Cien días (y lo que falta)

Los primeros cien días de la gobernación de Alejandro García Padilla habrán desilusionado a muy pocos. Poco diestro, enajenado, mal orientado (si bien tenedor de una hermosa sonrisa Dentyne Ice), se vislumbró desde el principio como la opción menos mala del periodo eleccionario 2012. Llevando (mal) las riendas de un partido cuyo único mérito por momentos parece ser oponerse al PNP, ha sucumbido en tres meses a más de una tentación repelente y recibe (justa e injustamente, sagaz y torpemente, sana y maliciosamente) una dosis de crítica sustanciosa que debemos evaluar.

Es cierto que el nuevo cuatrienio abre en Puerto Rico con la esperada dosis de medicina amarga de parte del ejecutivo. El gobernador, como todo un caballero de película infantil, se ha quitado su guante blanco y nos lo ha estrechado en la cara a ver si aceptamos el desafío. Ha entregado el aeropuerto a un consorcio mexicano-estadounidense para “no violar un contrato” mientras que ha violado el contrato de los trabajadores gubernamentales con el Sistema de Retiro. Ha dado un paso adelante en la “reestructuración democrática” de la UPR; un paso que, bien visto, poco tiene de reestructurador y poco tiene de democrático. Además, parece haberle otorgado su aval a una reforma legislativa desfachatada, pensada por asambleístas caradelechuguinos y panchocaradequesados (a falta de adjetivos que los describan). Han sido unos días poco alentadores.

Para colmo de males, su mandato se ha visto congestionado por acciones que no están bajo su control (y que importan mucho) como el “sequestration” federal (que reubicará el contexto de, entre otras cosas, la “privatización” del aeropuerto), la degradación del crédito por parte de Standard & Poor’s (que implicará más cambios en la reforma de Retiro y posiblemente en la estructura financiera de la UPR) y la crisis económica global que afecta al 99% de la población. A su favor posee dos cosas: el control partidista de Cámara y Senado y la sonrisa bonita Dentyne Ice que de algo le habrá de servir.

La reforma propuesta del Sistema de Retiro debe verse bajo varias luces. No hay por qué dudar que el déficit de las arcas rondaba por los astros, algo que vienen advirtiendo estudiosos y economistas hace rato, no solo en la literatura especializada sino hasta en la radio FM. Por esto en parte resulta extravagante comparar la reforma de Retiro con la Ley 7 fortuñista, basada esta última en una premisa filosófica (eso de que el gobierno debe ser “pequeño”) y no en evidencia concreta (¿no produjo un estudio la Escuela de Planificación en el que se indicaba que no había en la isla gigantismo gubernamental?). Lo “fortuñista” de la reforma, en todo caso, sería la coincidencia del momento en que se propone y el viajecito niuyorquino de los asesores económicos de AGP. Siempre he pensado que Fortuño se interesó poco en la reelección y que la Ley 7 conformó un punto trascendental de la redacción de su C.V. Un tanto más desorganizado y peor orientado que su antecesor, AGP difícilmente querrá asociarse con la ultraderecha económica, pero habrá ponderado que Wall Street vería con buenos ojos su “conservadurismo fiscal”. Este tiro al momento le ha salido por la culata, como evidencian la reciente y próximas (ojalá me equivoque) degradaciones.

Ha habido una serie de propuestas legislativas que se plantean aminorar el golpe que recibirían los ciudadanos retirados y por retirar (y ni hablar de la economía local, que no verá circular los dineros recortados). El Fondo de Recuperación Fiscal que propone Rafael “Tatito” Hernández, el impuesto de Luis Vega Ramos y otros equivalen a parchos insuficientes vistos bajo una macroperspectiva, pero tienen a su favor que podrían dejar en el aire algunas de las provisiones más antipáticas de la Reforma agapiteña. A fin de cuentas, visto que nada parece impresionar a las casas acreditadoras, cabría cuestionarse la lógica de dejarse manipular ciegamente por sus dictámenes; este planteamiento, sin embargo, excede los límites de la política centrista y no me queda claro cómo se permutaría bajo nuestro estatus actual. Importaría mucho que nuestro gobierno no se amedrentara ante el “bullying” de las instituciones financieras, como sugiere Mari Mari Narváez, pero la sugerencia, a fin de cuentas, no vale la pena ni expresarla, por falta de voluntad política para tomar tan riesgosa movida.

