Todo el mundo parece tener una opinión sobre cuál es la interpretación constitucional más apropiada y esto me parece extraordinario. Usualmente delegamos a los tribunales la facultad exclusiva de interpretar la Constitución, pero esto es un error.
Si la experiencia histórica de persecución política en este país nos enseña algo, es que los vigilantes necesitan ser rigurosamente vigilados.
1. ío John nació en la Calle Ribot de Santurce en el 1932, y allí vivió hasta que en algún momento (probablemente a finales de los años 30) mis abuelos se mudaron al Viejo San Juan. John decía que la […]
La mayor parte del tiempo, sacrificar la intimidad en el nombre de la seguridad es el resultado de la ansiedad pública y del miedo generalizado.
Los jueces, y aquellos aspirantes al cargo, no pueden estar inmunes al ojo crítico ciudadano. El poder será ejercido. La pregunta es si será ejercido en términos y bajo condiciones que podamos percibir como válidas.
Se está evaluando un problemático «Reglamento de Seguridad y Monitoreo Electrónico» en el Recinto de Río Piedras de la UPR para incorporar vigilancia electrónica mediante un sistema de cámaras.
Para fines legales, la UPR es autora de todas las obras creadas por profesores de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo llegamos hasta aquí?
El plagio se trata principalmente de un problema ético que puede o no coincidir con lo legal y que dependerá, variablemente, del contexto. Lo que en un contexto puede ser reprochable, en otro puede ser celebrado.
Predomina un distanciamiento de la población con relación a su Constitución. Cuando reiteramos que son los jueces los últimos intérpretes de la Constitución, concluimos que son los únicos. Nada más lejos de la verdad.
Ahora otros medios digitales podrán exigir aquellos medios necesarios para obtener acceso adecuado a la información necesaria para que en la población podamos tomar las decisiones que nos tocan.
Desde el punto de vista constitucional, el defecto central de la ley propuesta no es su vaguedad, sino que se trata de una ley que explícita y claramente prohíbe cierto tipo de expresión política, por su contenido.
Tal vez poca gente sabe que un grupo de jueces del Tribunal Supremo está a punto de montar campamento en el Monte del Estado, con rifles, escopetas y planes revolucionarios.
El problema principal con esta estrategia es que al atacar a los intermediarios, es altamente probable que el derecho se lleve enredada la actividad legal y protegida. Es utilizar una bazuca para matar un mosquito.
Aparecen nuevos periodistas que sienten menos el peso de las presiones del mercado de auspicios y, por ende, menos presión para generar un contenido homogéneo, carente de elementos críticos.
¿Es privada tu conducta en un lugar online de encuentro social como Facebook, Google o Grindr, donde el ex Senador Arango recientemente se expuso? Las preguntas engañan, pues sugieren esferas tajantes que separan lo público de lo privado.
Sabemos que en los dos años que lleva, el Nuevo Tribunal revela que tiene una pata que cojea. Y que, cuando importe, la visión de mundo personal de este bloque de jueces se impondrá sobre el derecho y los derechos.
El potencial expresivo de las tecnologías digitales viene acompañado de controles estatales y privados reales y efectivos. Entender lo anterior es esencial para el ejercicio pleno de nuestras libertades civiles en la red.
Ya es de todos conocido que la Rama Ejecutiva, la Legislativa y la Nueva Mayoría del Tribual Supremo se pusieron de acuerdo para aumentar el número de jueces en ese cuerpo. Con eso se añadirán dos más a los cuatro […]