Foto por @Colectiva Feminista en Construcción.
El paso de los huracanes Irma y María en el 2017 intensificó una precariedad causada por la crisis económica. Esa intensificación afectó desproporcionadamente a las mujeres, especialmente las pobres, las envejecientes, las niñas, y las inmigrantes, específicamente las inmigrantes dominicanas.[2] Se agudizó no solo la precariedad laboral y las lagunas generadas por la austeridad que terminan siendo atendidas mayormente por las mujeres. Se agudizó también la violencia —en las calles como en la casa—. En este contexto, se ha visto una proliferación de la autogestión como praxis política. Fundamentalmente alejada de un Estado ausente, de hecho, un Estado decadente en gestionar los intereses de la metrópolis/el capital, la autogestión ha sido una praxis para articular la soberanía energética y alimenticia, la propiedad colectiva, entre otros esfuerzos. Intentando gestionar lo común fuera de las lógicas del estado/capital, la autogestión ha retado la percepción de una población netamente precarizada. Ha retado, entonces, la apariencia de una población que necesita ser salvada. La autogestión ha trazado un campo de acción que atiende las necesidades particulares de comunidades en sus múltiples dimensiones —ecológicas, raciales, de género, y de clase—. La autogestión, se podría decir, hace referencia a versiones de tácticas cimarronas; articulación de lo común en espacio-tiempos de libertad fugitiva.
La Orden Ejecutiva presentada por la Colectiva, en cambio, apela directamente al Estado. Interpela la ley, los derechos constitucionales, la institucionalidad en sí. Presionar al Estado a reconocer la violencia de género como una emergencia nacional propone sentar un precedente político y legal; generar estructuras de fiscalización transversales coordinando así esfuerzos a lo largo de varias entidades gubernamentales y no-gubernamentales; movilizar fondos para múltiples agendas que atienden la situación de las mujeres; articular campañas para concientizar la población; desarrollar educación con perspectiva de género en las escuelas y dentro de la uniformada, entre otras medidas.[3] Una lectura rápida de las tácticas de la Colectiva, en específico del Plantón, daría la impresión de que somete la atención de la violencia de género a estructuras que participan de o sustentan la misma. Una lectura rápida propondría que, en el mejor de los casos, el Estado solo se apropiaría de su intento de rearticular normativas. De ese ser el caso, la táctica terminaría inadvertidamente proveyendo un lavado de cara a la colonia en bancarrota manejada por una Junta de Control Fiscal que profundiza la precarización y expulsión a través de la austeridad.
Exigir la declaración de un estado de emergencia es una táctica arriesgada. No cabe duda. Ineludiblemente se somete a la lógica del Estado, pero con el fin de subvertirla. En el caso de Puerto Rico, es complicado exigir una declaración de un estado de emergencia. Aunque queda claro que el propósito es iniciar un proceso de fiscalización e inversión de recursos materiales y simbólicos para atender la violencia de género, dicha declaración iniciaría la operación de agencias, leyes, y normas que son herramientas claves para la reproducción de la condición patriarcal/capitalista/colonial en Puerto Rico. Los riesgos de la Orden Ejecutiva, es importante recalcar, no solo tienen que ver con la apropriación ideológica, sino con la transformación de un proyecto radical cuando es articulado desde la institucionalidad estatal. Si la instalación de la racionalidad neoliberal que exacerba la condición colonial ha sido en gran parte ejecutada a través de declaraciones de estado de emergencia, como lo arguye José Atiles-Osoria, insertaríamos medidas en contra de la violencia de género en el mismísimo mecanismo que le ha servido a los intereses económicos y políticos que han generado y profundizado la crisis.[4] El ejemplo más concreto es la Junta, mecanismo que instituye un estado de excepción que actualiza la deuda como aparato de captura. Ahora bien, la autogestión es también una praxis arriesgada. No cabe duda. Está sujeta a ser apropiada por las lógicas rentistas que en alzada amenazan el archipiélago en bancarrota, a ser resignificada por la lógica neoliberal/empresarial y sus versiones del echarpalantismo puertorriqueño.[5] A pesar de las buenas intenciones que pretenden escapar de estas lógicas, el Estado/capital se nutre —material e ideológicamente— de las externalidades, de las diferencias, de la diferencia. Habría que preguntar si se puede, en realidad, actuar alejadxs del Estado/capital.
