Es el control directo por los próximos años, lo que ha decidido el gobierno permanente de Estados Unidos. Y la ley PROMESA es su hoja de ruta. Veamos.
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Luego de una década en recesión económica, la receta impuesta por el gobierno de Estados Unidos es ¡la destrucción de lo que queda!
Lo peor es cuando los proponentes conocen de las restricciones e insisten, presionan y utilizan su mollero económico y político para saltar las políticas públicas, todo con el afán del lucro fácil y rápido
¿Pretende este liderato empresarial desmantelar la protección social del trabajo? ¿Es su aspiración que los trabajadores tengan obligaciones pero no derechos?
La Junta es hoy el principal obstáculo, la enorme piedra en el camino para que los puertorriqueños podamos diseñar e implantar las alternativas a los problemas económicos, fiscales y sociales que padecemos.
Escuchar y ver programas donde entrevistan a candidatos sobre sus propuestas ‒de estos ser electos‒ es otra muestra patética de negación. Con la imposición de la Junta Imperial es muy poco lo que se puede proponer, mucho menos prometer.
Lo primero que tenemos que reconocer es que la Junta de Control Fiscal invalida las elecciones de noviembre próximo. Las convierte en un ejercicio fútil, intrascendente.
Los imperios no “sueltan” sus colonias. No cabe la menor duda de que la política, la visión y el interés de los gobernantes gringos ha sido y es mantener el territorio, la colonia, el régimen de subordinación, si posible disfrazado pero también de forma cruda, de ser necesario.
El sistema de permisos no es un instrumento para el desarrollo económico. En realidad, los permisos tienen como primer objetivo proteger el interés público, por lo que el Plan de Uso de Terrenos es el instrumento para guiar el desarrollo.
Obligar a los seres humanos a extender la mano para pedir limosna es vivir de la desventura de otros. Desvergonzadamente, a eso se ha dedicado la clase política en Puerto Rico… ¡con sus excepciones!
La otra sequía es la que provocan el manejo ineficiente de los cuerpos de agua por la AAA y su infraestructura, y los errores cometidos por las agencias que otorgan permisos y velan por la planificación.
El autor quien, como otras decenas de manifestantes fue apaleado por la policía en Paseo Caribe, objeta el nombramiento del coronel José Caldero a la superintendencia de la Policía.
San Juan no es la fantasía de Santini, ni la imagen o idea que hemos pensado. San Juan vive hoy, como el resto del País, una situación difícil y extremadamente compleja, que va más allá de lo que vemos.
Será desde la calle que fiscalicemos al nuevo gobierno electo y como ha sido hasta ahora, lograremos ganar aquellas batallas donde la razón y la justicia sean imperativos por el bien de todo nuestro pueblo.
El secretario de Recursos Naturales, Daniel J. Galán Kercadó, le condonó a las Empresas Fonalledas más de dos terceras partes de su deuda y con ello ha cometido un fraude monumental.
La reforma legislativa propuesta en el referéndum tiene otro fin siniestro: eliminar la representación de las minorías y la verdadera oposición para enquistar un tipo de monarquía.
De privatizar el aeropuerto, el resultado sería convertir un bien público en un monopolio privado, por eso no proceden las comparaciones con países latinoamericanos y europeos.
No existe un solo ámbito de nuestra vida social en el que no se manifieste sin disimulo la exclusión y, junto a ésta, un sistema de relaciones de poder que lo perpetúa.
Un triunfo del Sí le dará una clara victoria a los inmovilistas y un triunfo del No sería un gran logro de los anexionistas. ¡Ambos resultados favorecen la colonia!
La estadidad, ¿es «un fantasma», o es jugar a la Ruleta Rusa con el destino de Puerto Rico? El autor comenta los caminos enlodados y traicioneros que llevan al propuesto plebiscito sobre el status político.
«No recuerdo una administración de gobierno que en las pasadas tres décadas, haya mostrado mayor compromiso y sensibilidad con los temas de la pobreza, el ambiente y las islas de Vieques y Culebra que la que dirigió Sila M. Calderón».