¿Un nuevo Código Civil nacido de mentiras?
Las expresiones se dieron en el Simposio convocado por CABE y titulado Vida, persona y familia: Los Valores del Nuevo Código Civil. En el mismo se dieron cita deponentes con una amplia trayectoria de trabajo legal, académico, trabajo social, de defensoría de derechos humanos y activismo. Todas y todos coincidieron en que una revisión del Código Civil debe partir de tres acuerdos básicos. Primero, dicho proceso debe estar separado de procesos político partidistas. Segundo: debe respetar la separación de Iglesia y Estado y tercero, debe aspirar a eliminar las inequidades que por siglos han estado insertadas en nuestro sistema jurídico.
El primer panelista fue el Lcdo. César Alvarado quien fue parte de la Comisión Revisora del Código Civil nombrada en los ‘90. Éste explicó que dicha comisión trabajó por 11 años y creó un borrador que debería servir de punto de partida para el nuevo Código. Alvarado añadió que los trabajos de dicha comisión incluyeron la participación de profesoras y profesores de las tres escuelas de derecho de la Isla y la celebración de vistas públicas que les permitieron crear un documento en el cual se recogieron recomendaciones que fueron presentadas por múltiples sectores del país. Esa revisión se hizo con una inversión millonaria bajo administraciones de los dos partidos que han gobernado el país y siempre se trabajó bajo el acuerdo de dejar de lado la política partidista para dar prioridad a la creación de un instrumento legal que sirviera a los mejores intereses del país.
La segunda panelista fue la Lcda. María Dolores Fernós, primera Procuradora de las Mujeres y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. En su ponencia, Fernós analizó cómo el Código Civil actual perpetúa las desigualdades e invisibiliza las mujeres y las comunidades LGBTTIQ. “El nuevo Código Civil debería ser un instrumento para corregir inequidades del pasado” expresó Fernós al tiempo que recordó cómo los sectores religiosos fundamentalistas han entorpecido el avance de legislación que garantice la visibilidad y los derechos de comunidades vulnerables. También señaló cómo las jerarquías y formas de discrimen avaladas por el Código Civil han constituido históricamente una base desde la cual se construyó y se sigue construyendo la violencia hacia las mujeres y, hoy en día, hacia las comunidades LGBTTIQ. “Nos enfrentamos a unas luchas muy duras, pero recordemos cómo hemos derrumbado otras barreras que impedían el avance de las mujeres y las personas LGBT”, apuntó Fernós.
Más allá del tema legal, la tercera presentación del Simposio estuvo a cargo de la Dra. Mabel López quien compareció en representación del presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Larry Emil Alicea. López insistió en que la discusión sobre un nuevo Código Civil debe incluir un debate sobre los conceptos de familias que ya son parte de la realidad del país. “Las familias tradicionales no son naturales, sino socialmente construidas. El patriarcado, el heterosexismo y el sexismo han afectado negativamente las estructuras familiares”, expresó. La posición del Colegio de Trabajo Social señala que “adscribirse a un solo tipo de familia es un acto de violencia”. Algunas de las estadísticas brindadas por López revelan cómo Puerto Rico se alejó hace décadas de ese concepto de familia. Por ejemplo, el 55% de las familias de la Isla están organizadas de maneras diversas y según el Registro Demográfico el 65% de los nacimientos de la Isla ocurren fuera del matrimonio.
La Lcda. Nora Vargas, profesora de derecho en la Universidad de Puerto Rico, fue enfática en su ponencia al señalar que en “Puerto Rico el discrimen está institucionalizado. Además, las familias diversas siempre han existido y el Código Civil las invisibiliza”. Vargas explicó cómo el Código Civil crea derecho y privilegios y señaló que el texto actual del mismo excluye a las parejas del mismo sexo de temas tales como el matrimonio, la adopción y las presunciones de paternidad. En cuanto a las comunidades trans, Vargas resaltó que no solo están invisibles en el Código Civil sino que al mencionarlas en temas relacionados, suele ser para restarle derechos y excluirlas de legislación. “Al no reconocerse su identidad, se les violenta su dignidad”, apuntó.
