De universos paralelos, el pasto y la colonia

Suponga, querido lector, que vivimos en un universo paralelo y que, en lugar del estado de Colorado, fue el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el que recibió el 2014 con la legalización plena del uso personal de marihuana para fines recreativos. Tras una discusión sosegada y de altura sobre los beneficios y desventajas de dicha acción —y con las puertas legislativas abiertas, claro está—, ambas cámaras aprobaron la medida, la cual el Gobernador firmó sin reparos, dando vigencia inmediata al nuevo esquema.

Con el propósito de mitigar el cantazo político que cogió el Gobierno tras la aprobación de las leyes que redujeron las pensiones de los empleados públicos del Ejecutivo, de los maestros y de los jueces (al menos hasta que estos últimos la declaren inconstitucional en su aplicación retroactiva a ellos mismos), un asesor astuto del Gobe, en contubernio con sus directores de prensa, le recomendó realizar una fiesta de pueblo en San Juan denominada El Extrava-ganja, en la que maestros, jueces y público en general podrán arrebatarse con marihuana adquirida legalmente a un precio módico en dispensarios establecidos de manera segura en la ciudad capital. Nada de ir a capear a caseríos. Luego de hacer el debido cálculo político, el Gobe consultó a Bathia y a Perelló sobre la propuesta. Al Presidente del Senado le pareció tremenda idea: “Coño, a lo mejor si se arrebatan no hacen huelga.”

“Llámate al Cuco y a la Yulín pa’ que se apunten,” sugirió Jaime.

Poco después, las redes sociales fueron inundadas con un video en que Pereira, portando bufanda parisina, y la alcaldesa de la Ciudad Patria, quien desempolvó el pañuelo rojo de la campaña, exhortaban al Pueblo a acudir al coliseíto Pedrín Zorilla a ver a Cultura Profética tocar su usual tributo a Bob Marley en El Extrava-ganja. Poco después se llevo a cabo el evento y fue un éxito rotundo. Incluso el Juez Presidente, quien ya había validado la constitucionalidad de la ley antes de que siquiera fuese presentada ante el Ejecutivo, le pidió a uno de sus alguaciles que lo llevara al party “pa’ vacilar con el corillo cerquita del Supremo.” El Pueblo disfrutó, los políticos se apuntaron una victoria y todo fue peace and love. Más importante aún, todo se hizo en perfecto complimiento con la nueva e inequívoca ley puertorriqueña.

Mientras todo esto sucedía, Rosa Emilia Rodríguez, a quien en Puerto Rico denominamos “jefa de fiscalía federal” pero cuyo título preciso es el imponente United States District Attorney for the District of Puerto Rico, miraba con atención los acontecimientos recientes. “Estos populetes marihuaneros… Ahora creen que pueden violar leyes de la gran nación. Deja que los coja,” pensó Rosa Emilia.  Acto seguido, la fiscalía estadounidense se dio a la tarea de preparar un casito sencillo en el que acusó a medio mundo de violar un sinnúmero de leyes federales. El Gran Jurado no solo acusó a todos los maestros, jueces y público que se arrebató en El Extrava-ganja de haber poseído una sustancia ilegal bajo la ley federal, sino que incluyó al Gobe, a Bathia, a Perelló, a la alcaldesa, al Cuco y hasta al ya retirado Juez Presidente, de haber conspirado para distribuir pasto, y en efecto distribuirlo. Es más, como la acusación formal salió poco antes de las elecciones de 2016 (no para favorecer a los penepés, sino porque ahí fue que estuvo ready el caso), Rosa Emilia se envolvió y le metió unos cuantos cargos bajo la ley RICO para tildar formalmente a varias entidades gubernamentales como empresas criminales. Como si fuera poco, la fiscal de fiscales optó por incluir como cómplices a Walgreens Weed, compañía que ganó la subasta para vender el cripi en el Extrava-ganja y al Banco Popular, por financiar al pequeño comerciante, representado en el concierto por Chuíto’s Marimba. En fin, Rosa Emilia no hizo mucho caso a la ley puertorriqueña; en cambio, decidió hacer lo que juró hacer hace muchos años: procesar criminalmente a quienes violen las leyes estadounidenses en Puerto Rico.

Basado en las posturas gubernamentales asumidas en 2013, la diferencia más grande entre el escenario ficticio descrito arriba y el Puerto Rico de hoy quizá sea la falta de voluntad del Gobierno real de discutir seriamente, y finalmente aprobar, una ley que despenalice el uso personal de la marihuana para fines recreativos, tal y como se ha hecho en muchos países y en algunos estados de EE.UU., siendo Colorado el más reciente de ellos. Lo que no es irreal es la capacidad del gobierno federal de hacer valer su ley independientemente de la voluntad particular del Pueblo puertorriqueño sobre el tema de la despenalización de la marihuana e indistintamente de que nuestros oficiales electos decidieran intentar un enfoque distinto. Esta realidad se discute muy poco en Puerto Rico cada vez que se trae a colación la llamada despenalización de la marihuana.