El alquiler del LMM nos instruye precisamente en los parámetros de la ausencia de voluntad política. Una buena cantidad de economistas serios, la mayoría legislativa y gran parte de la población le rogaron a AGP que no continuara una mala transacción que inició para colmo su contrincante electoral y declarado archienemigo. To no avail. AGP respondió que debía respetar el contrato por eso de no dar una mala impresión a futuros inversionistas. La excusa provoca una inmensa duda, advertido su compromiso con los contratos serios (como el que tienen los empleados con el Sistema de Retiro) y, sobre todo, por lo siguiente: los inversionistas investigan la situación de un país antes de acordar un negocio de esta envergadura (la solicitud de privatización se aprobó tan temprano como en 2009, pero los inversionistas se hicieron cargo del trámite en julio de 2012). El periodo eleccionario no es el momento más sensato para intercambiar firmas ni cientos de millones de dólares. Dudo seriamente que algún inversionista habría reculado por la cancelación de un contrato finiquitado en un año electoral (por más que llevase 19 meses de gestación).

AGP procedió con la “privatización” de LMM por dos razones: en primer lugar, malbarató un bien con la intención de pagar un dinero que se debía: esto no se debe despachar chapuceramente. En realidad había una deuda que este dinero presumiblemente cubrirá (aunque, me indican algunos amigos economistas, con deficiencia). De otra parte, hay un tema más apremiante: el gobierno federal intenta poner en marcha un proyecto piloto de privatización de aeropuertos y ha tenido poco éxito. Algunas personas han explicado que fue el gobierno de Puerto Rico quien pidió estar en el plan y que la FAA solo evalúa propuestas y ya. Cierto, pero el proyecto piloto data del 1996 y solo había tenido dos propuestas aprobadas, una de las cuales (Nueva York) había sido “nacionalizada” de nuevo. La forma en que solía funcionar la FAA tiraba un “wet blanket over complete privatizations of U.S. airports”, a diferencia de lo que sucede en Europa; para no quedarse atrás ante la avanzada neoliberal de privatizaciones, la FAA se ha propuesto crear alianzas público-privadas para el manejo de los aeropuertos. La Isla del Encanto usualmente se presta para la experimentación de programas económicos federales y dudosamente esta será la excepción. De tener éxito en la isla, el programa piloto se extenderá masivamente a los estados. No poseo evidencia para sostener esta sospecha y ojalá me equivoque.

La reducción de la Junta de Síndicos de la UPR tampoco echa luz honrosa sobre el camino que se ha propuesto seguir AGP.  Por un lado, no parece descabellado (aunque concuerdo con sus contraargumentos) contemplar que el ejecutivo desee controlar una institución a la que se le destina casi el 10% del fisco. De otra parte, tal control invariablemente redundará en una politización que descalabra el propósito para el cual se destinaron esos dineros. La reestructuración propuesta, sin embargo, equivale a un maquillaje en el que los tonos azulados se tornan rojizos. Tremenda porquería. A todas estas, AGP ni siquiera cuenta con buenos asesores de relaciones públicas; de haber subido los síndicos estudiantiles a 3 y los docentes a 3 (un total de 6, versus los 7 designados agapíticamente, para un total de 13), comoquiera la Fortaleza hubiese quedado al mando virtual de las decisiones importantes de la UPR, a la vez que hubiese dado la impresión de un mejor intento de democratización. La UPR cae en mejores manos que antes, pero no cae en sus propias manos, lo que la UPR quiere. Algo es algo, hay que conceder; un mundo mejor es posible, sin embargo.

