El desastre de las ejecuciones de hipoteca

A casi año y medio de los huracanes Irma y María, miles de familias se encuentran al borde de sufrir una nueva catástrofe. El panorama es el siguiente: madres solteras junto a sus crías, familias de clase media con jornadas de trabajo interminables y envejecientes, todas en peligro de perder sus hogares por no poder pagar sus hipotecas. Las alternativas presentadas por el gobierno federal no han sido suficientes. Miles de familias se acogieron a las moratorias de hipotecas aseguradas. Otras tantas aceptaron ofertas de «moratorias» presentadas por los bancos. Las primeras se debieron en gran medida a esfuerzos de abogacía de organizaciones comprometidas con el derecho de las familias afectadas por los desastres a disfrutar de una vivienda segura. Estas moratorias se extendieron hasta el pasado mes de agosto. Las segundas resultaron en un patrón de malentendidos y engaños que terminaron perjudicando a personas cada vez más vulnerables y en riesgo de perder sus techos. Ausentes mecanismos de moratoria, legislación protectora aplicada efectivamente, herramientas de educación sobre ejecuciones de hipoteca y otros recursos relacionados al acceso a la justicia, que se abran las puertas para que acreedores presenten las demandas debe ser un asunto de atención urgente. Necesitamos actuar.

Los números – los escasos datos que se recopilan sobre acceso a la justicia y vivienda en el País– no bastan para retratar la cruda realidad. Las estadísticas de la Rama Judicial de los pasados seis años (2009 – 2015), indican que se presentaron un total de 63,357 casos de desahucios. En los últimos años se han presentado cerca de 20,000 ejecuciones de hipoteca. Mientras tanto, los desastres provocaron la pérdida de alrededor de 300,000 viviendas. La denegatoria de aproximadamente 62% de las solicitudes de FEMA dejó a miles de familias sin alternativas para reparar sus hogares.

La austeridad ha tenido un impacto nefasto en el acceso a la justicia. Los recortes presupuestarios a entidades que proveen asesoría legal gratuita a individuos y comunidades pobres y el cierre de tribunales en algunas de las regiones más empobrecidas de Puerto Rico son solo una muestra.

Previo a los huracanes Irma y María, se estimaba que el 46% de la población estaba bajo niveles de pobreza. La mayoría de las pobres son mujeres. No debería ser sorpresa que la situación de precariedad económica de estas familias se haya sumado a los efectos económicos de los huracanes María e Irma, es razonable deducir que el efecto directo que pudiese tener en el mercado hipotecario sería uno negativo. Según los datos del Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, el estimado del nivel de pobreza en Puerto Rico tras los huracanes aumentó a un 52%. El aumento en los gastos, la merma en ingresos, la pérdida de empleos y de vivienda, la continua austeridad y la desigualdad creciente son sólo algunos factores.

Se espera que antes de verano los bancos empiecen a radicar demandas de ejecución de hipotecas a aquellas personas que aún no han podido recuperarse lo suficiente como para cumplir con sus pagos. La realidad es que para muchas familias, la ansiedad provocada por perder su vivienda principal les afecta emocionalmente, a tal extremo que no saben cómo enfrentar la situación. Son muchas las que no abren las cartas de los bancos, que no conocen las herramientas de apoyo legal disponibles. El efecto de no contestar una demanda de ejecución de hipoteca es que el tribunal puede adjudicar una sentencia en rebeldía, por lo que las personas no tendrían oportunidad de ser escuchadas ni pasar prueba, porque no llegaron al tribunal en primer lugar.

A pesar de que existen diversas leyes que trabajan el tema como la Ley para la Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, que establece un proceso de mediación compulsoria ante los Tribunales de Puerto Rico o foros administrativos previo a llevar un proceso de ejecución de hipoteca, y la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, la cual establece que ningún acreedor hipotecario podrá comenzar un proceso de demanda en cobro dinero hasta que el proceso de evaluación de mitigación de pérdidas haya terminado, sabemos que es insuficiente para aquellos individuos que no tienen recursos para costear este proceso.

Existen diversas entidades que ofrecen servicios legales gratuitos en casos de ejecuciones de hipoteca. La Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la Clínica de Asistencia Legal de Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, Pro Bono Inc., Servicios Legales de Puerto Rico y aquellas entidades que reciben subvenciones de la Fundación Fondo Acceso a la Justicia realizan una labor importantísima. Sin embargo, los recursos actuales no bastan para la necesidad que existe en el País.

Hace falta poner herramientas en las manos de las personas en riesgo de enfrentar ejecuciones de hipoteca. Al mismo tiempo, necesitamos aunar esfuerzos para lograr cambios de política pública que atiendan la vulnerabilidad en que la banca y acreedores dejan a las personas.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico hemos desarrollado diversas iniciativas que promueven la educación legal gratuita y accesible. Derecho a tu casa (www.derechoatucasa.org) provee información sobre mitigación de pérdidas, garantías en el proceso de ejecuciones y más. Junto a www.ayudalegalpr.org, la herramienta permite a las personas identificar si tienen un problema legal, conocer cuáles son los remedios disponibles y tomar una decisión informada sobre los posibles cursos de acción. A partir del 11 de marzo, estaremos estrenando una línea telefónica y un chat en vivo que permitirá ofrecer acompañamiento legal en casos de mitigación de pérdida.

En términos de política pública, la lista de recomendaciones es extensa. Primeramente, necesitamos estadísticas. Es deber indelegable del gobierno, de las agencias y de la Rama Judicial recoger y publicar las estadísticas para medir la extensión real del problema de acceso a la justicia y derecho a la vivienda. Es de suma importancia que se realice una investigación sobre cuán efectiva ha sido la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal) y la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario, ya que existen serias dudas sobre la efectividad para proteger a la persona consumidora en procesos de ejecución de hipoteca y mitigación de pérdidas, respectivamente. Aquellas instituciones que velan por poblaciones vulnerables, tales como mujeres, envejecientes y personas con diversidad funcional deben adoptar protocolos para canalizar las peticiones de ayuda ante ejecuciones.

El derecho a disfrutar de una vivienda digna no debe colocarse en segundo plano, más aún si tenemos en cuenta la importancia de brindarle estabilidad y paz a las familias que viven en la Isla. El derecho al techo ha sufrido el impacto directo de múltiples desastres: austeridad, pobreza, desigualdad, huracanes. Promover el acceso a la justicia en un criterio indispensable para la recuperación justa.