La segunda plenaria del Simposio contó con la participación de la periodista Mari Mari Narváez de Espacios Abiertos y la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, de Proyecto Matria e integrante de CABE.
“El fin de una democracia es proteger la equidad”, sostuvo Mari Mari Narváez en su ponencia. “Y para vivir la democracia es necesario participar en las decisiones que se tomen en ella”, añadió. Mari Narváez trajo ante el público los elementos necesarios para que una democracia sea representativa: transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y participación. Agregó que el gobierno debe proveer otros mecanismos que faciliten la participación ciudadana tales como leyes de acceso a la información, asambleas ciudadanas, audiencias públicas y utilizar plataformas tecnológicas. Según la ponente, los trabajos deben ser horizontales y transparentes y deben facilitar la incorporación de las personas que quieran unirse y participar.
Por último, la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez analizó el estado actual del país y cómo el mismo pone en riesgo una revisión amplia y justa del Código Civil. En lo que ella llamó “El mapa del terror o cómo destruir una democracia”, Pagán expuso diez estrategias que el gobierno, y en especial la Legislatura actual, están utilizando para excluir a poblaciones como la LGBTTIQ de los procesos legislativos y gubernamentales que afectan sus derechos humanos. Para Pagán, el libro de estrategia política que parecen estar siguiendo en la Legislatura, da instrucciones como las siguientes: “Acrecienta las desigualdades, elimina oportunidades, acorrala las poblaciones vulnerables, minimiza el daño, selecciona objetivos de ataque, corta el acceso a información, actúa rápido y de manera impredecible, ataca en muchos frentes, di lo contrario de lo que estás haciendo y si todo falla, di que el pueblo te apoya y repítelo hasta que te lo crean”.
Precisamente en esa línea, CABE salió al paso a las expresiones de la representante Charbonier, quien dijo ayer que en septiembre publicarán un borrador del Código Civil y que abrirán el proceso a vistas públicas aunque según un rotativo del país ella no garantizó que todos los interesados puedan expresar sus planteamientos durante las audiencias. “La representante Charbonier dice lo contrario a lo que hace y apuesta a que no le estamos llevando un récord de acciones. No olvidamos sus expresiones en cuanto a dar prioridad al matrimonio heterosexual, ni que tiene como consultor a un sacerdote católico que se ha hecho tristemente famoso por el afán con el cual ataca a las poblaciones LGBT. Tampoco olvidamos que en la discusión del Proyecto de la Cámara 1018 para aprobar una ley que autorizaría a discriminar por razones religiosas, las vistas se manipularon para reducir la comparecencia de grupos que se oponían al proyecto y poder decir luego a la prensa que el proyecto fue apoyado por la mayoría de los deponentes”, expresó el Lcdo. Osvaldo Burgos, portavoz de CABE.
“Ya estamos cansados y cansadas de escuchar mentiras y de que se manipule la información en procesos legislativos que afectarán la calidad de vida y los derechos humanos de todo el país. Si la representante Charbonier quiere una revisión seria del Código Civil no puede pretender que el resto del país se siente a esperar pasivamente qué contendrá un borrador que se está preparando por consultores cuyos intereses están atados al sector religioso fundamentalista. La Cámara de Representantes con sus ayunos, sus alianzas públicas con grupos que atacan los derechos humanos, su apoyo a legislación como la que autorizó las cenizas en Peñuelas y a proyectos que están destruyendo comunidades, no es una institución que merezca la confianza del pueblo. Nos pueden repetir mil veces que tuvieron los votos de la mayoría- algo que con el bajo nivel de participación electoral del 2016 ponemos en duda- y mil veces nosotras le responderemos que aún si eso fuera cierto, no les da derecho a ser canallas y a destruir los derechos humanos de las comunidades LGBT, las mujeres y el resto del país. Al contrario, los votos que recibieron les obligan a actuar con transparencia, sin la influencia de grupos religiosos y con las puertas abiertas al país que les puso en la Legislatura”, concluyó la Lcda. Amárilis Pagán también portavoz de CABE.