De legisladores ciudadanos y ciudadanos legisladores

ilustración Eva Vázquez

El sondeo realizado por el Nuevo Día, cuyos resultados fueron publicados en su edición de 21 de agosto de 2012, confirma la apreciación generalizada sobre el severo descrédito de la legislatura entre los puertorriqueños. Y es que no sólo ganó abrumadoramente el NO en la consulta que pretendía enmendar la Constitución para darle más poderes a menos legisladores, sino que quedó claro que incluso la inmensa mayoría de los que votaron SÍ, lo hicieron con la convicción de que con ello se castigaba a los miembros de un cuerpo claramente corrompido e inservible. Las razones reportadas que dieron los entrevistados para votar SÍ a la referida enmienda fueron: “para sacar a los que no hacen nada por el país”, 41%; “terminar con la corrupción en la Legislatura”, 21%; “eliminar las batatas que no sirven para nada”, 14%; “para ahorrar en el presupuesto legislativo”, 12%; y, “hay demasiados legisladores cobrando sin hacer nada”, 6%. Por su parte, un 23% respondió “quisiera tener menos legisladores” y un 3% que indicó “hay algunos que trabajan bien”.

El sondeo demuestra que la intención de la inmensa mayoría (74%) de los que votaron SÍ no era adelantar los objetivos promovidos por la enmienda. Su motivación fue simplemente aplicar el principio popular de “menos perros, menos pulgas”, pero sin entender que el ejército de parásitos que hoy pululan por la Legislatura la seguirían infestando igual, aunque repartidos entre menos perros. Recordemos que nuestro pueblo en el 2005 votó abrumadoramente a favor de eliminar una de las dos cámaras legislativas, propuesta que buscaba reducir racionalmente la duplicidad de legisladores y el gasto legislativo, pero sin afectar la ya limitadísima subrepresentación de los partidos minoritarios. El resultado en ese referendo fue de 83.4% de los votos a favor de la unicameralidad frente al 16.2% de apoyo recibido por el sistema bicameral actual.

Ante ese descrédito generalizado de la legislatura, no podemos conformarnos con que ganamos el referendo los partidarios del NO. Tenemos que utilizar ese triunfo para catapultar una transformación real de la legislatura.

Muchos de los elementos principales en la hoja de ruta para rescatar la legislatura para el pueblo se vienen discutiendo desde hace un tiempo por diversos sectores de la sociedad civil y los partidos emergentes. Se habla de la necesidad de limitar las sesiones legislativas a una sola sesión anual pues está demostrado que la ociosidad de los legisladores a tiempo completo, lejos de producir mejor legislación, lo que hace es fomentar una competencia estéril por ver quién radica más medidas irrelevantes que lo que generan es gasto inservible. También se propone establecer un sistema de representación proporcional de los partidos minoritarios en atención al número de votos obtenidos por tales partidos a nivel nacional en lugar de la sobre-representación de legisladores de mayoría en el sistema actual, basado en un sistema de “the winner-takes-all”.

Además, se ha propuesto establecer una sola cámara que evite la duplicidad de procesos y gastos fútiles –y la eliminación de los privilegios a los legisladores, como lo son el pago de dietas, vehículos, alcahuetes– y el trato preferencial en sus responsabilidades contributivas al erario. El movimiento sindical, por su parte, dedicó la Cumbre Social de este año a discutir la opción del referendo revocatorio para poder remover a aquellos funcionarios electos que le fallan al pueblo. A dicha propuesta se opusieron los tres partidos tradicionales a saber: PNP, PPD y PIP. También se ha propuesto separar la elección de los legisladores de las elecciones del Gobernador.

Definitivamente, también tenemos que decidir si un verdadero sistema representativo debe sólo basarse, como hasta ahora, exclusivamente sobre consideraciones geográficas. Al respecto, debemos pensar en comenzar a incorporar otras características poblacionales a la ecuación electoral, para garantizar la representación proporcional de las mujeres, de grupos inmigrantes, de trabajadores, y otros grupos poblacionales que hoy quedan excluidos como categorías políticas en nuestro sistema de representación fundado sobre exclusivas bases geográficas.

No obstante, nos parece que la más urgente de todas esas necesarias propuestas para rescatar la legislatura, es la de volver al sistema del Legislador Ciudadano. En un reciente artículo titulado Por una legislatura ciudadana, publicado por esta revista en su edición de 17 de agosto de 2012, el candidato a representante por acumulación del MUS, José “Tato” Rivera Santana, establece los derroteros de esa transformación. Nos dice Rivera Santana: “La respuesta tiene que ir dirigida a ampliar la representación y la representatividad para convertir el trabajo legislativo en un servicio público de verdad. Es evidente que necesitamos una legislatura ciudadana y el legislador ciudadano debe ser su figura. Como ser legislador no será su profesión, tendrá que seguir vinculado al trabajo asalariado, a su comunidad o a su sector. Tendrá un vínculo directo con la realidad de los suyos. El legislador debe ser reflejo de la calle, del barrio, de los trabajadores, de las minorías… No estará encumbrado dentro de las murallas y columnas frías del Capitolio, no estará rodeado de un ejército de asesores inútiles.”

Esa propuesta sobre el legislador ciudadano es una a la que se oponen con gran virulencia los tres partidos institucionalizados. Para ello, echan mano a argumentos llanos sobre alegados problemas de conflictos de intereses que se pueden atender fácilmente con legislación adecuada. Las verdaderas razones son otras.

En primer lugar, tenemos que esa medida priva a los legisladores del beneficio de poder dedicarse a ser políticos de profesión. Y ser políticos de profesión significa contar con los medios para atornillarse en el poder y utilizar sus puestos para mantenerse gobernando. Así, tienen todo el tiempo del mundo y presupuestos gubernamentales, no para legislar, sino para estar permanentemente en campaña para la reelección.