Entre tanta acción tan pesada, entre tanta trama económica, vale la pena también prestarle atención a los “gestos” de nuestro gobernador. Hace unos días, AGP pidió la excarcelación del líder nacionalista Oscar López, una acción sin consecuencias reales que equivale para todos los efectos a darle “like” a una página de derechos civiles en Facebook. Así, AGP se ha ganado un puesto al lado de Pedro Pierluisi, una de las voces más hipócritas de la política local, quien ya le había dado “like” a la página y había pedido su excarcelación. La política por momentos puede rayar en tonos característicamente oscuros. Pierluisi y AGP se pueden dar el lujo de pedir la excarcelación de Oscar López porque esta no les afecta en lo más mínimo. La única razón por la cual López sigue preso es la intransigencia y fanatismo del gobierno federal, para quien un independentista septuagenario equivale a una amenaza nacional. Pedir su excarcelación luego de haber conquistado un puesto político cómodo es una hipocresía. ¿No están Roselló y Santini (y el asesino Obama) reclamando ahora el derecho de los homosexuales de contraer matrimonio? Hay gestos y hay gestos; algunos son indigestos.

Pero, bueno; mejor esto que nada. Mejor la “reforma” popular al abuso PNP. Mejor la privatización a la congelación económica. Mejor retirarse a los 67 que no retirarse nunca. Mejor que AGP pida la excarcelación de López a que Fortuño brinde por el FBI en el Palacio de Santa Catalina. Mejor: en serio que mejor. Pero debe haber algo mejor que ese mejor. Algo, digamos, mejor y punto.

Dejo claros los márgenes de mis exigencias: me hubiese encantado que AGP desaviniera el poder de instituciones financieras poderosas como las casas acreditadoras y que desatendiera el giro privatizador del gobierno federal, que le entregara el 10% del presupuesto estatal a una comunidad universitaria que no le rindiese cuentas directamente y que tuviera la cortesía de pedir la excarcelación de López cuando había algo que perder.

Debo además recalcar lo obvio: ignorar la profundidad de la crisis no abrirá puertas interesantes. Insistir en que Fortuño y AGP son idénticos no solo redunda en falsedad, sino que no lleva a ningún sitio (recordemos que el aparejamiento se trazó antes de que la nueva administración tuviese la oportunidad de evidenciar que se parecería a la anterior). No podemos prescindir de una oposición coherente y no hallaremos coherencia en la repetición de eslóganes vacíos. Precisamos conocer a nuestros enemigos para poder luchar contra ellos.

Ya una vez tengamos claro contra qué tipo de contrincante nos enfrentamos, habrá que trazar planes de ofensiva. Si los reclamos civiles llegan ante este nuevo gobierno de forma coherente y organizada, apuesto a que serán escuchados (no todos, evidentemente). Esto no hubiese acaecido con una reelección fortuñista: en la huelga universitaria de 2009, las mejores mentes del país presentaron, con evidencia, lógica y paz, una serie de propuestas para lidiar con la crisis del país; estas propuestas fueron recibidas con palos. AGP no es Fortuño por la sencilla razón de que no puede darse ese lujo. Si ante las diversas vicisitudes por las que atraviesa la isla se proponen soluciones viables de forma coherente, el gobierno de AGP prestará atención (reclamándose el crédito en caso de que se logre algo, por supuesto), cosa impensable en el gobierno anterior.

El reloj político marca la hora de la “medicina amarga”; las decisiones antipáticas suelen aminorar a medida que transcurre el cuatrienio (aunque la crisis global promete sorpresas). Por tal razón, estamos en el momento de cuajar una presencia opositora útil y legítima. De mi parte (ante mi ineptitud de llegar a una mejor conclusión) veo al PPT como un organismo prometedor: ahora, a 100 días del nuevo gobierno, cuando vale la pena trabajar. Si las fuerzas progresistas logran organizarse de forma eficaz de aquí a 2016, existe la posibilidad de que se rompa el lazo bipartidista. De suceder, no asistiríamos ante un cuadro insólito ni nada por el estilo. Me planteo cómo se convence a una posible circunscripción no trabajadora de elegir la representación de un partido que se autodenomina protrabajadores; pero ese trabajo les incumbe a los difusores y comunicadores. Al momento ando buscando endosos (los interesados me pueden escribir a [email protected]), a cien días de empezado el nuevo gobierno, con la triste certeza de que, si los esfuerzos no se traducen en hechos concretos y en una viabilidad seria, el lío bipartidista deberá asumirse una vez más.