Gran Jurado Civil – Regreso a la democracia directa

Imagen de Temis, diosa de la justicia.

Al crearse la república de Estados Unidos también se adoptó el gobierno de tres poderes. En sus comienzos se discutía cuánto poder debía permitírsele al poder judicial –Hamilton opinaba que el poder judicial debía ser la rama de gobierno con autoridad para asegurar que las otras dos ramas actuaran de acuerdo con la constitución. Decía Hamilton que la rama judicial no necesariamente se tornaría muy poderosa ya que no tiene ni el poder económico ni la espada. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario. Por otra parte, Thomas Jefferson opinaba que mientras menos poderosa fuera la rama judicial, sería mejor.  En el caso Marbury v. Madison decidido por el juez John Marshall en 1803 se estableció el proceso de revisión judicial para decidir qué leyes, convenios y tratados del congreso eran inconstitucionales. Una de las primeras ocasiones cuando la corte y el presidente se percataron de tener un conflicto fue en la historia de los indios Cherokee de Georgia. En el 1829 se descubrió oro en una de las reservas de los indios Cherokee en el estado de Georgia. Ese oro pertenecía a los indios, pero el estado de Georgia se apoderó de las tierras y del oro. Los indios demandaron y el caso llegó hasta el Tribunal Supremo que determinó que los indios tenían el control legal de su territorio y que Georgia no tenía autoridad legal para usurpar esos terrenos.  Georgia ignoró esa decisión y el presidente Andrew Jackson no hizo nada. Jackson y su sucesor enviaron tropas a Georgia no para forzar la decisión del Tribunal Supremo sino para trasladar los indios Cherokee a otra reservación de indios en Oklahoma.  De forma que el presidente Jackson desacató la decisión del Tribunal Supremo y no tuvo consecuencias en su contra demostrando que el Ejecutivo es más poderoso que el judicial.

En el 1930 hubo otra lucha de poder entre el presidente Roosevelt y el Tribunal Supremo que indujo al Secretario de lo Interior Harold Ickes a decir –“O reformamos las cortes o estaremos sometidos a una tiranía judicial.” Igual que Roosevelt, el presidente Biden ha propuesto aumentar el número de jueces del Tribunal Supremo. Sin embargo, esa sería una medida transitoria, ya que de volver a prevalecer los republicanos aumentarían el número de jueces y seguiríamos en una escala sin fin.

Los ingleses que llegaron a Cape Cod, Massachusetts, en el 1620 les estaban huyendo a la persecución política y religiosa. El Rey Jorge III se había colocado por encima de la ley y se había convertido en un tirano. Años más tarde, Estados Unidos se fundó bajo las creencias de cristiandad, de vida, libertad, igualdad y persecución de la felicidad. Pero algo extraño ha sucedido.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos consiste en nueve jueces que ejercen su mandato por toda su vida. Su sueldo no puede ser reducido y los mismos jueces alegan que tienen inmunidad, impunidad e infalibilidad. Esas distinciones no están en la constitución de Estados Unidos, de los estados, ni en la de Puerto Rico. Esas características de los jueces son estatutarias; es decir, son decisiones que han hecho los jueces para los propios jueces. En los únicos países del mundo donde los jueces poseen inmunidad, impunidad e infalibilidad es en Inglaterra, en Estados Unidos que la adoptó de su colonizador y en Puerto Rico impuesta por Estados Unidos cuando invadió a Puerto Rico el 25 de julio de 1898 y nos impuso el sistema legal anglosajón. En España y en los demás países de hispano-américa los jueces pueden ser demandados, multados, removidos de sus puestos y hasta encarcelados. Gradualmente los jueces le han usurpado el poder al ejecutivo y al legislativo. En efecto se han convertido en los nuevos tiranos judiciales. Es curioso e insólito que nueve ciudadanos, que son como usted y yo, que cometen errores y que no son sabios tengan el poder de decidir sobre la hacienda y la vida de otros ciudadanos. Se debe establecer un nuevo mecanismo en la democracia para corregir esa aberración o falla en los gobiernos democráticos. El mecanismo de escoger a los jueces está totalmente politizado tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Ese sistema debe ser mejorado a través de una enmienda a la constitución de los respectivos países. Sería una enmienda nueva a la constitución de Puerto Rico y la enmienda 28 a la constitución de Estados Unidos.

Resulta inconcebible que nueve jueces, que son igual que cualquier otro ser humano, no dioses, que se equivocan, que tienen prejuicios sociales, raciales y religiosos tengan el poder absoluto de quitarle la hacienda y hasta la vida a los acusados que acuden a sus cortes en busca de justicia; jueces que no son electos por el pueblo y que no responden al pueblo, que ejercen sus puestos de por vida.

