Carta abierta a la Presidenta de la Universidad de Puerto Rico, al Presidente de la Junta de Gobierno y a todos los funcionarios administrativos del sistema UPR
La Universidad de Puerto Rico ha sido, por más de cien años, fundamental para el desarrollo educativo, económico, cultural y científico del país, con una cantidad incalculable de aportaciones que incluyen, pero no se limitan a programas y servicios con impacto directo e indirecto en las economías regionales y en los recaudos y las finanzas del País. Por lo tanto, nuestra Universidad debe ser un actor indispensable en la restructuración del País. Debemos, juntos y como comunidad universitaria, reafirmar que la UPR y todos los sectores que la componemos estamos dispuestos a insertarnos en cualquier plan de desarrollo económico para el país.
Consideramos que entrar en cualquier debate o negociación sobre reducciones al presupuesto de la Universidad es aceptar la falsa premisa de que las medidas de austeridad son necesarias y beneficiosas al país. En todos los casos conocidos esta política económica ha provocado el aumento de la deuda y ha intensificado la crisis fiscal con desastrosos resultados en el orden social. Por otro lado, la Junta de Control Fiscal pretende imponer medidas de austeridad en nombre de un grupo de acreedores y de una deuda que a todas luces es ilegítima e incluso odiosa, además emitida a tipos de interés inconcebibles (hasta 800%), a un país sin capacidad de reembolso y bajo condiciones que harían casi imposible pagar en el futuro. La doctrina de la deuda odiosa establece que «toda deuda no utilizada en beneficio del pueblo que la contrajo es odiosa y puede ser desconocida» (ver aquí).
La verdadera causa de la crisis que nos aqueja no es solo un asunto económico, sino un problema fundamentalmente político, que surge de la falta de participación de los sectores más afectados en la toma de decisiones. Nos oponemos a los estilos de gobernanza jerárquica, a espaldas de la población y de la comunidad universitaria, que además son responsables de la situación actual.
La Universidad de Puerto Rico es clave en la formulación y ejecución de un plan de desarrollo económico sostenible para Puerto Rico. Frente al requerimiento de la Junta de Control Fiscal, es preciso abogar juntos por el presupuesto público necesario para garantizar que la Universidad pueda cumplir esa insustituible función, en el corto y el largo plazo. Las propuestas que han circulado para allegar ingresos adicionales a la Universidad no reconocen la enorme deuda ya contraía contra la Universidad por servicios ofrecidos a agencias de gobierno y la empresa privada local, el bajo por ciento de captación de dichos contratos, ni reconocen el contexto más amplio de recortes masivos al presupuesto de las agencias del gobierno de los Estados Unidos que subvencionan la gestión académica y cultural.
A tales efectos, proponemos que lo que se presente ante la Junta de Supervisión Fiscal para el año académico 2017-2018 sea el presupuesto vigente de la UPR. De esta forma, la Universidad podrá continuar sus operaciones, afinando sus planes de trabajo a tono con la circunstancia del país, y realizando las redistribuciones que para ello sea menester, dentro de su actual presupuesto. Sólo así estará en condición de continuar contribuyendo al desarrollo de Puerto Rico.
Entendemos imperioso e inaplazable encarrilar los procesos para evitar la destrucción del proyecto de universidad pública del País. Requerimos de la Presidenta y la Junta de Gobierno que el 30 de abril entreguen el presupuesto universitario vigente, en vez del plan fiscal, y se unan a la comunidad universitaria para asumir el rol protagónico que nos corresponde en la búsqueda de soluciones a la crisis que enfrentamos como País.
Profesorxs Autoconvocadoxs en Resistencia Solidaria (PAReS)
26 de abril de 2017
San Juan, Puerto Rico.
