Su intención es achicar aún más la Universidad pública reduciendo el número de estudiantes, cesanteando a cientos de empleados docentes y no docentes, destruyendo el sistema de retiro, y quitando derechos adquiridos de los empleados.
La Junta Fiscal entra en contradicciones cuando dice que: “La Junta Fiscal reconoce el extraordinario valor y el importante papel que ha desempeñado la UPR en el desarrollo económico del país” y añade que “el gobierno debe asegurar que la UPR siga siendo un motor de crecimiento económico para la isla y brinde una educación accesible y asequible a los estudiantes de todos los orígenes, teniendo en cuenta las realidades financieras y demográficas de la isla”.
No obstante ese reconocimiento, le recorta los fondos asignados y pretende decidir cómo se usan haciendo caso omiso del impacto negativo que tiene esto en la UPR y en el desarrollo socioeconómico del país.
Nuevamente, la APPU hace un llamado a la Junta de Gobierno de la UPR y al nuevo Presidente de la institución a que salvaguarden la permanencia de la UPR como universidad pública. Que exijan al Gobierno y a la Junta Fiscal que la gobernanza académica administrativa le corresponde a los académicos de la UPR con participación real y efectiva de sus constituyentes.
A nuestra matrícula los convocamos a proteger los programas académicos desde cada escuela, facultad y recintos. No vamos a colaborar con la destrucción de la Universidad. No vamos a acceder a reducir el número de estudiantes admitidos ni a colaborar con ningún aumento adicional en los costos de estudiar, ni a que se laceren más las condiciones de trabajo y del ambiente educativo.
El momento es de combatir y resistir en alianza con los estudiantes y los empleados no docentes por la UPR y por Puerto Rico.