Ese sistema es deficiente e injusto y tiene que ser cambiado. El honorable juez Stephen Breyer de la Corte Suprema Federal ha dicho –“Las decisiones de las cortes son aceptadas por los ciudadanos, aunque crean que son erróneas.” Y lo que es peor, luego del Tribunal Supremo solo existe el tribunal celestial. En Puerto Rico, el Tribunal Supremo sentenció que el calcio bajo causa demencia en el ser humano, una aseveración totalmente falsa y anticientífica, ya que las causas de las demencias son desconocidas. Lo extraño es que a nadie, ni a los médicos les interesa revertir esa farsa judicial. Los jueces pretenden saber más que los médicos, son expertos en todas las áreas del saber humano. Vivimos en una burbuja de abuso de poder que nadie quiere estallar. Demostramos nuestro desconocimiento y cobardía al no acabar con las injusticias, no importa de dónde vengan. Como dice Baltasar Garzón, “La historia de la impunidad en todos los pueblos es la historia de la cobardía de los que la generaron, pero también de los que consintieron o consienten posteriormente.”

En el sistema judicial federal existe lo que se conoce como El Gran Jurado. El concepto de Gran Jurado se originó en Inglaterra y se estableció en el sistema legal de Estados Unidos a través de la Quinta Enmienda que requiere que todos los casos federales sean evaluados por un Gran Jurado. El Gran Jurado sólo se aplica a la mitad de los estados de Estados Unidos. El Gran Jurado consiste de 6 a 12 ciudadanos, laicos, seleccionados al azar y secretamente. Un fiscal presenta una acusación y pruebas y el gran jurado decide si procede o no una acusación por medio de un juicio penal. Se requiere una mayoría de votos para tomar esa decisión. En la corte federal de San Juan se utiliza el concepto de Gran Jurado.

En la enmienda a la constitución que propongo se establecería que los jueces, legisladores y fiscales tendrían inmunidad e impunidad no absoluta sino condicionada. Su inmunidad estaría condicionada mientras su comportamiento sea legal, moral y ético; de lo contrario pudieran ser acusados, removidos de sus puestos, multados y hasta encarcelados. Se establecería un mecanismo para la designación de los jueces por medio de una entidad que se encargue de educar a los abogados que aspiren a ser jueces, recibirían educación especial en moral, ética, filosofía, humanismo y ciencias. Hay que salir del insularismo local y mirar a otros países que han establecido mecanismos superiores a los nuestros y al de los norteamericanos.

Igualmente, se debe establecer un Gran Jurado Civil compuesto por 23-27 ciudadanos de variadas profesiones y/o laicos que deberán ser seleccionados por el pueblo y cuya función será pasar juicio sobre aquellas decisiones tomadas por el Tribunal Supremo que sean conflictivas o erráticas, particularmente las decisiones que son 5 a 4. Esas decisiones son realmente decididas por un juez, el que se cambia de un lado hacia el otro, el “swinger” en las cortes federales. Es inconcebible que el Tribunal Supremo Federal haya dictaminado que para la culpabilidad de un acusado por un delito criminal sea por una decisión unánime de los doce jurados. (Ramos v Luisiana 2020) Sin embargo, los jueces se permiten así mismos decidir por un solo voto, 5 a 4 en los casos más difíciles o controversiales. Este nuevo sistema propuesto no sería perfecto, pero será superior al que tenemos. En efecto, estaría más cercano al sistema de democracia directa de los griegos.

Otros cambios que se deben considerar son los siguientes: Cómo despolitizar el sistema judicial, grabar los testimonios de los testigos en el Tribunal de Instancia de forma que los jueces del Tribunal Apelativo y del Tribunal Supremo puedan evaluar el comportamiento (demeanour) del testigo, que los jueces del Tribunal Supremo que disienten expliquen las razones que los llevan a disentir, que se elimine la Asociación de la Judicatura Puertorriqueña por su secretismo y por ser innecesaria, que se divulguen los honorarios que cobran los abogados a su clientes, particularmente a los corruptos que pagan con el mismo dinero que robaron al pueblo, ese es considerado por algunos ciudadanos como el comienzo de la corrupción profesional. Debemos seguir las recomendaciones de Harold Ickes quien dijo –“O reformamos las cortes o estaremos sometidos a una tiranía judicial.”

En Estados Unidos para despolitizar el sistema judicial el congreso debe someter la Enmienda 28 de la Constitución, pero eso es problema de los norteamericanos, no de los puertorriqueños.

“Reconociendo y respetando las diferencias de los otros, y tratando a cada persona como quieras que te traten a ti mismo, ayudarás a crear un mundo mejor para todos. No tienes que ser discapacitado para ser diferente. Todos somos diferentes.”

Kim Peek, the savant, de la película Rain Man.

Referencias:

1. The Supremacists—the tyranny of judges and how to stop it—Phyllis Schlafly.
2. The Authority of the Court and the Peril of Politics—Stephen Breyer.
3. Un Mundo sin Miedo—Baltasar Garzón.