¿ELA mejorado? El comercio exterior

No se formó en Puerto Rico una burguesía que al impulsar sus intereses, encabezara una lucha grande para alterar las leyes impuestas por Estados Unidos en favor de mayores poderes para la Isla. Parece que ya no se formará. La sociedad se polariza entre el poder metropolítico y las fuerzas del trabajo que insisten en tener su patria.

No parece, por tanto, que el Partido Popular Democrático fue vehículo de una burguesía criolla, sino que más bien sirvió a los intereses del imperialismo norteamericano en menoscabo de un proyecto del país. En los años 40 canalizó el descontento de grandes masas trabajadoras —interrumpiendo su radicalización— y la afirmación puertorriqueñista que crecía gracias a la lucha de los nacionalistas. Después se redujo a administrar la colonia y a invitar capital estadounidense a la Isla.

Para modernizarse Puerto Rico se montó sobre el gobierno de avanzada que había organizado Tugwell con su institucionalismo económico, que la excepcional época de FD Roosevelt permitió. El gobernador americano perseguía desarrollar la productividad puertorriqueña, la planificación social, dirección estatal de la economía, experimentación científica, intento de reforma agraria, y redistribución. Se crearon las autoridades de Energía Eléctrica, Acueductos y Alcantarillados, Tierras y Comunicaciones, Junta de Planificación, Oficina de Estadísticas, y Compañía y Banco de Fomento (que apoyarían la pequeña empresa y el capital local). Se masificó la Universidad de Puerto Rico, se creó la Escuela de Administración Pública de la UPR, y el español se hizo idioma del sistema escolar. El humanista Tugwell hizo de la Isla su laboratorio de social engineering y el mismo capitalismo y colonialismo destruyó su sueño demasiado rápido.

«Manos a la obra» contravino aquel gobierno social. Eventualmente el poder del mercado y los monopolios estadounidenses privatizó, corroyó, descarriló o debilitó esas instituciones. Desde el neoliberalismo que empezó en los 90, varios de estos logros —UPR, AEE, AAA y otros— están tan desorientados y desorganizados que parece lógico ponerlos a la venta. El cobro de la deuda actual desmantelaría finalmente una forma de gobierno y de vida de varias generaciones.

Cierta confusión orquestada hizo creer a generaciones de puertorriqueños que fue el PPD quien fundó un gobierno de planificación y regulación del capitalismo para bien de la sociedad. Pero la gestión de Muñoz Marín incrementó la dependencia de capital norteamericano y auspició la emigración a escala inaudita; el llamado progreso que auspició el PPD fue una desregulación del capital. Eventualmente creció la dependencia de fondos federales y del endeudamiento crónico. Estado Libre Asociado fue el nombre que Muñoz —versado en poesía y teatro— dio al territorio.

La economía colonial cancela el surgimiento de una clase empresarial local. Hay muchos empresarios puertorriqueños, algunos de ellos muy ricos, pero no han formado una clase con unidad y coherencia estratégicas. Los burgueses criollos conforman un espacio débil y fragmentado —colonial—, al menos en relación a la lógica del mercado internacional. Por tanto, adquieren riqueza y poder también con la administración del gobierno; de aquí que se les ha llamado «burguesía burocrática». Además tienden a insertarse en el capital «improductivo» estadounidense, es decir el comercio y la actividad financiera y bancaria. No son clase dirigente en tanto no dirigen un proyecto económico puertorriqueño. Son reyes de la economía colonial, a su vez sometida al capital estadounidense. No tener obligación de desarrollo nacional agrava su inclinación a la irresponsabilidad social, intelectual y moral, y así degeneran a menudo en una conducta verdaderamente pandillera y lumpenesca.

Encima, el PPD y el Partido Nuevo Progresista destruyen mutuamente sus planes de gobierno cuando ganan las elecciones, de modo que ni siquiera hay continuidad en la administración pública. La búsqueda de sentido del PPD es un drama que grandes masas siguen de cerca.