La Orden Ejecutiva que exige la declaración de un estado de emergencia es una estrategia arriesgada, pero fundamentalmente distinta a lo que una lectura rápida daría a entender. De hecho, esa lectura rápida malentendería la intervención de la Colectiva. La Colectiva misma, al convocar el Plantón, tematiza el riesgo de insertarse en un campo discursivo e institucional que trafica en y con los racismos, sexismos, homofobias y transfobias, y que apuestan a los intereses del capital.[6] No obstante, la Manifiesta, “herramienta” de la Colectiva que detalla sus fines y medios políticos, descarta la autogestión como táctica.[7] Intervenir con el Estado es acción necesaria para “construir otra vida,” “otra realidad.” Esto no significa meramente articular mejores formas de atender sobrevivientes de violencia de género. Significa “erradicar la violencia machista”. Interrumpir las lógicas del Estado/capital es necesario para desmantelar y desvincular las prácticas, normativas, y sensibilidades que reproducen el patriarcado y el capitalismo que depende de él. La táctica del Plantón, entonces, va más allá de responsabilizar al Estado que sostiene que le sirve al bien común, que o recauda impuestos o legitimiza medidas de austeridad entendiéndose como agente de “lo público”. Va más allá de fiscalizar al Estado mismo por las violencias que podrían haberse evitado y que se pueden todavía evitar si hubiese mecanismos de protección, educación, y asignación de recursos para erradicar el machismo, la misoginia, la homofobia, la transfobia, y el discrimen a base de género. Ponerle presión al Estado ataca de forma frontal y a la vez transversal la reproducción del patriarcado mismo, un sistema de opresión que no se puede entender fuera de las lógicas del Estado/capital.
El uso de la categoría “feminicidio” para hacer inteligible la crisis de violencia de género en Puerto Rico es aquí clave. El feminicidio se entiende como la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres. El desarrollo del concepto por Marcela Lagarde en torno a las matanzas en Cuidad Juárez intenta apalabrar un tipo de violencia en el contexto de colapso institucional. Dicho colapso genera y sostiene la impunidad. La categoría, entonces, denuncia la falta de respuesta del Estado, además del incumplimiento de obligaciones internacionales incluyendo el investigar y sancionar.[8] El concepto le hace rendir cuentas al Estado, responsabiliza al Estado. La Colectiva utiliza la categoría de feminicidio, como lo han hecho otros sectores del movimiento feminista puertorriqueño, precisamente para intervenir en el Estado. Pero esa intervención, como anteriormente mencioné, intenta subvertir, no solo fiscalizar las normativas del Estado. Como el movimiento feminista latinoamericano y caribeño que ha usado la consigna y el hashtag #NiUnaMenos, La Colectiva busca interrumpir, no solo mejorar la lógica del Estado/capital. La estrategia del Plantón, es decir, intenta subvertir las normativas que reproducen o permiten que se reproduzca una sensibilidad que hace posible el feminicidio. Toca precisar, entonces, la operación y la efectividad de esta extrema expresión de la violencia de género en alza en la colonia en bancarrota. De partida, hay que señalar que esa violencia se desplaza sobre cuerpos que retan la cisheteronormatividad, mayormente cuerpos feminizados pero también no-binarios. Esa operación se extiende a aquellxs que reten el binario a nivel tanto institucional como perceptual. La misoginia, homofobia, transfobia no se pueden desligar.
