Por sus características e instalaciones físicas, el aeropuerto de Isla Verde es la principal y única infraestructura aeroportuaria del País. No tiene sustituto. De privatizarlo, el resultado sería convertir un bien público en un monopolio privado y es por eso que no proceden las comparaciones que se hacen con privatizaciones parecidas en países latinoamericanos y europeos que, además, han resultado ser procesos muy distintos.
Por ejemplo, en México el estado tiene el 51% de las acciones de las empresas privatizadoras. En Panamá el estado creó una empresa pública para administrar el aeropuerto y en Brasil, la privatización de los aeropuertos se fijó solo por 25 años.
Sin embargo, la administración de Luis Fortuño pretende traspasar el aeropuerto a una empresa privada por un periodo de 40 años, pero en realidad puede ser de hasta 75 años pues la Ley de las Alianzas Publico-Privadas permite extender el contrato hasta ese máximo de tiempo. Así que se trata de la enajenación total de nuestro principal puerto de entrada y salida, siendo además, una empresa privada y extranjera la que asumirá su control y manejo.
La experiencia en Europa y América Latina ha sido que en los aeropuertos privatizados se han incrementado los costos para los pasajeros. Las técnicas financieras utilizadas por las empresas privatizadoras se basan en aumentos constantes a las tarifas de aterrizaje, estacionamientos, concesiones y otros cargos, especialmente en aquellas áreas donde los inversionistas esperan recuperar su inversión de forma rápida y rentable. Nada que deba extrañar pues es la lógica del privatizador: su negocio es obtener ganancia por su inversión. Lo que ocurre es que los aumentos lo terminaremos pagando los pasajeros y ése es el modelo equivocado.
Por lo anterior, no se estará invirtiendo en la industria turística para hacer más atractivo a Puerto Rico como destino. Todo lo contrario, se hará cada vez más caro para el visitante viajar a nuestra isla. Y esto es medular, sobre todo porque en los últimos años se ha insistido en el desarrollo del turismo como de las actividades importantes que pudiera ser puntal en la reactivación de la deteriorada economía.
Pero hay más. La privatización del Luis Muñoz Marín puede representar un desfalco. Por ser el principal puerto aéreo, recibe el 63% de toda la carga aérea y el 80% de los pasajeros que entran a Puerto Rico, por lo que es también la principal fuente de ingresos de la Autoridad de Puertos. Además, del propio informe de presupuesto del gobernador se desprende que, al contrario de lo dicho por la Autoridad de las Alianzas Publico-Privadas, para el Aeropuerto de Isla Verde se proyecta un aumento en el flujo de pasajeros y de carga. En efecto, sus ingresos estimados a 40 años serían varios miles de millones de dólares adicionales a la cantidad anunciada que recibirá la Autoridad de Puertos del privatizador. En otras palabras, es “la joya de la corona”. Con su privatización, la empresa que lo adquiera estará recibiendo el “trompo ya bailando”, mientras el pueblo puertorriqueño quedará expuesto por un lado, a las decisiones de negocio que tomen los dueños de la empresa premiada y, por otro, a una pérdida de ingresos.
¿Es sensato y lógico para el interés público perder el control por 75 años de la principal infraestructura aeroportuaria? ¡Claro que no!
* Publicado en El Nuevo Día, 21 de julio de 2012