El PPD celebra la autonomía fiscal del ELA —bajo sindicatura por tiempo indefinido por la ley PROMESA— y la sugiere como posible punto de partida para una «autonomía» de Puerto Rico, aunque este status corresponde al ordenamiento español, no estadounidense. (La autonomía que logró la Isla bajo España en 1897, por cierto, incluía libertad de comercio exterior.) Pero la autonomía fiscal del ELA ha consistido en que la mayoría en la Isla no paga impuestos federales, y el gobierno criollo decide los impuestos, extremadamente bajos, a las compañías norteamericanas y otras extranjeras.

Con el comercio exterior generalmente los gobiernos determinan las importaciones y estimulan las exportaciones. Las primeras deberían contribuir a diversificar el mercado del país y reducir los precios; las segundas a promover la producción propia. Un balance adecuado de precios y salarios ayudaría a que la riqueza circule y se amplíe la productividad del país.

Como las tendencias inherentes al capitalismo —reducción salarial, concentración monopólica, crisis periódicas, imperialismo, incertidumbre— obstruyen este funcionamiento capitalista ideal, los gobiernos modernos luchan sin cesar por racionalizar la economía y acercarla al ideal.

Ahora bien, Puerto Rico podría aumentar su comercio con países con que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales, que son la mayoría del mundo. No aplica en esto la ley de cabotaje, que se remite a costas y barcos estadounidenses. Ya la Isla importa no pocas mercancías de algunos de esos países. (Véase Argeo T. Quiñones Pérez, «Las leyes de cabotaje», ponencia en foro auspiciado por el Colegio de Abogados en torno al estudio del Government Accountability Office (GAO) de Estados Unidos sobre la ley de cabotaje en Puerto Rico, 2013.) Para expandir su comercio internacional tendría que diversificar su propia producción, y también sus relaciones comerciales internacionales, a base de sus intereses propios.

A pesar del auge manufacturero en la Isla y muchos sitios latinoamericanos desde los años 50, Puerto Rico mantuvo muy limitado su comercio con América Latina y otras regiones. Era hacia Estados Unidos que las empresas norteamericanas que atrajo Manos a la Obra exportaban sus producciones. Mientras se arruinaba la agricultura puertorriqueña, se llenaba el mercado isleño con productos agrícolas de Estados Unidos, que muchos puertorriqueños compran con la asistencia para alimentos y otros fondos federales.

Intentos de cierta envergadura de relaciones económicas internacionales, sobre todo de Hernández Colón —Navieras de Puerto Rico (1974-1995), acuerdo con Japón (1986), planes de «plantas gemelas» en el Caribe (1988)—, sucumbieron al poder del gobierno federal o del mercado. (Ver Wilfredo Mattos Cintrón, La política y lo político en Puerto Rico, 1980, 2016.)

«Mejorar» el ELA exigiría desarrollar el comercio exterior y que fuese Puerto Rico, y nadie más, quien decida cómo hacerlo. Puerto Rico no ha establecido una relación con otros países que defina y expanda sus propias estrategias exportadoras, una tarea política que corresponde al estado. Esta carencia inhibe la producción puertorriqueña, algo que se agrava con las grandes transferencias de fondos federales. Apenas hay producción puertorriqueña dirigida a mercados exteriores.

La Isla se relaciona poco con otros países, y apenas regula los abrumadores capitales estadounidenses, que estrangulan al empresario criollo y lo hacen mezquino e inseguro. No tiene el país políticas de largo plazo, aunque planificar las importaciones de otros países, en combinación con la producción local, ayudaría a diversificar el mercado y dejar atrás los altos precios de la economía de Estados Unidos.

Punto crucial son los aranceles o impuestos a las importaciones con que un gobierno protege la producción de su país. Al grupo gobernante criollo ni se le ocurre interpretar la autonomía fiscal del ELA para que incluya aranceles, sobre todo porque se sobrentiende que las mercancías estadounidenses han de dominar el territorio. Los aranceles aquí son federales, e indiferentes a los intereses y necesidades específicas de Puerto Rico y su mercado. Para la mente colonial ha sido tabú alterar el sistema vigente, aunque el mismo impide operaciones capitalistas normales.