Rita Segato habla de la “violencia expresiva” para precisar la operación y efectividad del feminicidio.[9] Ella distingue la violencia expresiva de la instrumental. La violencia instrumental persigue un fin determinado. En contraste, la violencia expresiva articula relaciones determinadas y comprensibles entre los cuerpos, particularmente en torno a las jerarquías sociales de un territorio. Es expresiva porque produce reglas y normativas implícitas, a través de las cuales circulan consignas de poder legal y no-legal, como lo pone Verónica Gago.[10] En nuestro contexto, la articulación de la relación entre cuerpos no se puede comprender sin hablar de su operación en la producción y reproducción del capital. Silvia Federici mantiene que el cuerpo de la mujer es sitio clave de la expropiación en la acumulación originaria que permite la articulación del capitalismo de acuerdo a diferencias y jerarquías, generando así la distinción entre lo público y lo privado que tradicionalmente relega a la mujer a la esfera de lo doméstico. Para Segato, es sobre el cuerpo de la mujer que se ejerce la territorialidad misma, especialmente en el contexto del capitalismo voraz contemporáneo que, según ella, se podría decir nos regresa a una lógica de conquista cruda en vez de una colonialidad sublimada.[11] Las apropiaciones territoriales que “desalojan”, ella dice, poblaciones de sus “espacios de vida” no son sino otra vuelta a la nueva construcción de la territorialidad. ¿Cómo entender “territorio” en el contexto del capitalismo neoliberal financiero?
La “desterritorialización” que implica el capital financiero se actualiza solo con la “reterritorialización” en y por aparatos de poder, como diría Mauricio Lazzarato citando a Gilles Deleuze.[12] En el caso de Puerto Rico, la deuda, herramienta financiera que excede la frontera de la colonia caribeña, del territorio no-incorporado, se actualiza concretamente en aparatos de captura por medio, por ejemplo, de exenciones contributivas y de la austeridad. La primera exime a algunos mientras la segunda responsabiliza a otrxs a pagar el costo de la reproducción social. Esta es la reproducción de “lo social” no común. No cabe duda. La actualización de lo posibilitado por una deuda que trafica en y con abstracciones —privatización, por ejemplo, y por ende expropiación, expulsión— requiere una “reterritorialización” a través de una Junta que hace operar la captura a través de, nuevamente, las exenciones, la austeridad, etc. La diferencia entre los que se nutren de o gestionan la captura y los que pagan la deuda a través de recortes no puede ser más radical. Segato señala que el abismo entre los que son dueños de los recursos del planeta y los que no lo son tiene que ver con el poder decidir hacer vivir o dejar morir, como diría Foucault. En vez de una colonialidad sublimada, la nueva conquista del capitalismo financiero, entonces, es sino la operación necropolítica, como diría Mbembe, de la colonialidad. El hacer vivir y dejar morir torna a la precarización, expulsión, e incluso a la muerte en herramientas centrales para la operación de la territorialización, es decir, de la actualización concreta de la captura. La violencia de género en general y el feminicidio en particular son parte de esa actualización.
Segato sostiene que la violencia de género escribe un mensaje en el cuerpo de la mujer y, añado, de aquellxs cuerpos que retan el orden cisheteronormativo. Ese mensaje tiene que ver con la impunidad. Ahora bien, ella propone no pensar la impunidad como causa del feminicidio. Al revés. El feminicidio produce y reproduce la impunidad. Esta impunidad no es solo un problema institucional —algo a fiscalizar y, a través de la fiscalización, mejorar—. Es un problema transversal que genera una sensibilidad. La violencia expresiva es parte de una “pedagogía de la crueldad”. “Todo acto de violencia, como un gesto discursivo”, Segato escribe, “lleva una firma.” Como parte de los efectos necropolíticos de la colonialidad, como operación misma de la necropolítica, el feminicidio es un despliegue de poder “vertical”. Es una forma por la cual se “espectaculariza” el poder —el poder del patriarcado, del capital—. Ahora bien, lo importante no es el sujeto que firma; una masculinidad tóxica, violenta, el patriarcado mismo.[13] Lo crucial es el mensaje a los pares que se expresa en la impunidad y que se ratifica cuando se hace de la vista larga tanto el vecino como el Estado. He ahí el sujeto que firma. Disperso, aunque a la vez puntual. Esta es la horizontalidad de la violencia de género, según Segato, que no se puede desligar del despliegue vertical de la violencia machista. Dicha horizontalidad pone en manifiesto una crueldad a nivel de lo sensible, de una sensibilidad entrenada en el “no-vincular.”
