Keynesianismo boricua
Cuando los puertorriqueños aumentan sus gastos, los mayores beneficiarios son trabajadores en el exterior debido a la dependencia en las importaciones. Puerto Rico necesita medidas de substitución de importaciones. El nuevo gobierno debe ser creativo y buscar maneras de proteger a las empresas puertorriqueñas sin violentar las leyes federales que prohíben el discrimen comercial entre estados de la unión. En primer plano, ciertas regulaciones que puedan parecer particularmente dañinas para la creación de capital en Puerto Rico se pueden retar en foros judiciales con el alegato de que los casos insulares establecieron que no todas las leyes federales aplican automáticamente a Puerto Rico. Segundo, la Asamblea Legislativa y el Gobernador deben promover legislación y órdenes ejecutivas que mejoren la competitividad en el mercado puertorriqueño de las empresas nativas frente a las multinacionales. Claro que las limitaciones son muchas por la relación política subordinada de Puerto Rico con Estados Unidos, que genera el monopolio económico. Sin embargo, la creatividad ha rendido frutos en el pasado. Hace apenas una década la industria cervecera puertorriqueña aumentó sustancialmente sus ventas por la legislación proteccionista que le impuso un impuesto adicional a su competidora, sin violar las leyes federales. En el pasado, durante la década de 1940 se estableció en Puerto Rico un plan de desarrollo de empresas públicas y privadas que crearían nuevos empleos y ayudarían a estimular la demanda, pero también crearían capital al generar una mayor oferta de los productos puertorriqueños. Algunas de las empresas que se crearon en esos tiempos sobrevivieron durante varias décadas. Sin embargo, esa estrategia se abandonó para remplazarla por el fomento de capital externo con la expectativa de crear muchos empleos a corto plazo. Esa estrategia redujo el desempleo y generó riqueza, pero la mayor parte del capital no se reinvirtió en la economía de Puerto Rico. Ese problema se evidencia en la diferencia tan grande que hay entre el Producto Interno Bruto de Puerto Rico y su Producto Nacional Bruto. Uno es la riqueza total que se genera en un país y el otro es la riqueza que le pertenece al país. En Puerto Rico, la primera es mayor que la segunda. A ese fenómeno se le conoce como la desnacionalización de la economía puertorriqueña. Considero apremiante que el gobierno entrante aprenda la lección de la historia y combine el estímulo de la demanda con el fomento de la acumulación de capital puertorriqueño.
La crisis fiscal hará muy difícil aumentar el gasto del gobierno para generar demanda a través de empleos nuevos. Sin embargo, puede tomar medidas redistributivas del ingreso, que también sirvan para estimular la demanda. Países como Brasil, Uruguay y Chile aplicaron exitosamente esa estrategia a principios del siglo 21 y demostraron que la reducción de la pobreza enriquece al país completo porque aumenta la cantidad de gente que participa de actividades económicas productivas. Algunas de esas medidas incluyen un sistema tributario verdaderamente progresivo, mayores impuestos a las empresas foráneas y la reducción significativa de la evasión contributiva.
La creación de capital puertorriqueño, tanto para el mercado nuestro como para las exportaciones, será posible con medidas de substitución de importaciones. Todos los países industrializados del mundo pasaron por una etapa proteccionista. De hecho, todavía lo hacen, a pesar de la retórica de mercados libres y economías abiertas. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón les imponen cuotas de importación a sus socios comerciales. Además, subsidian muchas empresas nacionales, particularmente en la agricultura y la minería. Eso lo hacen con creatividad e impunidad dentro del marco de tratados de libre comercio que ellos mismos le imponen al mundo entero. Rechazan el proteccionismo de sus socios pero promueven el propio. El restrictivo marco legal de Puerto Rico provoca el monopolio de los productos importados de Estados Unidos y la supremacía de las megatiendas, también estadounidenses, que los venden. Sin embargo, hay ciertos espacios legales expuestos a interpretación que, dada una voluntad política favorable en Puerto Rico y en Washington, podrían aplicarse para beneficio del capital puertorriqueño. Precisamente la voluntad política para atender de lleno el problema de modelo de desarrollo ha brillado por su ausencia entre los Gobernadores de Puerto Rico. Esperemos, por el futuro de Puerto Rico, que la nueva administración la tenga.