El saldo que arroja esta ecuación, de ser justa, sugiere que un «bloque histórico» de las clases trabajadoras, medias y profesionales sería más exitoso, para un desarrollo de Puerto Rico, de lo que ha sido la burguesía burocrática, para llamarla de algún modo, en tanto ésta se resiste a que el país diversifique sus producciones y relaciones comerciales exteriores, y constriñe el potencial del sector empresarial local. Un bloque de las clases populares podría redefinir «desarrollo» para incluir lo ambiental, moral y cultural. Sus «mejoras» al ELA serían probablemente radicales. Sobre todo, las clases populares podrían y querrían ejercer presión en bien de su país.

Hay bastantes indicios de que la ley de cabotaje norteamericana contribuye al encarecimiento de precios, y por tanto es justo reclamar que se excluya de Puerto Rico. La ley de cabotaje se ha aplicado a la Isla en el entendido de que los puertorriqueños miren sólo hacia Estados Unidos y se ajusten a los intereses comerciales del gigante del norte.

Sin embargo, en el ordenamiento presente Puerto Rico tiene amplias posibilidades de comercio con países aparte de Estados Unidos, pero carece de una política estratégica para expandir estas posibilidades. Esta falta de estrategia se relaciona con que carece de una clase dirigente, o sujeto social, o bloque histórico, es decir una fuerza política y socioeconómica que tome el gobierno, aproveche las posibilidades actuales, y presione para otras futuras.

Curiosamente, parece que tanto el reclamo de que la Isla sea excluida de la ley de cabotaje, como la oposición a este reclamo —abierta en el PNP, velada en el PPD—, participan de la fijación con el mercado estadounidense y la tradición de mirar sólo a Estados Unidos.

La ley de cabotaje ciertamente causa altos precios. Sin embargo, en tanto se evaden las posibilidades que el comercio con países aparte de Estados Unidos ofrece a la Isla, se hace impreciso y relativo el argumento que reduce el problema de la carestía a la ley de cabotaje. Lo cual, irónicamente, fortalece las tendencias conservadoras de indiferencia al problema de esa ley y de renuencia a mirar más allá de Estados Unidos. En consecuencia. la discusión gravita hacia los temas de que gustan algunas élites letradas conservadoras de la Isla, de exégesis de textos jurídicos, en lugar de que la discusión contribuya activamente al surgimiento de una nueva fuerza política.

Las naciones suelen incluir clases sociales que generan —o podrían generar— intelectuales y organizadores que producen ideas y programas que imparten dirección política a los componentes individuales de la clase, que de lo contrario operan fragmentadamente. Al impartir coherencia, los partidos «producen» las clases sociales, en tanto convierten intereses e impulsos dispersos en movimiento político dispuesto a dirigir el estado y una alianza con muchos otros grupos para reorganizar el país.

Pero en el debate de Puerto Rico sobre desarrollo económico y condición territorial predomina un énfasis jurídico, hermano de la inmadurez política, que evade el problema crucial de ausencia de sujeto colectivo, o sea una clase social o bloque de alianzas que produzca una estrategia (metas a largo plazo), y la impulse desde el gobierno.

Evadir la cuestión del poder y reducirla a temas técnicos, administrativos y legales es parte de una cultura fundada en la represión. La dureza del colonialismo norteamericano provoca en el folklor criollo un mundo imaginario que confunde comúnmente dirección con burocracia, movimiento político con gobierno, y democracia son elecciones.

La advertencia en 1917 de que la bandera norteamericana flotaría para siempre sobre Puerto Rico sugirió que esta antilla será eternamente mercado cautivo de inversiones y producciones estadounidenses. Está por verse si la debilidad socioeconómica puertorriqueña, dado el relativo aislamiento del mercado mundial y de operaciones capitalistas normales, permitirá que aparezca un nuevo sujeto social colectivo, o si la crítica de la condición territorial seguirá siendo más teórica que práctica.

Cuestión central es cómo puede un espacio de ideas y sentimientos hacerse poder político. Sin partido propio un movimiento social tiende a desintegrarse y es vulnerable ante la fuerza opuesta, sobre todo si ésta representa una tradición de más de un siglo auspiciada por el imperialismo, esto es, el fenómeno global moderno en que el capital financiero moldea la economía y sociedad de países subordinados, impidiendo su desarrollo; es una fuerza también política, ideológica y militar.