En segundo lugar, tenemos la situación de que al ser políticos profesionales, los legisladores se posicionan en un sitial de superioridad frente al pueblo. Los “Honorables” monopolizan el quehacer político –y excluyen a la ciudadanía del proceso de toma de decisiones– en el cual ellos son los expertos, pues es ese su trabajo, y no el del pueblo. El sistema instrumenta toda una ideología de delegación irrevocable de autoridad a esa casta de profesionales de la política. Una vez el pueblo le delega su representación a esa clase política profesional, termina todo derecho de participación ulterior del pueblo directamente en la formulación de política pública. Ese es el trabajo de los políticos, con derechos de exclusividad. Por eso es que se les “requiere” que se dediquen a ser legisladores a tiempo completo. La democracia se limita entonces a la oportunidad que se le concede cada 4 años al pueblo de volver a delegar la autoridad de gobernar a un nuevo grupo de representantes entre los cuales, de una forma u otra, se repiten siempre los mismos nombres. Ese es el modelo de democracia que tenemos, donde la política se concibe como un ejercicio de élites.

En tercer lugar, pero no por ello menos importante, tenemos que el sistema actual de legisladores profesionales conlleva un elemento intrínseco de cooptación que produce un divorcio inmediato entre el pueblo y sus representantes. Independientemente del sector poblacional del que provengan los legisladores y legisladoras, una vez llegan a la Legislatura pasan a formar parte de una casta de privilegiados. Ello no es casualidad. El sistema está diseñado para desvincular a legisladores y legisladoras de las realidades que vive el pueblo que se supone representen, y para que se identifiquen, como producto de su nueva situación social, con los intereses de los ricos y los privilegiados. Los poderosos que realmente controlan los partidos gobernantes no quieren que los legisladores se sientan parte de las mayorías marginadas y excluidas.

Por su naturaleza, la criatura del legislador ciudadano tiene la potencialidad para romper con esos vicios, porque altera la lógica del sistema, y promueve el mantener la vinculación de los legisladores con su pueblo.

Ahora bien, la verdadera transformación democrática de la legislatura, y del ejecutivo, se dará cuando se establezca una nueva cultura de participación ciudadana que remplace la ideología de la delegación de poder, por una de selección de servidores. El reto es remplazar los postulados de la presente democracia liberal formalista, por unos de verdadera democracia popular de carácter obediencial.

El concepto de democracia obediencial ha sido popularizado por el filósofo argentino Enrique Dussel, quien toma como base elementos discursivos de los movimientos participativos con base indígena del Ejército Zapatista de México y del presidente boliviano Evo Morales. Dussel propone que debemos concebir las instituciones democráticas como aquellas que propenden a la institucionalización del ejercicio de su soberanía por el pueblo. La legitimación, o el nivel de corrupción de un sistema democrático, según sea el caso, dependerá del grado en que la acción política esté directamente ligada, o divorciada, respectivamente, de los intereses genuinos de la ciudadanía. Pero como se reconoce que dadas las complejidades de la sociedad moderna no podemos aspirar a instaurar sistemas nacionales de democracia participativa directa, es importante establecer sistemas en que los representantes del pueblo verdaderamente acaten y ejecuten la voluntad popular. Dussel describe ese sistema como uno de poder obediencial, donde no se ejerce el poder como elemento de dominación, sino de servicio. Cuando el poder no se ejerce como dominación, la representación no implica subordinación.

Cónsono con ese acercamiento a una nueva forma de entender y ejercer el poder, el año pasado el presidente Hugo Chávez hizo un llamado a los legisladores del PSUV en la nueva Asamblea Nacional de Venezuela a formarse en la ciencia del poder obediencial. Dijo Chávez: «Les toca a cada uno de nuestros candidatos y candidatas no sólo leer y estudiar para blindarse teóricamente, sino formarse en la ciencia viva del poder obediencial: mandar obedeciendo, gobernando obedeciendo, es nuestro camino. Sepan desde ya que el pueblo va a obligarlos a ello. No hay que olvidar que la Asamblea debe entrar en una nueva etapa: llegó la hora de hacer leyes por iniciativa popular; llegó la hora de la calle parlamentaria y del pueblo legislador para acelerar la transición al socialismo.» Y añadió: «¿Qué es la política? ¿Para qué la política? ¿Para buscar cargos, para enriquecernos, para hacer grupitos y estar enfrentados allá en el municipio por la alcaldía, o en el estado por la gobernación, o por los negocios de mis amigos y mis familiares, y las empresas que yo conozco? ¡No! Para eso no es la política. El principio esencial de la verdadera política, es el poder obediencial… Ese poder no es para mandar sino para obedecer al pueblo…estamos aquí para que el pueblo nos mande, nos interpele, nos regañe, nos oriente, nos critique… si nosotros nos convertimos en simples representantes del pueblo…si eso llegara a ocurrir, entonces estaríamos en presencia de la verdadera y profunda corrupción política”. (www.colarebo.org, 7 de mayo de 2011).

Ya muchos de nuestros hermanos latinoamericanos experimentan con nuevas fórmulas de democracias participativas, más representativas y populares. Entre las propuestas de nuestra sociedad civil y las experiencias de las nuevas democracias latinoamericanas encontraremos elementos que nos permitirán eventualmente construir una verdadera democracia al servicio del pueblo. No obstante, el camino del pueblo puertorriqueño hacia una verdadera democracia popular no es uno fácil, pues necesariamente tiene que pasar antes por nuestra descolonización; en tanto y en cuanto el poder soberano en Puerto Rico, aún descansa en el Congreso de Estados Unidos.