena de muerte por cargos federales ciertos casos. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado las condenas de muerte.
La última ejecución de estado en Puerto Rico fue el ahorcamiento de Pascual Ramos en 1927 por el asesinato de su jefe. Puerto Rico abolió la pena de muerte en 1929, dos años después de esa ejecución. En 1952, cuando se redactó y ratificó la Constitución de Puerto Rico, se incluyó en la carta de derechos el decreto simple: «la pena de muerte no existirá”.
En 2005, el Tribunal de Apelaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sostuvo que sería inconstitucional la extradición de Juan Meléndez Cruz a Pensilvania si se enfrentaba a una posible sentencia de muerte. El tribunal se refirió al tema como uno que implica el derecho fundamental a la vida. En julio de 2003, el Tribunal de Distrito de Filadelfia confirmó que Meléndez Cruz, natural de Puerto Rico, podría enfrentar la pena de muerte en Pennsylvania. La abogada de Meléndez Cruz, Eileen Díaz, sostuvo que la extradición de su cliente en tales circunstancias estaba prohibida por la Constitución de Puerto Rico.
Más, en un clima tan polarizado como el existente y ante unos índices de criminalidad fuera de proporción, la posibilidad de que ocurra una condena de este tipo está presente.
El caso de Edison Burgos
Uno de los casos actualmente certificados para pena de muerte, el de Edison Burgos, consta de una acusación de narcotráfico y un cargo de haber desaparecido a su compañera consensual Madeline Semidei, quien era informante de la DEA, según el pliego. El licenciado Steven Potoski, abogado de Edison, es un letrado de Florida especialista en pena de muerte que ha visto todos los casos de este tipo en Puerto Rico.
“Ya comenzó y se encuentra en etapa de selección de jurado. Este caso está certificado como de pena de muerte, lo que quiere decir que el jurado, de encontrar culpable al acusado podría imponer la pena capital si así lo decide un jurado de manera unánime”, explicó Edgardo Román.
Aunque hay un patrón en casi todos los casos criminales en el cual la mayoría de los condenados a pena de muerte son hombres, negros y de escasos recursos económicos, existen por supuesto excepciones o casos mixtos. En el caso de Edison, es un hombre blanco, era comerciante en el área de Yauco. No tiene antecedentes penales y tiene un abogado de oficio.
“Los integrantes de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte nos estamos reuniendo cada sábado en el local de Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico en los altos de la Sociedad Bíblica en Río Piedras. Las reuniones son abiertas, plurales, participativas y respetuosas de la diversidad de visiones de las personas y organizaciones participantes. Continuaremos con las reuniones de la campaña referente al caso de Edison Burgos en sábado que viene a partir de las 10:00 am. Están todos y todas convocados”, exhortó Román.
De los 198 países del mundo, 141 han abolido la pena de muerte mediante ley o en la práctica.
