Del uno al cinco, y seguimos con más leyes draconianas

Durante el mes de enero la Legislatura aprobó varios proyectos de ley que fueron firmados por el Gobernador y convertidos en ley. Nos referimos a las leyes 1, 2, 3, 4 y 5 que evidencian y patentizan el rumbo de esta administración con políticas neoliberales en completa sumisión y entrega a los mandatos de la Junta de Control Fiscal para privatizar servicios esenciales, entidades públicas y menoscabar los derechos de los y las trabajadoras tanto en el sector público como en el privado.

La Ley número 1, es una enmienda a la Ley de las Alianzas Público Privadas (APP) creada por la pasada administración del Partido Popular. En la nueva Ley su política pública favorece y promueve las APP para proyectos prioritarios de infraestructura. Incluso la Ley permite que algunas personas «que anden con alguna propuesta privatizadora debajo del brazo” la pueda presentar, aunque no haya sido solicitada, lo que nos colocaría a la merced del “mejor postor”.

Desde la exposición de motivos en la Ley 2 nos anuncian su intención: “Nuestro compromiso es trabajar mano a mano con la Junta de Supervisión Fiscal para echar a Puerto Rico hacia adelante” y reconocen que deben cumplir con el mandato de la Junta en su carta del 20 de diciembre. Mediante esta Ley crean una Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, entidad que tendrá como política pública «recuperar la confianza de los inversionistas, equilibrar el presupuesto, negociar el pago de la deuda, reducir la deuda, para poder brindar los servicios esenciales a los residentes de Puerto Rico». Esta Ley va marcando el camino de mover a un segundo plano los servicios esenciales del país y darle prioridad al pago de los grandes intereses que controlan la deuda del Gobierno. Los propósitos, facultades y poderes que se le otorgan a esta nueva Autoridad están supeditados a colaborar, cooperar y cumplir con PROMESA y el futuro Plan Fiscal que sea aprobado por la Junta.

La Junta de Control Fiscal tiene poderes sobre todas las agencias y entidades del Gobierno para que cumplan con las directrices de PROMESA. Durante el cuatrienio pasado el gobierno del Partido Popular implantó la Ley 66, que trastocó los derechos de los trabajadores en el empleo público, vulneró sus reclamaciones, convenios colectivos y diversos aspectos del principio del mérito. Ahora, con la aprobación de la Ley 3, el nuevo Gobierno asume, como indiqué desde el hemiciclo, la “patria potestad y custodia” de la Ley 66, al incorporar partes de sus artículos. Al igual que las anteriores, esta Ley prioriza como política que “Puerto Rico recupere su credibilidad ante los inversionistas y mercados financieros” para entonces garantizar los servicios esenciales de salud, seguridad, educación, trabajo social y desarrollo del país.  Para lograr su política pública de favorecer ante todo el pago a los bonistas de Wall Street esta Ley suspende los convenios, la concesión de aumentos, beneficios económicos, además de imponer la no negociación de cláusulas económicas en los convenios expirados de empleados públicos.

En aras de cumplir con el mandato impuesto por PROMESA, es decir: “To encourage businesses to create job opportunities, a comprehensive review of labor regulations, including Act 80 and pension benefits, should be completed.  Today, regulations related to severance pay, flexible scheduling, employee retention and mandatory vacation days and pensions, for example, are not consistent with those in the U.S. states with whom Puerto Rico competes for investment and talent.” –(Carta del 20 de diciembre de 2016), esta nueva administración también aprobó la Ley 4. Dicha ley o mal llamada Reforma Laboral, que contrario a lo que reiteradamente expresa el Gobierno de que sólo aplica al empleado “futuro”, esta reforma laboral –que en el 2016 fue radicada en la Cámara por el PPD, y que por ser año electoral no se discutió–  aplica a todos los empleados, tal y como lo advertí, en cuanto a la liberalización del concepto de “contratista independiente», la interpretación liberal de los contratos de empleos, la interpretación de las leyes a base de las leyes federales más restrictivas, la eliminación de las horas extras diarias en exceso de 8 y la eliminación de los períodos de 24 horas por días calendario en cuanto a jornada de trabajo se refiere. También se elimina la prohibición total de trabajar más de 5 horas consecutivas sin derecho a descanso, se flexibiliza el concepto de “justa causa” para los casos de despido y, además, para completar, de ahora en adelante los trabajadores tendrán que probar que su despido fue injustificado. Así mismo, reduce el término de reserva de empleo a trabajadores lesionados y establece límites a los daños reclamados por discrimen o represalias en el empleo. Los nuevos trabajadores, o los que buscan nuevas oportunidades de empleo, se enfrentan a períodos probatorios más extensos, menos días de derecho a vacaciones y un bono de Navidad reducido. 

La joya de la corona es la Ley 5, la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico, que deja muy claro lo ya establecido en la Ley 2: la deuda primero y, si acaso, Puerto Rico después. Bajo la Ley 5 el pago de la deuda está por encima de ofrecer los servicios esenciales al país. En otras palabras, si la Junta de Control Fiscal lo ordena, el pago de la deuda es preferente sobre los servicios esenciales que todo país democrático debe ofrecer a sus ciudadanos, como lo son la educación, la salud, la posibilidad de desarrollo económico, entre otros.

De igual forma, mediante esta ley, la Asamblea Legislativa incluso renuncia a algunos de sus exiguos poderes frente al Ejecutivo, al otorgarle al Gobernador de Puerto Rico “poderes de Emergencia Adicionales del Gobernador” que claramente son contrarios al ordenamiento constitucional de separación de poderes. Todo esto a pesar de nuestras continuas denuncias de que no se puede gobernar “mediante decreto” u ordenanzas ejecutivas.  Es mediante esta ley que el Gobernador podrá “vender, alquilar, traspasar, asignar o de otro modo usar o transferir los activos, y obligaciones, de una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva». 

Como queda explícito, estas leyes draconianas marcan el rumbo de la administración pública vigente y establecen como hilo conductor las políticas públicas de “cumplimiento” con los mandatos de PROMESA. Poco importa si ello va en detrimento de los servicios públicos, y asi mismo reafirman que la crisis fiscal de este país debe ser paliada a través de los grupos sociales de siempre, los trabajadores en todo el ámbito del mercado laboral. Estas políticas ponen de manifiesto la más cruda y nefasta condición colonial en que vivimos. Se trata de todo un andamiaje que ha sido diseñado para perpetuar la pobreza y la desigualdad social en una sociedad colonizada en donde los principios de libertad política están subyugados a una metrópolis por conducto de la Junta de Control y sus colaboradores.