Bajo el esquema federal estadounidense, en cada estado coexisten ciertas áreas que son reguladas legalmente por dos gobiernos distintos: el estatal y el federal. Ciertas acciones podrían ser perfectamente legales bajo la ley estatal, mas ilegales bajo la federal: dos leyes, pero un mismo territorio. A manera de ejemplo, el estado de Colorado ha decidido despenalizar el uso de cierta cantidad de marihuana para fines recreativos. Sin embargo, las autoridades federales en Colorado muy bien podrían acusar a cualquier persona que en ese estado se fume un cigarrillo de marihuana, pues la ley federal es meridianamente clara: la marihuana es una sustancia controlada prohibida legalmente, cuya simple posesión y distribución podría conllevar muchos años de cárcel. Como si fuera poco, esta droga está catalogada como un Schedule I drug bajo la Ley Federal de Sustancias Controladas, categoría reservada solo para las peores drogas (absurdamente, la cocaína está en el Schedule II, por lo que podría conllevar una pena más benigna). Además, hay circunstancias en que delitos relacionados con marihuana acarrean la imposición de sentencias severas de carácter mandatorio, lo que provoca que miles de jóvenes sean encarcelados por largos periodos de tiempo y aumenta el congestionamiento de cárceles con personas halladas culpables de crímenes no violentos.

Lo que en un estado de esa Unión representa un asunto de estricto federalismo, en Puerto Rico es realmente otra manifestación de colonialismo puro y duro. Como en muchos otras asuntos, la ley de Sustancias Controladas, así como todas las demás leyes federales que criminalicen la posesión, uso o distribución de marihuana, aplican en nuestra nación como si esta fuera cualquier estado. Por supuesto, distinto a ellos, nosotros no contamos con Representantes ni Senadores federales, sino con un Comisionado Residente que no tiene voto, por lo que la imposición de su ley sobre nuestro territorio no es otra cosa que una violación de los derechos humanos más elementales; básicamente, colonialismo por definición. Si mañana el PPD, el PNP, el PIP, el PPT, el MUS y el PPR llegaran milagrosamente a un consenso en cuanto a la despenalización de la marihuana y se aprobara la ley del universo paralelo, ello no alteraría en lo más mínimo la ley norteamericana que nos vincula. En efecto, Rosa Emilia —en cuyo nombramiento no participó directa ni indirectamente el Pueblo de Puerto Rico— podría juzgar y encarcelar a todo aquel que se haya fumado un grullo en El Extrava-ganja. De hecho, algunos argumentarían que sería su deber hacerlo; después de todo, esa es la ley actual estadounidense.

Cierto es que el Departamento de Justicia federal emitió un memo el año pasado intitulado Guidance Regarding Marijuana Enforcement en el que parecen indicar que el gobierno federal no procesará criminalmente a individuos que utilicen marihuana en aquellos estados en que dicha práctica se haya legalizado. Ese memorando de 19 de agosto de 2013 fue preparado por James M. Cole, Deputy Attorney General, y fue dirigido a “All United States Attorneys” (es decir, a Rosa Emilia y a los U.S. Attorneys legítimos). El escrito identifica un pequeño listado de intereses federales que Justicia recomienda a los fiscales federales investigar y proseguir vigorosamente. Asimismo, parece insinuar de manera poco clara que los fiscales federales no deben malgastar sus recursos en procesar a individuos por el uso de marihuana si dicha acción ha sido permitida localmente. Lo que claramente no dice ese memo es que las Rosa Emilia de la vida no tienen facultad para hacerlo si así lo creyeran necesario. Mr. Cole sabe bien que ni él ni el Secretario de Justicia Eric Holder tienen autoridad para emitir tal mandato. Debido a la estructura particular del gobierno federal, los U.S. Attorneys no son meros subordinados del Secretario de Justicia. Son nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado federal. Por consiguiente, estos funcionarios gozan de mucha autonomía con respecto al Departamento de Justicia.

Es por ello que mi parte favorita del memo es la que recuerda que “This memorandum does not alter in any way the Department’s Authority to enforce federal law, including federal laws relating to marijuana, regardless of state law. Neither the guidance herein nor any state or local law provides a legal defense to a violation of federal law, including any civil or criminal violations of the Controlled Substances Act.”

Mi interés con este escrito no es desalentar la discusión que apenas comienza en nuestro país sobre las ventajas o desventajas de la despenalización de la marihuana. Todo lo contrario. Lo que planteo es que cualquier análisis quedará incompleto si no se reconoce que la decisión final que elijan nuestros representantes seguirá estando subordinada a la voluntad de la Asamblea Legislativa de Estados Unidos. Hasta tanto ese cuerpo decida voluntariamente cambiar su ley, o nosotros de una vez por todas decidamos acabar con dicha relación de inferioridad, nuestra capacidad de actuar en cuanto a este tema se ve seriamente limitada. Mientras ello no suceda, toda persona en Puerto Rico estará sujeta a ser encarcelada por consumo de marihuana conforme al simple capricho del fiscal federal de turno, independientemente de lo que disponga nuestra ley. Considerando el historial de la fiscalía federal en Puerto Rico, es muy fácil imaginar un escenario en que esta decida procesar criminalmente a quien consuma marihuana, indistintamente de la ley boricua. Después de todo, si los federales aún persisten en buscar la pena de muerte a pesar de que aquí se prohibió constitucionalmente, ¿qué garantías hay de que mostrarán deferencia hacia una simple ley común y corriente?

El problema no desaparecería ni siquiera si la propia Rosa Emilia emitiera un memo en que jure que no procesará a nadie por fumar yerba si Puerto Rico lo legaliza; de hecho, podría jurarlo Obama también. Si en 2016 entrase un Presidente con otra posición (un  Bush III, por ejemplo) y Rosa Emilia fuere sustituida eventualmente por una U.S. Attorney afín con ese Presidente, todas esas personas que se arrebataron en El Extrava-ganja podrían responder criminalmente por la comisión de todos aquellos delitos federales que no hayan prescrito aún. Ante esta realidad, no le aconsejaría a ningún cliente aparecerse por el coliseíto el año siguiente ni aunque Cultura Profética monte tremendo show.