Las políticas de austeridad del gobierno de Puerto Rico desde hace varios años han servido para perpetuar desigualdades de género, raza y clase así como limitar la movilidad social y expectativas de desarrollo.
Las recientes modificaciones suponen un cambio radical en la forma de ver la función social del gobierno. Ese cambio le imprime un carácter ideológico a las leyes de “reforma” que se aprobaron.
Recorrido por tres escuelas de Santurce, en el primer día de paro del magisterio. Maestros y maestras se manifiestan en contra de la «Reforma al Sistema de Retiro de Maestros».
Se llama al diálogo. No nos oponemos. Pero, ¿qué pasa cuando el gobierno no escucha? ¿Nos rendimos ante sus imposiciones? ¿Volvemos a la «normalidad»?
El problema de Retiro tiene dimensiones políticas, legales y morales. La sustentabilidad política del plan requiere que todos los grupos afectados participen de su confección y velen su cumplimiento.
Que el gobierno quiera que paguemos nosotros (los que no somos banqueros ni bonistas), la quiebra que causaron los banqueros, es una movida antidemocrática. Los bancos deben asumir la pérdida y no el gobierno.
Insistir en que Fortuño y AGP son idénticos no lleva a ningún sitio. No podemos prescindir de una oposición coherente y no hallaremos coherencia en la repetición de eslóganes vacíos.
Parece que en Puerto Rico ya está decidido que los lobos tienen el derecho propietario adquirido a vivir de las ovejas; y los chivos, el de repartirse las lechugas que quedan a su cuidado.