Derechos civiles y seguridad en tiempos de crisis

Anthony Freda

La mayor parte del tiempo, sacrificar la intimidad en el nombre de la seguridad es el resultado de la ansiedad pública y del miedo generalizado.  La ansiedad popular lleva al gobierno a tomar medidas legales y tecnológicas para proteger a la sociedad de aquellas amenazas que surgen durante las crisis.1 En el caso de Puerto Rico la amenaza es la violencia relacionada al narcotráfico.

El miedo generalizado “lleva a las personas a reaccionar de manera emocional a riesgos remotos pero aterrorizantes en vez de en términos analíticos”.2 Por lo tanto, cuando los gobiernos se enfrentan a poblaciones atemorizadas ante riesgos reales o imaginados de seguridad pública, resulta más fácil adoptar políticas y tecnologías que sacrifican libertades civiles a cambio de un sentimiento de seguridad.3 

En este contexto es demasiado fácil interpretar que la intimidad (o las libertades civiles en general) y las medidas de seguridad son mutuamente excluyentes.4 Desarrollos tecnológicos dan un fuerte empuje a esta tendencia.  Desde mucho antes de Snowden sabemos que la tecnología contemporánea (particularmente, la tecnología de vigilancia) es increíblemente efectiva. El Estado es capaz de superar muchos de los obstáculos físicos y prácticos que dificultaban obtener información.  Esas ineficiencias tenían la consecuencia de proveer una protección de facto al derecho a la intimidad y  nuestras libertades.

En la medida en que esas ineficiencias se superan por la agilidad tecnológica, desaparecen estas protecciones prácticas a nuestras libertades.  Y en la medida que el interés público en la seguridad se presenta como urgente, la eficacia tecnológica se percibe medicinal. Un reto importante es, pues, cómo recobrar algunas de estas ineficiencias para asegurar nuestros derechos civiles sin sacrificar los valiosos intereses de seguridad pública. Ese reto, en gran sentido, tiene que ver con la manera en que diseñamos tecnología de vigilancia (y las instituciones que les rodean) para garantizar ambas cosas. Pero eso no es lo que quiero atender aquí pues, antes de eso, es esencial considerar si los valores de intimidad y seguridad deben verse como opuestos en un (similarmente importante) nivel conceptual y discursivo. Definitivamente no.  Al menos no siempre.

El concepto de seguridad es altamente contingente. El nivel de generalidad con el que se concibe el interés de seguridad puede promover (o disuadir) la tesis de incompatibilidad.5 La interrogante es, desde luego, sumamente maleable y, por ende, política.  Puede formularse un argumento abarcador sobre lo que es seguridad y así evitar nociones de corto alcance que empañan una visión conciliadora entre este interés y las libertades individuales.  En fin, una noción más rica de este concepto puede encontrar puntos traslapados con intereses de intimidad.

Puede pensarse, por ejemplo, que cualquier idea de seguridad presupone la libertad, puesto que la seguridad se adelanta no solo para proteger nuestra salud física sino también, de forma más amplia, para el disfrute de libertades.  Asimismo, puede que no tenga sentido hablar de libertad en el abstracto sin reconocer la necesidad de que haya seguridad, ya que la mayor parte del tiempo buscamos un entorno seguro donde podamos disfrutar de nuestras libertades.6

Pero como ya he dicho, el nivel de generalidad con que se piensa en la seguridad puede, deliberada y convenientemente, oponerla a la libertad y a intereses asociados a ella.  En un extremo, a un nivel muy bajo de generalidad, podemos igualar la “seguridad” a una noción restringida de protección contra el daño físico o material.  Esto es lo que el reconocido teórico Jeremy Waldron llama la “concepción pura de seguridad” o “pure safety conception.”  Conforme a esta perspectiva, solo se adelanta el interés de seguridad reduciendo la probabilidad de muerte o daño físico. Por tanto, para lograr los objetivos de esta concepción pura de seguridad (mediante, por ejemplo, la identificación de amenazas a la integridad física con el uso de mecanismos de vigilancia), podría ser legítimo y hasta necesario sacrificar otros valores aparentemente opuestos, como la intimidad (mediante la exposición de información personal a agencias del gobierno, registros y cateos). Esta concepción es la que está detrás de la mentada dicotomía. Seguridad es, pues, equivalente a evitar daño físico.

Pero esta perspectiva de seguridad es innecesariamente estrecha, pues rechaza alternativas más sensibles a otros valores políticos importantes.  Así, por ejemplo, esta concepción ignora que la “seguridad” puede comprender la protección contra “pérdidas materiales, como la pérdida de propiedad o valor económico”. Además, la concepción pura de seguridad física “es silente en torno a la dimensión subjetiva del miedo… un estado mental que en sí mismo es constitutivo de una sensación de inseguridad.”

De manera más amplia, la idea de la seguridad física es muy simple y unidimensional. Esta «no nos alerta a la relación entre la seguridad y la tenencia de otros valores. . . . [En este sentido], puede ser inapropiado pensar en la seguridad como buena en sí misma; puede ser más razonable pensar la seguridad como un estado [o un contexto] en el que otros bienes e intereses se pueden disfrutar”. Así, en este sentido más amplio, solo podemos disfrutar de nuestras libertades si lo hacemos de forma segura.7 

A otro nivel, y tal vez el más importante, la seguridad puede verse íntimamente relacionada con una preocupación por garantizar las condiciones para forjar expectativas humanas.  Conforme a esta perspectiva, necesitamos la seguridad, no solo porque queremos confiar en que no sufriremos daño físico, sino también porque necesitamos una garantía de que podemos hacer planes para el futuro y trazarnos expectativas personales, para lo cual una sensación de seguridad es esencial.

De este modo, una perspectiva abarcadora de la seguridad resaltaría la importancia de tener cierta garantía de que podremos proyectarnos hacia el futuro, soñar, desarrollar expectativas en torno a la manera en que deseamos conducir nuestras vidas, forjar nuestro destino y desarrollarnos individualmente y en relación con los demás. De pronto, garantizar robustamente nuestras libertades y nuestra capacidad para ejercerlas se presenta como un ingrediente importante de una concepción amplia de seguridad. Seguridad y derechos son, en fin, interdependientes.

Claramente, preservar la seguridad concebida estrechamente es una función básica del Estado. Pero, a veces, esta noción limitada puede ser inadecuada y puede que necesitemos una definición más abarcadora … especialmente cuando los riesgos de seguridad son pequeños pero los riesgos a nuestras libertades amplios.

Cuando nos planteamos la relación entre la seguridad,  la intimidad y nuestros derechos, vale la pena evaluar a qué nivel de generalidad definimos los intereses.  Así, someter a la población a un registro policiaco a la entrada de una plaza pública no necesariamente aumenta la seguridad en el sentido restringido (si la probabilidad de reducción de eventos peligrosos es baja); pero también representa una disminución en la seguridad que merecemos si la concebimos ampliamente como una serie de precondiciones y garantías necesarias para nuestra libertad.

Por supuesto, esto podría someter el debate constitucional a ambigüedades y juegos de palabras.  Este hecho, sin embargo, no torna inútil o trivial el esfuerzo. Después de todo, cómo definamos la seguridad tendrá un impacto sobre el campo de acción legítimo del Estado y, por tanto, puede modificar el carácter de las justificaciones que le son permitidas al gobierno cuando actúa en nombre de este interés.

Esta columna es una versión editada de una sección de mi artículo “La Constitución en Ceros y Unos: Un Acercamiento Digital al Derecho a la Intimidad y la Seguridad Pública”, 77 Rev. Jur. UPR  45 (2008).