Leo la exigencia de la Colectiva como un acto de subversión del uso de la declaración de estado de emergencia que tiene como meta interrumpir la complicidad que sostiene la impunidad en sus diversas manifestaciones. Es un acto arriesgado, pero no por ser ameno a la cooptación, a la complicidad inadvertida o ineludible con el Estado. Es una acción que le apuesta a la toma de normatividades e institucionalidades que hacen vivir o dejan morir a través de o en complicidad con la violencia machista, especialmente en el contexto del colapso institucional en tiempos de deuda. Es un intento de interrumpir la crueldad que se expresa cuando lo sensible mismo se articula en torno al no-vincular. Una toma para construir otra realidad, entonces, otra sensibilidad.
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[1] Se debe tener en cuenta que los datos oficiales de la violencia de género en Puerto Rico no son confiables después de María: http://periodismoinvestigativo.com/2018/05/datos-oficiales-de-violencia-contra-la-mujer-en-puerto-rico-no-son-confiables-despues-del-huracan-maria/.
[2] Ver el resumen ejecutivo de “Voces de Mujeres: Estrategias de Supervivencia y de Fortalecimiento Mutuo Tras El Paso de Los Huracanes Irma y María”: http://www.inter-mujeres.org/voces-de-mujeres-estrategias-de-supervivencia-y-de-fortalecimiento-mutuo-tras-el-paso-de-los-huracanes-irma-y-maria/.
[3] Ver https://www.facebook.com/notes/colectiva-feminista-en-construcci%C3%B3n/orden-ejecutiva-para-aprobar-un-plan-nacional-en-contra-de-la-violencia-machista/1938470216244700/.
[4] José Atiles-Osoria, Apuntes para abandonar el derecho: estado de excepción colonial en Puerto Rico (Editorial Educación Emergente, 2016).
[5] Miguel Rodríguez Casellas, “Echarpalantismo,” 80grados, 25 de noviembre 2013: https://www.80grados.net/echarpalantismo/. Ver también Mabel Rodríguez Centeno, “¿Vagancia queer?” 80grados, 11 de abril 2014: http://www.80grados.net/vagancia-queer/. Ver aquí también la discusión de las ambivalencias de lo común en Verónica Gago, La razón neoliberal: economías barrocas y pragmática popular (Traficantes de Sueños, 2015).
[6] Vanesa Contreras, “Plantarse para construir,” 80grados, 23 de noviembre 2018: https://www.80grados.net/plantarse-para-construir/.
[7] La Colectiva Feminista en Construcción, “La Manifiesta”: https://www.scribd.com/document/263057948/La-Manifiesta-Colectiva-Feminista-en-Construccion.
[8] Ver http://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/12/alto-al-feminicidio#notes.
[9] Rita Laura Segato, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: territorio, soberanía y crímenes de segundo estado (Tinta Limón, 2013). Sobre «feminicidio» y «femicidio» ver el texto de Segato «Femigenocidio y feminicidio: una propuesta de tipificación» (https://herramienta.com.ar/
[10] Verónica Gago, “La pedagogía de la crueldad: Entrevista a Rita Segato”: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9737-2015-05-29.html.
[11] Aquí Segato se refiere al concepto de colonialidad del poder de Aníbal Quijano.
[12] Ver Mauricio Lazzarato, The Making of the Indebted Man, trans. Joshua David Jordan (MIT Press, 2012) y Governing by Debt, trans. Joshua David Jordan (MIT Press, 2015).
[13] Ver también Sayek Valencia, Capitalismo gore (Melusina, 2010).
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